Tras exponer el caso en el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, García-Margallo describió el contencioso ante sus colegas como un acontecimiento no únicamente español, sino europeo, porque afecta al punto del Tratado de Lisboa que se conjura para proteger las inversiones europeas en el extranjero y rompe los principios de seguridad jurídica.

El ministro de Asuntos Exteriores recordó que YPF tiene en los próximos cinco meses vencimientos de deuda por valor de unos 1.600 millones de dólares y que la explotación del nuevo yacimiento de Vaca Muerta supondría una inversión de otros 20.000 millones.

«Parece obvio que ni YPF ni el gobierno de Argentina están en condiciones de hacer frente a esos desembolsos», opinó el ministro español, que consideró que «no es temerario presumir (…) que estén buscando un socio extranjero al que vender la participación que confiscaron a Repsol».

En ese caso, según García-Margallo, «nos encontraríamos que no se produce una nacionalización sino la sustitución de un socio español y europeo por un socio probablemente de otra nacionalidad».

«Desde un punto de vista jurídico nos encontraríamos con una expropiación discrecional, contraria a los procedimientos legales, arbitraria en cuanto se declara de interés nacional el sector de los hidrocarburos, pero sólo se expropia a una compañía y no a otras, y dentro de esa compañía sólo se expropia capital de un accionista«, subrayó, al tiempo que destacó el intentó del Gobierno español de negociar «hasta la extenuación» un acuerdo con Argentina y que logró el aplazamiento de la decisión sobre YPF en dos ocasiones.

«Seguimos diciendo que lo mejor que puede ocurrir es que lleguemos a una solución negociada a través del diálogo«, señaló de todos García-Margallo, quien subrayó la importancia de evitar «un choque de trenes» con consecuencias para España, Europa, Argentina y toda Latinoamérica.

El ministro recalcó que España «no está discutiendo la soberanía energética de Argentina» y que Buenos Aires puede expropiar empresas petroleras, aunque a él le parezca «un error», sino la necesidad de que respete los cauces legales y pague el «justo precio» por YPF, cuyas acciones se devaluaron un 60% por la «campaña de hostigamiento» a la que le sometió Buenos Aires para poder nacionalizarla «a precio de saldo».

«Ahora probablemente lo que haya que intentar hacer es que Argentina encuentre un interés en llegar a un acuerdo dialogado y negociado con España sobre la tasación«, admitió.

Según García-Margallo, se vio «algún guiño en este sentido» por parte de Buenos Aires, puesto que el viceministro de Economía, Alex Kicillof, reconoció estar «abierto a una negociación» sobre la compensación entre las dos partes y que la cifra propuesta en un primer momento no es «necesariamente firme». Por ello, confió en que las medidas de presión planteadas por España ante la Unión Europea terminen por llevar a las autoridades del país americano a aceptar un acuerdo.

Si Madrid y Buenos Aires llegan a un acuerdo sobre el precio de la tasación, el Gobierno español «también levantaría el pie del acelerador» en algunas de las propuestas que pidió estudiar a sus socios europeos para responder a la expropiación de Repsol y reconoció que es «muy difícil» establecer «plazos cerrados» como fecha límite para que las partes lleguen a un acuerdo «negociado» sobre la tasación.

En caso de que eso no ocurra, el ministro aseguró que Madrid «apoyará» una posible reclamación de Repsol ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). «Es lo más que podemos hacer», aunque subrayó que las esperanzas en ese órgano «son escasas».

«No porque no se vaya a ganar (…) sino porque Argentina tiene un récord de casos en el CIADI y tiene un récord de incumplimiento de los laudos«, puesto que tiene 49 casos pendientes ante el CIADI, lo que supone el 25% del total en el mundo y el 50% de Latinoamérica.

Como medidas concretas, García-Margallo explicó que sugirió que la Unión Europea active ante la OCDE todas las reclamaciones en materia comercial que tenga contra Argentina y excluirla del del sistema generalizado de preferencias (SGP) que permite la entrada de exportaciones argentinas al mercado comunitario en situación más ventajosa antes de su vencimiento «natural» en 2014.

Además, García-Margallo planteó a los países de la Unión Europea la posibilidad de continuar la negociación de un acuerdo de asociación con el Mercosur sin Argentina, con el fin de no perjudicar al resto de países miembros.

«Es algo que tenemos que estudiar nosotros y que tienen que estudiar también los países del Mercosur», declaró el ministro de Asuntos Exteriores tras participar en un Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo.

Esta es la única medida concreta que incluye la resolución pactada por los principales grupos políticos de la Eurocámara -populares, socialistas, liberales y euroescépticos- sobre la crisis de YPF, en la que se «deplora» la actuación del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La mayoría de eurodiputados expresaron el apoyo de sus grupos al Gobierno español y criticaron la decisión «arbitraria» y «unilateral» de Buenos Aires por la expropiación de una empresa cuyo principal capital es «europeo».

El «popular» Jaime Mayor Oreja apeló a la «fortaleza» de la Unión Europea para tomar represalias contra medidas «arbitrarias» e «ilegítimas» y para que «la voz europea se alce cuando una injusticia de estas características pone en entredicho el futuro de las inversiones europeas».

También el socialista Enrique Guerrero mostró su «preocupación» por los pasos de Argentina y reclamó una respuesta «clara, inmediata e inequívoca», aunque advirtió de que «también ha de ser inteligente y continuada, antes que precipitada». La reacción ha de ser coordinada, añadió, y evitar «una escalada que pueda dañar la cooperación estratégica entre Europa y América Latina».

Por su parte, la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao criticó que la expropiación de YPF «vulnera la legislación internacional, practica un proteccionismo mal entendido e ineficiente para propiciar el desarrollo y porque produce una enorme inseguridad jurídica a todos los operadores europeos que están invirtiendo y colaborando con el desarrollo de la república Argentina».

Con el objetivo de que las autoridades argentinas corrijan la decisión, Bilbao pidió a la Unión Europea que «agoten todas los recursos diplomáticos y económicos de que dispongan para animar este cambio de actitud».

Para Francisco Sosa Wagner, representante de UPyD, la crisis no debe entenderse como una disputa entre Buenos Aires y una empresa petrolera sino «entre Europa u Argentina» y se mostró confiado en que los servicios jurídicos de la UE «podrán encontrar los instrumentos necesarios para neutralizar la arbitrariedad» de las autoridades del país sudamericano.

Los Verdes, representado por el catalán Raül Romeva y la gallega Ana Miranda, e Izquierda Unitaria son los dos únicos grupos del Parlamento que se desmarcaron de la resolución de consenso y defendieron la «soberanía» de Argentina para gestionar sus propios recursos. El apoyo del resto de partidos garantiza que se aprobará el viernes por amplia mayoría.

«El Gobierno (español) confunde los intereses de una empresa con los intereses de Estado», lamentó Miranda, quien dijo que Los Verdes piden a la Unión Europea que «no obstaculice» negociaciones como las que existen con el bloque del Mercosur por «incidentes aislados».

La Eurocámara «insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales, incluyendo la posible suspensión parcial de las preferencias tarifarias unilaterales previstas en el sistema de preferencias generalizadas (SPG)», como represalia por lo que consideraron un problema de todos los Estados miembros y no únicamente de España.

El SPG es una herramienta de política comercial de la Unión Europea que concede ventajas unilaterales a las importaciones procedentes de países pobres. Argentina está incluida en la lista pero saldrá el 1 de enero de 2014 porque ya no se le considera un país en vías de desarrollo. La Comisión había descartado hasta ahora una suspensión anticipada de las ventajas comerciales a Argentina como respuesta al caso Repsol.

La expropiación es «incompatible» con el derecho internacional

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria, Antonio Tajani, afirmó que el anuncio del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar la petrolera YPF, filial de la española Repsol, crea una situación de «inseguridad jurídica» que es «incompatible con el derecho internacional».

En un debate extraordinario celebrado en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) para tratar la crisis abierta entre España y Argentina, Tajani subrayó que Bruselas «apoya totalmente» al Gobierno español, con el que el Ejecutivo comunitario «estudia» las medidas a adoptar.

En este sentido, dejó claro que «en estos momentos no se excluye ninguna opción» y anunció su decisión de cancelar una misión prevista la semana próxima a Argentina para avanzar en la colaboración industrial con este país: «Claramente el clima creado por la expropiación no permite que ésta pueda celebrarse». La visita al país sudamericano se enmarcaba en una gira más amplia con paradas en Brasil, Chile y Uruguay que sí se mantendrán.

Otra reunión a nivel técnico programada en Buenos Aires para este jueves y viernes fue cancelada también a petición de la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton.

Durante su intervención ante los eurodiputados, Tajani explicó que la inseguridad jurídica que provoca la expropiación es «incompatible» con el derecho Internacional, pero también puede «afectar muy seriamente a las inversiones internacionales, poniendo en entredicho su estabilidad y su protección».

El vicepresidente comunitario expresó la «seria preocupación» y la «más enérgica condena» por la actuación del Gobierno de Fernández de Kirchner porque «afecta a una empresa europea, a una inversión significativa de la Unión Europea en Argentina».

Además, en la línea de lo dicho por Ashton, Tajani reconoció «gran inquietud» por el riesgo de un «posible impacto negativo» de este caso en otros sectores a los que aludió la presidenta argentina durante el discurso en el que anunció la nacionalización de YPF.

Así las cosas, la Comisión instó a Buenos Aires a «respetar sus compromisos internacionales en relación al tratamiento y protección de las inversiones originarias de un Estado miembro de la Unión Europea» e hizo un llamamiento para que cumpla el acuerdo bilateral suscrito en 1991 entre España y Argentina para la promoción y la protección de inversiones.

El pacto cerrado entre los dos países hace más de veinte años «protege expresamente las inversiones efectuadas con arreglo a la ley, exige un tratamiento justo de las mismas y prohíbe medidas injustificadas o discriminatorias como las que se produjeron en este caso», enumeró el vicepresidente comunitario.

«La Comisión Europea exige que los derechos de los inversores europeos sean debidamente protegidos y garantizados», insistió.

Tajani cerró su intervención apelando a la «importancia de alcanzar una solución de común acuerdo, con arreglo al derecho internacional y a los principios de seguridad jurídica y de protección de las inversiones, que no perturbe las relaciones entre la Unión Europea y Argentina, ni perjudique a los inversores europeos en dicho país».

Por su parte, el ministro danés de Asuntos Europeos, Nicolai Wammen, dijo que la presidencia danesa de la Unión Europea «apoya totalmente» a España por la decisión «inaceptable» de expropiar YPF en Argentina, al tiempo que advirtió del efecto «dañino» que tendrá en los posibles inversores. Además, dijo que «no es simplemente un problema de un país o una compañía, sino que es un asunto de Argentina con la Unión Europea».

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordarán el próximo lunes la crisis con Argentina en su reunión mensual, que tendrá lugar en Luxemburgo.

La propuesta prevé la creación de un mecanismo de intercambio de información para los acuerdos bilaterales en materia energética entre los Estados miembros y terceros países, que ampliará el proceso de notificación que ya existe para los acuerdos de gas y lo aplicará a todos los tipos de energías.

«El objetivo de la Unión Europea tiene que ser desarrollar una política energética común, esto ayudará a proteger a los consumidores europeos en todos los países«, recalcó el ponente del texto aprobado por una amplia mayoría, el diputado letón del Partido Popular Europeo, Krisjanis Karins, en una rueda de prensa.

Esta iniciativa «obligará a los Estados miembros a invitar a la Unión Europea a bordo, incluso en los primeros pasos de las negociaciones», señaló Karins.

El eurodiputado explicó que el objetivo de la propuesta es doble: por una parte, trata de evitar violaciones de la ley comunitaria que, por ejemplo, puedan suponer que un proveedor alcance una situación monopolista -como es el caso de la rusa Gazprom en varios países europeos- que den lugar a una subida de precios.

Por otra, esta nueva legislación trata de fomentar la coordinación entre los Veintisiete de cara a sus negociaciones con terceros países.

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, expresó su satisfacción por el voto y destacó el apoyo de los eurodiputados a que se estudie la compatibilidad de los acuerdos comerciales en materia energética con terceros países con la ley europea antes de su firma.

La Comisión Europea afirmó que el objetivo de esta iniciativa es mejorar la seguridad del suministro a la Unión Europea y la cooperación internacional en ese ámbito.

Oettinger ya trató de tranquilizar de antemano a los Estados miembros al asegurar el pasado mes de septiembre que aunque el Ejecutivo comunitario compruebe esta compatibilidad legal, eso no implica que la Comisión Europea se siente en la mesa de negociación con países terceros o que vaya a controlar de antemano todos los acuerdos o negociaciones.

Por lo que respecta a la confidencialidad comercial, el comisario señaló entonces que la Comisión Europea estaría al tanto de los contratos, pero no transmitiría detalles de los textos a otros países si el Estado miembro en cuestión, si así lo solicita.

El texto deberá pasar ahora por el pleno del Parlamento Europeo y volverá a ser tratado en el Consejo de ministros de Energía el próximo 19 y 20 de abril en el encuentro que llevarán a cabo en Jutland, Dinamarca.

«Ahora corresponde al Consejo dar paso adelante y ayudar a que se adopte esta propuesta en la ley europea», comentó el ponente.

Actualmente, la Unión Europea importa el 80% del petróleo y el 60% del gas que consume, unas cuotas que continúan en ascenso, precisó la Comisión Europea.

Los Veintisiete debían incorporar a sus ordenamientos jurídicos antes del 3 de marzo de 2011 el conocido como «tercer paquete energético», compuesto de dos directivas europeas dirigidas a crear un mercado único del gas y de la electricidad en la Unión Europea para 2014.

Hasta la fecha, España, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Luxemburgo, los Países Bajos y Rumanía «no hicieron nada» y no notificaron a la Comisión Europea ninguna medida de transposición de esas directivas y Estonia solo lo ha hecho en lo relativo a la legislación del gas, según explicó la portavoz comunitaria Marlene Holzner en rueda de prensa.

«Queremos un mercado abierto y accesible para las compañías, vemos que todavía el mercado energético está dividido por las fronteras nacionales», afirmó Holzner.

Por ello, el Ejecutivo europeo envió a los ocho países en cuestión un «dictamen motivado», aviso que supone el segundo paso en el procedimiento de infracción europeo, en los que insta a estos países a tomar las medidas requeridas en dos meses,

Si los países no cumplieran en el plazo establecido de dos meses, la Comisión Europea llevará los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como último recurso podría decidir imponer una multa a los países por incumplir la ley comunitaria.

Holzner señaló que finalizar el mercado único energético crearía un crecimiento económico adicional para 2020 equivalente a entre el 0,6% y el 0,8% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea y destacó la importancia de esto en «tiempos de austeridad presupuestaria».

«Estamos hablando solo de hacer leyes, no de financiar proyectos o de tomar duras medidas presupuestarias», recalcó la portavoz.

El tercer paquete energético exige a los países medidas como la separación de redes con el fin de garantizar el acceso de los operadores al mercado, refuerza la independencia de autoridades reguladoras nacionales y que mejoren el funcionamiento de los mercados minoristas y facilita a los consumidores la posibilidad de elegir entre diferentes empresas proveedoras de gas y electricidad, según señaló la Comisión Europea.