Las empresas petrolíferas y gaseras serán plenamente responsables de los daños medioambientales que causen a las especies marinas protegidas y a los hábitats naturales.
En el caso de los daños a las aguas, la zona geográfica se ampliará de forma que abarque todas las aguas marinas de la Unión Europea, incluidas la zona económica exclusiva (hasta 370 km mar adentro, aproximadamente) y la plataforma continental sobre la que el Estado miembro tenga jurisdicción.
«Teniendo en cuenta nuestra demanda creciente de energía, necesitamos todo el petróleo y el gas existente bajo nuestros mares, pero tenemos que prevenir accidentes como el de Deepwater Horizon en el Golfo de México», señaló el comisario de Energía, Günther Oettinger.
«Velar por las mejores prácticas industriales en todas nuestras prospecciones en alta mar es una obligación indiscutible», ¡resaltó.
En la actualidad, más del 90% del petróleo y del 60% del gas producidos en la Unión Europea y Noruega proceden de prospecciones en alta mar.
La mayoría del petróleo se extrae en Reino Unido y Noruega, pero otros doce Estados miembros -España, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Malta y Chipre- concedió licencias de prospección de petróleo y gas en alta mar.
El reglamento, que debe ser aprobado por la Eurocámara y los Gobiernos, fijó normas que cubren el ciclo de vida entero de todas las actividades de prospección y producción, desde su diseño hasta el desmantelamiento final de una instalación de petróleo o gas.
Las autoridades competentes de los Estados miembros sólo podrán autorizar a hacer prospecciones y extraer petróleo y gas en aguas de la Unión Europea a aquellas compañías con la capacidad técnica y financiera suficiente necesaria para controlar la seguridad de las actividades en alta mar y la protección del medio ambiente.
Las soluciones técnicas presentadas por los operadores para garantizar la seguridad de la instalación tendrán que verificarlas terceros independientes antes de que la instalación se ponga en funcionamiento y periódicamente después.
Además, las empresas deberán elaborar un informe sobre los principales riesgos de su instalación en el que figurará una evaluación de riesgos y un plan para casos de emergencia antes de que empiece la prospección o la producción. Estos informes tienen que presentarse a las autoridades nacionales, que les darán su visto bueno si los consideran satisfactorios.
Los reguladores nacionales tendrán que inspeccionar las disposiciones de seguridad, protección del medio ambiente y preparación para emergencias de las plataformas y torres de perforación, así como de las operaciones realizadas en las mismas. Si un operador no respeta las normas mínimas, se le impondrán sanciones o se le retirará la licencia en última instancia.
Las compañías estarán obligadas a elaborar planes para casos de emergencia basados en las evaluaciones de riesgos de su plataforma o torre de perforación y mantendrán recursos disponibles para poder emplearlos cuando resulte necesario.
Asimismo, los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta esos planes al formular sus planes nacionales para emergencias. El sector y las autoridades nacionales probarán los planes de forma periódica.
Junto con esta propuesta normativa, la Comisión pidió que la Unión Europea tenga acceso al Protocolo del Convenio de Barcelona que protege al Mediterráneo de la contaminación procedente de las actividades de prospección y explotación en alta mar.
