Soria defendió que el proyecto de reglamento que discuten los Veintisiete para guiar el futuro de estos proyectos «debe ser pragmático» en el sentido de facilitar la puesta en marcha «rápida» de los proyectos.

La Comisión Europea identificó 12 proyectos de corredores transeuropeos energéticos prioritarios en la propuesta de reglamento que presentó el pasado mes de octubre, incluidos dos de importancia para España. Se trata de los corredores eléctrico y de gas Norte-Sur en Europa Occidental que conectará a España con Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Portugal y Reino Unido.

La financiación de los proyectos todavía debe ser negociada por los Veintisiete, aunque Bruselas propuso destinar 9.100 millones de euros para financiar los proyectos prioritarios energéticos entre 2014 y 2020.

Soria defendió además que el proyecto de normativa «debería tener una indicación más clara» para regular la «toma de decisiones sobre proyectos de interés común en ausencia de consenso» y definir «el papel» que la Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos debe cumplir por su parte.

En declaraciones previas a la prensa, Soria respaldó el proyecto normativo porque «en términos generales se adapta bien a lo que son los planteamientos españoles». «España ocupa un lugar importante de tránsito hacia el resto de Europa desde el punto de vista energético. Las infraestructuras energéticas son importantes para ir superando el aislamiento energético de España», explicó a la prensa.

Aunque se mostró partidario de que «el mercado sea quien financie las inversiones en infraestructuras de interés común», el ministro consideró durante el debate «necesario» que exista «financiación comunitaria» en los casos en que «haya externalidades positivas donde el mercado no ofrezca recursos suficientes». «Además esta financiación exige transparencia en todos los proyectos para que haya una perfecta comparación de proyectos y evitar una sobreestimación de costes», insistió ante sus colegas.

Soria defendió también que los proyectos de infraestructuras energéticas «sean financiadas por el mercado» pero pidió «financiación europea» para aquellos que «tienen efectos positivos para el conjunto de la Unión» siempre en función de «un análisis coste-beneficio que sea muy claro y sobre todo que no comporte ningún tipo de sobreestimación» de costes.

Por otra parte, Soria también consideró «conveniente» durante el debate público con sus colegas aprovechar «las experiencias de las iniciativas regionales ya existentes como punto de partida en relación al tamaño y al alcance geográfico actual» de los proyectos.

Aunque defendió el «papel esencial» de los Estados miembros a la hora de elegir los proyectos, el ministro español también subrayó la importancia de la participación de los grupos regionales para seleccionar los proyectos pero reclamó que la norma comunitaria detalle mejor su funcionamiento. «Deben existir reglas armonizadas y debe garantizarse la participación de la Comisión», insistió.

«Respecto a los grupos regionales creemos que son eficaces respecto a la selección de proyectos de interés común, ya que han estado trabajando durante años en la integración de los mercados regionales y además conocen bien sus particularidades. Son eficaces si el reglamento detalla su funcionamiento«, defendió.

Soria y Margallo en Argelia

Asimismo, tanto el ministro de Industria como el de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, pusieron rumbo a Argelia para establecer una primera toma de contacto con el Gobierno de Abdelaziz Buteflika. Ambos cenaron en Argel con una representación de empresarios españoles con intereses en el país antes de iniciar sus contactos con las autoridades argelinas.

Los temas de inmigración, las inversiones en el país magrebí y las relaciones bilaterales en materia de energía serán las cuestiones que centrarán las discusiones de los ministros españoles con las autoridades argelinas.

En el ámbito energético, Repsol y sus socios en el país, Sonatrach, RWE y Edison acaban de obtener autorización para el desarrollo de seis campos de gas en el Sáhara argelino, en los que invertirán cerca de 2.225 millones de euros.

La relación bilateral también está marcada en la actualidad por la reciente entrada en funcionamiento del gasoducto Medgaz, con capacidad para suministrar una cuarta parte del consumo anual español y donde participan como socios la argelina Sonatrach (36%), Cepsa (20%), Iberdrola (20%), Endesa (12%) y GDF Suez (12%).

En cualquier caso, Soria confirmó su intención de reunirse con responsables de Sonatrach. «Vamos a entrar en contacto con las autoridades del Gobierno argelino, pero también con la empresa Sonatrach, que tiene relaciones importantes estrechas efectivamente con España y particularmente con Gas Natural», explicó.

«Vamos a escuchar a las autoridades argelinas y vamos sobre todo a resaltar la importancia que Argelia y el gas argelino tiene para España«, subrayó. «Argelia es un país sumamente importante para España». «Tenemos una relaciones desde hace muchos años en general y particularmente en lo que toca al sector de la energía», justificó el ministro.

En este sentido, también se estrenó una nueva relación de entendimiento entre Gas Natural Fenosa y Sonatrach con la resolución del litigio sobre los precios del gas.

Como parte del acuerdo para el arreglo de sus diferencias, Sonatrach adquirió una participación del 3,8% en Gas Natural Fenosa y se comprometió a desarrollar proyectos conjuntos con el grupo español. Precisamente, una eventual entrada de Gas Natural Fenosa en el capital de Medgaz fue una de las posibles operaciones estudiadas como parte del nuevo clima de entendimiento.

Así se puso de manifiesto durante la II Asamblea General de la Infraestructura Europea de laboratorios de Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono (ECCSEL) que reúne en Cubillos del Sil (León) a una treintena de representantes de diez países que acogen las principales instalaciones de investigación en esta materia.

El director técnico del centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de Co2 (esCO2) que impulsa la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en esta localidad berciana, Pedro Otero, informó de que el bajo valor que alcanzan en el mercado los derechos de emisión del dióxido de carbono implica que los recursos que obtiene la Comisión por su venta sean insuficientes para afrontar la inversión que precisan los proyectos de CAC y lograr el objetivo en el plazo previsto.

«Hay un problema del tipo económico financiero que tiene que afrontar la Comisión si quiere mantener sus objetivos y lo tendrá que afrontar proporcionando más recursos a las tecnologías con las que quiere apostar por una generación eléctrica sin carbono«, declaró Otero.

El director técnico explicó que esta cuestión no pone en peligro el futuro de estos proyectos, sino que los retrasa ya que las inversiones que se esperaban hacer de manera «muy inmediata» e incluso «un poco agobiada» se podrán hacer con una base tecnológica «más asentada».

Recalcó que en la planta experimental de la CIUDEN los planes de trabajo para validar las tecnologías que allí se investigan -que van en paralelo a los proyectos comerciales- contarían con más tiempo para madurar los avances, abaratar costes y resolver más problemas.

De este modo, si el objetivo de la Comisión se mantiene, las plantas comerciales de Captura y Almacenamiento de CO2 estarán «quizá no en 2015– como inicialmente estaba previsto- pero sí un poco más tarde».

El proyecto de investigación liderado por CIUDEN– y denominado proyecto Compostilla- cuenta con una segunda fase que prevé la construcción por parte de Endesa de una planta comercial de 300 megavatios en la Central Térmica de Compostilla II, de Cubillos del Sil, para validar la tecnología experimentada.

En esta segunda fase permanece en el aire después de que la eléctrica renunciase en 2011 a optar a la primera convocatoria de las ayudas europeas destinadas a tal fin.

En este sentido, Otero recordó el carácter internacional del proyecto de investigación avalado por el hecho de que la Fundación trabaja en siete programas de I+D con la Comisión que le proporcionan trabajo «hasta 2015», independientemente de cuándo se realice el desembarco de las plantas que llevarán a escala comercial los avances tecnológicos.

CIUDEN es la organización que representa a España en el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 en ECCSEL, que se articula como una red pan-europea, financiada por la Unión Europea, coordinada por Noruega y cuyos socios son entidades de Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Polonia, Suiza y España.

«No hay ninguna emergencia en Europa, los consumidores reciben el gas como antes», señaló en rueda de prensa la portavoz comunitaria Marlene Holzner, «todos los Estados miembros son capaces en este momento de arreglárselas acudiendo al mercado», añadió.

Bruselas permanece en «estrecho contacto» con todos los Estados miembros, que «en su mayoría recuperaron la normalidad», según indicó Holzner, si bien en «algunos» el suministro no alcanza todavía los niveles anteriores aunque sí está por encima del gas recibido la semana pasada.

De los nueve países afectados, seis –Bulgaria, Eslovaquia, Austria, Hungría, Polonia y Grecia- recuperaron los volúmenes normales de gas importado desde Rusia, mientras que Italia, Alemania y Rumanía siguen sufriendo restricciones en el suministro, aunque la cantidad de gas ruso que reciben aumentó en los últimos días.

Holzner indicó que la Unión Europea está en un nivel 1 que supone que las empresas «son capaces por sí mismas» de abastecerse y que le siguen dos niveles más, el nivel 2 que haría intervenir a las autoridades nacionales y un tercer nivel, que activaría la respuesta a escala europea.

Además, existe un comité de coordinación del gas que podría reunirse si la situación empeorase y algún país necesitase que territorios vecinos le proporcionaran el combustible. Una situación que, según la portavoz comunitaria, «no se contempla» en estos momentos.

Holzner señaló que la Comisión Europea está preparada para intervenir en ayuda de Italia -el país más afectado, que además marcó el domingo el récord de consumo de gas de su historia, según su ministro de Desarrollo Económico, Corrado Passera – en caso de que así lo requiriese, pero descartó que se active ningún tipo de mecanismo a nivel europeo, aunque deben ser las autoridades transalpinas las que evalúen las necesidades y decidan si solicitar apoyo a nivel europeo.

Los cortes de gas procedente de Rusia en plena ola de frío siberiano en Europa hicieron saltar todas las alarmas la semana pasada, tras el duro impacto que tuvo la crisis del gas del invierno de 2009 cuando buena parte de la Unión Europea se quedó sin esta fuente de energía debido a las disputas comerciales entre Rusia y Ucrania.

Holzner marcó las distancias entre la situación actual y este episodio, donde el principal problema fue a escasez de reservas de gas en los Veintisiete y la falta de conexiones alternativas -gasoductos- a la ruta convencional del este del continente al oeste.

La normativa comunitaria exige ahora a los Estados miembros que mantengan unas reservas de gas suficientes para satisfacer el consumo del país durante 30 días como medida de prevención.

Además, se puso en marcha un complejo mecanismo de interconexión entre los países mediante gasoductos en una doble dirección y tratando de evitar su monopolio por parte de una empresa o país, aunque la portavoz comunitaria reconoció que existen importantes deficiencias en la aplicación de esta normativa europea.

Bruselas inició procesos de infracción contra trece países europeos -España, Finlandia, Lituania, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Bulgaria, Chipre, Estonia, Eslovaquia, Luxemburgo, Holanda y Rumanía- por incumplir estas medidas relativas a las infraestructuras gasísticas.

La portavoz recordó también que en esta ocasión, los recortes de suministro están previstos dentro del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Rusia, que permite una «cierta flexibilidad» a Moscú, de modo que puede disminuir la cantidad de gas que exporta en caso de que lo necesite para su mercado interior.

Sin embargo, Rusia no comunicó oficialmente a Bruselas estos cortes de gas, sino que estos fueron detectados por los propios estados miembros.

La Unión Europea compra a Rusia el 25% del gas que consume y, de ese total, el 80% llega a los Veintisiete a través de territorio ucraniano (el 20% restante lo hace vía Bielorrusia).