El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso a la ley vasca contra el fracking y suspende los preceptos impugnados

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking, y ha suspendido los preceptos impugnados, según comunicó el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, después de recibir la notificación por parte del Alto Tribunal.

La Ley del País Vasco faculta a las administraciones públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma, aprobada en junio de 2015, salió adelante con el apoyo de Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los nacionalistas reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental del Parlamento vasco, conocida como Ley relativa al fracking. Según ha apuntado, los preceptos impugnados son un “inciso” del artículo 2 y otro del 6, además de los números 3 y 5, y las disposiciones transitorias 1 y 2. Además, Erkoreka señaló que el Gobierno ha invocado el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión automática de los preceptos impugnados.

El portavoz del Ejecutivo señaló que, por esta causa, los preceptos impugnados no entrarán en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, y añadió que el Gobierno vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. En este sentido, recordó que, si no hay un pronunciamiento del Constitucional, a los 5 meses se puede reconsiderar la suspensión.

País Vasco dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra el recurso planteado por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de abril después de que fracasara la negociación bilateral entre ambos gobiernos para tratar de evitar el recurso. La ley vasca del fracking se aprobó a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas. En un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

En casos similares, el Tribunal Constitucional ha anulado las leyes de Cantabria, La Rioja y la semana pasada la de Cataluña. Estas tres normas prohibían el uso de esta técnica, por lo que el Gobierno central entiende que esa doctrina es trasladable al caso vasco. De hecho, en su momento el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. A pesar de ello, cuando el Gobierno anunció su intención de recurrir la ley, País Vasco dijo que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias.

La oposición presiona al PNV para que el Gobierno vasco impida el fracking a pesar de suspenderse la ley

EFE.- El parlamentario autonómico de EH Bildu, Dani Maeztu, aseveró que «por encima de cualquier decisión» judicial, el futuro del fracking en Euskadi «está exclusivamente en manos del Gobierno vasco, porque de él dependen las peticiones para perforar«. En el mismo sentido, el PSOE pidió en el Parlamento autonómico al Gobierno Vasco que no facilite ninguna actuación de exploración ni explotación del fracking mientras esté vigente la suspensión cautelar de la ley vasca por el Tribunal Constitucional.

Precisamente el pleno del Parlamento vasco debatirá una moción del PSOE en la que pide al Gobierno vasco que utilice todas las herramientas jurídicas dentro de su marco competencial para defender el mantenimiento de esta ley. La parlamentaria socialista Natalia Rojo pidió al Gobierno Vasco que aclare lo que va a hacer ante la suspensión cautelar y que se comprometa a no utilizar «ni un solo de los euros de los vascos en ningún intento de exploración o explotación del fracking«. La parlamentaria socialista recordó que, cuando ha habido voluntad política, se han encontrado fórmulas competenciales para paliar los efectos de suspensiones de este tipo.

EH Bildu contra el PNV

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, defendió que «la amenaza no viene de Madrid» ya que el Gobierno de Iñigo Urkullu «puede alejar el fantasma del fracking ahora mismo, si tiene voluntad para ello» porque de él «dependen» los permisos para perforar mediante la fractura hidráulica. «Es decir, por encima de cualquier ley o decisión de distintos tribunales el fracking se hará o no en función de la voluntad del Gobierno Vasco», afirmó Maeztu. El representante abertzale ha pedido al lehendakari que «pase por encima de los intentos de limitar la capacidad legislativa» vasca y que «renuncie hoy mismo al empleo del fracking«. «Ése es el mejor ejercicio de soberanía que puede hacer Urkullu», ha considerado.

Los ecologistas critican la suspensión

Asimismo, la asociación ecologista Eguzki criticó la decisión del Constitucional de suspender varios artículos de la ley vasca del fracking y ha denunciado la actitud «hipócrita» del Gobierno en funciones, al que ha acusado de estar al servicio del «gran capital, la explotación de los recursos naturales y la demagogia», vetando una norma que partió de una iniciativa legislativa popular con más de 100.000 firmas. A su juicio, la fracturación hidráulica es un experimento «a gran escala» que carece de «parámetros científicos sólidos» y que causa «daños a la salud y al medioambiente». Eguzki insiste en que la realidad social y la fuerte oposición a este tipo de proyectos por parte de la población afectada debe ser tenida en cuenta.

El Tribunal Supremo desestima un recurso de Ecologistas en Acción que pedía la anulación de un proyecto de fracking

EFE.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado en mayo de 2016 por Ecologistas en Acción pidiendo que se declarase nulo el proyecto de fracking Cronos, que afecta a 96.000 hectáreas de varios municipios de Guadalajara y Soria, otorgado a la empresa Frontera Energy Corporation.

Los ecologistas fundamentaban su recurso en aspectos como la salvaguarda de los espacios naturales protegidos, la falta de medidas de protección medioambiental o la falta de diagnóstico de la afección a aguas superficiales y subterráneas. A este respecto, la sentencia señala que la recomendación de la Unión Europea referida a las medidas de protección ambiental son de fecha posterior al decreto que otorgó el proyecto y que se impugna, «por lo que difícilmente pudo ser tenida en cuenta a la hora de otorgarse el permiso de investigación que nos ocupa«.

Eso sí, «sin perjuicio de que el contenido de la mencionada recomendación 2014/70/UE, lo mismo que las normas del ordenamiento comunitario europeo o de derecho interno aprobadas con posterioridad al decreto impugnado y que resulten entonces de aplicación, sean tomadas en consideración con ocasión de las evaluaciones de impacto ambiental que habrán de realizarse en las fases ulteriores» del programa de investigaciónobjeto de examen.

Atendiendo a estas consideraciones, Ecologistas en Acción demandaba que el proyecto de fracking Cronos «se declarase nulo de pleno derecho y consiguientemente dejase sin efecto el acto administrativo objeto del presente procedimiento», hecho que ha sido desestimado por el Supremo. Por último, la sentencia señala que no procede imponer las costas derivadas de este proceso a ninguna de las partes «pues la controversia planteada suscitaba dudas de derecho suficientes como para considerar improcedente la condena en costas al litigante vencido».

El Tribunal Constitucional anula la ley que prohíbe el fracking en Cataluña pero la Generalitat garantiza que se impedirá

Europa Press / Servimedia.- El Gobierno autonómico catalán «garantiza» que en Cataluña no se utilizará la técnica de la fractura hidráulica (fracking) en el aprovechamiento de los hidrocarburos, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley autonómica catalana que prohíbe esta práctica en los yacimientos de hidrocarburos, al entender que invade competencias del Estado. El Constitucional estima parcialmente un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña de 2014.

El Constitucional concluye que la autorización de la fractura hidráulica, con sujección a requisitos técnicos y a la previa declaración de su impacto medioambiental, son requisitos que establece el Estado, tanto por sus competencias en planificación económica como de régimen minero y energético, así como de protección del medioambiente, tal y como el Tribunal relató en anteriores sentencias relativas a otras comunidades. Según la legislación estatal, el fracking debe usarse siempre que el proyecto cumpla determinados requisitos técnicos y medioambientales, mientras que la ley catalana lo prohibía «con carácter absoluto en el territorio catalán siempre que su utilización concierna cualquier ámbito competencial de la Generalitat».

Por tanto, la «prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio» de las otras comunidades autónomas fue declarada contraria «de manera radical e insalvable» a lo que puedan disponer las leyes estatales. Asimismo, el pleno señaló que las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y medioambiente no justifican la prohibición del fracking, al no poder prevalecer sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen minero energético y de ordenación general de la economía. En el caso de la norma catalana impugnada, la sentencia señala que ni desarrolla ni complementa la legislación estatal, sino que la «reformula bajo una perspectiva radicalmente distinta».

Cataluña reacciona: “no habrá fracking”

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, garantiza» que en Cataluña no se utilizará la técnica de la fractura hidráulica ya que, para tomar esta decisión, el Gobierno de Cataluña se ampara en un «mandato» del Parlamento catalán del 1 de octubre de 2014, que aprobó las conclusiones de una comisión de estudio que desaconsejaba utilizar el fracking. Munté también ha defendido que un informe elaborado por un equipo interdepartamental de la Generalitat consideró «poco recomendable» impulsar iniciativas de fracking en Cataluña, atendiendo a que «la escasez del recurso que se podría obtener no justifica su impacto ambiental ni los elevados costes que puede suponer su mitigación».

Munté ha evitado hablar de desobediencia al Tribunal Constitucional, y ha explicado que la Generalitat tiene capacidades dentro de la ley para «sortear» las sentencias del alto tribunal y, en este caso, conseguir que no haya fracking en la comunidad catalana. La portavoz ha expuesto que hay un conjunto de actividades que están sometidas al control de la Generalitat porque es la responsable de pronunciarse sobre su impacto ambiental, y a través de esta «salvaguarda» tiene la posibilidad de frenar el fracking en Cataluña. Así, el Gobierno autonómico catalán considera que sigue estando en su mano dejar que se utilice esta técnica en Cataluña: «El Gobierno continúa teniendo aquellas herramientas administrativas y ambientales para impedir el uso de esta técnica».

El PSOE vasco pregunta al Ejecutivo autonómico qué ha hecho para defender la ley del fracking ante el Gobierno central

EFE.- El PSOE pidió al Gobierno del País Vasco que dé todas las explicaciones sobre las actuaciones que ha desarrollado para defender la ley vasca contra la fracturación hidráulica, también conocida como fracking, y sobre las alegaciones que elevará ante el Tribunal Constitucional para impedir la suspensión de la norma ante el recurso del Gobierno central.

La parlamentaria socialista Natalia Rojo recuerda que, a pesar de que el Gobierno de España ha venido recurriendo sistemáticamente normas de otras comunidades en el mismo sentido, «en el caso vasco se tomaron todas las cautelas y se ofreció una solución legal», al ceñirse a las competencias en materia de suelo, agua o medio ambiente, de forma que no fueran posibles técnicas extractivas con afecciones geológicas, medioambientales y socioeconómicas. La tramitación de la norma, recuerda, «contó con toda clase de objeciones e intentos de retraso por parte del PNV que, finalmente se abstuvo, aunque desde el Gobierno hubo intentos de mantener vía presupuestaria proyectos de fracking que el PSOE eliminó».

«Ahora la consejera Arantza Tapia ha protestado por el recurso del Gobierno central, pero no ha entrado a valorar los efectos de una eventual suspensión, si así lo decidiera el Tribunal Constitucional, sino que se ha quedado en la queja por el ataque competencial», explica. Rojo quiere saber «qué ha hecho el Gobierno Vasco hasta la fecha en defensa de esas competencias que invoca la consejera» y pregunta a su homóloga de Medio Ambiente, Ana Oregi, cuántas veces se ha reunido la Comisión Bilateral, qué argumentos esgrimió el Ejecutivo vasco en ese foro y qué alegaciones piensa presentar ante el Constitucional para hacer posible que la Ley mantenga su vigencia».

Fracking Ez contra el PNV

Por su parte, la plataforma Fracking Ez exigió al Gobierno vasco que, «más allá de quejarse por las injerencias de Madrid», respete el contenido de la ley vasca sobre la fractura hidráulica y exija a Hidrocarburos de Euskadi que «abandone los proyectos en los que está involucrado”, lo que sería la «mejor garantía para que no haya fracking en Euskadi, ya que en la coyuntura actual la mayor amenaza» son esos proyectos. «Simplemente pedimos coherencia al PNV, ya que acaba de votar en Madrid por primera vez a favor de una proposición no de ley para prohibir el fracking«, concluyó.

El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley vasca sobre el fracking y País Vasco habla de “injerencia absoluta”

EFE.- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, tachó de «injerencia absoluta en el autogobierno» el recurso del Ejecutivo de España contra la ley vasca sobre la fractura hidráulica, aprobado por el Consejo de Ministros y que reclama la inconstitucionalidad de varios preceptos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica (fracking).

La fractura hidráulica consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo. La ley vasca se aprobó en 2015 a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía el fracking de manera genérica, pero elevaba tanto los requisitos para poder desarrollar esta técnica que prácticamente la impedía. En concreto la norma vasca permite a las instituciones de Euskadi vedar el uso de la fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre la zona y sobre otras competencias relativas al aprovechamiento de hidrocarburos.

Ante un caso similar, el Tribunal Constitucional anuló las leyes de Cantabria y La Rioja que prohibían el uso de esta técnica, por lo que se entiende que esa doctrina es trasladable al caso actual. El Gobierno entiende que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental.

Considera además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al equiparar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma. Por último, el Gobierno considera que la norma vasca incluye en su ámbito los hidratos de metano enterrados en el mar (una nueve fuente de energía), una competencia que, según el Constitucional, no es autonómica a no ser que lo prevea su Estatuto de Autonomía o lo exija la naturaleza de la competencia a ejercer.

Gobierno autonómico vasco: «injerencia absoluta»

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, señaló que este recurso es una «mala no, malísima noticia» porque supone que el Gobierno «no reconoce las capacidades y competencias» que el Estatuto de Gernika otorga al Ejecutivo autonómico. Por tanto, añadió Tapia, recurrir ante el Constitucional la ley vasca sobre el fracking «injiere directamente» en las decisiones de las instituciones de Euskadi. La consejera adelantó que el Gobierno vasco analizará cómo puede hacer frente a este recurso cuando conozca con detalle los argumentos en los que se basa.

Plataforma antifracking critica al Gobierno

Asimismo, la plataforma Franking Ez recordó que la norma vasca es una ILP y por tanto «el resultado de la opinión de una mayoría social» que se «movilizó» contra esta técnica. «En ese sentido, el recurso no se puede enmarcar en una simple maniobra jurídica, sino que es un ataque y una vulneración de la soberanía popular», señaló la plataforma, que criticó el «sinsentido» que supone que un Gobierno haya recurrido la norma, cuando este mismo partido respaldó la ley en el Parlamento Vasco. Fracking Ez denunció además «la más que posible complicidad del Gobierno vasco en este recurso» y pidió al Ejecutivo de Urkullu que»desista, a través de Shesa, de los permisos» que tiene relacionados con la fractura hidráulica.

El PSOE pide que el plan industrial de Castilla y León no incluya ni a Garoña ni al fracking

EFE.– La secretaria general del PSOE en Burgos, Esther Peña, exigió que el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León en el que trabaja la Junta no incluya «ni Garoña ni fracking», apueste por las energías renovables y cuente con un plan específico para el medio rural. Además, Peña ha presentado las propuestas que el PSOE ha presentado para este plan regional, al que considera que le falta una «evaluación previa» y concretar la financiación que tendrá para su desarrollo.

Entre las prioridades del PSOE de Burgos, Peña reivindicó la apuesta por las energías renovables y señaló que, según sus cálculos, desde que se eliminaron las ayudas a esta materia hace 4 años por el PP, se perdieron en la provincia unos 4.000 puestos de trabajo. Peña señaló que el plan industrial es «una vía más» para que la Junta de Castilla y León paralice el desarrollo de los proyectos de fracking en la región y en la provincia como hará, según indicó, el futuro gobierno de España «según la PNL presentada y aprobada por la mayoría de los grupos».

La Fundación Renovables celebra la petición del Congreso de prohibir el fracking y pide el cierre de nucleares y carbón

Europa Press.- La Fundación Renovables aplaudió la iniciativa parlamentaria aprobada por el Congreso, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, por la que insta al Gobierno a prohibir la técnica de la fracturación hidráulica, el fracking, uno de los procedimientos de extracción de combustibles fósiles que considera de las «más peligrosas».

Asimismo, la Fundación Renovables insta a los grupos parlamentarios a «dar urgentemente nuevos pasos» para acordar el cierre «de forma progresiva pero urgente» de centrales de carbón y nucleares, según indicó el presidente de la entidad, Domingo Jiménez Beltrán. Para la Fundación Renovables, las centrales nucleares son «insostenibles» y «muy peligrosas» y considera que este cierre debe producirse en el momento en que finalice la licencia de operación de la que disponen en la actualidad; la última expira en 2024.

En cuanto a las térmicas de carbón, considera que debería concretarse un plan de cierre progresivo en 2016, y que en todo caso se debería producir antes de 2025, para alcanzar así un escenario energético eficiente y 100% renovable en 2050. Además del cierre de las centrales de carbón y nucleares, la Fundación Renovables también pide el fin del uso de todos los combustibles fósiles y el abandono de la minería, que debe ir acompañado de planes de «transición justa», tal y como expone la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Negativas consecuencias medioambientales” del fracking

Con respecto al gas, la Fundación Renovables reitera su utilización exclusivamente en el periodo transitorio hacia un escenario 100% basado en energías renovables, «con un cometido de favorecer la gestionabilidad del sistema en ese lapso de tiempo y nunca con la consideración de combustible directo«. Con respecto al fracking, la Fundación también insta al Congreso a prohibir la importación de gas natural procedente de esta técnica, ya que, según la entidad, las emisiones de metano lo hacen equivalente a apostar por el carbón. Además, considera un «completo sinsentido» que se permitan nuevas prospecciones para extracción de combustibles fósiles, así como la explotación de yacimientos, por las «negativas consecuencias» medioambientales que producen las energías no renovables.

Según recuerda la Fundación, el fracking es una técnica de fracturación hidráulica que consiste en romper la roca del subsuelo de esquisto y liberar el gas y el petróleo en ellas retenido. Este proceso implica la producción de enormes cantidades de aguas residuales, fuertemente cargadas de productos químicos tóxicos, de las que la industria se deshace mediante su inyección subterránea. “Esto ha provocado el incremento de la sismicidad inducida en los terrenos donde se practica el fracking, un hecho reconocido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)”, concluye.

La mayoría del Congreso pide al Gobierno que prohíba el fracking y suspenda los permisos ya concedidos

Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica, el llamado fracking, en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de Podemos y el PSOE, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking, respetando plenamente las competencias autonómicas, y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos de la ley de hidrocarburos que favorecen la implantación de esta técnica en España, fundamentalmente incentivos económicos.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los 5 diputados de Ciudadanos se han abstenido. La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la «España centralizadora, ultraliberal y expoliadora» pretende «imponer su autoritarismo» en zonas donde existe una «gran resistencia«. «El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando aquí», indicó, reclamando rechazar el fracking y apostar «de una vez por todas» por el «necesario» cambio de modelo energético.

La diputada socialista por Cantabria, María del Puerto Gallego, coincide en que los «riesgos» del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. La socialista subrayó la resistencia ciudadana a estos proyectos, pese al intento del PP «de comprar la voluntad» de los ciudadanos con su ley de hidrocarburos, que prevé incentivos fiscales y económicos para los habitantes y territorios afectados.»Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante», criticó, señalando que con la «excusa» de la dependencia energética los populares fomentaron esta técnica.

María Rosa Martínez, de Equo Podemos, que aportó cambios de tipo técnico a la proposición no de ley de ERC, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los «notorios» efectos «nocivos» sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es «incompatible» con otras actividades económicas, pese a tener un «escaso retorno energético, económico y social». Por ello, ha sugerido que «las enormes inversiones» de las multinacionales del fracking se usen en la transición energética hacia un modelo de energías limpias.

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, considera que «cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone», sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que «garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente» ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la «mucha desinformación» que hay en torno a esta «controvertida» técnica, que utilizan muchos países del mundo. “No cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación de estos recursos», ha señalado, recordando que la Unión Europea considera este recurso como «estratégico».

La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking «alertan» de «notables» riesgos medioambientales. Pero también cree que es «fundamental» la «prudencia«, por lo que propusieron una enmienda que no ha sido admitida, consecuencia de lo cual se ha abstenido en la votación final pese a estar de acuerdo con poner restricciones al fracking con una moratoria pero en contra de apoyar una prohibición total de la técnica. «No tenemos suficiente información y así es imposible adoptar decisiones», concluyó, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC sobre los permisos ya concedidos.

Greenpeace felicita a los políticos

Desde la organización ecologista Greenpeace felicitaron a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados por aprobar una proposición no de ley que exige al Gobierno prohibir el fracking o fractura hidráulica en España y considera que este es «un paso fundamental para el fin de esta peligrosa e innecesaria práctica». «Es una gran noticia que por fin el Congreso de los Diputados apruebe una prohibición del fracking, ya que el Gobierno del Partido Popular ha estado apostando por esta peligrosa técnica durante toda su legislatura», apuntó el responsable de campañas de Greenpeace España, Julio Barea.

El Congreso de los Diputados vota este martes la primera iniciativa para prohibir el fracking con visos de ser aprobada

Europa Press.- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) llevará este martes a la Comisión de Industria del Congreso la primera iniciativa parlamentaria con posibilidades de ser aprobada para instar al Gobierno a que prohíba la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos, el llamado fracking. En su texto, los republicanos catalanes recuerdan la gran oposición social en torno a este tipo de proyectos así como las dudas que han despertado en la comunidad internacional a cuenta de sus efectos medioambientales.

De hecho, el Parlamento Europeo incluso solicitó un estudio sobre el impacto de la extracción del petróleo y gas de pizarra mediante la técnica de fractura hidráulica sobre el medio ambiente, particularmente en relación con la afectación de los acuíferos, la actividad sísmica que puede provocar, los elevados consumos de agua, la gestión de las aguas residuales y la liberación no controlada de gas metano.

Por eso, el informe entregado a la Eurocámara recomienda una directiva europea en materia de minas, análisis «detallados y exhaustivos» sobre el marco regulatorio del fracking para superar las actuales «lagunas» que presenta, reevaluar su impacto sobre el agua, aplicar análisis coste-beneficio para la sociedad de forma armonizada en toda la Unión Europea, estudiar posibles prohibiciones generales del uso de ciertos químicos y abrir a la participación pública el debate.

Hay varias prohibiciones en Europa

En estas circunstancias, países de la Unión Europea como Francia ya han prohibido la exploración y explotación de yacimientos mediante la técnica de la fractura hidráulica y otros, como Reino Unido u Holanda, también han vetado estos proyectos de forma cautelar. En España, regiones como Cataluña o Cantabria han expresado su rechazo al fracking. Sin embargo, el Gobierno «permite sin condición alguna» el uso de esta técnica, lo que «provoca la indefensión del territorio ante las peticiones de exploración», que ya superan el centenar de permisos en todo el país.

«Las más que razonables dudas y los datos sobre los efectos de esta técnica, suficientes para motivar las actuaciones preventivas en el seno de la Unión Europea, aconsejan la máxima prudencia de las autoridades y una actuación decidida para evitar efectos irreversibles en el territorio», defiende Esquerra, que apela al «principio de precaución» para justificar su solicitud de que se prohíba el fracking en todo el país. Y mientras esa prohibición entra en vigor, los independentistas catalanes piden que se decrete «de manera inmediata» una moratoria sobre todas las autorizaciones o concesiones ya concedidas, incluidas las que actualmente están tramitándose. La propuesta podría salir adelante ya que otras formaciones, como PSOE o Podemos, se han manifestado en contra del fracking.