El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso a la ley vasca contra el fracking y suspende los preceptos impugnados

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking, y ha suspendido los preceptos impugnados, según comunicó el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, después de recibir la notificación por parte del Alto Tribunal.

La Ley del País Vasco faculta a las administraciones públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma, aprobada en junio de 2015, salió adelante con el apoyo de Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los nacionalistas reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental del Parlamento vasco, conocida como Ley relativa al fracking. Según ha apuntado, los preceptos impugnados son un “inciso” del artículo 2 y otro del 6, además de los números 3 y 5, y las disposiciones transitorias 1 y 2. Además, Erkoreka señaló que el Gobierno ha invocado el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión automática de los preceptos impugnados.

El portavoz del Ejecutivo señaló que, por esta causa, los preceptos impugnados no entrarán en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, y añadió que el Gobierno vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. En este sentido, recordó que, si no hay un pronunciamiento del Constitucional, a los 5 meses se puede reconsiderar la suspensión.

País Vasco dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra el recurso planteado por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de abril después de que fracasara la negociación bilateral entre ambos gobiernos para tratar de evitar el recurso. La ley vasca del fracking se aprobó a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas. En un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

En casos similares, el Tribunal Constitucional ha anulado las leyes de Cantabria, La Rioja y la semana pasada la de Cataluña. Estas tres normas prohibían el uso de esta técnica, por lo que el Gobierno central entiende que esa doctrina es trasladable al caso vasco. De hecho, en su momento el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. A pesar de ello, cuando el Gobierno anunció su intención de recurrir la ley, País Vasco dijo que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias.