Continúa la polémica entre el Gobierno del País Vasco del PNV y la oposición de Bildu a cuenta del fracking

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Europa Press / EFE.– La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, reafirmó que la posición de los técnicos de la sociedad vasca de hidrocarburos SHESA ante el fracking es la misma que defiende el Gobierno vasco, en respuesta a las declaraciones realizadas por el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, quien denunció que Tapia «miente» al asegurar que el Ejecutivo autonómico ha renunciado al fracking para extraer gas natural.

Maeztu aseguró que, en una ponencia celebrada en Cantabria, un técnico de SHESA afirmó que el uso de la técnica de fracturación hidráulica para extraer gas no convencional es «un proceso industrial maduro y absolutamente viable tanto técnica, económica, como medioambientalmente». En este sentido, Tapia ha reconocido la labor «ejemplar» realizadas por la sociedad de hidrocarburos de Euskadi, que ha realizado estudios «relevantes a lo largo de muchos años, actuando bajo normas estrictas de profesionalidad». Asimismo, ha señalado que los técnicos de SHESA «evidentemente» defienden la misma posición que el Gobierno vasco porque «son técnicos de una sociedad parte del EVE, que depende del Departamento».

«Que en un determinado momento la técnica del fracking pueda ser controvertida y no cumplir todos los requisitos medioambientales que nos gustaría, no obstaculiza que sigamos haciendo un seguimiento de cómo se trabaja en otros países, tecnologías utilizadas y de cómo se intentan obtener hidrocarburos», ha precisado, antes de señalar que «otra cosa es el hecho de que vaya a implantar determinadas tecnologías, ámbito que depende del Gobierno«. Por último, ha subrayado que «evidentemente, cualquier técnico tiene la obligación, no solo de estar formado en las últimas tecnologías y de todo lo que aparece en el mundo en el ámbito de los hidrocarburos, sino también de asistir a los encuentros» que hablen de esos ámbitos.

EH Bildu arremete contra Tapia

EH Bildu resalta que SHESA sostiene que el fracking es una técnica «viable», lo que pone de manifiesto que la consejera “mintió” el pasado 7 de julio al señalar que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque a «día de hoy» no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, Dani Maeztu indicó que el técnico de SHESA afirmó entonces que «España tiene que aprovechar sus recursos de hidrocarburos no convencionales» porque «no hacerlo sería un factor limitante para la economía, de pérdida de competitividad».

Maeztu ha advertido de las contradicciones en los mensajes del Gobierno Vasco y de SHESA en torno a esta cuestión, y ha pedido a la consejera que comparezca en la Diputación Permanente de la Cámara de Vitoria para aclararlo y presentar la Estrategia Energética Vasca 2016-2030. El parlamentario de EH Bildu ha acusado al Gobierno Vasco de seguir destinando recursos al fracking y le ha exigido que cierre la sociedad SHESA y renuncie a los permisos de hidrocarburos no convencionales.

Nadal ve «incompatible» pedir precios «adecuados» y prohibir el fracking mientras Revilla le replica que “Cantabria no es el lugar”

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Europa Press / EFE.- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reiteró y pidió respeto a la postura de la comunidad autónoma en contra del fracking y subrayó que no es el territorio adecuado para que apliquen esta técnica. Por su parte, el secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, reprochó que «no se puede pedir simultáneamente una industria fuerte en Europa con precios adecuados para la energía y, a la vez, prohibir cualquier tipo de exploración de hidrocarburos» como el fracking.

En este sentido, el secretario de Estado defendió que las empresas cántabras «tienen dificultades para competir en los mercados internacionales porque el precio de la energía no es suficientemente competitivo al tiempo que se impide que España conozca cuáles son sus recursos energéticos«, indicó Nadal sobre el rechazo de varias comunidades a este método de extracción de gas no convencional.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, argumentó que esta comunidad autónoma «no es el lugar» para realizar prospecciones de fracking y pidió «respetar la decisión unánime» de los 35 diputados de la región, incluido el PP cántabro, que en abril del año 2013 aprobó una ley para no realizar estos proyectos y que el Tribunal Constitucional tumbó en junio del 2014, argumentando que una comunidad autónoma no tiene competencias en la materia. De esta forma, Revilla ha negado ante Nadal la posibilidad de que haya fracking en Cantabria debido a la orografía de la comunidad. «El fracking no lo queremos porque hay estudios que dicen que puede generar problemas», sentenció Revilla.

Preguntado acerca de la solicitud de Ecologistas en Acción Cantabria para conocer si el Ministerio ha prorrogado un permiso que «amparaba» la extracción de gas no convencional mediante la técnica de fractura hidráulica en la zona de Valderredible, Nadal reconoció que no conoce la «situación administrativa concreta» de ese expediente, pero que se sigue el «estricto cumplimiento de los procedimientos».

Cuestionado también sobre la posición en contra del fracking de la sociedad y el Parlamento de Cantabria, el secretario de Estado aseguró que comprende «la preocupación por proteger una comunidad autónoma como Cantabria». «Pero, simultáneamente, tenemos peticiones continuas del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos de la región pidiéndonos que ayudemos a empresas cántabras que están teniendo problemas porque los costes energéticos son muy altos», expuso. En este sentido, indicó que «ambas cosas son incompatibles» porque «no podemos tener la energía más cara del mundo y luego querer que nuestras industrias permanezcan en territorio español». «Todo tiene un coste. Entonces, tenemos que evaluar en cada momento qué es lo que merece la pena», zanjó.

“Europa corre riesgo de desindustrializarse”

Asimismo, aclaró que «nadie está planteando hacer ningún tipo de actividad energética o industrial cerca de zonas protegidas o cercana a zonas donde pudiera existir el mínimo riesgo para la población» y que en la actualidad hay estudios geológicos para ver si existe o no recurso en el territorio, pero añadió que «no es menos cierto que Europa está corriendo el riesgo de desindustrializarse«. Nadal añadió que, según ha trasladado la Comisión Europea, el 80% de las inversiones europeas se están dirigiendo a Estados Unidos por el abaratamiento del precio del gas, que «tiene que ver con el fracking«. «No digo que hagamos como los Estados Unidos, y habrá que adaptar a las seguridades y garantías que exige Europa”, señaló.

A este respecto, ha incidido en que España es «el único país de Europa que no está buscando hidrocarburos, salvo Francia, pero en Francia tienen un 75% de energía nuclear», al tiempo que ha destacado que «todo el Mediterráneo está buscando hidrocarburos tanto convencionales como no convencionales», en referencia a países como Dinamarca, Chipre, Israel, Grecia o Croacia. Por ello, Nadal aboga por «lo primero, conocer cuál es nuestra riqueza en el subsuelo, saber qué es lo que tenemos; en segundo lugar, qué es lo que habría que hacer para obtenerla y si merece la pena; y, en tercer lugar, que se beneficien no solamente las empresas energéticas, sino también el conjunto de comunidades que estén próximas a la actividad».

Finalmente, ha asegurado que «pasa lo mismo con la energía nuclear», que aporta un 20% de la producción eléctrica en España. «Si desapareciera de la noche a la mañana, el coste de la energía subiría entre un 25% y un 30%. Eso quiere decir que no podemos prescindir de ella de forma inmediata, asumiendo un coste que supondría que todas las industrias electrointensivas desaparecerían de España y, al mismo tiempo, el recibo eléctrico subiría de manera importante», ha manifestado. Por ello, aunque ha comentado que la sociedad española «puede asumir» el coste de la desaparición de la energía nuclear, «pero que se sepa que existe«.

Fracking Ez considera insuficiente que Tapia diga que renuncian a usar esta técnica y pide acabar con SHESA

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EFE.- La plataforma Fracking Ez calificó de «insuficiente» el anuncio del Gobierno del País Vasco de que renunciará a utilizar esta técnica para extraer gas y ha recordado que el Ejecutivo autonómico mantiene vigentes los permisos de investigación de hidrocarburos. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, había anunciado que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 renuncia a utilizar el fracking para extraer gas porque a «día de hoy» no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medioambiente.

La plataforma Fracking Ez, que recogió 100.000 firmas contra el uso de esta técnica en el País Vasco, ha opinado que si el compromiso del Gobierno autonómico es «claro y decidido», debería conllevar que deje de subvencionar «a sociedades públicas dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos y comenzar a apostar de verdad por las energías renovables«. Para este colectivo, el anuncio de Tapia también es «contradictorio» porque la consejera dijo que sólo usarán técnicas convencionales para explorar o explotar este recurso cuando fue precisamente «la imposibilidad de extraer ese gas con las citadas técnicas, lo que llevó al Gobierno Vasco a iniciar los contactos para tratar de aplicar el fracking«.

Por tanto, «el Gobierno Vasco ha malgastado más de 10 años de inversiones públicas en mantener unos permisos y continuar subvencionando a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) para volver al mismo punto donde estaba: la incapacidad de extraer el gas mediante técnicas convencionales. Una carísima pérdida de tiempo», ha subrayado. Finalmente, este colectivo recordó que el Gobierno Vasco «sólo ha perdido un permiso de investigación, previsiblemente el de Angosto, mientras que se mantiene la titularidad de todos los demás permisos que afectan a un gran porcentaje del territorio».

El Gobierno del País Vasco renuncia al fracking en su estrategia energética 2016-2030 aunque el anuncio resulta insuficiente para Bildu

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EFE.- EH Bildu, segunda fuerza política en el parlamento de Vitoria, acusó a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, de no decir «toda la verdad» al asegurar que se renuncia a utilizar el fracking ya que esa «amenaza» sigue «viva». Tapia anunció que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno del País Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente.

Esta estrategia contiene medidas dirigidas a mejorar la política de ahorro y eficiencia energética de Euskadi para caminar hacia el objetivo de «consumo cero de petróleo para usos energéticos» en 2050, con las energías renovables como principal fuente de suministro energético y con el gas natural como energía de transición. Tapia avanzó que para la extracción del gas natural, el Ejecutivo autonómico «renuncia» al uso de técnicas no convencionales, como el fracking. «Vamos a usar única y exclusivamente técnicas convencionales en exploraciones y posibles explotaciones de gas natural como hasta ahora», ha insistido la consejera.

Esta postura supone que el Gobierno autonómico no utilizará el permiso de exploración que afecta al territorio alavés y burgalés. Según subrayó, esta decisión no implica pérdida económica alguna para las arcas públicas vascas. En esta zona se continuará analizando la posibilidad de extraer gas, pero tal y como hizo hincapié, «trabajando única y exclusivamente con métodos convencionales». Tapia destacó que la estrategia presentada coloca al gas natural como energía de transición entre 2050 y 2100, año en el que para el Gobierno Vasco sería deseable que «desapareciese la dependencia energética de los combustibles fósiles».

Así, la consejera subrayó que las líneas de actuación claves para avanzar hacia un modelo energético más sostenible son la eficiencia energética y las energías renovables. Para lograrlo, la estrategia apunta medidas para las que serán precisas inversiones por valor del 4.930 millones de euros, 920 provenientes de fondos públicos. La apuesta por las renovables se traduce en que el Gobierno Vasco planea alcanzar en 2030 una cuota de esta fuente de energía en consumo final del 21% y que llegue al 40% en 2050.

Tapia ha subrayado que la administración pública debe dar ejemplo con la reducción del consumo energético en sus edificios en un 25% en 10 años, con la implantación de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables en el 25% de sus inmuebles, y con la incorporación de vehículos alternativos en su parque móvil. De cara al transporte por carretera, el Gobierno de Iñigo Urkullu se plantea alcanzar una cuota del 25% de energías alternativas. Con todo ello, Tapia ha considerado que Euskadi puede contribuir a frenar el cambio climático con la reducción de gases de efecto invernadero. Esto supondría la reducción de las emisiones con respecto al 2005 en al menos un 40% en 2030 y en un 80% a 2050.

Bildu critica al Gobierno vasco

Tras estas afirmaciones de la consejera, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que Tapia «intenta confundir» a la opinión pública porque mientras los permisos de exploración de gas natural estén en vigor «la amenaza del fracking seguirá viva«.En opinión de Maeztu, si el Gobierno Vasco quiere tener credibilidad contra el fracking «debe renunciar a los permisos que posibilitan esta técnica».»Lo que tienen que hacer es cerrar Shesa, la empresa pública que crearon para promover el fracking y renunciar a los permisos de exploración que contemplan el uso de esa técnica», que siguen vigentes, insistió el parlamentario.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

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A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

Álava insta al Gobierno central a retirar su recurso contra la ley antifracking del País Vasco

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EFE.- Las Juntas Generales de Álava instaron al Gobierno central en funciones a retirar su recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional con motivo de este recurso. El pleno de las Juntas Generales de Álava aprobó una moción transaccional presentada por EH Bildu, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se opuso al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar la suspensión sobre esta ley.

La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una «actitud proactiva» en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica. Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno del País Vasco a utilizar «todas las herramientas jurídicas» reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking. En este sentido, instó al Ejecutivo autonómico a comprometerse con «no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto» de este tipo fuera del territorio.

Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, criticó al PNV por mantener una postura «esquizofrénica» en este tema, ya que apoya estas mociones en las instituciones pero sigue «adelante» con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados próximos a Vitoria) y en Angosto (Burgos). El nacionalista Roberto González señaló que la postura del PNV en torno al fracking es «clara» y aseguró que su partido no defiende «ni exploración ni explotación». Además, recordó que ha sido el PP quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.

Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, criticó que «se ve lo que dice y hace el PNV» con el fracking y denunció su «ambigüedad» en la cuestión. El socialista Jon Pablo Nogales trasladó la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino también por la «falta de definición del Ejecutivo de Urkullu». Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, advirtió del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica extractiva.

El Gobierno del País Vasco asegura que tiene «meridianamente claro» que no permitirá el fracking

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EFE.- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, aseguró que ella y el Ejecutivo autonómico tienen «meridianamente claro» el cumplimiento de las resoluciones del Parlamento regional que prohíben la técnica de fracturación hidráulica o fracking para obtener gas natural.

Hace dos semanas el Parlamento aprobó, con el voto a favor también del PNV, instar al Gobierno autonómico presidido por Iñigo Urkullu, a impedir que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación, exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking, así como a defender la ley autonómica vasca en esta materia tras su suspensión cautelar con todas las herramientas jurídicas. El debate se celebró después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente varios artículos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica al admitir el recurso del gabinete de Mariano Rajoy.

La consejera ha explicado que los estudios que está desarrollando la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), en ejecución de la estrategia energética 3E 2020 de evolución hacia la utilización de fuentes de energía renovables, van encaminados a la búsqueda de gas, pero siempre sin la utilización de la fracturación hidráulica. «A este Gobierno le queda meridianamente claro» el sentido de las resoluciones del Parlamento, que el Gobierno «cumplirá», sentenció. Además, aseguró que País Vasco «defenderá hasta el último momento» la ley actualmente en suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional.

Fracking Ez se moviliza el viernes en Vitoria en contra de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el fracking

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EFE.- La plataforma Fracking Ez convocó este viernes en Vitoria una movilización itinerante, musical y teatralizada en protesta por el «ataque» del Tribunal Constitucional al suspender cautelarmente varios artículos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica.

La plataforma hace un llamamiento a los ciudadanos para que secunden la movilización contraria a la utilización de la técnica del fracking para extraer gas del subsuelo y señala que la decisión del Constitucional «va en contra de la voluntad popular». Ha recordado las más de 100.000 firmas que recibió la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la citada plataforma para impedir el fracking en Euskadi. La movilización comenzará frente al Parlamento vasco y continuará por diversas calles de Vitoria hasta concluir junto a la sede de la Subdelegación del Gobierno.

El parlamento autonómico pide a Urkullu que impida el desarrollo de los permisos para proyectos de fracking en País Vasco

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Europa Press / EFE.- El Parlamento vasco, con el apoyo del PNV, pidió al Gobierno autonómico que, ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley vasca que en la práctica impedía la utilización en Euskadi del fracking para la extracción de gas, utilice su participación en los permisos a la empresa pública Shesa, para «impedir» que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación, exploración y/o explotación mediante fractura hidráulica «tanto dentro como fuera de Euskadi».

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley 6/2015 de medidas adicionales de protección del medioambiente, más conocida como ley antifracking, aprobada por el Parlamento vasco. Esta ley faculta a las Administraciones Públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV, partido del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, se abstuvieron.

Esta decisión del Constitucional supone la suspensión de determinados artículos de la norma hasta el pronunciamiento del Tribunal. Ante esta situación el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, anunció que País Vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. Además, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, adelantó que desde el Ejecutivo se va a realizar un «análisis jurídico” para saber si puede retomar los proyectos de fracking. Señaló que, en todo caso, únicamente se llevan a cabo los estudios medioambientales previos. También precisó que los permisos que hay, en estos momentos, «no son exclusivos» del Gobierno vasco ni de su sociedad pública Shesa sino que están compartidos con una empresa americana.

Ante esta ambivalente posición, todos los grupos de la oposición criticaron que el PNV haya firmado también el acuerdo parlamentario en el que se reclama al Gobierno de Urkullu que en los permisos en los que participe el Ejecutivo utilice su participación en la empresa pública Shesa para «impedir» que se lleven a cabo ningún proyecto de fracking. También se insta al Gobierno vasco a «no consignar partida económica alguna en futuros ejercicios presupuestarios para proyectos de fracking«. Por último, reclama al Ejecutivo autonómico que utilice «todas las herramientas jurídicas dentro del marco competencial reconocido en el Estatuto» para defender la ley vasca «aprobada por amplia mayoría en el Parlamento» ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.

Para los partidos de la oposición, la postura del PNV ante el debate parlamentario planteado por PSOE y EH Bildu responde a sus intereses electorales. La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, preguntó al PNV por qué apoya la enmienda cuando «quieren seguir apostando por la investigación del fracking y  utilizar las competencias vascas para que Euskadi sea más nacionalista y no para que los vascos vivamos mejor». «¿Cómo es capaz de firmar esta enmienda cuando su discurso va en contra de lo que aquí se dice?», preguntó Rojo al PNV.

Críticas entre PNV y socialistas

Asimismo, aseguró que «el fracking vino a Euskadi de la mano del PNV» durante el Gobierno de Ibarretxe y cree que el PNV se abstuvo en la votación de la ley «porque había una campaña electoral y ahora tienen otra». «No se creen nada de lo que dice. Dan ganas de retirar el último punto porque es una vergüenza que hayan firmado esta enmienda», aseveró. Por el mismo motivo, la socialista acusó a los nacionalistas de «engañar a los ciudadanos» y aseguró que «el Gobierno recentralizador del PP ha echado un capote al PNV» con su recurso contra la ley.

El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que la labor del Gobierno vasco debe ser evitar el fracking y cree que la postura del PNV es «contradictoria» y que el doble juego que se lleva con el tema del fracking se debe a la «esquizofrenia electoral del PNV». «Lo mismo que votan en Madrid a favor de la prohibición del fracking, votan a favor de la Ley del sector de Hidrocarburos que da amparo legal al fracking; lo mismo que van a votar hoy a favor de que no se utilice el fracking, la consejera dice ayer que van a analizar jurídicamente si pueden reactivar el fracking. Basta ya de doble mensaje con el fracking. Basta de ambigüedades», reclamó.

El parlamentario del PNV Javier Carro, por su parte, defendió que el uso de la técnica del fracking debe estar «muy bien atado jurídicamente» y recordó que por ese motivo, su partido solicitó durante la tramitación de la ley «más reforzamiento» con una moratoria de cinco años y el asesoramiento de un comité científico. Tras recordar al PSE la foto del lehendakari Patxi López durante su viaje en Estados Unidos a favor del fracking, Carro acusó a los socialistas de perder la «licencia social» por la «actitud»  del gobierno de López, que no «hablaba de las consecuencias» de la técnica.

Carro defendió que «una cosa es la obligación de la investigación que tiene un gobierno y otra el precio que tienen que pagar por ello» y ha pedido que no se «engañe a la ciudadanía» ya que en Euskadi «no hay ni un solo pozo de fracking y esperemos que así siga siendo». «Tenemos que investigar nuestros recursos naturales pero no a cualquier precio por eso creemos que esta técnica no es la apropiada», insistió. Carro explicó que la consejera «ha defendido la investigación y no el fracking porque se trata de permisos para investigar los recursos que hay, pero no con esa técnica«. También ha planteado que los permisos para hacerlo deben estar en manos públicas y no privadas.

Desde el PP, Carmen López de Ocariz acusó al PNV de no ser claros en relación a la acción del Gobierno respecto a esta técnica «cuando es arte y parte», con el pasado de Ibarretxe . Asimismo, defendió que primero es necesario ver la ubicación, entorno, orografía y hacer informes medioambientales ajustados al pozo y permiso concedido. «Apostamos por explorar y explotar los recursos energéticos a nuestro alcance pero no de cualquier manera. Es necesario proteger las zonas más sensibles», insistió. La popular ha advertido de que esta técnica «ha sido un éxito dónde y cuándo tenía que ser, pero ahora no es rentable«. Además, instó al Gobierno vasco a cumplir lo que el Parlamento autonómico aprueba en esta materia.

Una plataforma antifracking exige que el Gobierno del País Vasco asegure que impedirá esta técnica de extracción de hidrocarburos

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EFE.– La plataforma Fracking Ez exigió al Gobierno del País Vasco que diga con claridad que impedirá la técnica de la fractura hidráulica en Euskadi y empiece a «trabajar en serio» para dejar sin efecto todas las licencias de exploración de gas. Esta agrupación criticó la actitud del Ejecutivo autonómico porque «sigue sin aclarar su posición» desde que el Tribunal Constitucional decidiera admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley vasca que regula medidas contra la fractura hidráulica.

Fracking Ez recordó que la ley vasca fue impulsada por una iniciativa popular que contaba con un «apoyo masivo», pero a su juicio el Gobierno de Iñigo Urkullu no ha expresado con claridad que no habrá fracking en Euskadi. La postura del Ejecutivo vasco «se sitúa lejos de la claridad con la que habló el Gobierno catalán tras tumbarse su ley, que sin ninguna duda afirmó que impediría el fracking en Cataluña», denunció esta plataforma. También señaló que aunque el PNV se ha posicionado varias veces a nivel político contra el fracking, el Gobierno Vasco no ha descartado esta técnica.

La ley vasca de fracking fue aprobada el año pasado y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de manera genérica, pero elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía. Por ello esta plataforma pide a todo el arco parlamentario vasco y al Ejecutivo autonómico que trabajen «en serio y sin fisuras» hasta dejar sin efecto todas las licencias, incluidas las promovidas por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (Shesa). Para responder a esta situación, la plataforma ha convocado una movilización en Vitoria que tendrá lugar el próximo viernes.