Los ayuntamientos del norte de Burgos se proponen retrasar los proyectos de ‘fracking’

Efe.-Los ayuntamientos del norte de Burgos, donde más avanzados están los proyectos para realizar sondeos para buscar gas mediante fractura hidráulica, intentarán retrasar estos proyectos con la esperanza de que un cambio de gobierno en noviembre suponga la prohibición del uso de esta técnica en España.

Las empresas ya han presentado los estudios de impacto ambiental para pedir la autorización de varios sondeos en el norte de Burgos mediante esta técnica de fractura hidráulica o fracking, que consiste en la inyección de agua y productos químicos a gran profundidad para fragmentar la roca de pizarra y liberar pequeñas bolsas de gas y petróleo, que de esta manera se puede extraer.

El vicealcalde de Villarcayo, José Casado, ha recordado que la práctica totalidad de ayuntamientos de la zona se han declarado libres de fracking, pero la ley no les permite prohibir el uso de esta técnica en sus territorios.Sin embargo, los ayuntamientos tienen competencias para la concesión de ciertas licencias y permisos, como las de obras, uso de suelo público e incluso paso de ciertos vehículos pesados. En declaraciones a la agencia Efe, Casado ha explicado que la intención de los ayuntamientos de la zona afectada es endurecer al máximo su normativa ambiental y retrasar o no conceder todos los permisos que puedan. De forma paralela, retomarán en septiembre las movilizaciones contra el uso de la fractura hidráulica en la zona.

De hecho, ya han pedido a la Subdelegación del Gobierno en Burgos el permiso para formar el 12 de septiembre una cadena humana que una las dos localidades más importantes del entorno donde se pretenden instalar los sondeos de fracking; Villarcayo y Medina de Pomar, separadas unos 7 kilómetros. Para Casado, los proyectos de fracking no son solo una molestia o un riesgo, sino una auténtica amenaza para la zona. Considera que el uso de esta técnica perjudicaría al turismo y los cultivos de huertas y frutales, que son las principales fuentes de riqueza del norte de Burgos, basada en el medio natural.

El vicealcalde de Villarcayo se queja de que las empresas dicen que quieren hablar con los habitantes de la zona pero no lo están haciendo. Cree que son empresas con estructuras muy complejas y difíciles de seguir, a las que no se podrá pedir responsabilidades si el uso del fracking provoca daños en la zona décadas después.

En este sentido, ha precisado que son empresas con escaso capital social y un accionariado complejo relacionado con capital procedente de Holanda, Estados Unidos o Canadá, por lo que «sería casi imposible saber a quien reclamar si aparecen daños ambientales en el futuro por el uso de esta técnica.Casado considera que la comarca de Las Merindades ya ha contribuido al interés general en el plano energético de forma más que suficiente al recordar la existencia en la zona de la central nuclear de Garoña y varias instalaciones de generación eólica y fotovoláica.

El pleno de la Diputación de Albacete declara a la provincia «libre de fracking»

Europa Press.- El pleno de la Diputación de Albacete declaró a la provincia albaceteña «libre de fracking» tras aprobar una moción presentada conjuntamente entre los grupos del PSOE, Ganemos-IU y Ciudadanos en contra de esta técnica de extracción. El vicepresidente de la Diputación, Agustín Moreno, explicó la «problemática» de estas prácticas, recordando que «en otros puntos de Europa se han declarado zonas libres de fracking«. Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional «tiene la intención de conseguir la declaración institucional para que Castilla-La Mancha sea libre de fracking«.

El Defensor del Pueblo vuelve a pedir a Industria información sobre el fracking

Europa Press.- El Defensor del Pueblo ha vuelto a solicitar al Ministerio de Industria, por segunda vez en lo que va de año, información sobre el fracking, según indicó la organización agraria UGAM-COAG, quien planteó una queja ante esta institución en relación con el permiso de investigación Luena, en el que se prevé el uso de la fractura hidráulica en los Valles Pasiegos (Cantabria), y considera «evidente» que el Ministerio de Industria «está incumpliendo» con su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo ya manifestó previamente que se estaban tramitando permisos de investigación sin que estuviese probado que existan técnicas para minimizar los riesgos derivados del fracking. También ponía en duda que la aplicación de esta técnica supusiese un impacto positivo en la economía española. Por ello, el Defensor del Pueblo requirió en diciembre de 2014 a Industria que le remitiese información en la que acreditase «que existen soluciones técnicas para evitar impactos no deseados que deriven del fracking de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos».

En su petición, el Defensor también solicitaba al Ministerio la remisión de «estudios concluyentes acerca de la incidencia positiva y significativa» en el modelo energético nacional que tendría la explotación de los yacimientos de gas no convencional existentes en España mediante el empleo del fracking; y que valore y motive la autorización de su uso en relación con los riesgos ambientales y para la salud y seguridad de las personas.

Puesto que el Ministerio de Industria no remitía dicha información, el Defensor del Pueblo se lo volvió a requerir en el pasado marzo, esta vez con carácter de urgencia. Ahora, puesto que Industria continúa sin enviar la información, el Defensor del Pueblo ha emitido una nueva notificación. En este sentido, UGAM-COAG recuerda el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 que establece que «todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones».

Shale Gas España destaca que dos informes avalan que el fracking es seguro

Europa Press.- La asociación Shale Gas España señala que dos informes realizados por «reputadas organizaciones científicas», la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA en sus siglas) y la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería (Acatech) de Alemania, confirman que la técnica de fracturación hidráulica «es segura y se puede desarrollar sin riesgos cuando se aplican las mejores prácticas en la industrias y bajo una regulación adecuada».

El director general de Shale Gas España, David Alameda, destacó que los informes reconfirman que «cuando las cosas se hacen bien, la fracturación hidráulica es tan segura como otras de las técnicas industriales que nos rodean». Según Acatech, de acuerdo con las evidencias científicas y técnicas existentes «no es justificable una prohibición de la técnica de fracturación hidráulica o fracking«.

Por su parte, el informe de la EPA destaca que las actividades de fracturación hidráulica «no se han traducido en la generación sistemática de impactos sobre los acuíferos». Además, señala que en aquellos casos «extremadamente raros» en los que se ha podido producir alguna contaminación ésta obedece a defectos en la construcción de los pozos o en el proceso de tratamiento de las aguas residuales, es decir, «mala praxis que no son inherentes a la técnica de la fracturación hidráulica».

El director general de Shale Gas España añadió a este respecto que «la técnica y la ciencia han hablado y se deben escuchar». «España cuenta con el conocimiento, la legislación y las buenas prácticas para explotar nuestros recursos de gas natural de esquisto de forma segura», subrayó. Según Shale Gas España, las conclusiones de EPA y Acatech siguen en la misma línea que la de otros organismos y universidades de primer orden, tanto en los Estados Unidos como en Europa.

Nadal asegura que la ideología energética de algunos partidos «subirá el recibo»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que las propuestas «ideológicas» en política energética de algunas «partes del espectro político» conllevarían, de aplicarse, «incremento de costes, inestabilidad financiera y volver a la situación que encontramos en 2012″, esto es, «en situación de quiebra». En este sentido, indicó que el «camino» elegido por algunas formaciones políticas donde «hay tecnologías buenas y tecnologías malas», sólo llevaría a subir el recibo eléctrico o al endeudamiento. Además, defendió el fracking.

Nadal defendió la política energética aplicada durante esta legislatura para eliminar el déficit de tarifa frente a otras propuestas cargadas de «ideología» que ya «se han experimentado, visto sus consecuencias y a donde llevan». «Existen dos caminos, un camino sin ideología, sensato, que intenta cumplir los objetivos de manera que el coste sea el menos posible, que permita ganar competitividad y otro más ideológico, en el que hay tecnologías buenas y malas, en el que no importan los costes», afirmó Nadal. Respecto al déficit tarifario, recordó que el Gobierno heredó un sistema con un agujero anual de 10.000 millones de euros después de dos legislaturas en las que se «vivió de la utopía y del ya veremos cómo se paga».

Asimismo defendió que las centrales nucleares son «un activo del país» que «deben durar lo que su seguridad diga» porque, de lo contrario, implicaría un coste. En cuanto a las energías renovables, apuntó que «tienen un hueco creciente» en el sistema eléctrico español, aunque no a cualquier coste, por lo que se promoverán donde sean más rentables y necesarias. Por otra parte, adelantó que la normativa de autoconsumo eléctrico se enviará esta misma semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

«La política energética tiene que ser un factor que mueva al país» y que conceda facilidades para crecer y crear empleo y «no un lastre», apuntó Nadal, subrayando que el problema del sistema estaba en «los costes regulados». Por ello advirtió de que un nuevo déficit supondría «un desastre financiero y económico«. Asimismo, subrayó que el recibo eléctrico subirá si se retira la reforma eléctrica y que la factura eléctrica no puede ser «la caja de los Presupuestos Generales del Estado» donde que se incorpora lo que no cabe en las cuentas nacionales, como se ha hecho en algunos momentos.

Por el contrario, Nadal indicó que si el PP continúa en el Gobierno su apuesta energética será el «sentido común», es decir, «utilizar los recursos a nuestra disposición, no permitir el endeudamiento, dar seguridad a la inversión y mirar cada euro» para abaratar el recibo y mejorar así la competitividad de las empresas. En concreto, señaló que la prohibición de las técnicas de fracturación hidráulica o fracking supondría renunciar «a buscar la riqueza que España tiene en su subsuelo» por una «posición ideológica», por lo que pidió que se aproximen a esta cuestión «sin apriorismos y con sentido común» y resaltó que los proyectos que utilizan estas técnicas necesitan un análisis medioambiental y geológico muy importante antes de su aprobación.

En la misma línea, señaló que este tipo de actividades están restringidas por lo que no se pueden desarrollar cerca de núcleos urbanos o de espacios medioambientalmente protegidos. Además, advirtió, con respecto a una posible prohibición del fracking en España en la próxima legislatura, que «no se puede pretender competir frente al precio del gas de Estados Unidos y no permitir que exista el fracking«.

Por ello, denunció que España, en el caso de que prohibiera el fracking o la exploración de posibles fuentes de hidrocarburos, «sería el único país del mundo que renunciaría a buscar su riqueza». Por último, el secretario de Estado destacó que la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos permite «un reparto justo» de las ganancias obtenidas de su extracción, favoreciendo a los ciudadanos que residen cerca del lugar donde se obtienen.

Los expertos creen que España y Europa necesitan más datos científicos para regular el fracking

Europa Press.- Diversos expertos consideran que España y Europa necesitan una norma que regule la fracturación hidráulica (fracking) basada en datos científicos objetivos y cuantificables. Es la conclusiones del Foro de Encuentro Miedo al fracking, ¿por qué? organizado por la Real Academia de Doctores de España, que señaló que estos datos científicos servirían para confirmar o desmentir ciertas afirmaciones y superar la controversia argumental que enfrenta a detractores y defensores del fracking.

Según Arturo Romero, de la sección de Ciencias Experimentales, Europa, que tiene una gran dependencia exterior del gas natural y es pionera en la reducción del CO2, está dividida respecto a la fracturación hidráulica. Como problemas derivados de esta práctica, apuntó que se consume una gran cantidad de agua que se retrae de otros usos, así como el hecho de que durante la operación se puede liberar gas metano que tiene mayor efecto invernado que el CO2 y que también se pueden contaminar acuíferos subterráneos.

A favor de la fractura hidráulica, José Luis Díaz Fernández, doctor ingeniero de minas, señaló que el agua inyectada en el fracking contiene solo un 0,1% de productos químicos. Por contra, Julio Barea, doctor en Ciencias Geológicas y portavoz de Greenpeace, aseguró que su organización da por seguros los impactos negativos de la fractura hidráulica y recordó que cada vez llegan más informes de Estados Unidos que los corroboran y hay más estados norteamericanos que plantean moratorias a su utilización.

El BOE publica la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos para introducir más competencia entre gasolineras e impulsar al fracking

Redacción / Agencias.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la norma que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que fue aprobada por el pleno del Senado la semana pasada tras recibir el visto bueno del Congreso y que busca introducir más competencia en el sector. La nueva ley, que entrará en vigor este sábado, establece la creación de un mercado secundario del gas para obtener precios «más competitivos y transparentes» y facilitar la entrada de nuevos comercializadores.

La norma limita la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30% no podrán incrementar el número de instalaciones. Tampoco podrán suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, con independencia de quién sea el titular de la instalación. No obstante, podrán renovarse a su expiración los contratos preexistentes aunque con ello se supere dicha cuota de mercado.

Esta limitación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, tiene como objetivo evitar que los operadores mayoristas reorganicen su red deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado. Conforme a la nueva Ley, la Dirección General de Política Energética y Minas publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen.

Impulso al desarrollo del fracking

Otra de las principales novedades es el impulso a la extracción de hidrocarburos no convencionales de gas y petróleo mediante la técnica del fracking; para ello el Gobierno crea incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle esta actividad. La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra.

La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos. Además, las empresas propietarias de las explotaciones deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de gas o petróleo.

Asimismo, se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones, fomentando la competencia, ya que actualmente sólo podían realizar las inspecciones los distribuidores. Además se elimina la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de fuera de la Unión Europea si ya cuentan con el permiso de algún país miembro y se modifica la periodicidad con que las gasolineras envían a Industria sus datos. De igual forma, se igualan las exigencias de existencias de seguridad, que aportan una mayor flexibilidad, para los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado.

Una asamblea contra el fracking alerta a la UNESCO de posibles daños en las cuevas rupestres de Cantabria

Europa Press.- La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria remitió al centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París un documento en el que se alerta de los daños «irreparables» que puede causar los sondeos de fracking en las 10 cuevas cántabras declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Este colectivo envió a la UNESCO este documento ante el «inminente comienzo» en Cantabria de sondeos para determinar la ubicación de los pozos de extracción de gas mediante la fractura hidráulica y las «posibles repercusiones» que esto puede tener en el conjunto del patrimonio arqueológico cántabro. En ese escrito, la Asamblea insta a la UNESCO a poner en marcha todos los mecanismos que tenga a su alcance para defender este patrimonio, así como que sea interlocutor en el debate sobre el uso del fracking que se ha generado tanto en Cantabria como en el país.

En este sentido, los miembros de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, Josue Bilbao y Adrián Lavín, presentaron el documento, titulado Arte paleolítico rupestre y fracking en Cantabria. Evidencias sobre posibles daños en el Patrimonio de la Humanidad, en base a la información del Ministerio de Energía sobre los permisos concedidos en la región y diversos estudios sobre el fracking. En este escrito, explicaron que el texto denuncia las «repercusiones» de esta práctica de extracción de gas no convencional puede tener sobre el patrimonio de Cantabria porque «en ningún caso se han tenido en cuenta estos enclaves y su preservación ni a la hora de solicitar permisos ni a la hora de concederlos«.

Adrián Lavín recordó que en Cantabria hay seis permisos activos, tres de ellos en fase de solicitud: Los Basucos en Santillana del Mar, Gran Enara entre Burgos, Cantabria, Álava y Vizcaya y el Galileo en la zona oriental de Cantabria y por la cuenca del Asón hasta Burgos; y tres de ellos concedidos: el Luena en los Valles Pasiegos, el Bezana-Bigüenzo en la zona de Valderredible, y el Angosto I que toca parte de Soba. Así, detalló que, para determinar los riesgos, se han cruzado estos permisos con la ubicación de las 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad en Cantabria.

«Si cruzamos en un mapa estos datos, se observa que el permiso solicitado de Los Basucos afecta a Altamira y El Pendo; que la cueva de Covalanas se encuentra dentro del área del permiso Galileo; y que el conjunto de cavidades de Monte Castillo y la cueva de Hornos de la Peña están en los límites del permiso ya concedido Luena», ha indicado Lavín. Por ello, ensalzó que la Asamblea alertó a la UNESCO que los riesgos para estas cuevas «se pueden convertir en daños irreparables» en las demostraciones artísticas de más de 20.000 años de antigüedad que acogen muchas de esas cavidades y que son el «legado de los primeros habitantes» en la Comunidad.

En concreto, el documento evidencia que estas cuevas deberán enfrentarse a dos factores de riesgo: la contaminación química que, según aseguró, el fracking causa en las aguas subterráneas hará «más vulnerables» a las cuevas y tendrá efectos «impredecibles» sobre sus pinturas. «Los contaminantes pasarían a formar parte del régimen hídrico de la cueva atacando la roca soporte de las pinturas y dañándolas de forma irreparable», denunció. En cuanto a la sismicidad inducida, señalan que «un terremoto puede causar diversos daños en la pintura rupestre como desprendimientos de la roca soporte de la pintura, aparecer grietas o fisuras o en el peor de los casos, la cueva podría colapsar y hundirse».

Shale Gas España pronostica grandes beneficios para las comunidades locales

Europa Press / EFE.- La asociación Shale Gas España considera que la modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos aprobada en el Senado introduce importantes novedades que beneficiarán a los municipios en los que se realicen trabajos de exploración, investigación o producción de hidrocarburos no convencionales mediante técnicas como el fracking, cuestionadas socialmente.

En este sentido, el director general de Shale Gas España, David Alameda, indicó que la nueva ley «acerca los beneficios de la exploración y producción de hidrocarburos a las comunidades que conviven con estos proyectos«, y al mismo tiempo «es un reconocimiento a la contribución que esta actividad supone para el conjunto de la sociedad». Para la asociación de empresas productoras y exploradoras de estos recursos, la nueva norma «mejorala seguridad de los suministros energéticos, contribuye a lamejora de la competitividad de las empresasy crea riqueza mediante la generación de actividad económica, empleo y pago de impuestos«.

La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, se fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra. La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con «especial intensidad» en las Comunidades Autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos.

Además, las empresas deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de hidrocarburos. En el caso del gas natural no convencional ese 1% supondrá una cantidad de entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento, según los cálculos de Shale Gas España. Estas nuevas tasas e impuestos se unen a las cantidades que los ayuntamientos recaudan por sus impuestos municipales, que oscila entre los 300.000 y los 600.000 euros por sondeo.

Las empresas indican que a este importe se debe añadir la actividad económica directa que genera a nivel local la construcción de un pozo de exploración, que requiere una inversión de entre 10 y 20 millones de euros y crea entre 50 y 150 puestos de trabajo en sectores como la construcción, la maquinaria auxiliar, el transporte, el suministro de materiales, la construcción o la hostelería. «En la fase de producción estas cifras se multiplican exponencialmente«, de modo que esta actividad «puede contribuir a dinamizar las economías locales en municipios que carecen de un sector industrial o de servicios», añade.

Soria afirma que el fracking es una «cuestión de seguridad energética nacional»

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sostuvo en el Congreso de los Diputados que el desarrollo de las técnicas de facturación hidráulica para obtener gas, el fracking, es «una cuestión de seguridad energética nacional». Así se expresó Soria con motivo de una interpelación del diputado del grupo mixto Iker Urbina, quien denunció «el rechazo social a este tipo de método de extracción de la energía» y pidió que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de su regulación.

Soria indicó que el Plan de seguridad Nacional contempla que «la energía tiene que ser segura, equilibrada y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico» y que no se descarta ningún tipo de fuente. Por ello, según defendió, la regulación de esta técnica es potestad del Estado y no de las autonomías, lo que explica que el Tribunal Constitucional haya fallado siempre a favor del Ejecutivo en esta materia. Sobre la capacidad de las autonomías para no permitir extracciones, admitió que pueden hacerlo ya que deben dar la autorización, aunque advirtió que si lo hacen sin respetar la normativa estatal se verán expuestas a que los inversores las denuncien ante los Tribunales con una gran probabilidad de perder.

Por otro lado, afirmó que «la verdadera revolución en materia de energía es la que ha supuesto el fracking en Estados Unidos», lo que le permite atraer empresas europeas gracias a que su gas cuesta 3,5 dólares, mientras en el viejo continente se triplica este coste. En cuanto a las actuaciones del Gobierno en esta materia, Soria explicó que ha consistido en aumentar los requisitos medioambientales para poder llevar a cabo este tipo de actividades.

En este sentido, el ministro sostuvo que «no se conoce ningún tipo de actividad industrial que esté exenta al 100% de riesgo» por lo que «las instituciones deben legislar para minimizar la posibilidad y la probabilidad de que haya y se materialicen estos riesgos». Además, recordó que la modificación de la ley de hidrocarburos contempla compensaciones tanto para los propietarios de los terrenos como para las comunidades autónomas y los entes locales próximos al territorio.

Iker Urbina (Amaiur) propuso al ministro apostar por «otro modelo energético que respete los recursos naturales» y a las personas. «¿Otro modelo energético? ¿Qué modelo?», cuestionó el ministro para defender el mix de energías existentes en España: nuclear, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, biomasa, solar, carbón, gas. Además, sobre un mayor peso de las renovables, recordó que en 2014, del total de generación de la energía eléctrica, un 43% provenía de renovables.

En cualquier caso, Soria matizó que detrás de estas energías limpias debe haber otras «de respaldo». «El discurso de ‘todo renovables’ me parece muy bien, pero digamos cuál es la realidad del sistema energético, que si se produce todo con viento o sol tiene que tener una tecnología de respaldo y pagarla, se utilice o no y ese pago se envía a final de mes en el recibo de la luz a todos los españoles», aseveró. Finalmente, Urbina acusó al Gobierno de velar «por los intereses de ciertos lobbies económicos», un extremo que Soria negó, para afirmar que actúan » para reducir «los 100 millones de euros que diariamente los españoles emplean en importaciones energéticas».