El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, aseguró hoy que el nuevo marco normativo del régimen especial (energías renovables y cogeneración) proporciona una rentabilidad «muy razonable» y apuntó que las primas a la energía eólica pasarán de 1.000 millones de euros en 2006 a 1.400 millones en 2010.

Nieto, que participó en una jornada sobre carbón limpio organizada por el Club Español de la Energía, dijo que el proyecto de Real Decreto elaborado por el Ministerio de Industria «apuesta decididamente» por las energías renovables y garantiza la seguridad jurídica.

El secretario general de Energía respondió hoy a las críticas vertidas en los últimos días por el sector eólico sobre el nuevo marco normativo del régimen especial.

El proyecto se ha enviado ya a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que lo remitirá al Consejo de Ministros.

Nieto afirmó que el proyecto de Real Decreto es «excelente», porque apuesta «de manera decidida» por las energías renovables y proporciona una rentabilidad «muy razonable».

Según sus datos, el montante de las primas para el conjunto de las energías renovables pasará de los 1.800 millones de 2006 a 3.700 millones en 2010.

La aplicación del nuevo Real Decreto permitirá que las primas a la energía eólica pasen en ese periodo de 1.000 millones a 1.400.

«El sector quiere ganar más dinero. Eso es legítimo. Pero tienen que entender que nosotros gobernamos para el interés general, para todos los ciudadanos», señaló Nieto.

El secretario general de Energía subrayó que el objetivo es lograr que «se haga la máxima eólica posible al mínimo coste posible».

Nieto subrayó que el nuevo marco proporciona seguridad jurídica y recordó que el Consejo de Estado ha dado la razón al Ministerio de Industria en este punto.

«Pueden estar muy tranquilos (los productores eólicos). Seguridad jurídica la hay toda», recalcó.

Nieto dijo que lo que no puede pretender el sector eólico es «que pongamos y subrayemos que no va a cambiar nunca nada en el futuro».

El secretario general admitió que esa pretensión se recogió en el Real Decreto de 2004, pero recordó que antes no existía ningún planteamiento en ese sentido «y en España se seguía invirtiendo en renovables».

Los eólicos se sienten «engañados»

Mientras que el Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, defiende que el real decreto garantiza la seguridad jurídica, la Asociación Empresarial Eólica, que reúne a una parte muy importante de las empresas del sector, mantiene todo lo contrario. Según la patronal, aspectos clave como la actualización de las primas y otros aspectos de la retribución están sujetos a modificaciones, pero eso no es lo más grave.

La cuestión es que esas modificaciones se puedan aplicar retroactivamente, es decir, a aquellas instalaciones que se planificaron en base a unos ingresos determinados que, según la nueva norma, pueden verse sujetos a modificaciones en cualquier momento. En consecuencia, no se puede calcular una rentabilidad estable de las inversiones, independientemente de que los ingresos sean mayores o menores. A esto se refiere el sector cuando habla de inestabilidad jurídica.

Los productores eólicos se sienten engañados por Industria porque en la renunión que tuvieron con el Ministerio el pasado 20 de marzo, el secretario general de Energía acordó una serie de modificaciones al proyecto que finalmente no se han visto plasmadas en el documento enviado al Consejo de Estado. Según la AEE, también se acordó celebrar una nueva reunión después de que el Consejo de Estado emitiese su dictamen, y por el momento, esa reunión ni se ha celebrado, ni tiene aspecto de celebrarse.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, calificó este martes de «equilibrado y razonable» el nuevo marco normativo del régimen especial (energías renovables y cogeneración) y recalcó que las primas a la producción eólica no se pueden subir más para no encarecer el recibo de la luz.

Durante una larga intervención de más de cuatro horas en la Comisión de Industria del Congreso, Clos repasó la actualidad en los sectores que son competencia de su departamento, entre ellos el energético.

Varias preguntas planteadas por los grupos de la oposición, en especial por el PP, se centraron en el proyecto de Real Decreto que definirá el nuevo marco normativo del régimen especial y en las críticas vertidas por el sector eólico.

Clos subrayó que el Gobierno es «pro-renovables hasta las últimas consecuencias» y apuntó que Industria ha negociado con el sector «hasta donde ha podido» para que se mantengan las inversiones.

Sin embargo, añadió, el Ejecutivo tiene que «defender también a los ciudadanos, que deben pagar el recibo de la luz».

«Si les pagamos más (a los productores eólicos) tendremos que subir el recibo de la luz», explicó.

El diputado del Grupo Popular Fernando Castelló indicó que el problema del nuevo marco normativo no son las primas, sino su estabilidad futura y pidió al Gobierno que tenga en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Consejo de Estado.

Clos respondió que el dictamen del Consejo de Estado ha dado la razón a Industria, ya que concluye que el nuevo marco no pone en riesgo la seguridad jurídica.

El responsable de Industria destacó que el borrador de Real Decreto incorpora «dos políticas nuevas», el pago de una prima para renovar los aerogeneradores más antiguos y el fomento de los parques eólicos marinos.

Clos se refirió también a la pugna por Endesa y reiteró que no abordó el tema ni en sus encuentros con responsables de Enel Viesgo ni en las reuniones con las autoridades italianas durante la cumbre celebrada en febrero en Ibiza.

El ministro aseguró que en esos contactos trató «exclusivamente» de los temas que afectaban a Viesgo, filial de Enel en España.

El PP ha acusado reiteradamente al Gobierno de «traer de la mano» a Enel para frustrar la opa del grupo alemán E.ON sobre Endesa.

De hecho, el pasado 5 de marzo, el PP presentó una denuncia contra el Ejecutivo y Enel ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por presunta concertación.

Posteriormente, el día 26, el PP pidió a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la actuación del director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, de su antecesor, Miguel Sebastián, y del vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas.

Sobre este tema, Castelló acusó al Gobierno de ser «sectario, tramposo y profundamente intervencionista» y de «practicar el amiguismo».

Clos destacó que «la mejor noticia» en la pugna por Endesa es que todas las partes han llegado a un acuerdo y han desistido de sus disputas jurídicas.

Quedan sólo tres días para que el Consejo de Ministros, según está previsto, apruebe este viernes el nuevo decreto de regulación de las energías renovables. Un real decreto que, en los términos en que está redactado, no da garantías jurídicas, o lo que es lo mismo, los parámetros más importantes que se establecen para la retribución de la energía eólica pueden ser modificados arbitrariamente y cuando el Gobierno lo estime oportuno.

El otro punto que trae de cabeza al sector eólico en el nuevo decreto es la eliminación de la irretroactividad, una característica de su predecesor y modelo actual, el 436/2004. La irretroactividad, o no retroactividad, permite que, si cambia la regulación que afecta a los ingresos, estos cambios afecten sólo a las instalaciones futuras, y no a las que están en marcha y que se planificaron con otro marco normativo.

Las inversiones en energía eólica se planifican a 20 años, por lo que necesitan garantías de que la regulación que afecta a sus ingresos sea estable. Y, si no cambian mucho las cosas de aquí al viernes, el sector eólico se tendrá que replantear muchas de sus inversiones en España, un punto en el que han coincidido esta tarde representantes de varias de las empresas más importantes del sector.

Por este motivo, y ante la negativa de la Secretaría General de Energía de reunirse con la patronal eólica después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado-la AEE explica que se había acordado con Industria celebrar una nueva reunión tras el citado dictamen-, la patronal ha decidido pedir al presidente del Gobierno que intervenga para reconducir y rectificar el nuevo decreto. La petición se ha remitido al Gobierno esta misma mañana, y por el momento no han recibido respuesta.

Un monólogo con Industria

El pasado 20 de marzo, la Asociación Empresarial Eólica se reunió con el Ministerio de Industria. En esa reunión, según afirma la patronal, el Ministerio se comprometió a volver a negociar tras el dictamen del Consejo de Estado, y ahora, Industria parece no querer saber nada. «Cuando comprobamos que el texto remitido al Consejo de Estado el 26 de marzo no contenía todos los puntos del acuerdo, recibimos garantías de que seguiría negociando. Los llamamientos del sector a la negociación y el diálogo han sido desoídos», señaló un portavoz.

También en esa reunión del 20 de marzo se acordó dar una estabilidad a la retribución similar a la que existía en el RD 436/2004. Sin embargo, en el artículo 44.3 del nuevo decreto se ha omitido la prima cuando se habla del carácter irretroactivo de los otros parámetros retributivos: tarifa regulada, techo y suelo.

Según ha explicado en otras ocasiones la AEE, la posición del sector no es contraria a que se modifique la normativa según sea necesario, pero sí lo es a que el cambio de normativa afecte a las instalaciones existentes, ya que sin estabilidad no hay inversiones. La asociación señala además que «la propuesta es contradictoria y no proporciona la estabilidad y perdurabilidad que predica: la retribución no se establece para 20 años si las primas se modifican con carácter retroactivo.»

Algunas cifras

El lunes, la AEE explicó que el sector se sentía «engañado» por el hecho de que los acuerdos del 20 de marzo entre la patronal y la Secretaría General de Energía no se habían visto plasmados en el borrador remitido al Consejo de Estado el pasado 26 de marzo. En el acuerdo con Industria, se estableció la tarifa regulada en 78 euros por megavatio/hora; el suelo de mercado, en 73; el techo, en 87; la prima, en 30 euros más 3 adicionales; y la tasa de actualización, fijada a la evolución de IPC menos un 0,25% durante los primeros 5 años, e IPC menos un 0,5% durante los 10 años siguientes. Los parámetros fijados en el borrador remitido al Consejo de Estado contemplan la tarifa regulada en 73,22 euros por megavatio/hora; el suelo de mercado, en 71,12; el techo, en 84,94; la prima, en 29,29; la tasa de actualización se mantiene, pero no está asegurada (está sujeta a actualizaciones).

Consecuencias

La falta de seguridad jurídica a la que aluden los actores del sector eólico es la principal traba para la inversión. Si el proyecto sale adelante tal como está planteado, las compañías tendrían que replantearse seriamente la conveniencia de invertir en España o fuera de ella.

En el caso de que se reduzcan las inversiones en España, lo primero que se va a ver afectado es el Plan de Energías Renovables, PER, planteado por el Gobierno, que implica unas inversiones en potencia instalada mayores que las que se están haciendo en la actualidad para cumplir con el objetivo de 20.000 MW de potencia. Si el marco jurídico empeora, esas inversiones no sólo no se mantendrán, lo que hace muy difícil cumplir el objetivo del PER, sino que se reducirán o se llevarán a otros países.

España es uno de los países del mundo con un mayor desarrollo en energía eólica, ya que no sólo cuenta con promotoras de este tipo de energía, sino que en nuestro país también se fabrican los componentes necesarios. En consecuencia, España es la segunda potencia mundial en energía eólica, algo que se ha conseguido gracias a una buena regulación, con garantías para el inversor, y que ha permitido al sector eólico ser competitivo también en otros mercados.