La AAE pide la intermediación de Zapatero para modificar la actual propuesta de Industria

Quedan sólo tres días para que el Consejo de Ministros, según está previsto, apruebe este viernes el nuevo decreto de regulación de las energías renovables. Un real decreto que, en los términos en que está redactado, no da garantías jurídicas, o lo que es lo mismo, los parámetros más importantes que se establecen para la retribución de la energía eólica pueden ser modificados arbitrariamente y cuando el Gobierno lo estime oportuno.

El otro punto que trae de cabeza al sector eólico en el nuevo decreto es la eliminación de la irretroactividad, una característica de su predecesor y modelo actual, el 436/2004. La irretroactividad, o no retroactividad, permite que, si cambia la regulación que afecta a los ingresos, estos cambios afecten sólo a las instalaciones futuras, y no a las que están en marcha y que se planificaron con otro marco normativo.

Las inversiones en energía eólica se planifican a 20 años, por lo que necesitan garantías de que la regulación que afecta a sus ingresos sea estable. Y, si no cambian mucho las cosas de aquí al viernes, el sector eólico se tendrá que replantear muchas de sus inversiones en España, un punto en el que han coincidido esta tarde representantes de varias de las empresas más importantes del sector.

Por este motivo, y ante la negativa de la Secretaría General de Energía de reunirse con la patronal eólica después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado-la AEE explica que se había acordado con Industria celebrar una nueva reunión tras el citado dictamen-, la patronal ha decidido pedir al presidente del Gobierno que intervenga para reconducir y rectificar el nuevo decreto. La petición se ha remitido al Gobierno esta misma mañana, y por el momento no han recibido respuesta.

Un monólogo con Industria

El pasado 20 de marzo, la Asociación Empresarial Eólica se reunió con el Ministerio de Industria. En esa reunión, según afirma la patronal, el Ministerio se comprometió a volver a negociar tras el dictamen del Consejo de Estado, y ahora, Industria parece no querer saber nada. «Cuando comprobamos que el texto remitido al Consejo de Estado el 26 de marzo no contenía todos los puntos del acuerdo, recibimos garantías de que seguiría negociando. Los llamamientos del sector a la negociación y el diálogo han sido desoídos», señaló un portavoz.

También en esa reunión del 20 de marzo se acordó dar una estabilidad a la retribución similar a la que existía en el RD 436/2004. Sin embargo, en el artículo 44.3 del nuevo decreto se ha omitido la prima cuando se habla del carácter irretroactivo de los otros parámetros retributivos: tarifa regulada, techo y suelo.

Según ha explicado en otras ocasiones la AEE, la posición del sector no es contraria a que se modifique la normativa según sea necesario, pero sí lo es a que el cambio de normativa afecte a las instalaciones existentes, ya que sin estabilidad no hay inversiones. La asociación señala además que «la propuesta es contradictoria y no proporciona la estabilidad y perdurabilidad que predica: la retribución no se establece para 20 años si las primas se modifican con carácter retroactivo.»

Algunas cifras

El lunes, la AEE explicó que el sector se sentía «engañado» por el hecho de que los acuerdos del 20 de marzo entre la patronal y la Secretaría General de Energía no se habían visto plasmados en el borrador remitido al Consejo de Estado el pasado 26 de marzo. En el acuerdo con Industria, se estableció la tarifa regulada en 78 euros por megavatio/hora; el suelo de mercado, en 73; el techo, en 87; la prima, en 30 euros más 3 adicionales; y la tasa de actualización, fijada a la evolución de IPC menos un 0,25% durante los primeros 5 años, e IPC menos un 0,5% durante los 10 años siguientes. Los parámetros fijados en el borrador remitido al Consejo de Estado contemplan la tarifa regulada en 73,22 euros por megavatio/hora; el suelo de mercado, en 71,12; el techo, en 84,94; la prima, en 29,29; la tasa de actualización se mantiene, pero no está asegurada (está sujeta a actualizaciones).

Consecuencias

La falta de seguridad jurídica a la que aluden los actores del sector eólico es la principal traba para la inversión. Si el proyecto sale adelante tal como está planteado, las compañías tendrían que replantearse seriamente la conveniencia de invertir en España o fuera de ella.

En el caso de que se reduzcan las inversiones en España, lo primero que se va a ver afectado es el Plan de Energías Renovables, PER, planteado por el Gobierno, que implica unas inversiones en potencia instalada mayores que las que se están haciendo en la actualidad para cumplir con el objetivo de 20.000 MW de potencia. Si el marco jurídico empeora, esas inversiones no sólo no se mantendrán, lo que hace muy difícil cumplir el objetivo del PER, sino que se reducirán o se llevarán a otros países.

España es uno de los países del mundo con un mayor desarrollo en energía eólica, ya que no sólo cuenta con promotoras de este tipo de energía, sino que en nuestro país también se fabrican los componentes necesarios. En consecuencia, España es la segunda potencia mundial en energía eólica, algo que se ha conseguido gracias a una buena regulación, con garantías para el inversor, y que ha permitido al sector eólico ser competitivo también en otros mercados.