Una explosión registrada en la subestación eléctrica del barrio valenciano de Patraix, cuyas causas investigan la Policía y técnicos de REE e Iberdrola, dejó sin servicio al menos a 50.000 clientes y reavivó la polémica vecinal y política sobre la idoneidad de su ubicación, cercana a viviendas.
El accidente, que cortó el suministro entre 15 y 45 minutos, se produjo alrededor de las ocho de la mañana en una sala independiente cercana a uno de los transformadores de la subestación que está en pleno funcionamiento desde hace seis meses y que se ubica en el número 54 de la avenida de Gaspar Aguilar.
Según fuentes de Iberdrola, el accidente ha sucedido en un transformador que pertenece a Red Eléctrica de España y no a esta compañía, mientras que desde REE se asegura que el fallo se produjo justo en el punto de interconexión entre la red de alta tensión, propiedad de REE, y el transformador de Iberdrola.
El suceso concentró casi de inmediato en la zona a decenas de vecinos, así como a los candidatos a la presidencia a de la Generalitat y a la Alcaldía de Valencia del PSPV-PSOE, Compromís pel País Valencià y EU-l’Entesa, así como a varios concejales de los grupos municipales de la oposición.
La construcción de esta subestación ha provocado en los últimos años las protestas de los vecinos, quienes denuncian los peligros para la salud que representa este tipo de instalaciones y exigen su traslado fuera del caso urbano de la ciudad, a una zona en la que no haya viviendas cercanas.
El delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Antonio Egea, manifestó, tras visitar la subestación, que la investigación «no descarta ninguna posibilidad, tampoco la externa» y destacó que esta instalación cuenta con todos los permisos necesarios en regla y no ha sufrido daños de importancia. Asimismo, dijo a los periodistas que en el momento de la explosión no había ningún trabajador en el interior de las instalaciones y que no le constaba que ningún empleado de la empresa hubiese resultado afectado, mientras que varios testigos aseguraron haber visto salir a varios trabajadores corriendo tras el accidente.
Las asociaciones de vecinos de Patraix y Favara de Valencia coincidieron en mostrar su «indignación» ante la «sospecha» transmitida desde Iberdrola de que la explosión registrada en la subestación de esta compañía, que según aseguraron causó «heridos leves», pudo deberse a una «acción externa». Posteriormente, en un comunicado, la compañía consideró «esencial» la subestación de Patraix para garantizar el suministro eléctrico de la zona y aseguró que los sistemas de control y seguridad «han funcionado correctamente» y que la avería se ha producido «en el interior» sin ocasionar «afección al exterior».
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, decretó el precinto de la subestación para garantizar «de inmediato» la seguridad de los vecinos, en virtud del artículo 15 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que autoriza a un alcalde a adoptar este tipo de decisiones.
Barberá destacó, en declaraciones durante un acto municipal en el barrio de Malilla, que es el Gobierno central quien gestiona esta subestación y anunció que se está redactando una carta en la que se urge al Ministerio de Industria para que redacte un plan de suministro eléctrico para Valencia con el consenso de los vecinos y las diferentes Administraciones Públicas.
Por su parte, los vecinos del barrio, quienes consideran que la explosión les da la razón en sus temores y reivindicaciones, han convocado una manifestación donde exigirán, de nuevo, que esa instalación sea trasladada fuera del casco urbano.
Además, el grupo municipal socialista ha pedido ya la celebración de un pleno extraordinario para exigir a Iberdrola el traslado de la instalación, mientras que los candidatos socialistas a la presidencia de la Generalitat y la alcaldía, Joan Ignasi Pla y Carmen Alborch, prometieron su traslado en caso de ganar las elecciones del próximo día 27.
