«No deja de llamar la atención», señaló Berenguer en las jornadas anuales de la CNC, donde resaltó la importancia de llevar a cabo una «vigorosa» política de competencia y criticó los «ataques» que recibe a veces el organismo que dirige.

A su parecer, las administraciones públicas padecen «cierta esquizofrenia» frente a la competencia, ya que les agrada el mensaje procompetitivo en abstracto, pero no se sienten interpeladas cuando se trata de diseñar normas «coherentes» con este fin.

Por otro lado, durante su intervención, Berenguer consideró «fundamental» someter a una revisión «profunda» la regulación de los mercados de la energía, las telecomunicaciones y el sector financiero.

Competencia afirmó que son responsables de obstaculizar el cambio de comercializador en el mercado libre y de tratar de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición de las tarifas.

Se trata de la segunda mayor multa acordada por el organismo que preside Luis Berenguer, por detrás de la que impuso al sector asegurador en 2009 por 120,7 millones de euros.

La sanción para Endesa se eleva a los 26,6 millones de euros, mientras que Iberdrola deberá abonar 21,6 millones. También se impusieron multas a E.ON España, 1,4 millones de euros; Gas Natural Fenosa, 8,8 millones de euros; Hidroeléctrica del Cantábrico, 1,8 millones de euros, y a la patronal eléctrica Unesa, 900.000 euros.

Según el organismo, las empresas acordaron no facilitar datos para dificultar a las comercializadoras independientes captar clientes, a la vez que obstaculizaron la aplicación de la normativa y coordinaron el corte de las gestiones de solicitudes de cambios.

Junto a esto, Competencia explicó que las eléctricas pactaron los precios y otras condiciones comerciales para los grandes clientes cuando salieran al mercado ante la desaparición de la tarifa regulada.

El organismo añadió que todas estas actuaciones se produjeron en el seno de la patronal eléctrica Unesa, donde se agrupan las cinco eléctricas que representan el 99% de la energía comercializada a clientes domésticos. Según añadió la CNC la colaboración la patronal «ha sido esencial en el desarrollo de estas conductas».

Competencia explicó que en junio de 2009 abrió la investigación tras conocer, a través de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), determinadas comunicaciones llevadas a cabo por Iberdrola Distribución Eléctrica y Endesa Distribución Eléctrica por la suspensión de la gestión telemática de solicitudes de baja tensión y el corte de operaciones. A la vista de dicha información, se inició una investigación en la que descubrió que el resto de las empresas habían enviado notas similares.

El organismo señaló que se trataba de un momento importante para la comercialización de energía eléctrica, porque el 1 de julio de 2009 desaparecían las tarifas y los consumidores domésticos y pymes tenían que elegir comercializadora en el mercado libre.

Los que no lo hicieran y tuvieran derecho a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), la única regulada, pasarían inmediatamente a la comercializadora de la compañía que les suministraba la luz en ese momento.

Competencia dictó entonces, en julio de 2009, medidas cautelares y en agosto de 2010 elevó propuesta al Consejo para que declarará la comisión de las infracciones que ahora consideró acreditadas.

El organismo subrayó que las prácticas desarrollada por las eléctricas son muy graves, ya que, al tratarse de unos servicios donde los clientes muestran mucha inercia y existen elevados costes de acceso, cualquier obstáculo adicional favorece la permanencia del cliente en su grupo de electricidad.

Por ello, añadieron, estas conductas tienen el efecto de elevar las barreras de entrada al mercado y de reducir la competencia entre las cinco principales empresas eléctricas.

Los datos, concluyó Competencia, ponen de manifiesto que las comercializadoras de cada grupo se centraron en captar los clientes en el mercado libre fundamentalmente en las zonas de la red de distribución del grupo, lo que revela «una escasa intensidad competitiva entre ellas» entre 2006 y 2009.

Unesa y las eléctricas recurrirán la resolución y la sanción

Por su parte, la patronal del sector eléctrico Unesa, así como Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa mostraron «tajantemente» su «más absoluto y rotundo desacuerdo» con la resolución de la CNC, así como a las infracciones y las sanciones impuestas por el organismo que preside Luis Berenguer.

La Asociación Española de la Industria Eléctrica lamentó la ausencia de una valoración adecuada de los informes obrantes en el expediente, emitidos tanto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como por la CNC.

Unos documentos, de los que según la patronal eléctrica, se desprende la «perfecta legalidad» de la actuación de Unesa y de sus empresas miembros.

Por ello, la junta directiva de Unesa anunció su decisión de acudir a los Tribunales de Justicia para ejercitar todas las acciones que sirvan para reparar el daño causado a la asociación y a sus empresas tras la resolución de Competencia.

Endesa recurrirá ante la Audiencia Nacional la sanción de 26,6 millones de euros que le impuso la CNC y negó acuerdos anticompetitivos con otras empresas del sector.

«Endesa no ha establecido ningún acuerdo de anticompetitividad con ninguna otra empresa eléctrica» y «ha realizado alegaciones consistentes, fundadas y probadas a todas las imputaciones formuladas en el expediente de la CNC», señaló.

Fuentes de Iberdrola anunciaron que la empresa recurrirá la sanción y pedirá la suspensión de la misma, mientras que fuentes cercanas a Gas Natural Fenosa señalaron que el grupo también tiene la intención de llevar a los tribunales la multa.

Facua y OCU se muestran satisfechas con la multa a las eléctricas

Por el contriario, la federación de consumidores Facua mostró su «satisfacción» por la multa impuesta a las eléctricas por obstaculizar la competencia y pidió más control por parte de las instituciones sobre el «oligopolio eléctrico».

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, que consideró que esta sanción debería haber sido superior «teniendo en cuenta la gravedad de los hechos», pidió a Competencia, al Ministerio de Industria y a la Comisión Nacional de Energía (CNE), así como a las demás instituciones autonómicas encargadas, que mantengan «una actitud de control exhaustivo», ya que sigue habiendo «irregularidades» en el sector que ya han sido denunciadas.

También subrayó que «es muy peligroso permitir al oligopolio eléctrico que tenga libertad absoluta» y pidió que el futuro Gobierno asuma «la necesidad» de no eliminar la tarifa de último recurso (TUR).

Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se felicitó por la multa de 61 millones de euros, y consideró esta resolución como una prueba más del funcionamiento anticompetitivo del mercado eléctrico en España.

Además, este organización animó a la CNC a que continúe por la senda de la aplicación estricta de las normas de competencia en un sector que, «como hemos denunciado repetidamente, no funciona de forma suficientemente competitiva, impidiendo a los consumidores disfrutar de los supuestos beneficios en términos de precio y calidad que la liberalización hubiera debido producir».

Por otra parte, la OCU consideró que en ausencia de unos mercados con las suficientes garantías de competencia, el Gobierno no puede suprimir la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es la única barrera que aún protege a los consumidores frente a un mercado que no funciona de forma competitiva, como pone de manifiesto esta sanción.

Por ello, la OCU inició una campaña contra la supresión de la TUR y en contra de la subida de tarifas eléctricas, que hasta el momento recabó la adhesión de más de 90.000 consumidores.

El expediente procedía de una denuncia de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) en la que se aludía a una supuesta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea consistente en el mantenimiento por parte de Galp de contratos que, de forma implícita o explícita, se garantizan el suministro en exclusiva a largo plazo.

Esta duración excesiva de los contratos se debe a la existencia de construcciones jurídicas complejas de propiedad de las estaciones de servicio a través de cruces de contratos de distinta naturaleza entre las partes, de forma que, durante el tiempo en vigor del pacto de no competencia, las gasolineras afectadas quedan «atadas» a Galp, afirmó la CNC.

Esta circunstancia podría haber provocado un «efecto de cierre en un mercado cuyas características lo hacen, de por sí, especialmente poco competitivo», señaló el organismo presidido por Luis Berenguer, que además aludió a un segundo conjunto de contratos afectados que contienen objetivos prefijados de ventas que actúan como cláusulas de tácita renovación de la relación.

Junto a esto, el organismo citó una estación de servicio gestionada por un tercero ajeno a Galp con suministro exclusivo de carburantes con una vigencia superior a la reglamentaria de cinco años.

En este contexto, Galp asumió varios compromisos para facilitar la salida al mercado de las gasolineras afectadas que, en opinión del consejo de la CNC, suponen una «solución eficaz a la conducta denunciada, toda vez que resuelven razonablemente los potenciales efectos perniciosos sobre la competencia derivados de la misma».

La ejecución de estos compromisos permitirá restablecer «las condiciones de competencia efectiva en el mercado de distribución minorista de carburantes de automoción», añadió Competencia.

La salida al mercado de las gasolineras facilitada por Galp se produce mediante una rescisión contractual anticipada y el arbitrio de mecanismos necesarios para la determinación de la contraprestación económica derivada de esta rescisión. Además, se establecen fórmulas para realizar un seguimiento y vigilancia del proceso.

Esta terminación convencional, añadió la CNC, se sitúa en línea con tres precedentes relacionados con Repsol, Cepsa y BP, en los que también se recurrió a la rescisión anticipada de los contratos de larga duración y a la posibilidad de compensación económica para la operadora.

«Con la adopción formal de los mencionados compromisos, que son vinculantes y de obligado cumplimiento para Galp, se mitigan los efectos de las redes paralelas de acuerdos de las características descritas que venían manteniendo éste y otros operadores en nuestro país«, afirmó la CNC.