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La Junta de Extremadura, los movimientos ecologistas y la izquierda extremeña critican el visto bueno al ATI de Almaraz

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EFE.- Tanto Podemos como Izquierda Unida han manifestado estar en contra de la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) si ello supone alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, cuya licencia de explotación expira en 2020. Por su parte, la consejera extremeña de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, criticó que el Gobierno central está en funciones para unas cosas y para otras no.

Así se pronunció después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable a la construcción de un ATI de combustible gastado en Almaraz, si bien su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria. «Para algunas cosas el Gobierno está en funciones y para otras no. Dicho queda», ha manifestado la consejera. García recordó que Extremadura ya presentó en su momento escritos contra la creación de este almacén.

Podemos contra ampliar vida útil

Por su parte, la portavoz de Podemos en el parlamento extremeño, Jara Romero, aseguró que su formación «está completa y absolutamente en contra» del ATI en Almaraz si ello supone alargar la vida útil de la central nuclear. En este sentido, Jara Romero ha indicado que la central nuclear «debe ser cerrada cuando termine el período de vida planteado» por lo que ha añadido que si ese almacén temporal es para los residuos que se generen en el período de vida que le queda les parece «correcto», pero si es para alargar la vida de la planta, están en contra.

IU también rechaza el ATI

Asimismo, el coordinador de IU Extremadura, Joaquín Macías, ha mostrado la oposición de su organización a la construcción del ATI ya que entiende que supondrá alargar la vida de la central nuclear de Almaraz pues «abre la puerta a la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años», cuando el permiso de explotación de Almaraz expira en 2020, por lo que esta nueva instalación podría facilitar que los propietarios soliciten una nueva prórroga del permiso.

Para Macías, «es incompatible» permitir la prórroga de Almaraz y hablar de un nuevo modelo de economía verde y renovable para Extremadura como anunció el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el Debate del Estado de la Región. Por ello, insiste en que es necesario que «Vara éste a la altura de sus palabras, porque es incomprensible pensar que un gobierno en funciones pueda dar el permiso que falta para la construcción del ATI desde el Ministerio de Medio Ambiente», lo que significará hipotecar el futuro de Extremadura «y dejarlo en manos del oligopolio eléctrico»

Para Izquierda Unida de Extremadura, es necesario un plan económico y de desarrollo de la Comarca de Campo Arañuelo que permita que el cierre de la central nuclear no tenga un impacto negativo en la economía de la comarca. Macías ha recordado que Ecologistas en Acción presentó un plan para el desmantelamiento sostenible de Almaraz que suponía una importante creación de empleo y sería una actividad con una duración prevista de más de 15 años.

Los ecologistas, contra el ATI

Según Ecologistas en Acción, la construcción del ATI de la central nuclear de Almaraz servirá para prolongar la vida de esta planta más allá de los 40 años, en vez de para su desmantelación, lo que consideran algo «inaceptable». Aunque todavía faltan los permisos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el de Industria y Energía, resulta «obvio» que ambas autorizaciones se otorgarán, a juicio de la asociación ecologista.

Así, Ecologistas en Acción ha afirmado que, según los plazos, los responsables de Almaraz esperan tener el ATI disponible para 2018, antes de que expire el permiso de explotación, para facilitar así la consecución de la prórroga del mismo. En este sentido, la explotación de los dos reactores de Almaraz expira en junio de 2020 y se cumplen 40 años de su funcionamiento en 2021 y 2022, respectivamente, aunque las piscinas pueden funcionar hasta enero de 2022 y 2023, sin necesidad de construir un ATI.

A su juicio, éste es el «caballo de batalla» de la industria nuclear española, ya que el verdadero negocio de las centrales nucleares para el sector eléctrico radica en mantenerlas en funcionamiento el mayor tiempo posible. Según Ecologistas en Acción, Almaraz produce unos beneficios de 1 millón de euros diario, lo que explica el empeño en mantener la central abierta «contra viento y marea», incluso con «deficientes» condiciones de seguridad. A su juicio, el sector nuclear no desea la puesta en marcha de nuevas centrales, puesto que el elevado coste de su construcción las convierte en «ruinosas sin subvenciones públicas».

Para la asociación, esta instalación debería cerrarse cuando expire su permiso de explotación, ya que no tiene sentido realizar el esfuerzo y las inversiones para mantener el funcionamiento un año más, en el caso de la Unidad I, y de dos, en la Unidad II. «El proceso de autorización y construcción del ATI, necesario para vaciar las piscinas y desmantelar la central, podría empezar en junio de 2020», ha agregado. Asimismo, las actividades necesarias para cerrar la instalación, así como la elaboración del propio plan de desmantelamiento, se desarrollarán en un periodo de al menos dos años, por lo que sus responsables tendrán tiempo de poner en marcha el ATI.

La patronal CEOE aboga por alargar la vida de las nucleares para evitar una subida de la luz del 15%

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Redacción / Agencias.- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido sentar las bases para conseguir un Pacto de Estado en materia de energía que permita a las empresas españolas «lograr una posición de liderazgo competitivo», para lo cual ha mostrado su «máxima colaboración y predisposición para conseguirlo», y ha abogado por la extensión de la vida de las centrales nucleares, ya que su cierre elevaría el recibo de la luz entre un 10% y un 15%.

En este sentido, la directiva de la patronal aprobó el documento Energía y competitividad: Propuestas del sector empresarial, en el cual presenta las propuestas que las empresas y organizaciones empresariales consideran «imprescindibles» para mejorar la competitividad industrial de España, conseguir una fiscalidad de la energía coherente y en línea con el resto de países de la Unión Europea y ayudar y colaborar con las instituciones con el objetivo de alcanzar un Plan Energético Nacional que proporcione «estabilidad y certidumbre al sector energético», apuntó la patronal.

CEOE entiende que la discusión en sede parlamentaria, con la participación de expertos en la materia de las líneas de la política energética plasmadas en un Plan Energético Nacional, facilitaría la realización de un Pacto de Estado si los principales partidos se inclinasen por consensuar la política energética a medio y largo plazo. Según la patronal, este plan debería contener las medidas para cumplir con los objetivos 2020-2030, junto con un análisis de su impacto, los escenarios con las proyecciones de demanda, los balances de cobertura, las infraestructuras energéticas para garantizar la seguridad de suministro y la cohesión territorial necesarias y el impacto que dichas medidas supondrán en las tarifas.

Además, estima que las empresas y el Gobierno deben plantear las políticas y estrategias más adecuadas con el propósito de alcanzar los objetivos acordados a nivel europeo, «de forma coherente y sensata, y teniendo en cuenta el impacto económico de las medidas que se establezcan». Entre las propuestas de la patronal de empresarios se encuentra la defensa de la extensión de la vida de las centrales nucleares, siempre y cuando reciban el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ya que el cierre del parque nuclear supondría un incremento de entre el 10-15% en la factura eléctrica para los consumidores, «con la consiguiente pérdida de competitividad para el país».

Según la CEOE, el cierre de las centrales nucleares supondría tener que invertir en nueva generación térmica de respaldo, aspecto que choca con las políticas de descarbonización del sector eléctrico y supondrá en el medio-largo plazo un gran coste. Para alcanzar dicho objetivo, según CEOE, «España precisa de un mix equilibrado, que posibilite disponer de precios finales competitivos». En este sentido, afirma que «mantener y promover el uso de la energía nuclear es vital, ya que contribuye a la lucha contra el cambio climático y a la competitividad de la industria». Asimismo, estima que, en el largo plazo, se necesitarían aproximadamente 50.000 millones de euros para la sustitución de las centrales nucleares por nueva generación libre de emisiones de carbono.

En lo que se refiere a la tarifa eléctrica, la patronal pide eliminar todos los costes ajenos al suministro eléctrico que desincentivan la competitividad industrial y encarecen el gasto del consumidor doméstico. De esta manera, considera que el 100% de los costes derivados de la actividad de producción del sistema extrapeninsular deberían ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y pide que, de forma escalonada, los costes relacionados con las energías renovables y las anualidades del déficit sean trasladados a los PGE o a otras vías de financiación.

En lo que se refiere a los sistemas de apoyo a las renovables, señala que deben estar fundamentados principalmente en el uso de mecanismos de mercado con el objetivo de perseguir la eficiencia en costes utilizando el principio de neutralidad tecnológica. Este apoyo, según la CEOE, debe realizarse principalmente por medio de los PGE, pudiéndose utilizar otros mecanismos de financiación y analizar el uso de estímulos fiscales adecuadamente diseñados. También aboga por desarrollar un marco jurídico estable para el autoconsumo, que simplifique el procedimiento y garantice la sostenibilidad del sistema.

Por otra parte, la CEOE también cree necesario propiciar un diálogo con las administraciones y los agentes interesados, basado en «criterios técnicos y científicos», para poder avanzar en la concesión de autorizaciones de exploración y permisos de investigación, para evaluar la cantidad de recursos disponibles. En el tema del gas, entre otras medidas, propone la elaboración de una planificación gasista que de una visión a largo plazo y pide completar el desarrollo del hub gasista, asegurando su liquidez y favoreciendo la participación de nuevos entrantes y de los consumidores industriales.

Además, la CEOE advierte de que «es importante resolver satisfactoriamente y de forma definitiva los problemas existentes en relación a la construcción del Almacén Temporal de Residuos Centralizados». Pide también la liberalización del mercado eléctrico y del mercado minorista del gas; desarrollar la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos; eliminar los impuestos autonómicos; la mejora de las interconexiones eléctricas y gasistas, y la consecución del mercado único de la energía. Otras de las iniciativas recogidas en el documento son modificar la regulación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, la puesta en marcha de un plan Renove de equipos de cogeneración o la armonización de la política fiscal de los hidrocarburos.

Bélgica pospone la votación de la ley para prolongar el funcionamiento de los reactores nucleares Doel 1 y 2

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EFE.- El Parlamento de Bélgica ha pospuesto la votación de la ley para prolongar la vida de los reactores nucleares Doel 1 y 2 hasta después de julio. El último día de este mes era la fecha límite establecida hasta ahora para debatir la norma que permitiría a las dos centrales nucleares seguir en funcionamiento hasta 2025. El retraso de la votación obligará al Estado belga y a Electrabel a fijar un nuevo plazo como fecha límite.

Tanto el Gobierno como la oposición acordaron retrasar la votación debido a la cargada agenda del Parlamento durante las próximas semanas. Así, los partidos de la oposición aceptaron no bloquear una quincena de iniciativas del Ejecutivo si la prolongación de Doel se abordaba tras el verano. En 2015, Greenpeace consideró que el riesgo de accidentes nucleares en Bélgica podría reducirse si no se alargaba la vida útil de estos dos reactores, los más antiguos del país. El Gobierno y Electrabel acordaron que las plantas continuaran con su actividad el pasado diciembre para garantizar «la seguridad del suministro«, según afirmó entonces el primer ministro Charles Michel.

Japón permitirá operar a dos reactores nucleares de más de 40 años hasta los 60 años de funcionamiento

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EFE.- Japón aprobó que dos reactores nucleares de más de 40 años puedan funcionar durante otras dos décadas, lo que los convierte en los primeros en lograr este tipo de autorización. La eléctrica Kansai Electric Power solicitó los permisos para que los reactores de su planta de Takahama, puestos en marcha en 1974 y 1975 y que actualmente están parados, pudieran volver a operar después de que en 2012 Japón aprobara limitar la vida útil de las centrales nucleares hasta los 40 años.

Esa ley permite sin embargo prórrogas de hasta 20 años si se garantiza un nulo grado de desgaste y el mantenimiento a nivel tecnológico de las instalaciones. Por tanto, tras superar varias revisiones, la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) dio el visto bueno al plan para reformar el sistema de cableado eléctrico y para recubrir de hormigón las vasijas de los dos reactores para octubre de 2019. Cumplimentado ese plan, las unidades se pondrían en marcha a partir de entonces.

Paradójicamente, una orden judicial emitida el pasado marzo obligó a detener los otros dos reactores de la planta de Takahama, el 3 y el 4. La corte dio la razón a una demanda interpuesta por particulares que consideran que el funcionamiento de la planta supone un peligro para la región donde se sitúa porque ésta podría sufrir un desastre natural como el terremoto y tsunami que provocaron el accidente de Fukushima en 2011. La apuesta del actual Gobierno es reactivar las plantas nucleares aunque, con reveses judiciales como el de Takahama, solo dos reactores de los 43 en condiciones operativas que tiene Japón, ambos en la central de Sendai,en el suroeste del país, se encuentran funcionando en la actualidad.

El presidente de Enusa asegura que España no puede permitirse prescindir de la energía nuclear

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EFE.- El presidente de la sociedad Enusa Industrias Avanzadas, José Luis González, se mostró convencido de que en los momentos actuales España «no se puede permitir el lujo de prescindir de la energía nuclear» y sostuvo que las instalaciones nucleares funcionan «perfectamente». Asimismo, resaltó que Enusa trabaja con tecnología puntera para dar los productos «más avanzados y los equipos más tecnológicamente desarrollados» para que funcione bien.

Asimismo, González ha abogado por extender la vida de las centrales nucleares y ha puesto como ejemplo a Estados Unidos, país en el que de las 140 instalaciones de este tipo de energía que existen «ya hay 80 que tienen extensión de vida». Por otro lado, y en relación al proyecto de la compañía australiana Berkeley de explotar una mina de uranio en el municipio salmantino de Retortillo, el presidente de Enusa ha recordado que inicialmente tuvieron relación con la empresa pero que ahora desconoce la situación en la que se encuentra el proyecto. En todo caso, le ha deseado «mucho éxito» y que lleve adelante sus proyectos «por el bien del entorno» para beneficio de la provincia de Salamanca.

Enresa apunta a problemas financieros si las nucleares cierran a los 40 años y ve más económico construir el ATC

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EFE.- El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Juan José Zaballa, calcula que si no se construye un Almacén Temporal Centralizado (ATC), los desechos se tendrán que guardar en los almacenes individualizados de cada planta nuclear (ATI), lo que es «extremadamente» más caro, alrededor del «triple«. Asimismo, Zaballa apuntó a posibles problemas financieros para desmantelar las centrales nucleares españolas en el caso de no prorrogarse su actividad más allá de los 40 años.

Enresa explica que el fondo del que dispone para las operaciones de desmantelamiento de todos los reactores asciende a aproximadamente 4.600 millones de euros. En 2028, fecha en la que la última de las centrales acaba su vida útil prevista de 40 años (Trillo, Guadalajara), el fondo sumaría 6.500 millones gracias a la generación de electricidad y recursos de estas instalaciones, una cifra que «habrá que preguntarse si es suficiente» o, por contra, si por motivos financieros es aconsejable incrementar ese periodo. La ampliación a 60 años es una de las peticiones de Unesa, la patronal de las empresas eléctricas.

Madrid acoge una conferencia internacional

«Un informe del Tribunal de Cuentas dice que no es suficiente», aseveró Zaballa, que preside esta semana una conferencia internacional de la Agencia de la Energía Atómica (OIEA) sobre la clausura de instalaciones nucleares retiradas del servicio y restauración ambiental de emplazamientos con contaminación radiactiva. Acompañado por el subdirector general de la OEIA, Juan Carlos Lentijo, el presidente de Enresa ha recordado que, si el cierre de la última nuclear española se produce en 2028, las labores de desmantelamiento no empezarán antes del 2031. Este posible escenario supondrá un «esfuerzo muy importante de financiación» y de disponibilidad de localizaciones para los residuos nucleares, agregó Zaballa.

Por ello ha explicado que «siempre hay estrategias» para sortear posibles dificultades derivadas del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad en el municipio conquense de Villar de Cañas. En este sentido, Enresa está «a la espera» del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que debe pronunciarse sobre un recurso en contra de la decisión del Gobierno regional socialista de declarar la zona del ATC de especial protección medioambiental. En el caso de que no haya un ATC, los desechos deberían almacenarse en los ATI, posibilidad «extremadamente» más cara según  Zaballa.

El Congreso exige al Gobierno el cierre de los 8 reactores nucleares españoles cuando cumplan los 40 años de funcionamiento

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Europa Press.- La última Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de esta legislatura aprobó una proposición no de ley del PSOE que plantea el cierre de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad (17 votos); el voto en contra de PP y Foro de Asturias (16), y la abstención de Podemos.

La central nuclear más antigua de España es Garoña, que empezó a funcionar en 1971. Actualmente cuenta con 45 años desde su puesta en marcha, aunque permanece parada desde diciembre de 2012. En este sentido, la propuesta socialista exige al Gobierno que no tome ninguna decisión sobre su continuidad, a la espera de la conformación de un nuevo ejecutivo. El resto de centrales atómicas españolas, que todavía no han cumplido sus 40 años de funcionamiento, son: Almaraz, que cuenta con dos unidades (1980 y 1983); Ascó, también con dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); Cofrentes (1984); y Trillo es la última central puesta en marcha en España (1987).

Esta misma comisión también debatía una proposición no de ley de Podemos, que no salió adelante, y que urgía al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplan los 40 años de funcionamiento y que se cierren cuando toque renovar su permiso de explotación. Contó con los únicos votos a favor del partido morado, el voto en contra de PP y Foro de Asturias, y la abstención de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad.

La impulsora de la iniciativa socialista, Pilar Lucio, insistió en que es necesaria una gradual disminución de la producción energética de las plantas nucleares, hacia una transición energética que permita descarbonizar la economía y sustituir la energía nuclear por las renovables. Según insistió la diputada socialista, la nuclear «no es una energía limpia porque genera residuos difícilmente gestionables», además de que representa una amenaza para seguridad internacional y nacional, desde el punto de vista terrorista y medio ambiental. «Pensamos que un mix energético sin nucleares es posible y por eso proponemos una gradual disminución dentro de un Pacto de Estado por la energía para adaptar la política energética, dar al sistema una mayor estabilidad, y facilitar la transición energética», añadió.

Además, los socialistas reclaman la supresión del decreto para la gestión responsable de combustible nuclear gastado, donde el actual Ejecutivo cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) «para permitir la renovación de Garoña», que ya estaba en situación de cese definitivo de explotación. Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad establecidos por el CSN. Para ello, exige que el Ejecutivo apruebe el séptimo plan general de residuos radiactivos.

Por su parte, en defensa de la iniciativa del partido morado, Juan López de Uralde, insistió en que las nucleares «no son seguras, ni limpias ni baratas», a la vez que ha destacado que el riesgo de accidente nuclear es «real» tal y como se comprobó con Fukushima o Chernóbil. También criticó que hasta la fecha no se ha resuelto la cuestión de los residuos radiactivos. «El mito de la nuclear barata se ha desmoronado. Ha llegado la hora de proceder al cierre progresivo para culminar con un apagón en 2024, una vez venzan los permisos de explotación», ha argumentado.

Por su parte, Enrique Bueno, de Ciudadanos, ha subrayado que su programa contempla el cierre progresivo de las nucleares una vez transcurridos los 40 años de vida útil para las que se crearon. Apuesta por la transición del modelo energético hacia las renovables y por la eficiencia energética. Por ello, indicó que votará a favor de la iniciativa del PSOE.

Mientras, Guillermo Mariscal justificó su voto en contra a las dos iniciativas en que no se debe infrautilizar ninguna de las capacidades disponibles. «Todo lo relacionado con la vida útil es una tarea que corresponde al CSN, que es quien vela por la garantía medioambiental y sobre las personas y la seguridad radiológica», precisó el portavoz del PP. Cree que un discurso que enfrente renovables con nucleares es «insustancial» porque, a su juicio, las renovables no garantizan actualmente la seguridad de suministro y haría falta energía complementaria, que podría ser el gas o el carbón, por ejemplo, que contribuyen al aumento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.

«Si queremos ser responsables con los compromisos adquiridos en el acuerdo del Clima de París creo que esta tecnología que permite generación eléctrica sin emisión es un valor más, teniendo en cuenta que se cree en la necesidad de que haya neutralidad a la hora de decidir qué tecnologías permiten ese mix que garantice la sostenibilidad del sistema, la seguridad de suministro y una optimización de los costes energéticos«, concluyó.

La Unión Europea necesita invertir hasta 450.000 millones de euros en energía nuclear para mantener la capacidad actual en 2050

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea calcula que la Unión Europea deberá invertir entre 350.000 y 450.000 millones de euros hasta 2050 en nuevas plantas nucleares y en reemplazar los reactores actuales para mantener la mayor parte de la capacidad actual de generación, según indica el borrador de un informe sobre la materia.

El Ejecutivo comunitario publicó el borrador del último Programa Indicativo Nuclear (PINC), en el que señala que el 90% de los reactores nucleares serán clausurados en 2030 si no se ponen en marcha programas de inversiones a largo plazo. Bruselas calcula que serán necesarios entre 350.000 y 450.000 millones de euros en inversiones adicionales durante 35 años para mantener la capacidad de generación de energía nuclear entre 95 gigavatios eléctricos (GWe) y 105 GWe. Las nuevas plantas nucleares estarían preparadas para operar por un periodo de 60 años y generarían electricidad hasta finales de siglo.

De la misma forma, el Ejecutivo comunitario predice una caída de la capacidad de generación nuclear de los socios europeos a partir de 2025, teniendo en cuenta las decisiones de algunos de los Estados miembros de ir retirando la energía nuclear o de reducir su peso en el mix energético nacional. Sin embargo, Bruselas opina que esta tendencia se podría invertir si se conectaran a la red nuevos reactores nucleares o se prolongara la vida de las centrales ya existentes. En cualquier caso, se espera que el peso de la energía nuclear caerá desde el 27% actual hasta el 20%.

Además, el borrador destaca que muchos operadores en Europa han expresado su intención de prolongar la vida de sus centrales nucleares más allá de lo previsto. Esto requerirá, defiende Bruselas, reforzar la seguridad y mantener la conformidad con los requisitos exigidos por la legislación comunitaria. Para ello, serían necesarias inversiones hasta 2050 de entre 45.000 y 50.000 millones de euros, según datos aportados por los Estados miembros para este informe.

«Cuando se sobrepasan los 30 años de vida hay que hacer una inversión significativa para mejorar la seguridad», reconocieron fuentes comunitarias. Advirtieron asimismo de que teniendo en cuenta que casi un tercio de la electricidad de la Unión Europea se produce con energía nuclear, el reto para la seguridad de suministro es «importante». «Si no se construyen nuevas plantas nucleares, en 2040 no tendremos ningún tipo de energía nuclear en Europa», admitieron estas fuentes comunitarias.

Según cifras que recoge la Comisión, más allá de las necesidades de renovación, se necesitarán otros 130.000 millones de euros de aquí a 2050 para la gestión de residuos nucleares, así como otros 123.000 millones para el desmantelamiento de las centrales nucleares demasiado viejas. Los operadores de las centrales están obligados a reservar dinero para tratar los residuos y hacer frente al desmantelamiento de las centrales obsoletas, según las reglas comunitarias sobre energía nuclear. Sin embargo, fuentes comunitarias advierten de que «el dinero disponible por el momento en los Estados miembros no corresponde al coste total» necesario para estas labores.

La Comisión Europea concretó que en la actualidad hay 129 reactores nucleares en un total de 14 Estados miembros, con una capacidad de 120 GWe y una edad media de cierre de 30 años. Asimismo, hay nuevos proyectos en 10 países de la Unión Europea, mientras que se están construyendo 4 reactores en Finlandia, Francia y Eslovaquia. Otros proyectos en Finlandia, Hungría y Reino Unido están en proceso de licencia, a la vez que otros en Bulgaria, República Checa, Lituania, Polonia y Rumanía se encuentran en la etapa de preparación.

Antonio Cornadó (Foro Nuclear): «Tras Fukushima tiene más sentido alargar la vida de las plantas nucleares a 60 años”

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Europa Press / EFE.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, subrayó los efectos «positivos» post-Fukushima para la energía nuclear un lustro después del accidente de Fukushima Daiichi, a raíz del tsunami que siguió al terremoto de Japón el 11 de marzo de 2011. «Las centrales nucleares ya eran seguras antes de Fukushima y ahora lo son más», aseguró Cornadó, que considera que “tiene más sentido” alargar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años que antes de Fukushima.

Concretamente ha señalado el incremento de los márgenes de mejora de la seguridad, sobre todo ante catástrofes naturales, tras la «rápida» reacción de la industria. Respecto a las medidas post-Fukushima que afectan al parque atómico español, ya están implantadas al 80% y el programa se está cumpliendo «en plazo» y de forma «razonable», aunque se deben efectuar en paradas de recarga, los ciclos operativos de las centrales, para hacer las mejoras en los equipos y sistemas. En concreto, Cornadó detalló que estas mejoras pasan por incrementar o rediseñar los márgenes de seguridad sísmica, reforzar estructuras, equipos, mejorar los sistemas frente a inundaciones, los equipos de lucha contra incendios, rediseñar cableados.

No obstante, hay dos cuestiones importantes aún pendientes para las plantas nucleares, que aportan más del 20% de la electricidad en España: la instalación de los recombinadores pasivos (componentes para evitar una deflagación por acumulación de hidrógeno en el edificio del reactor, como ocurrió en Fukushima) y los sistemas de venteo, según el último informe del organismo regulador europeo (ENSREG). Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear indicaron que los recombinadores tienen que estar instalados antes de acabar este año y, de momento, lo tienen Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Almaraz I (Cáceres) ya tiene la autorización para poder hacerlo y, en noviembre próximo, está previsto que lo obtenga Almaraz II.

El sistema de venteo, cuyo calendario de implantación acaba en 2017, es la medida más compleja desde el punto de vista técnico y se colocará aprovechando las paradas programadas de las centrales. Su misión es minimizar, en caso de necesidad, la liberación de elementos radiactivos al exterior durante un accidente severo, de modo que se garantice la integridad de los sistemas de contención y se mantenga el confinamiento de los materiales radiactivos durante el suceso.

Por otro lado se han mejorado también las posibilidades de atención física de la emergencia, para lo que cada planta ha construido o está construyendo un Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia, que es una sala alejada del edificio del reactor que cuenta con autonomía para que un grupo de personas pueda vivir en ese lugar haciendo frente a un accidente. Al mismo tiempo, se creó el Centro de Asistencia de Emergencia en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con capacidad para gestionar un accidente de cualquier planta española.

Respecto a Japón, Cornadó ha subrayado que la industria nuclear japonesa está «recomponiéndose» cinco años después del accidente. Para ello, según indicó, la primera medida nipona fue «refundar» su organismo regulador atómico, volver a ponerlo en marcha e incrementar la seguridad de las centrales de modo que algunas ya están en marcha puesto que, a pesar de la catástrofe, Japón pretende seguir contando con una aportación de entre el 20 y el 25% de energía atómica en su mix eléctrico. En la actualidad, el reactor accidentado está en torno al 10% de su proceso de desmantelamiento y Cornadó recuerda que el programa «será muy largo y tendrá un coste importante».

Mientras tanto, las centrales nucleares españolas siguen este programa post-Fukushima y la central nuclear de Garoña (Burgos), un reactor similar al accidentado en la planta japonesa, «tiene un programa y calendario propio acorde a sus características» por su situación de cese de actividad aunque con una solicitud de renovación de licencia hasta 2031 pendiente. En todo caso, «si vuelve a estar operativa estará en las mismas condiciones que el resto de las centrales», asegura Cornadó.

En definitiva, Cornadó ha sentenciado que «el fondo del asunto es que con todas estas mejoras, especialmente de los márgenes de seguridad las centrales estarán más preparadas para una operación más dilatada en el tiempo». En este sentido, el presidente del Foro Nuclear defiende también que la consecuencia que va aparejada a todas estas medidas es que ahora el parque atómico español puede apelar a seguir operando a largo plazo, «60 años o los que sean» porque, en su opinión, «no tiene sentido poner una fecha de caducidad a una instalación que está operando bien y que está mucho mejor preparada para afrontar situaciones difíciles«.

«Podemos apostar o tenemos mejores argumentos para presentar la operación a largo plazo como una opción válida y acertada para la estrategia energética de los próximos años», subraya Cornadó. Así, insiste en que «no tiene sentido» frenar en seco estas inversiones a los 40 años de funcionamiento por una decisión en base a una fecha «obsoleta que ya nadie maneja». «Apelo al sentido común, a las cifras, los datos, las ventajas y los inconvenientes y, si vemos toda la realidad energética, debemos tomar decisiones sin límites de partida con fechas en la planificación energética. Queremos una electricidad competitiva y con los mejores costes», reivindicó Cornadó.

Por otro lado, si el escenario cambia y se cumplen algunas promesas electorales por las que el parque nuclear cerrase en 2028, tal y como proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos, Cornadó afirma que estas formaciones también quieren un Pacto de Energía en el que le gustaría que no hubiera «apriorismos y se contara con todas las tecnologías disponibles, sin prejuicios«. Asimismo, recuerda que la industria nuclear está «muy unida» a las centrales pero, en la actualidad, cuenta con aproximadamente un 80% de su actividad fuera de España, donde está presente en 40 países, tanto en proyectos de fusión como de fisión y en toda la cadena de valor del sector.

A este respecto, celebró que en la actualidad se están construyendo reactores en distintos países de «todo el mundo», en Asia, Europa (Finlandia, Gran Bretaña, Hungría), y ha mercado potencial en Sudamérica y México, así como en los países árabes. También Irán se está abriendo a proyectos nucleares, por lo que Cornadó confía en que las empresas españolas puedan seguir desarrollándose en el exterior. En concreto, se ha referido a Irán, del que destaca que poco a poco da pasos para abrirse al mundo con un programa de inversiones «espectacular». De este modo, concluyó que pese a  Fukushima, la industria nuclear tiene ahora una «pujanza similar» a la de antes.

Daniel Lacalle considera que cerrar las centrales nucleares por motivos medioambientales es un «engaño» si se mantiene el carbón

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Europa Press.- El economista Daniel Lacalle ha advertido de que la propuesta de acuerdo para formar Gobierno de PSOE y C’s que contempla el cierre de las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de edad es «un engaño a los ciudadanos si se hace por motivos medioambientales» mientras se mantiene el carbón. Una medida que, según sus cálculos, conllevará «tranquilamente» un aumento del 30% de la tarifa de la luz. Así se expresó en el marco de la Jornada de experiencias operativas de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Respecto al compromiso de cerrar las plantas al cumplir 40 años, opina que puede hacerse, siempre y cuando el consumidor conozca, entienda y acepte lo que esa decisión conlleva. En concreto, ha advertido de que «tal y como está el mix y la estructura de costes, la propuesta supondría, tranquilamente un aumento del 30% de la tarifa para los consumidores».

Por ello, criticó que el proceso de transición tecnológica acordado no identifica cómo se realizará «sin que le suponga al consumidor un aumento total de las tarifas del 50 o 60%». Así, denuncia que «se está engañando con el coste de esas medidas» y defiende que la decisión sobre si una planta nuclear puede extender su funcionamiento no es competencia política sino de los organismos técnicos. Lacalle reclama que el objetivo sea buscar la fórmula para que el Gobierno consiga que las tarifas en España bajen. «El problema de competitividad en el que estamos a través de grandes subvenciones y enormes costes fijos debe ser la prioridad del Gobierno», aconseja.

Lacalle cuestiona también la falta de análisis económico de las medidas del acuerdo por lo que califica la propuesta de «limitada», ya que se debe entrar en detalle en el «problema triple» del sector energético, consistente en el «enorme coste de tarifa» por los costes fijos y las subvenciones; la sobrecapacidad instalada y la «decisión unilateral» de los Gobiernos de incentivar una u otra tecnología.

De este modo, está «sorprendido» porque si la propuesta es de carácter ambiental y no política, no se hable del carbón, «mucho más contaminante e ineficiente» que la energía nuclear. «Me parece curioso», comenta.  A su juicio, la transición energética y tecnológica debería acometerse desde la competencia frente a la penalización del eficiente para subvencionar al ineficiente, de modo que las más competitivas lideren la bajada de precios. Además, tachó de «error histórico y monstruoso» subvencionar tecnologías ineficientes en un momento naciente como la energía solar, sin que España pueda ahora beneficiarse de su caída de costes, y que ha provocado una sobrecapacidad del 40%, además de sobrecostes al consumidor.

Por todo ello, opina que el mix energético «no puede ser una decisión política» pues el Gobierno no tiene mejor información que las empresas sobre el desarrollo tecnológico de las tecnologías y eso provoca que se perpetúen sectores obsoletos y contaminantes como el carbón. «Me parece ideológicamente demagógico que se olvide la parte más subvencionada, más contaminante y más ineficiente en el acuerdo de PSOE y C’s. Es alucinante y tiene que ver con la decisión política de sostener a sectores rentistas», sentenció Lacalle que lamenta que, al final, es el consumidor el que paga estas decisiones en su factura.

A su juicio, la descarbonización de la economía será posible gracias a la tecnología que aumentará la eficiencia energética, que «es esencial». Sin embargo, ha asegurado que esto será «imposible» sin la nuclear. «Podremos hacer todo tipo de cábalas sobre la solar, cuyo desarrollo es espectacular, el viento, que también, la biomasa, que en realidad no es una renovable, todo eso se puede tener en cuenta y es muy importante en la transición; pero la descarbonización como objetivo fundamental no puede existir sin la nuclear, ni en España, ni en ningún otro país», ha sentenciado.

El economista defendió la nuclear porque la mayor parte del consumo energético es de base, lo que cada ciudadano consume cada día, de modo que si se prescinde de una energía ininterrumpida para sustituirla por otras con variabilidad enorme, el sistema se encarece y se incurre en riesgo de apagones. Lacalle opina que mientras la tecnología va poco a poco buscando alternativas ininterrumpibles de almacenamiento, no se puede destruir la competitividad y la capacidad de consumo solo por negar el efecto inapelable de la eficiencia.

Por otro lado, el economista cree que los objetivos de cambio climático alcanzados en la Cumbre del Clima (COP21) se pueden conseguir «en cuanto se quiera» pero el problema es una falta de voluntad por lo que, en realidad, «es un cuento chino«. Desde su análisis, los objetivos de cambio climático no se conseguirán subiendo los costes a los ciudadanos del tercer mundo, ni los precios de la energía ni poniendo trabas al crecimiento económico y está «100% seguro» de que como no va a ocurrir es «con planes quinquenales».

Lacalle criticó estas cumbres, que «cuestan una pasta» y que son parte del juego en el que se comprometen a invertir 100.000 millones de dólares que “no conseguirán nada” mientras se trasladen los errores de planificación y los costes a los ciudadanos. En este sentido, plantea que si China, Rusia o Venezuela, por ejemplo, cierran sus empresas «estatales» bajaría la temperatura «ya», pero estamos ante un «cuento chino» que van a pagar, por ejemplo, ciudadanos europeos, que emiten el 12% del total de gases invernadero, o los españoles, que representan un 1% del PIB mundial.

A su juicio, por ejemplo, la realidad es que Venezuela no quiere cerrar sus empresas estatales y, de hacerlo, exigiría que el resto de los países pagaran su esfuerzo. «Esto es un impuesto adicional que están introduciendo por la nada. Es una vuelta al rentismo», ha denunciado. Finalmente, desconfía de que esto se vaya a lograr fomentando sectores no rentables, provocando un endeudamiento del PIB. También lamenta que la propuesta sea hacer desaparecer un 20% del PIB mundial para frenar las emisiones cuando la limitación del calentamiento global llegará, «y esta es la parte positiva», con tecnología «que es imparable».