El Congreso exige al Gobierno el cierre de los 8 reactores nucleares españoles cuando cumplan los 40 años de funcionamiento

Europa Press.- La última Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de esta legislatura aprobó una proposición no de ley del PSOE que plantea el cierre de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad (17 votos); el voto en contra de PP y Foro de Asturias (16), y la abstención de Podemos.

La central nuclear más antigua de España es Garoña, que empezó a funcionar en 1971. Actualmente cuenta con 45 años desde su puesta en marcha, aunque permanece parada desde diciembre de 2012. En este sentido, la propuesta socialista exige al Gobierno que no tome ninguna decisión sobre su continuidad, a la espera de la conformación de un nuevo ejecutivo. El resto de centrales atómicas españolas, que todavía no han cumplido sus 40 años de funcionamiento, son: Almaraz, que cuenta con dos unidades (1980 y 1983); Ascó, también con dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); Cofrentes (1984); y Trillo es la última central puesta en marcha en España (1987).

Esta misma comisión también debatía una proposición no de ley de Podemos, que no salió adelante, y que urgía al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplan los 40 años de funcionamiento y que se cierren cuando toque renovar su permiso de explotación. Contó con los únicos votos a favor del partido morado, el voto en contra de PP y Foro de Asturias, y la abstención de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad.

La impulsora de la iniciativa socialista, Pilar Lucio, insistió en que es necesaria una gradual disminución de la producción energética de las plantas nucleares, hacia una transición energética que permita descarbonizar la economía y sustituir la energía nuclear por las renovables. Según insistió la diputada socialista, la nuclear «no es una energía limpia porque genera residuos difícilmente gestionables», además de que representa una amenaza para seguridad internacional y nacional, desde el punto de vista terrorista y medio ambiental. «Pensamos que un mix energético sin nucleares es posible y por eso proponemos una gradual disminución dentro de un Pacto de Estado por la energía para adaptar la política energética, dar al sistema una mayor estabilidad, y facilitar la transición energética», añadió.

Además, los socialistas reclaman la supresión del decreto para la gestión responsable de combustible nuclear gastado, donde el actual Ejecutivo cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) «para permitir la renovación de Garoña», que ya estaba en situación de cese definitivo de explotación. Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad establecidos por el CSN. Para ello, exige que el Ejecutivo apruebe el séptimo plan general de residuos radiactivos.

Por su parte, en defensa de la iniciativa del partido morado, Juan López de Uralde, insistió en que las nucleares «no son seguras, ni limpias ni baratas», a la vez que ha destacado que el riesgo de accidente nuclear es «real» tal y como se comprobó con Fukushima o Chernóbil. También criticó que hasta la fecha no se ha resuelto la cuestión de los residuos radiactivos. «El mito de la nuclear barata se ha desmoronado. Ha llegado la hora de proceder al cierre progresivo para culminar con un apagón en 2024, una vez venzan los permisos de explotación», ha argumentado.

Por su parte, Enrique Bueno, de Ciudadanos, ha subrayado que su programa contempla el cierre progresivo de las nucleares una vez transcurridos los 40 años de vida útil para las que se crearon. Apuesta por la transición del modelo energético hacia las renovables y por la eficiencia energética. Por ello, indicó que votará a favor de la iniciativa del PSOE.

Mientras, Guillermo Mariscal justificó su voto en contra a las dos iniciativas en que no se debe infrautilizar ninguna de las capacidades disponibles. «Todo lo relacionado con la vida útil es una tarea que corresponde al CSN, que es quien vela por la garantía medioambiental y sobre las personas y la seguridad radiológica», precisó el portavoz del PP. Cree que un discurso que enfrente renovables con nucleares es «insustancial» porque, a su juicio, las renovables no garantizan actualmente la seguridad de suministro y haría falta energía complementaria, que podría ser el gas o el carbón, por ejemplo, que contribuyen al aumento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.

«Si queremos ser responsables con los compromisos adquiridos en el acuerdo del Clima de París creo que esta tecnología que permite generación eléctrica sin emisión es un valor más, teniendo en cuenta que se cree en la necesidad de que haya neutralidad a la hora de decidir qué tecnologías permiten ese mix que garantice la sostenibilidad del sistema, la seguridad de suministro y una optimización de los costes energéticos«, concluyó.