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La Unión Europea necesita invertir 450.000 millones de euros hasta 2050 para mantener la capacidad de generación de sus nucleares

EFE.- La Unión Europea necesitará invertir entre 350.000 y 450.000 millones de euros hasta 2050 para mantener la actual capacidad de generación eléctrica de sus centrales nucleares, según Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción Climática y Energía. Actualmente hay 129 reactores atómicos operativos en 14 miembros comunitarios, con una capacidad de 120 GW, si bien esas instalaciones tienen ya una antigüedad media de 30 años.

Sin unos programas de adaptación a largo plazo, «el 90% de los reactores actuales tendrán que ser cerrados en 2030» si no se producen esas inversiones, indicó Arias Cañete, que participó en el XII Foro Nuclear Europeo. Además, Arias Cañete recordó que la energía nuclear en la Unión Europea «no está muerta», pues hay nuevos proyectos de construcción de centrales nucleares en 10 países. Son 4 los reactores actualmente en construcción en Finlandia, Francia y Eslovaquia, mientras que existen otros 3 proyectos en proceso de licencia (Finlandia, Hungría y Reino Unido) y otros 5 en estado de preparación (Bulgaria, República Checa, Lituania, Polonia y Rumanía).

Coincidiendo con el 60 aniversario de la creación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), el político español expresó que ese tratado «ha garantizado la seguridad nuclear». El Reino Unido dejará de ser miembro de esa comunidad en marzo de 2019, recordó asimismo el comisario europeo. «Hasta que los tratados dejen de aplicarse al Reino Unido en marzo de 2019, ese Estado se mantiene como miembro de la Unión Europea y de la Comunidad Euratom con los mismos derechos y obligaciones como cualquier otro miembro», explicó. Sobre la salida de Londres del acuerdo Euratom, Arias Cañete avanzó que «es aventurado decir cuál será el futuro marco de colaboración».

La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.

La operación a largo plazo de las centrales nucleares es posible con igual o mayor nivel de seguridad, según expertos

Europa Press.– La operación a largo plazo de las centrales nucleares, más allá de la vida de diseño inicial, es posible «con igual o mayor» nivel de seguridad y fiabilidad, según unos 60 expertos del sector nuclear reunidos en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Así, en la jornada técnica anual Renovación de licencia para operación a largo plazo, técnicos de centrales nucleares, empresas eléctricas, diseñadores de centrales, empresas del sector o suministradores de equipos, han analizado la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas. Desde la SNE se ha destacado que el sector en su conjunto proporciona 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos a tiempo completo y de alta cualificación técnica.

Se trata de una tendencia «consolidada» a nivel internacional que supone operar las plantas más allá de la vida inicialmente contemplada de diseño, una vez verificada por el titular y validada por el organismo regulador competente la capacidad para funcionar de forma segura durante el nuevo periodo solicitado. En la actualidad, de las 449 centrales en operación en el mundo, 105 ya cuentan con una licencia para operar más allá de los 40 años. En Estados Unidos, 81 de las 99 centrales nucleares cuentan con autorización para operar hasta los 60 años y varias de ellas han iniciado el proceso para solicitar una renovación por 20 años adicionales bajo un programa denominado Life beyond 60.

La operación a largo plazo

En España, según recuerda la SNE, la legislación permite operar las centrales más allá del diseño inicial de 40 años bajo las bases de la Revisión Periódica de la Seguridad de la central, la evaluación y supervisión continúa de la instalación y la revisión del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento de la central. Durante la jornada se expuso una visión general del proceso de renovación de licencia para la operación a largo plazo, así como consolidar un buen abanico de actuaciones a abordar relacionadas con dicho proceso.

Igualmente se destacó también que mediante la permanente actualización tecnológica de las plantas y a un constante esfuerzo inversor en I+D+i durante la operación de las mismas, las centrales españolas invierten en torno a 40 millones de euros por reactor y año. Finalmente, la SNE reclama un pacto de Estado que de estabilidad a un elemento estratégico para el desarrollo económico y social. Así, aboga por abordar un debate abierto, fundamentado y riguroso a partir del cual se defina el modelo de suministro eléctrico y cómo se va a hacer frente a la necesidad de energía sostenible, segura, fiable y respetuosa con el medio ambiente.

La cuestión nuclear en la España de hoy

Todo el acontecer alrededor de la reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, todo el debate sobre el futuro de los otros 7 reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética, si es que hubiera dicha estrategia, todo, en definitiva, del mensaje que lanzó Iberdrola gira alrededor de una cuestión que es la fiscalidad energética y. en concreto, de la propia fiscalidad de las actividades nucleares en combinación con otros factores.

El framing para esta tecnología lo constituye la combinación de la fiscalidad vigente, resultante del ajuste contable perpetrado por las medidas Soria, con los requerimientos de nuevas inversiones en materia de seguridad derivados de la revisión de exigencias postFukushima. Ambos puntos unidos, en el caso español, con la proximidad de estos reactores a los 40 años de vida técnica del diseño inicial de las instalaciones (erróneamente denominada vida útil, en un ejercicio de comunicación política para hacer semejantes, de forma interesada, dos conceptos diferentes: vida útil y vida de diseño).

Tampoco hay que abstraerse del conflicto ideológico de trasfondo en lo que se refiere a las actividades nucleares. Mientras los detractores y apologistas antinucleares han visto el devenir del atrabiliario proceso de Garoña como el principio del fin de lo nuclear en España, por otra parte los pronucleares abrigan la posibilidad de que, en unas circunstancias razonables, esta tecnología pueda servir a la transición energética en su proceso de descarbonización, siguiendo el modelo Obama (nuclear más renovables, ahora cuestionado por Trump, pero por la parte renovable), al tratarse de una tecnología no emisora. Una posibilidad que choca con los intereses de abrir huecos de capacidad en el parque de generación.

El retorno de las inversiones

Así las cosas, el anuncio del presidente de Iberdrola ante los accionistas de la compañía en relación a la situación deficitaria de los activos nucleares ha venido a dibujar el terreno de juego que, por otra parte, adquirirá repercusión en los próximos meses en este complicado escenario político y económico. Sánchez Galán ha puesto, con su intervención, el centro de gravedad de la decisión empresarial en la cuestión nuclear en la rentabilidad para el retorno de las inversiones. Mientras desde ciertos sectores interpretan que ha dejado el campo libre al Gobierno, otros consideran que incrementa la presión para el cumplimiento de los compromisos ambientales con Europa, ante la predatoria política fiscal de los populares en relación a la tecnología nuclear.

No es nuevo; los sucesivos gobiernos han comulgado con la teoría retroprogresiva respecto a una rentabilidad cuasi infinita de la energía nuclear que, supuestamente, habilita a la propia Administración a la fijación de impuestos a dicha tecnología también de forma ilimitada. La teoría de los activos amortizados, que “olvida” las inversiones sucesivas realizadas, de mantenimiento y/o futuras, ha servido para situar el conjunto de tasas y gravámenes en cerca del 45% de los ingresos de las nucleares: tasas Enresa del 18%; impuesto sobre combustible gastado del 15%, impuesto a la producción eléctrica del 7% y resto de cánones y tasas (IBI, etc…) en un 5%.

En estas condiciones, hay muchas formas de participar en el debate ideológico/maniqueo antinuclear. Con un escenario socialmente menos virulento ante lo nuclear, pero probablemente más militante en lo político, incluyendo con sus diferencias a PP, PSOE y Ciudadanos (incrementar la fiscalidad es otra forma de participar), el desenlace de la cuestión nuclear vendrá, seguramente, de la parte empresarial. Y lo hará con unas consecuencias económicas y medioambientales para el sistema eléctrico que precisan de un mayor análisis por la Administración.

Las Cortes valencianas piden desmantelar la central nuclear de Cofrentes en 2021 y el PP augura que subiría la luz

EFE.- El portavoz de Industria del PP en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana, Vicente Casanova, ha señalado que el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), provocaría a corto plazo incrementos de coste de la tarifa e impactos ambientales «inasumibles» después de que las Cortes valencianas aprobaran, con los únicos votos en contra del PP, pedir al Gobierno central «el cierre y desmantelamiento» de Cofrentes cuando finalice el actual período de prórroga de funcionamiento, en marzo de 2021.

También reclaman que no se autorice la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear «por ser innecesario», ya que esta infraestructura dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021. Así lo recoge una iniciativa presentada conjuntamente por el PSOE, Compromís y Podemos, en la que Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra, y que también propone instar al Gobierno a modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables.

El PP se ha opuesto al cierre al asegurar que la Comunidad Valenciana «no dispone de un parque de renovables suficiente» para cubrir la energía producida por Cofrentes, y Ciudadanos ha criticado que se plantee el cierre sin un plan energético alternativo ni un plan económico para los trabajadores y la región. El diputado de Compromís, Juan Ponce, encargado de defender la iniciativa, se ha alegrado de que «por fin» la mayoría de la Cámara diga «sí al cierre definitivo de Cofrentes» por responsabilidad, solidaridad, economía y porque hay que luchar contra el cambio climático.

Compromís ve Fukushima en Cofrentes

Ponce ha advertido de que las centrales nucleares «son peligrosas, y más las viejas», y ha considerado que «no es tan complicado» ni «tan imposible» que en Cofrentes se pudiera producir «la gran catástrofe» sucedida en Fukushima en 2011, que «nadie pensó que pudiera pasar y pasó». Además, ha recordado que Alemania cerrará todas sus centrales nucleares en 2022, con menos horas de sol que España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar que el 20% de la energía total consumida sea renovable.

La parlamentaria de Ciudadanos, Rosa García, ha acusado al Gobierno de la Comunidad Valenciana de hacer en este caso lo mismo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las políticas medioambientales impulsadas por Barack Obama, que ha decidido «eliminar de un plumazo» sin tener un plan de contingencia ni justificar los motivos. «Ustedes han hecho lo mismo. Atacan Cofrentes por sectarismo», según García, quien pidió que antes de cerrar esta central nuclear en 2021 «traigan informes sobre el grado de impacto energético y el impacto sobre el empleo y la economía de la zona», al tiempo que abogó por un Pacto de Estado en esta materia.

El socialista, David Cerdán, ha dicho que no están pidiendo el cierre de Cofrentes, sino que no se prolongue vida útil en 2021, con el fin de «acabar con el oligopolio y con la estafa eléctrica de este país», y ha asegurado que la iniciativa planteada es «de responsabilidad y sentido común». «Nada hay más irresponsable, sectario y demagógico e ideológico que la defensa infame y vergonzosa que hacen de un sistema eléctrico que es una estafa», ha criticado Cerdán, mientras que, desde Podemos, Beatriz Gascó acusó al PP de convertir en «chantaje» cualquier decisión.

PP contrario a cerrar Cofrentes

El diputado del PP, Vicente Casanova, asegura que el cierre de Cofrentes tendría «graves consecuencias», como ha ocurrido en Alemania, con el incremento de la tarifa eléctrica un 25%, al tener que recurrir en gran medida al gas natural (ciclos combinados), y de las emisiones de dióxido de carbono un 50%, y sustituirla por energías renovables en 2021 implicaría la construcción de 2.040 aerogeneradores o 26.000 hectáreas de paneles solares. Para Casanova eso «no es razonable», sobre todo teniendo en cuenta que en dos años no se construyó ningún aerogenerador y se instalaron muy pocos paneles solares, y ha señalado que «no hay necesidad de retirar» estas instalaciones, sino que hay que garantizar, con informes y controles, que sean fiables.

Además, la utilización de ciclos combinados llevaría, según ha dicho, a «fuertes» incrementos de las emisiones de CO2 y, por tanto, al «incumplimiento de los compromisos ambientales, que obligan a nuestro país a reducciones del 20% en 2020 y del 30% en 2030». Casanova ha incidido en que las energías renovables todavía no están en disposición de suplir la aportación de Cofrentes y el resto de nucleares al sistema eléctrico nacional y ha señalado como responsable a la «paralización» del Plan Eólico por parte de la Generalitat, que ha provocado que en los dos últimos años no se haya instalado «ni un solo megavatio renovable«, por lo que planteó mediante una enmienda reactivar este programa.

Para el portavoz popular «esta propuesta sería ambientalmente un desastre» y ha añadido que, aunque hay que seguir incrementado el parque de renovables, el cierre de Cofrentes u otras centrales nucleares en 2021 crearía un «colapso del sistema eléctrico». Según el portavoz popular, «la posición del PP es ir incrementando la aportación de las renovables, tanto como se pueda, e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y garantizar el funcionamiento fiable del sistema eléctrico, clave para el desarrollo del país». Casanova concluyó que le tranquiliza que sea el Gobierno central el que, «a la luz de los oportunos informes», debe tomar la decisión final de prorrogar la autorización.

También propone que el Gobierno central solo conceda una nueva autorización de explotación de la central a partir de marzo de 2021 si el Consejo de Seguridad Nuclear certifica que se cumplen todos los requisitos de seguridad y del estado de la instalación, que se autorice la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radioactivos como solución temporal hasta que no se disponga del centralizado y que se incentive la instalación de energías renovables. Según Casanova, se trata de una propuesta «realista y viable».

«Hay que apostar por las renovables de modo que con el tiempo se pueda plantear seriamente la sustitución de las nucleares, y la Comunidad Valenciana debe velar para ir incrementando la aportación de las renovables e ir configurando un nuevo mix energético que nos permita cumplir con los objetivos medioambientales de emisiones de CO2 y que se garantice la fiabilidad del sistema eléctrico sin incrementos inasumibles de la tarifa«, manifestó.

Nuclenor reivindica que la central nuclear de Garoña es «más segura» que la media, con 3 revisiones en 10 años

Europa Press.- El director de la central nuclear de Garoña, Miguel Ángel Cortés, ha defendido que la planta burgalesa es «más segura» y fiable que la media del resto de centrales nucleares en el mundo y ha recordado que ha pasado 3 revisiones exhaustivas en 10 años. Cortés repasó las actuaciones de la central para mantener la planta en «las mejores» condiciones de seguridad, ante el «doble escenario» al que se enfrenta, la continuidad de la operación, o bien, el cese definitivo.

Cortés expuso que Garoña «se ha sometido en los últimos 10 años a tres revisiones» que han concluido que «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central», ya que la prioridad y «premisa» de Nuclenor, su titular, «ha sido y es la seguridad de la instalación, la protección de los trabajadores y el público y el respeto al medio ambiente». «Toda nuestra gestión se desarrolla en torno a este principio y la principal motivación de nuestras actividades es el mantenimiento de las adecuadas condiciones para el funcionamiento seguro y fiable de la central», ha manifestado. Cortés ha elogiado a los 242 trabajadores de Nuclenor porque «se han enfrentado de modo ejemplar al reto que esta situación representa».

Respecto a las tres evaluaciones pasadas por Garoña, subrayó la «fiabilidad» de la central «por encima de la media del resto de centrales nucleares en el mundo». La primera de estas revisiones se prolongó durante tres años, entre 2006 y 2009, tras la que el Consejo de Seguridad Nuclear se mostró favorable para que la planta pudiera operar hasta 2019. Posteriormente, entre 2011 y 2012, Garoña realizó las pruebas de resistencia a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Daichi, igual que las otras instalaciones nucleares españolas y, según Cortés «se puso de manifiesto que Garoña está al mismo nivel» que las demás.

En este contexto, expuso a los diputados que las pruebas sirvieron para evidenciar las «grandes diferencias existentes» entre Garoña y la de Fukushima, desde las obvias por localización y sismicidad, hasta las propias de diseño. La tercera de estas evaluaciones se ha realizado desde 2014 a 2017 y según Cortés ha sido «rigurosa y exhaustiva» pues ha incluido entre otros la revisión de la vasija y de sus elementos internos. En definitiva, el director de Garoña recordó que el CSN aprobó «la viabilidad» de que la central opere «con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones».

Del mismo modo, Cortés ha insistido a los diputados que desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la instalación». Finalmente, ha dicho que las actividades en la planta se centran en la gestión de los residuos, la construcción del almacén temporal individualizado y las actividades preparatorias del desmantelamiento, mientras se trabaja en el mantenimiento de la reversibilidad así como en el refuerzo de la formación.

Endesa advierte a los diputados que suprimir las centrales nucleares pondría en riesgo la seguridad de suministro

EFE.- El director general de energía nuclear de Endesa, Juan María Moreno, subrayó en el Congreso que no es posible prescindir de la energía nuclear a corto o medio plazo sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Durante su comparecencia, a puerta cerrada, Moreno aseguró que prescindir anticipadamente de las nucleares supondría también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, según fuentes que asistieron a su exposición.

A juicio del directivo de Endesa, no es posible atender la punta de demanda en el sistema eléctrico sin contar con la energía nuclear, sobre todo por el menor peso paulatino del carbón nacional por motivos medioambientales. En su opinión, el cierre del parque nuclear reduciría el índice de cobertura por debajo del 1,1 aconsejado e incluso de la unidad. Además, ha explicado Moreno, la sustitución de la energía nuclear por centrales térmicas (de carbón o gas natural) supondría un incremento cercano al 50% en las emisiones de CO2, unos 28 millones de toneladas al año, un efecto que ya se aprecia en Alemania, que renunció a las plantas nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) en marzo de 2011.

El directivo de Endesa subrayó que es posible sustituir las centrales nucleares por energías renovables, pero no en un periodo de tiempo corto. Según Moreno, además de los 30.000 megavatios renovables necesarios para cumplir los objetivos medioambientales hasta 2030, la supresión de los 7.573 megavatios nucleares exigiría la instalación de 22.000 megavatios eólicos, 7.000 megavatios fotovoltaicos y 21.000 megavatios de baterías adicionales, un esfuerzo que no sería viable ni técnica ni económicamente en una década.

Moreno ha explicado que la eliminación de la energía nuclear elevaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista en más de 10 euros por megavatio hora, lo que supondría una subida del 26% y un sobrecoste anual en el sistema de más de 2.500 millones. Moreno ha asegurado que, en contra de lo que se dice, las centrales nucleares de Endesa no están amortizadas, ni a efectos contables ni financieros. Según Moreno, una auditoría realizada por Ernst&Young ha mostrado que la rentabilidad de las nucleares no ha sido suficiente para recuperar la inversión.

El directivo de Endesa ha precisado que el inmovilizado neto pendiente de amortizar al cierre del pasado ejercicio asciende a 3.039 millones. Esta cifra tan elevada se debe, según Moreno, a las fuertes inversiones realizadas desde la puesta en operación de las nucleares. Desde 1997, la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros en moneda de 2016, casi un 60% del coste inicial de las centrales. Sobre el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Moreno ha dicho que, en ocasiones, plantea un exceso de regulación y tiene un enfoque demasiado prescriptivo, lo que se obliga a las plantas a un esfuerzo excesivo para cumplir los requisitos.

Operar hasta los 60 años

Según algunos diputados, los directores de energía nuclear de las empresas Endesa e Iberdrola (Francisco López), operadoras ambas de centrales atómicas, mostraron su convencimiento de que habrá alargamiento de la vida útil de las plantas hasta «al menos» los 60 años. «Han dado por sentado que explotarán las centrales como mínimo hasta los 60 años», ha señalado la portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, que indicó que ambos responsables empresariales han abierto incluso las puertas, en respuesta a las preguntas planteadas por los diputados, a operar las centrales más allá de esos 60 años.

Según lo relatado por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el director de energía nuclear de Iberdrola, señaló en esta ponencia que están «convencidos de que las centrales pueden operar 60 años». Ambas empresas han reclamado a los parlamentarios «certeza regulatoria en un horizonte temporal amplio para poder hacer sus inversiones«. Las centrales nucleares españolas, en la actualidad hay 5 plantas operativas y 1 en parada segura (Garoña), fueron diseñadas con una vida útil de 40 años, sin embargo, la legislación no establece un calendario de cierre de las plantas a medida que vayan cumpliendo esos años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo, pero finalmente acabó eliminando la referencia temporal e indicando que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre actualmente Respecto a la reapertura de Garoña, central operada por Endesa e Iberdrola al 50%, los representantes de ambas empresas han señalado que están pendientes de la autorización del Gobierno para tomar una decisión. Según las mismas fuentes, los portavoces de las empresas también han manifestado a los parlamentarios que les gustaría participar en el próximo plan de residuos nucleares que tiene pendiente elaborar el CSN.

También compareció el director de la central de Garoña, Miguel Ángel Cortés, quien ha dicho que «los informes de todas las evaluaciones a las que se ha sometido la planta en los últimos diez años ponen de manifiesto que no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central«. Cortés ha recordado que el regulador, el CSN, «ha aprobado la viabilidad de las instalaciones para operar con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones tras una rigurosa y exhaustiva evaluación». Según Uralde, el director de Garoña les ha relatado que la central trabaja tanto para un escenario de continuidad de las operaciones como de cierre.

Ha comparecido también Marcel Coderch i Codell, exvicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y experto en energía nuclear, quien señaló respecto a la afirmación de Endesa de que las centrales no están amortizadas, que «eso depende de lo que incluyas en la amortización». Coderch i Codell aseveró que las nucleares son un buen negocio para las eléctricas en tanto que ni tienen que asumir la gestión de los residuos ni los costes de un potencial accidente nuclear.

La Fundación Renovables asegura que es viable cerrar las centrales nucleares en 2024 y acabar ya con el carbón

Europa Press.- La Fundación Renovables asegura que es «viable» y que supone una «oportunidad» cerrar las centrales nucleares en 2024 y reitera su reclamación de exigir un plan de cierre del carbón, que “debería haber cesado su actividad” antes de 2015, así como prohibir las prospecciones de hidrocarburos.

La Fundación Renovables asegura que es viable cerrar los reactores al término de su licencia de operación, lo que supondría prescindir de esta tecnología en el año 2024. La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía fue la propuesta de la Fundación, con más de trescientas actuaciones concretas para llevar a cabo el cambio de modelo energético en España.

La Fundación insiste en que la energía es un bien básico y escaso que debe estar por encima de los intereses económicos que se generan a su alrededor para «recuperar el atributo de utilidad pública» lo que cobra todo su sentido a la hora de abordar el tema de prolongar o no la vida de las centrales nucleares. En este sentido, el patrono de la Fundación Renovables, Sergio de Otto, resaltó que se deben anteponer los intereses generales a los de las empresas titulares de dichas instalaciones, que serían las «únicas beneficiadas de esa prórroga».

ATC, “sólo para el desmantelamiento”

Asimismo, considera que las plantas nucleares son “insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad». Por ello, a su juicio la nuclear «no forma parte del escenario energético deseable para España». En su propuesta de cierre, expone que se debe acometer una auditoría técnica y la definición de la fecha de cierre anticipado en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. En cuanto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares valora que «solamente tiene sentido» si es un elemento más del plan de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y no debe plantearse y decidirse su construcción si no hay, previamente, un plan de cierre programado de centrales.

En todo caso, pide para la nuclear un plan de transición justa como el del carbón, que conlleve la dinamización y diversificación económica de las zonas afectadas y la movilización de inversiones público-privadas para crear empleo de calidad en sectores emergentes más sostenibles. Como alternativa, el patrono Sergio De Otto aboga por la energía renovable como la más «sostenible, socialmente más justa, competitiva y al alcance de todos los países como son las energías renovables, potenciar el autoconsumo, aumentar la capacidad de bombeo, el biogás y en la medida de lo necesario el parque de ciclos combinados como apoyo transitorio.

Siemens instala por primera vez una pieza impresa en 3D en una central nuclear, la de Krsko (Eslovenia)

Europa Press.- Siemens efectuó la primera instalación comercial exitosa y con posterior uso continuado con seguridad de una pieza impresa en 3D en una central nuclear. La pieza de sustitución fabricada para la central nuclear de Krsko (Eslovenia) es un impulsor para una bomba de protección contra incendios que se encuentra en funcionamiento rotativo constante y que proporciona presión para el sistema de protección contra incendios de la central.

Se trata de un «gemelo digital» de la pieza original, en funcionamiento desde la inauguración de la central en 1981 y su fabricante original ya había cesado su actividad, una situación «especialmente adecuada» para la tecnología de impresión 3D, ya que tanto las piezas como sus diseños son «prácticamente imposibles de obtener». Esta tecnología permite así a las centrales seguir en funcionamiento y superar su vida útil prevista. Siemens destacó que, debido a los estrictos requisitos de seguridad y fiabilidad del sector nuclear, obtener esta cualificación representa «un logro significativo».

El director general de la división Power Generation Services de Siemens, Tim Holt, ha asegurado que «este logro en la central nuclear de Krsko es un ejemplo más de cómo la transformación digital y las capacidades basadas en datos que poseemos afectan al sector energético de maneras realmente importantes«. «La fabricación aditiva ha reducido los plazos y una producción más rápida optimiza la sustitución de piezas y ofrece un valor real a nuestros clientes», explicó.

Para garantizar el funcionamiento seguro y fiable de la nueva pieza 3D, Siemens llevó a cabo numerosos ensayos durante meses en colaboración con el equipo de operaciones de Krsko. Otros ensayos de materiales de un instituto independiente, así como un análisis mediante tomografía computarizada, mostraron que las propiedades materiales de la pieza 3D eran superiores a las de la pieza original, según indicó la compañía.

La central nuclear de Krsko se encuentra entre las más destacadas de Europa según el Grupo de Reguladores Europeos en términos de seguridad, de acuerdo con evaluaciones motivadas por el accidente en Fukushima. Suministra más de un cuarto de la electricidad de Eslovenia y un 15% de la de Croacia. Siemens y la central de Krsko continuarán sus investigaciones y desean mejorar el diseño de piezas «extremadamente difíciles» de producir mediante técnicas de fabricación tradicionales, como pueden ser estructuras ligeras con patrones de enfriamiento mejorados.

El Gobierno escuchará las propuestas de los diferentes partidos políticos antes de tomar su decisión sobre Garoña

Europa Press.- El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la reapertura de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si debe contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas. «Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general», indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que «no es bueno» tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.

En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.

En el caso de Garoña, ven «interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate» acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del mix y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad. Para Energía, Garoña será el «telonero» de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de Almaraz ha de tomarse en 2020.