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Cataluña reformula el impuesto autonómico que impuso a sus nucleares y que anuló el Tribunal Constitucional

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Europa Press.- El Gobierno autonómico de Cataluña aprobó la memoria preliminar del anteproyecto de ley del impuesto sobre las centrales nucleares, con el que se prevé recaudar 40 millones de euros anuales y que sustituye al impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear que anuló el Tribunal Constitucional.

Según detalló la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, el nuevo impuesto ya no grava la producción de energía sino los riesgos ambientales de la producción, manipulación, transporte, custodia transitoria y emisión de elementos radiotóxicos de combustible nuclear. “A diferencia del impuesto estatal en este ámbito, que sólo tiene una voluntad recaudatoria», el que impulsa Cataluña es de carácter “medioambiental y finalista”, ya que una buena parte de la recaudación revertirá en la dinamización económica de las zonas afectadas, matizó Munté.

Los productores fotovoltaicos de Anpier recurrirán ante el Constitucional la decisión del Supremo de validar el recorte a las renovables

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Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) anunció que va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de desestimar los recursos contra el recorte a este tipo de producción eléctrica aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Anpier lamenta que «la decisión del Supremo supone un triste hito en la historia de esta instancia judicial, puesto que 3 de los 7 magistrados se opusieron de manera contundente a la línea defendida por el presidente de la Sala, cuyo voto desequilibró la decisión en favor del Estado y en contra de los intereses de las 62.000 familias fotovoltaicas».

Además, considera «alarmante» que la división de la Sala no se haya producido sobre cuestiones tangenciales o matices, sino sobre la propia esencia de la decisión con votos particulares radicalmente enfrentados a las tesis mantenidas por el presidente del Tribunal. Por otro lado, los productores fotovoltaicos españoles reclaman la misma justicia que reciban los inversores extranjeros que directamente han preferido acudir a tribunales de arbitrajes internacionales, fundamentalmente al Banco Mundial.

El Supremo desestima los primeros recursos y valida el recorte de 1.700 millones a la retribución de las energías renovables

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Redacción / Agencias.- La sala tercera del Tribunal Supremo validó tanto el real decreto de 2014 como la orden ministerial posterior en los que se aplica un recorte de cerca de 1.700 millones de euros a las renovables mediante la implantación del nuevo régimen retributivo contemplado en la reforma energética del sector eléctrico destinada a atajar el déficit de tarifa. Por ello, las renovables dejaron de retribuirse con el sistema de primas a la producción para pasar a regirse por la rentabilidad razonable.

En concreto, el Supremo decidió desestimar 3 de los varios cientos de recursos presentados por los productores de renovables, aproximadamente más de 300. Las primeras denuncias sobre la que se emite el fallo son las presentadas por Ingeniería Civil, Alternativa y Medioambiental (Incam), Renovables Samca y, en tercer lugar, Llerena Solar, Temcli y Powersol 2007. La decisión del Supremo se produjo por mayoría y recibió votos particulares en contra de 3 de los 7 magistrados de la sala. Han presentado escritos discordantes Eduardo Espín y Eduardo Calvo, a cuyo voto se adhirió Isabel Perelló, por considerar que estas normas deben ser anuladas por retroactividad ilícita.

El sistema eléctrico sería “insostenible”

En sus fallos, el Supremo valida el decreto 413/2014 y la orden ministerial 1045/2014 de junio de 2014, en los que se regula el nuevo régimen retributivo de las energías renovables y la cogeneración, y en los que se reconoce una rentabilidad razonable durante la vida útil de cada instalación conforme a un diferencial a partir de los bonos del Estado. Las renovables recurrieron estos cambios al considerarlos, por un lado, retroactivos, y por otro, insuficientes para retribuir a estas fuentes. El Supremo decidió agrupar los cientos de denuncias presentadas por las empresas de renovables, de modo que su decisión vendrá seguida de nuevos fallos cuyo contenido puede variar, si bien es previsible que mantengan la posición inicial del tribunal.

Entre otras consideraciones, el Tribunal Supremo señala que la nueva normativa cumple con las directivas europeas del sector y «preserva el fomento de estas tecnologías», además de garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico. Además, recuerda que la normativa europea concede «amplia libertad a los Estados miembros» para que definan cómo desean fomentar el sector. Destaca que el sistema eléctrico español sería «insostenible» si el Estado tuviera que asumir la diferencia entre el precio ofrecido por los productores de energía renovable y el obtenido por su venta en el mercado.

Precedente también del Tribunal Constitucional

El Supremo entiende en primer lugar que estas normas no definen ex novo un régimen jurídico que no estuviese ya establecido puesto que desarrollan el real decreto ley 9/2013, en el que se fijan las líneas maestras de la reforma energética. Este decreto ley, posteriormente convalidado por el Congreso, fue avalado el pasado enero por el Tribunal Constitucional. Como el Constitucional ya dijo que este real decreto ley no quiebra los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e irretroactividad, el Supremo entiende que tanto el real decreto como la orden ministerial tampoco lo hacen. El Constitucional también rechazó que se hubiese hecho un uso indebido de la fórmula del real decreto ley, que desde su punto de vista estuvo justificado.

Sobre la retroactividad de la norma, el Supremo reconoce que para el cálculo de los parámetros retributivos se toman en consideración las retribuciones ya percibidas en el pasado, si bien entiende que esta práctica se realiza para retribuir conforme a «toda la vida útil regulatoria», sin obligar a devolver las cantidades ya percibidas. El tribunal también reconoce que se ha modificado el régimen retributivo de las instalaciones preexistentes al fijarse una rentabilidad razonable, y que esta circunstancia puede incidir en «situaciones jurídicas creadas con anterioridad a la norma», pero «eso no implica una retroactividad prohibida». Lo contrario, afirma el tribunal, supondría «reconocer el derecho consolidado a percibir una determinada rentabilidad también para el futuro, petrificando el régimen retributivo ya existente».

Rentabilidad del 13% y 30%

El Supremo, que rechaza que los productores tengan que devolver o recibir a cuenta los importes por la regulación provisional establecida en el segundo semestre de 2013, rechaza asimismo que el nuevo régimen retributivo constituya una «expropiación de unos derechos patrimoniales adquiridos en virtud de la normativa vigente en aquel momento». Este régimen privó «de una rentabilidad entre el 13% y el 30%» al productor, según los cálculos del recurrente.

El sector fotovoltaico estima que su rentabilidad es inferior a estas cifras y recuerda que el propio IDAE, dependiente del Ministerio de Industria, informaba en 2006 de una rentabilidad del 9% a un plazo de 25 años. La reforma de 2014 fijó la rentabilidad razonable en el 7,5%. «Los recurrentes no han identificado ningún tipo de compromiso o de signo externo, dirigido a ellos por la Administración, en relación con la inalterabilidad del marco regulatorio vigente al inicio de su actividad de generación energética procedente de renovables», afirma el Supremo.

En su voto particular, el magistrado Eduardo Espín considera que las normas adolecen de una retroactividad prohibida. El desarrollo normativo de la nueva regulación de las renovables «proyecta la aplicación del nuevo modelo hasta un extremo de retroactividad que lo hace incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima«, señala. De similar manera, Eduardo Calvo e Isabel Perelló consideran que son normas que «deberían haber sido declaradas nulas por incurrir en retroactividad ilícita y en vulneración de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima». También piden la nulidad de la orden ministerial de parámetros «por carecer de justificación técnica los valores de diversa índole que se fijan como definidores del régimen retributivo para cada instalación tipo».

Álava insta al Gobierno central a retirar su recurso contra la ley antifracking del País Vasco

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EFE.- Las Juntas Generales de Álava instaron al Gobierno central en funciones a retirar su recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional con motivo de este recurso. El pleno de las Juntas Generales de Álava aprobó una moción transaccional presentada por EH Bildu, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se opuso al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar la suspensión sobre esta ley.

La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una «actitud proactiva» en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica. Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno del País Vasco a utilizar «todas las herramientas jurídicas» reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking. En este sentido, instó al Ejecutivo autonómico a comprometerse con «no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto» de este tipo fuera del territorio.

Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, criticó al PNV por mantener una postura «esquizofrénica» en este tema, ya que apoya estas mociones en las instituciones pero sigue «adelante» con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados próximos a Vitoria) y en Angosto (Burgos). El nacionalista Roberto González señaló que la postura del PNV en torno al fracking es «clara» y aseguró que su partido no defiende «ni exploración ni explotación». Además, recordó que ha sido el PP quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.

Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, criticó que «se ve lo que dice y hace el PNV» con el fracking y denunció su «ambigüedad» en la cuestión. El socialista Jon Pablo Nogales trasladó la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino también por la «falta de definición del Ejecutivo de Urkullu». Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, advirtió del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica extractiva.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión a una normativa de Región de Murcia que exime al autoconsumo energético de cargos

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EFE.- El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión solicitada por el Estado, al presentar un recurso de inconstitucionalidad, sobre el artículo 20bis  de la Ley Regional de Energías Renovables, lo que habilita a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la Región de Murcia a definir reglamentariamente las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir las instalaciones para ser consideradas «aisladas del sistema eléctrico» o de «intercambio de energía«.

Según el Gobierno regional, el mencionado artículo se refería a que en la Región de Murcia se consideran instalaciones aisladas, y por tanto exentas del pago de cargos al sistema eléctrico nacional, aquellas instalaciones eléctricas que a pesar de no estar aisladas físicamente utilicen medios técnicos que produzcan un efecto equivalente. Asimismo, este artículo habilita a que las pequeñas instalaciones generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como es la energía solar, previstas para el consumo instantáneo o diferido en las modalidades de autoconsumo, puedan considerarse como instalaciones de intercambio de energía, de forma que la cesión de energía no llevará aparejada contraprestación económica alguna al sistema nacional.

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, señaló que se trata de «una buena noticia para la Región porque abre nuevas y buenas perspectivas de negocio para el sector de las energías renovables en la Región». De hecho, añade el Gobierno murciano, «la propia abogacía del Estado reconoce que el levantamiento de la suspensión podría suponer el desplazamiento a la Región de una inversión anual por valor de 82 millones». El objetivo de Murcia, según apuntó, es que «uno de nuestros principales recursos naturales, el sol, pueda ser aprovechado por particulares y empresas para disminuir la factura energética y ser más competitivos».

Satisfacción en el sector murciano

La Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia (Aremur), integrante de FREMM, se ha felicitado por la decisión del Constitucional de eliminar lo que denominan Impuesto al Sol, una demanda que los empresarios de energías alternativas venían demandando, por lo que muestran su satisfacción porque se les haya dado la razón. «Es una gran noticia por la que hemos luchado de forma insistente desde la asociación, aunque tengo un recuerdo para los empresarios que se han quedado en el camino, a lo largo de esta travesía», según comenta el presidente de Aremur, José Marín.

Por su parte, todos los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional de Murcia alabaron el levantamiento de la suspensión, si bien PSOE y Podemos pidieron la derogación del decreto del Ejecutivo español que grava el autoconsumo. En este sentido, el portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, calificó de «gran satisfacción» el dictamen del Constitucional porque es favorable a los intereses de la Región de Murcia. Por su parte, su homólogo socialista, Rafael González Tovar, considera que el levantamiento de la suspensión ya es un avance, pero matizó que el «paso definitivo» será la derogación del «real decreto de Mariano Rajoy».

Desde la bancada de Podemos, el portavoz, Óscar Urralburu, mostró su alegría por el «pequeño avance» dictaminado por el Tribunal Constitucional sobre una legislación autonómica que calificó de «muy poco ambiciosa«, aunque valoró que el «no pagar el impuesto al sol ya es un avance importante». Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, calificó de «magnífica noticia» que se levante la suspensión del recurso del Gobierno central, pero criticó que PSOE, Podemos y PP rechazaran que la Asamblea Regional presentara alegaciones contra la iniciativa del Ejecutivo español ante el Constitucional.

La Generalitat de Cataluña introduce un nuevo impuesto a las centrales nucleares después de que el Tribunal Constitucional lo anulara

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EFE.– La Generalitat de Cataluña introdujo un nuevo impuesto que afecta a las centrales nucleares a través del proyecto de ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos. Según consta en este anteproyecto de ley, sobre el que se pronunció el Consejo de Trabajo Económico Social de Cataluña (CTESC), la Generalitat pretende modificar la ley de protección civil de Cataluña, que data de 1997, para que las centrales nucleares queden afectadas por el gravamen de protección civil.

En concreto, se gravará con 44,14 euros por megavatio a las centrales nucleares, tributo con el cual el Gobierno autonómico trata de aprovechar al máximo sus competencias en esta materia después de que el Tribunal Constitucional haya vetado el impuesto catalán a las nucleares, con el que la Generalitat aspiraba a recaudar 40 millones, por entender que la producción de energía eléctrica nuclear ya está gravada por el tributo estatal a la producción de combustible nuclear. Con todo, se cree que la recaudación de este nuevo impuesto a las nucleares será sensiblemente inferior a la cuantía esperada por el anterior.

El parlamento autonómico pide a Urkullu que impida el desarrollo de los permisos para proyectos de fracking en País Vasco

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Europa Press / EFE.- El Parlamento vasco, con el apoyo del PNV, pidió al Gobierno autonómico que, ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley vasca que en la práctica impedía la utilización en Euskadi del fracking para la extracción de gas, utilice su participación en los permisos a la empresa pública Shesa, para «impedir» que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación, exploración y/o explotación mediante fractura hidráulica «tanto dentro como fuera de Euskadi».

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley 6/2015 de medidas adicionales de protección del medioambiente, más conocida como ley antifracking, aprobada por el Parlamento vasco. Esta ley faculta a las Administraciones Públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV, partido del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, se abstuvieron.

Esta decisión del Constitucional supone la suspensión de determinados artículos de la norma hasta el pronunciamiento del Tribunal. Ante esta situación el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, anunció que País Vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. Además, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, adelantó que desde el Ejecutivo se va a realizar un «análisis jurídico” para saber si puede retomar los proyectos de fracking. Señaló que, en todo caso, únicamente se llevan a cabo los estudios medioambientales previos. También precisó que los permisos que hay, en estos momentos, «no son exclusivos» del Gobierno vasco ni de su sociedad pública Shesa sino que están compartidos con una empresa americana.

Ante esta ambivalente posición, todos los grupos de la oposición criticaron que el PNV haya firmado también el acuerdo parlamentario en el que se reclama al Gobierno de Urkullu que en los permisos en los que participe el Ejecutivo utilice su participación en la empresa pública Shesa para «impedir» que se lleven a cabo ningún proyecto de fracking. También se insta al Gobierno vasco a «no consignar partida económica alguna en futuros ejercicios presupuestarios para proyectos de fracking«. Por último, reclama al Ejecutivo autonómico que utilice «todas las herramientas jurídicas dentro del marco competencial reconocido en el Estatuto» para defender la ley vasca «aprobada por amplia mayoría en el Parlamento» ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.

Para los partidos de la oposición, la postura del PNV ante el debate parlamentario planteado por PSOE y EH Bildu responde a sus intereses electorales. La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, preguntó al PNV por qué apoya la enmienda cuando «quieren seguir apostando por la investigación del fracking y  utilizar las competencias vascas para que Euskadi sea más nacionalista y no para que los vascos vivamos mejor». «¿Cómo es capaz de firmar esta enmienda cuando su discurso va en contra de lo que aquí se dice?», preguntó Rojo al PNV.

Críticas entre PNV y socialistas

Asimismo, aseguró que «el fracking vino a Euskadi de la mano del PNV» durante el Gobierno de Ibarretxe y cree que el PNV se abstuvo en la votación de la ley «porque había una campaña electoral y ahora tienen otra». «No se creen nada de lo que dice. Dan ganas de retirar el último punto porque es una vergüenza que hayan firmado esta enmienda», aseveró. Por el mismo motivo, la socialista acusó a los nacionalistas de «engañar a los ciudadanos» y aseguró que «el Gobierno recentralizador del PP ha echado un capote al PNV» con su recurso contra la ley.

El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que la labor del Gobierno vasco debe ser evitar el fracking y cree que la postura del PNV es «contradictoria» y que el doble juego que se lleva con el tema del fracking se debe a la «esquizofrenia electoral del PNV». «Lo mismo que votan en Madrid a favor de la prohibición del fracking, votan a favor de la Ley del sector de Hidrocarburos que da amparo legal al fracking; lo mismo que van a votar hoy a favor de que no se utilice el fracking, la consejera dice ayer que van a analizar jurídicamente si pueden reactivar el fracking. Basta ya de doble mensaje con el fracking. Basta de ambigüedades», reclamó.

El parlamentario del PNV Javier Carro, por su parte, defendió que el uso de la técnica del fracking debe estar «muy bien atado jurídicamente» y recordó que por ese motivo, su partido solicitó durante la tramitación de la ley «más reforzamiento» con una moratoria de cinco años y el asesoramiento de un comité científico. Tras recordar al PSE la foto del lehendakari Patxi López durante su viaje en Estados Unidos a favor del fracking, Carro acusó a los socialistas de perder la «licencia social» por la «actitud»  del gobierno de López, que no «hablaba de las consecuencias» de la técnica.

Carro defendió que «una cosa es la obligación de la investigación que tiene un gobierno y otra el precio que tienen que pagar por ello» y ha pedido que no se «engañe a la ciudadanía» ya que en Euskadi «no hay ni un solo pozo de fracking y esperemos que así siga siendo». «Tenemos que investigar nuestros recursos naturales pero no a cualquier precio por eso creemos que esta técnica no es la apropiada», insistió. Carro explicó que la consejera «ha defendido la investigación y no el fracking porque se trata de permisos para investigar los recursos que hay, pero no con esa técnica«. También ha planteado que los permisos para hacerlo deben estar en manos públicas y no privadas.

Desde el PP, Carmen López de Ocariz acusó al PNV de no ser claros en relación a la acción del Gobierno respecto a esta técnica «cuando es arte y parte», con el pasado de Ibarretxe . Asimismo, defendió que primero es necesario ver la ubicación, entorno, orografía y hacer informes medioambientales ajustados al pozo y permiso concedido. «Apostamos por explorar y explotar los recursos energéticos a nuestro alcance pero no de cualquier manera. Es necesario proteger las zonas más sensibles», insistió. La popular ha advertido de que esta técnica «ha sido un éxito dónde y cuándo tenía que ser, pero ahora no es rentable«. Además, instó al Gobierno vasco a cumplir lo que el Parlamento autonómico aprueba en esta materia.

Una plataforma antifracking exige que el Gobierno del País Vasco asegure que impedirá esta técnica de extracción de hidrocarburos

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EFE.– La plataforma Fracking Ez exigió al Gobierno del País Vasco que diga con claridad que impedirá la técnica de la fractura hidráulica en Euskadi y empiece a «trabajar en serio» para dejar sin efecto todas las licencias de exploración de gas. Esta agrupación criticó la actitud del Ejecutivo autonómico porque «sigue sin aclarar su posición» desde que el Tribunal Constitucional decidiera admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley vasca que regula medidas contra la fractura hidráulica.

Fracking Ez recordó que la ley vasca fue impulsada por una iniciativa popular que contaba con un «apoyo masivo», pero a su juicio el Gobierno de Iñigo Urkullu no ha expresado con claridad que no habrá fracking en Euskadi. La postura del Ejecutivo vasco «se sitúa lejos de la claridad con la que habló el Gobierno catalán tras tumbarse su ley, que sin ninguna duda afirmó que impediría el fracking en Cataluña», denunció esta plataforma. También señaló que aunque el PNV se ha posicionado varias veces a nivel político contra el fracking, el Gobierno Vasco no ha descartado esta técnica.

La ley vasca de fracking fue aprobada el año pasado y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de manera genérica, pero elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía. Por ello esta plataforma pide a todo el arco parlamentario vasco y al Ejecutivo autonómico que trabajen «en serio y sin fisuras» hasta dejar sin efecto todas las licencias, incluidas las promovidas por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (Shesa). Para responder a esta situación, la plataforma ha convocado una movilización en Vitoria que tendrá lugar el próximo viernes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso a la ley vasca contra el fracking y suspende los preceptos impugnados

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking, y ha suspendido los preceptos impugnados, según comunicó el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, después de recibir la notificación por parte del Alto Tribunal.

La Ley del País Vasco faculta a las administraciones públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma, aprobada en junio de 2015, salió adelante con el apoyo de Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los nacionalistas reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental del Parlamento vasco, conocida como Ley relativa al fracking. Según ha apuntado, los preceptos impugnados son un “inciso” del artículo 2 y otro del 6, además de los números 3 y 5, y las disposiciones transitorias 1 y 2. Además, Erkoreka señaló que el Gobierno ha invocado el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión automática de los preceptos impugnados.

El portavoz del Ejecutivo señaló que, por esta causa, los preceptos impugnados no entrarán en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, y añadió que el Gobierno vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. En este sentido, recordó que, si no hay un pronunciamiento del Constitucional, a los 5 meses se puede reconsiderar la suspensión.

País Vasco dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra el recurso planteado por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de abril después de que fracasara la negociación bilateral entre ambos gobiernos para tratar de evitar el recurso. La ley vasca del fracking se aprobó a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas. En un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

En casos similares, el Tribunal Constitucional ha anulado las leyes de Cantabria, La Rioja y la semana pasada la de Cataluña. Estas tres normas prohibían el uso de esta técnica, por lo que el Gobierno central entiende que esa doctrina es trasladable al caso vasco. De hecho, en su momento el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. A pesar de ello, cuando el Gobierno anunció su intención de recurrir la ley, País Vasco dijo que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias.

La oposición presiona al PNV para que el Gobierno vasco impida el fracking a pesar de suspenderse la ley

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EFE.- El parlamentario autonómico de EH Bildu, Dani Maeztu, aseveró que «por encima de cualquier decisión» judicial, el futuro del fracking en Euskadi «está exclusivamente en manos del Gobierno vasco, porque de él dependen las peticiones para perforar«. En el mismo sentido, el PSOE pidió en el Parlamento autonómico al Gobierno Vasco que no facilite ninguna actuación de exploración ni explotación del fracking mientras esté vigente la suspensión cautelar de la ley vasca por el Tribunal Constitucional.

Precisamente el pleno del Parlamento vasco debatirá una moción del PSOE en la que pide al Gobierno vasco que utilice todas las herramientas jurídicas dentro de su marco competencial para defender el mantenimiento de esta ley. La parlamentaria socialista Natalia Rojo pidió al Gobierno Vasco que aclare lo que va a hacer ante la suspensión cautelar y que se comprometa a no utilizar «ni un solo de los euros de los vascos en ningún intento de exploración o explotación del fracking«. La parlamentaria socialista recordó que, cuando ha habido voluntad política, se han encontrado fórmulas competenciales para paliar los efectos de suspensiones de este tipo.

EH Bildu contra el PNV

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, defendió que «la amenaza no viene de Madrid» ya que el Gobierno de Iñigo Urkullu «puede alejar el fantasma del fracking ahora mismo, si tiene voluntad para ello» porque de él «dependen» los permisos para perforar mediante la fractura hidráulica. «Es decir, por encima de cualquier ley o decisión de distintos tribunales el fracking se hará o no en función de la voluntad del Gobierno Vasco», afirmó Maeztu. El representante abertzale ha pedido al lehendakari que «pase por encima de los intentos de limitar la capacidad legislativa» vasca y que «renuncie hoy mismo al empleo del fracking«. «Ése es el mejor ejercicio de soberanía que puede hacer Urkullu», ha considerado.

Los ecologistas critican la suspensión

Asimismo, la asociación ecologista Eguzki criticó la decisión del Constitucional de suspender varios artículos de la ley vasca del fracking y ha denunciado la actitud «hipócrita» del Gobierno en funciones, al que ha acusado de estar al servicio del «gran capital, la explotación de los recursos naturales y la demagogia», vetando una norma que partió de una iniciativa legislativa popular con más de 100.000 firmas. A su juicio, la fracturación hidráulica es un experimento «a gran escala» que carece de «parámetros científicos sólidos» y que causa «daños a la salud y al medioambiente». Eguzki insiste en que la realidad social y la fuerte oposición a este tipo de proyectos por parte de la población afectada debe ser tenida en cuenta.