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PP y Podemos facilitan con su abstención convalidar en el Congreso el decreto de ayudas por el cierre de minas

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Europa Press.- El PP y Unidos Podemos facilitaron en el Congreso con su abstención la convalidación del decreto ley que formaliza el acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal de la minería de cara al cierre de instalaciones no competitivas. De esta forma, el Gobierno se garantiza la continuidad de este acuerdo, gracias al respaldo de PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras que el PDeCAT también ha optado por la abstención.

Durante la defensa de su decreto ley ante el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno viene «trabajando en un plan de rescate» de estas empresas, facilitando las prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores de estas empresas y la inclusión en bolsas de trabajo de los de empresas subcontratadas, no incluidas en el acuerdo. Sin embargo, la ministra ha apostado por centrar la actuación de los planes de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética en aquellas zonas afectadas por estos cierres, contando con sus trabajadores, y la firma de convenios «de transición justa», así como el «seguimiento transparente» de estas líneas de ayuda.

Sin embargo, Alberto Herrero, portavoz energético del PP, ha criticado que la transición planteada por el Gobierno «ni es justa ni mucho menos sostenible» y, sin rechazar las prejubilaciones planteadas, ha lamentado que el decreto sea «la estrategia perfecta para cargarse las centrales térmicas«. En este sentido, ha criticado que las políticas industriales del Gobierno hayan desencadenado los anuncios de cierre en fábricas como las de Alcoa, Cemex o Vestas, y que vayan a suponer, para zonas como Andorra (Teruel), «el punto y final a una comarca» y la herida «de muerte» a la provincia.

Por parte de Podemos, tanto Ana Marcello como Segundo González han criticado la insuficiencia de las partidas presupuestadas para reactivar las comarcas, que han pedido mejorar en los Presupuestos, y también que se queden fuera de las prestaciones los trabajadores subcontratados. Así, han criticado que el compromiso del Gobierno a «estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones» para estos, no deja de ser «una mera declaración de intenciones». «No es que no nos valga a nosotros, es que no les vale a ellos», lamentó Marcello.

Ciudadanos cuestiona las ayudas pasadas

Melisa Rodríguez, responsable de Transición Ecológica de Ciudadanos, ha avalado las ayudas pero cuestiona la eficacia de los planes precedentes, señalando la alta tasa de desempleo en estas comarcas y la ausencia de una reconversión industrial. «¿Dónde está ese dinero que se supone que se ha destinado? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes?», se preguntó, reclamando un mayor seguimiento de todo este dinero, con el fin de comprobar que las partidas «llegan a los mineros», y reclamando una comisión parlamentaria para investigar estos fondos.

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu ha defendido que las ayudas facilitan «una salida digna» a la minería y nuevas oportunidades a sus trabajadores, y ha celebrado que el acuerdo alcanzado se haya llevado a cabo dando la palabra a sindicatos y patronal, «quienes saben y están en la cuenca». Joan Capdevila, de ERC, ha avalado las medidas, «no sin antes poner en duda su ejecución real» ha puntualizado, y Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha pedido no excluir a cuencas mineras catalanas, además de alertar un posible conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

Los sindicalistas celebran la convalidación

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (FICA UGT) ha celebrado la convalidación por parte del Congreso de los Diputados del acuerdo para lograr una transición energética justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, ya que considera que es «el mejor acuerdo posible, además de razonable y positivo». El sindicato subraya que este acuerdo, que ha sido convalidado después de que fuera aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros, «pone las bases definitivas para desarrollar una transición energética justa en el país».

UGT subraya que ha mantenido desde el principio «una defensa cerrada e inequívoca del carbón autóctono» como parte del mix energético y, por ello, recuerda que ha insistido en esta reivindicación hasta pactar con el Gobierno que, más allá del 2018, y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, «se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a una minería competitiva«.

La ley de cambio climático, el plan de energía y clima y la estrategia de transición justa se conocerán pronto y a la vez

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Europa Press. – La propuesta de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia para una Transición Ecológica Justa se conocerán a la vez, según ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a las ONG ambientales en una reunión.

Así, en el marco de las reuniones habituales entre el Ministerio de Transición Ecológica con las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, las partes ha analizado principalmente temas de cambio climático y energía.

Sobre lo que se ha hablado en la reunión, el secretario ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha señalado que las ONG le trasladaron a la ministra que su gran preocupación era conocer «cuándo» iba a estar lista para iniciar su tramitación el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Ecológica.

En este sentido, ha asegurado que según las explicaciones de la ministra, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está «muy avanzado» y que la idea del departamento ministerial es lanzar y dar a conocer al mismo tiempo tanto el proyecto de ley de cambio climático, como el citado plan y también la Estrategia de Energía y Clima.

De la misma manera, ha manifestado que la ministra Ribera les ha argumentado que el Gobierno está trabajando en las tres iniciativas como «piezas de un mismo puzzle» y que quiere dotar a los tres instrumentos de «coherencia».

Según Del Olmo, «el horizonte está en el Consejo Nacional del Clima. El Gobierno tiene todo el mes de enero para presentar a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así que aún hay que esperar unos días».

Finalmente, el representante de la ONG ha adelantado que otra de los anuncios que les ha hecho la ministra es que también está «a punto» de salir el Real Decreto de Autoconsumo. «Trabajan en muchos frentes a la vez y la ministra ha reiterado el compromiso del Gobierno con la lucha contra el cambio climático», ha concluido Del Olmo.

Ribera considera que los riesgos climáticos y ambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los riesgos climáticos y medioambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial», apoyándose en el «protagonismo» que considera que tendrán estos asuntos en los próximos grandes foros económicos internacionales. En este sentido, Ribera señaló que un Presupuesto «que desprecie el cambio climático es tirar el dinero».

El objetivo final, según ella, es que el 100% de la inversión y gasto sean compatibles con el clima, al igual «que lo deben ser con los Derechos Humanos». «Lo más grave, dañino, peligroso y disruptivo es no hacer caso a lo que sabemos que ocurre con el cambio climático», añadió. Entre los ponentes, la exprimera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark, ha remarcado que «el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible es que nadie se quede atrás, especialmente las personas más vulnerables».

La legislación climática estará «enseguida”

Por otro lado, Ribera ha afirmado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que trabaja el Gobierno, llegará «enseguida». «Estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada», bromeó. Según ha comentado la ministra, la transición ecológica es un «desafío interesantísimo en todos los frentes», por lo que considera importante que haya un debate público constructivo que, a su juicio, fomentará los consensos y acciones de mejoras. Tal y como ha señalado, desde el Gobierno están intentando ser «cuidadosos» en la evaluación de las piezas que conformarán la Ley. «Lo tenemos muy organizado en el Gobierno, en pensar en las distintas razones para poder compartirla», ha apuntado la ministra.

Teresa Ribera ve en la «convicción de la gente» el impulso para iniciar el cambio hacia la transición ecológica: «Es lo que de verdad va a ser el vector que fomente la reflexión de mercados, de opinadores». Y para ello, ha insistido en la necesidad de que todos los agentes actúen ya que «ninguno por sí mismo puede hacerlo todo».

En este sentido, insiste en que la Agenda 2030 de la ONU «no es una agenda sectorial de nadie, de ningún tipo de actor sectorial ni de naturaleza pública o privada», lo que a su juicio requiere liderazgo en cada estructura. De ahí que haya apelado a los líderes políticos y «a quien tiene más capacidad para empujar la Agenda 2030», para iniciar este cambio.

No se cumplen los plazos

Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado al Gobierno de España a presentar su Plan de Energía ante la Comisión Europea, pues es 1 de los 7 ejecutivos de la Unión que aún no los ha entregado, pese a que el plazo se cerró el pasado 31 de diciembre. El comisario ha hecho hincapié en «el futuro espectacular» que tienen las energías renovables en el marco de la Unión Europea de los próximos años y destacó algunos de los objetivos firmados por más de 190 países en el acuerdo de París, como el de «frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1 grado».

Para conseguirlo, ha subrayado la «necesidad de descarbonizar la economía» y sustituir la producción de energía con otras más limpias con el horizonte 2050, fecha en la que el 80% de la electricidad tendrá que producirse mediante energías renovables. Como recordó Arias Cañete, el primer objetivo, en 2020, es alcanzar el 20% en cuanto a producción de energía renovable. En 2017, España estaba cerca del 17,3%. Mientras que para 2030 el objetivo marcado es alcanzar un 32% de energías renovables.

No considera el comisario que los planes para la transición energética se vayan a ver afectados por el Brexit, pues «todo el mundo tiene que afrontarla y Reino Unido siempre ha sido un país muy ambicioso en políticas climáticas». Por último, remarcó que para el 13% de los españoles, el cambio climático supone «el principal problema en la actualidad» y animó a los políticos españoles a incluir en sus campañas electorales temas como el cambio climático o la renovación energética.

Ribera defiende ante los inversores internacionales que la transición energética movilizará en España más de 200.000 millones hasta 2030

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la transición energética movilizará oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros en la próxima década. Ante inversores de todo el mundo, Ribera defendió que España es «un país idóneo» para invertir de manera sostenible y un país «atractivo» para las inversiones en energía.

«Nuestro país tiene el mayor potencial para el fomento de las energías renovables en la Unión Europea», indicó Ribera, quien subrayó que transformar la economía y hacerla más sostenible generará «oportunidades a largo plazo«. No obstante, destacó que, para aprovechar estas oportunidades que presenta la transición energética, será necesario contar con «una visión de país a medio y largo plazo y con un plan estratégico.

Ribera apuntó que, de esta previsión de cifras de inversión que se presentan con la transición energética, un 45% será para renovables, un 40% para eficiencia energética y un 12% para la electrificación, y señaló que podrían suponer un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de entre 15.000 y más de 20.000 millones de euros anuales en la próxima década. Asimismo, consideró que renovar el modelo energético «es fundamental» ya que pasar a un modelo de cero emisiones en 2050 requiere focalizarse en eficiencia y renovables. «Todos los negocios tienen una oportunidad en las medidas que llevarán a ese modelo en la transición», apuntó.

Posteriormente, la ministra indicó que una transformación tan importante «requiere maximizar las inversiones en eficiencia», así como inversiones en redes y digitalización. «Todo ello son grandes oportunidades de inversión para el conjunto de la economía, pero también para el consumidor, y es lo que queremos reflejar en esa senda que será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima«, añadió. Ribera afirmó que estas oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros son una cifra «muy importante» que tendrá «un impacto muy positivo en el conjunto de los ahorros de la balanza comercial, de la dependencia energética del exterior, de generación de empleo y de crecimiento del PIB».

Confianza en aprobar los Presupuestos

Por otro lado, Ribera mostró su confianza en que el Congreso de los Diputados respalde los Presupuestos para 2019 ya que son «enormemente importantes desde el punto de vista social del acompañamiento social en un momento de cambio y modernización de la economía». No obstante, Ribera aseguró que en el caso de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno dispone unos presupuestos prorrogados «que permiten funcionar con total normalidad».

Sobre el decreto por el que se devuelven a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias en energía, entre ellas los peajes de la luz y el gas, la ministra aseguró que el regulador se encargará ya de la siguiente revisión para 2020, ya que la medida entró en vigor con el decreto. «Evidentemente lo fijará para la siguiente revisión, que es en 2020», apuntó.

Ribera ve asumible para España lograr los objetivos a 2030 si en la transición ecológica existe «diálogo y participación»

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve asumible alcanzar los objetivos climáticos a 2030 siempre que exista en la transición esa «capacidad de diálogo y participación» por parte de todos los actores ya que «estamos hablando de construir un futuro en común». Ribera aseguró que «no le cabe la menor duda» de que esos objetivos a 2030 se pueden cumplir, aunque indicó que todos los sectores económicos, así como el resto de agentes sociales, «tienen un papel que desempeñar».

Ribera subrayó que la disrupción del cambio climático «entiende poco de colores políticos» y consideró que no hay nadie que no apueste por una transición hacia una economía descarbonizada. Asimismo, señaló que el cambio climático es «una carrera contrarreloj» en la que hay que plantearse desde el futuro para atrás «cuáles son las sendas más razonables» para alcanzar los objetivos de descarbonización y advirtió que «es imposible pensar que podemos volver a un modelo de crecimiento como el del pasado«.

Además, Ribera aseguró que es necesario actuar y estar a la cabeza, a pesar de poder pagar el coste del aprendizaje, ya que afirmó ser de las que «piensan que las cosas no pasan nunca solas». Para ello, la ministra indicó que son necesarias señales regulatorias «estables pero flexibles», para que puedan ser ajustadas en el camino, y defendió el papel que deben jugar «la solidaridad y la transición justa».

El Gobierno socialista prevé 5.250 millones en políticas ambientales y energéticas para la Transición Ecológica en los Presupuestos

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Europa Press.– El Gobierno prevé destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas. La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron durante 2018 los extintos departamentos de Medio Ambiente, que se incluía en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Energía, que formaba parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De aprobarse el proyecto de Presupuestos, presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, plantea una propuesta por la que el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un incremento en su dotación presupuestaria de 101 millones de euros, sobre todo debido al aumento de inversiones o a la creación del bono social térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables en lo que respecta a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, que asciende a 80 millones de euros. También «especialmente» a las actuaciones en materia de cambio climático, que tendrá un aumento de 50 millones para promover la estrategia de transición justa hacia una economía baja en carbono.

En lo relativo al ámbito energético, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases y de los ingresos tributarios de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que suman 3.819 millones.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos consigna para 2019 una dotación de 300 millones de euros para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 300 millones de euros, que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las renovables en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Transición a la economía descarbonizada

En cuanto al sector de la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará con unos recursos de 284 millones de euros, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras. El Gobierno destaca que el sistema energético inició un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2019 con 31 millones, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y medioambiental, como el plan MOVEA. Además, en el marco de las directrices europeas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, dando continuidad al programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones industriales que no pueden repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos por impuestos especiales, según las estimaciones incluidas en los PGE, el Impuesto sobre la Electricidad crecerá un 3,6% debido a los fuertes incrementos de precios en los últimos meses del año, cuando el impuesto alcanzó tasas superiores al 6%. En cambio, los ingresos por el Impuesto al carbón descenderán un 13% en 2018, condicionada por la elevada recaudación de 2017 a causa de la sequía.

El Gobierno incrementará los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables al diésel por sus emisiones de NO2. No obstante, precisa que la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad en los sectores intensivos en su consumo. Además, «para garantizar una adecuada interpretación del ordenamiento interno conforme al Derecho de la Unión Europea», se introduce una exención en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

67 millones de movilidad sostenible

Los Presupuestos para 2019 recogen una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente. Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.

Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa. La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el IDAE, mientras que el Ministerio de Industria, controlará 17 millones de euros.

El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, «con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones». La Unión Europea aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020. En el ámbito de esta estrategia, el Gobierno aprobó en diciembre de 2016 un Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.

Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras. El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDAE.

Ribera devuelve a la CNMC las competencias para fijar los peajes energéticos pero bajo la política que marque el Gobierno

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Europa Press.- El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al superregulador las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y gasista.

No obstante, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC deberá tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética ya que, como establece la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Estas orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras o la utilización racional de la energía.

Con la aprobación de este Decreto Ley, el Gobierno considera que ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que «garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía». Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

Este organismo estará compuesto por 3 personas en representación de la CNMC y 3 personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombrados respectivamente por el presidente del regulador, oído su pleno, y la ministra para la Transición Ecológica. La presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria por un año. Si no existen discrepancias o se alcanza un acuerdo en la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba «de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio». En caso de que no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta «oído el Ministerio«.

Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia. De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC. Además, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.

Los peajes y las retribuciones

Mientras, el nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado (GNL). De igual modo, el regulador aprobará las retribuciones de estas redes y plantas. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Además, serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

El Ministerio considera que con este nuevo reparto competencial se garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y valora que supone «una buena noticia para los consumidores y todos los agentes que forman parte de un sector como el energético». Gobierno y CNMC contarán con un periodo transitorio máximo de 4 años para la adaptación de manera gradual de estos cambios de metodología y de este reparto competencial.

Fuentes del Ministerio indicaron que la CNMC asumirá estas nuevas competencias desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley y que, en el caso de los peajes, tendrá que realizar una circular en 2019 para el 2020, de la misma manera que el Ejecutivo hizo su propuesta, informada por la CNMC, el pasado diciembre para el año en curso.

Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como el regulador deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas, en el caso del Ejecutivo, y cánones y peajes de acceso, en el caso de la CNMC, cuestión en la que ya trabajan y que deberán estar listas antes de que acabe 2019.

La devolución de las competencias a la CNMC fue uno de los primeros compromisos adquiridos por Teresa Ribera tras ser nombrada ministra ya que, desde 2016, existía la amenaza de la Comisión Europea de sanción. Además, la incorrecta trasposición de las directivas de mercado llevó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno del PP ante el Tribunal Supremo. Fuentes del Ministerio indicaron que el Gobierno trabajó «con rigor y contrarreloj» para acabar con la anomalía que suponía la trasposición incorrecta de la directiva comunitaria.

«Era absolutamente urgente y, por ello, nada más constituirse el Ministerio para la Transición Ecológica se creó un grupo de trabajo entre la CNMC y el Ministerio para llevar a cabo la normativa plasmada en este Real Decreto Ley», añadieron. Así, el Ministerio considera que con esta normativa «se pone fin a esta situación realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones«.

Podemos reprocha a Ribera que no rebaje el precio de la luz al elaborar el Ministerio la orden de peajes

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya que incumplió en 2018 su compromiso de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la fijación de los peajes de acceso al sistema eléctrico, no haya propiciado una rebaja mayor del precio de la luz.

Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si se ha valorado introducir modificaciones para conseguir «una rebaja adicional» de los costes regulados del recibo de la luz y, si es así, por qué no lo ha hecho en la orden aprobada por Ribera el pasado diciembre.

Y es que, tal y como relata en su iniciativa, en esa orden se establecen los peajes de acceso para 2019 y en ella, contra el criterio de la CNMC, se hará pagar este año más de 650 millones de euros sin que el fin de los pagos por capacidad suponga «un cambio relevante en las cantidades que pagarán los clientes con su factura». Estos pagos, apunta Vendrell, «permanecen en valores similares a años anteriores». «A pesar de que la previsión de cobro por parte de las eléctricas no alcance los 200 millones, se hace pagar en la factura de la luz ese sobrecoste», subraya.

Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué se mantiene la previsión de sufragar los pagos de capacidad por un importe que, según estima, podría suponer un sobrecoste de más de 500 millones de euros. En este sentido, quiere saber si el Gobierno destinará este margen, en caso de que finalmente se consolide, al pago de indemnizaciones judiciales o acuerdos en litigios abiertos, como las condenas por los recortes en las primas a las renovables. En todo caso, Vendrell pregunta al Gobierno «si considera razonable que se haga pagar a los consumidores en la factura de la luz de forma encubierta sobrecostes que irán dirigidos a sufragar otros costes regulados».

El Gobierno ofrece mantener invariable hasta 2031 la retribución de las renovables instaladas antes de la reforma Soria de 2013

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Redacción / Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. El anteproyecto presentado plantea que la tasa de retribución que tenían reconocida hasta ahora las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada hasta el Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables, no pueda modificarse hasta 2031.

Sin embargo, para el período 2020-2025, el Gobierno sí que recortará la retribución de las redes y de las renovables post-reforma Soria. En este sentido, propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

De esta manera, el Gobierno avala la propuesta de tasas a estas actividades para el segundo periodo regulatorio que realizó el organismo regulador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables. Por su parte, las instalaciones anteriores al Real Decreto-ley 9/2013 tienen una tasa de retribución del 7,389%.

La principal novedad en la propuesta de la CNMC era la metodología seguida para establecer la tasa de rentabilidad, basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético.

Además, como se expone, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto presentado plantea que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidadtanto a nivel nacional como a nivel internacional, no pueda modificarse hasta 2031.

La tasa de retribución financiera se calcula tomando como referencia el rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años (bonos del Estado a 10 años) incrementándolo con un diferencial adecuado. Para determinar el diferencial que aparece en el anteproyecto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera solicitó un informe a la CNMC y ratifica sus conclusiones, realizando a su vez la mejor estimación posible del valor de las obligaciones a 10 años en tanto éstas quedan actualizadas, señala el Ministerio.

Estabilidad para instalaciones pre-reforma Soria

Por otra parte, con el objeto de fijar un marco retributivo estable a las instalaciones de renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 y «lanzar una señal positiva a los inversores para evitar el planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes», el anteproyecto propuesto por el Gobierno garantiza a sus titulares que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020, indicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

El decreto 9/2013, que supuso la modificación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, ha sido objeto de una importante litigiosidad tanto a nivel interno como a nivel internacional. 5 de los 7 laudos arbitrales de los que se han dictado hasta la fecha han sido parcialmente condenatorios y, en este momento, permanecen abiertos un total de 35 procedimientos de arbitraje internacional contra el Reino de España por valor de más de 8.000 millones de euros.

Las indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada en cualquier instancia, judicial o arbitral, se detraerán del importe correspondiente a la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido en el régimen ordinario. No obstante, los titulares podrán renunciar a este marco retributivo y acogerse al ordinario, sujeto a modificación cada 6 años, añadió el Ministerio. Una vez concluyan los trámites del anteproyecto, el texto volvería al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes como proyecto de ley.

“Restauraría los derechos del sector”

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la propuesta de mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031 supone «un primer paso hacia la restauración de los derechos del sector social fotovoltaico español”. En este sentido, Anpier valoró que el anteproyecto es «el inicio de la recuperación de un sector que ha sido duramente maltratado durante la última década».

«Un colectivo formado por 60.000 familias que, atendiendo un llamamiento del propio Estado español, destinaron sus ahorros y sus esfuerzos al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica y que, sin embargo, había sido sometido a recortes desmesurados que obligaron a la refinanciación para evitar quiebras familiares generalizadas», añadió. Así, Anpier consideró que «no hay transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, han logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya inevitable cambio climático».

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, subrayó que se ha dado «un primer paso en el camino de vuelta a la seguridad jurídica del sector renovable español, denostado en todo el mundo por el quebranto ocasionado tanto a los inversores nacionales como a los internacionales«. Sin embargo, recordó que habrá que «continuar avanzando hasta alcanzar una restauración justa y equilibrada», puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma, «dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida».