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Feijóo defiende ante Ribera una transición energética para Galicia «planificada y moderada» y no «abrupta” o que eleve los precios

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Europa Press.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que aunque desde su Ejecutivo se trabaja para cumplir con los objetivos de la transición energética, ésta se debe llevar a cabo de forma «planificada y moderada», y no de forma «abrupta» para lograr que no se incremente el precio de la energía.

Así se lo trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una reunión. Según explicó al término, Galicia es «una de las comunidades con mayor porcentaje de producción eléctrica vía renovables», con un nivel que alcanzará en breve el 20% del total. «Decimos que las transiciones se deben hacer de forma ordenada, moderada y planificada, y no de forma abrupta o improvisada; estamos de acuerdo con los objetivos», reiteró. Para Feijóo, el objetivo de esta moderación es evitar que suba el precio de la energía, precio que hace perder competitividad a la industria y que aumenta la factura mensual de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que le ha trasladado a Ribera su preocupación por el futuro de las empresas electrointensivas. «En Galicia hay 10 empresas que dan empleo a 5.000 personas y necesitamos un marco estable del precio de la energía para aquellas compañías», ha señalado, para luego matizar que el coste de la energía supone entre un 30% y un 40% del gasto. Por este motivo, ha recalcado que esas 10 empresas necesitan planificación y un precio para la energía que consumen, y señaló que estas empresas, incluido el caso de Alcoa «que está en situación crítica», necesitan concreción de precios para hacer viable el mantenimiento de su actividad.

«El precio de la energía debe ser competitivo como en el resto de países de Europa, que no haya deslocalización hacia otros países de Europa; debe haber estabilidad en las subastas», ha añadido. Sobre esto, Ribera ha trasladado a Feijóo que próximamente se celebrará la subasta de interrumpibilidad, a lo que el presidente gallego le ha mostrado su preocupación porque esa subasta tendrá menos bloques y «por lo tanto habrá menos energía a precio contenido» que en 2017. Asimismo, Feijóo señala que son necesarios mecanismos compensatorios vía ley de Presupuestos.

Por otro lado, Feijóo ha recalcado que las centrales térmicas de Meirama y As Pontes son fundamentales para que la comunidad siga siendo excendentaria energética, y ha añadido que «no pueden permitirse el lujo de desconectar esas centrales de respaldo». «En 2017 triplicaron su producción y actividad, no se pueden desconectar sin alternativa«, ha puntualizado, para luego señalar que desde el Ministerio les han trasladado que las declaraciones del secretario de Estado que ponía fecha a su cierre «fueron malinterpretadas».

Así, ha anunciado que no hay límite en 2020 y 2030 para el cierre, que Enel hace inversiones en As Pontes, y que ahora Naturgy debe hacer lo propio en Meirama para mantenerla operativa y que cumpla con las exigencias de emisiones. «Tenemos que conseguir que sigan trabajando en Galicia los años necesarios hasta que Alemania u otros países haga la desconexión de sus plantas de ciclos combinados», ha añadido.

Por otro lado, el presidente gallego ha señalado que dado que su región contiene el 40% de la madera que se corta en España anualmente, el papel de la biomasa como energía renovable es «estructural». Así, han pactado con el Ministerio que propondrán dos ubicaciones nuevas para dos plantas de biomasa que le trasladarán próximamente, y que se sumaran a la existente. Además, puntualizó que esas tres plantas «necesitarán primas porque producir biomasa es caro y está fuera del mercado».

«Es una energía estructural porque supone menos costes en la prevención y extinción de incendios, menos impacto ambiental y un impacto económico positivo, primero porque dejamos de gastar en extinción de incendios y segundo porque utilizamos una energía autóctona que es toda la biomasa que se genera en los bosques gallegos«, ha recordado. Además, durante la reunión han hablado de hacer una serie de inversiones en el Parque Natural Illas Atlánticas que permitan prescindir del diesel para dar luz a los vecinos de la zona y de los diferentes campings.

Las petroleras creen que prohibir los vehículos que no son eléctricos «socava la libertad y el progreso» del sector

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, ha lamentado que la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos «socava los principios de libertad y progreso» del sector. En este sentido, Aires consideró que esta medida, recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno, va en contra del «progreso y la neutralidad tecnológica» y, además, crea «incertidumbre» en el sector automovilístico.

En presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de la AOP defendió que el sector ha demostrado ser «valiente», como cuando en plena crisis invirtió 8.000 millones de euros en modernizar las refinerías en España, y aseguró que no «le asusta competir», ya que la gestión de riesgos «está en su ADN». No obstante, lamentó que la decisión de prohibir desde 2040 vehículos que no sean eléctricos puros «no es una medida sensata» y restringe «la libertad de desarrollo del sector», poniendo además en riesgo «la competitividad y el empleo».

Asimismo, subrayó que esta «incertidumbre» lleva a que se retrasen las decisiones de compras de vehículos por los consumidores, lo que «afecta a la modernización del parque automovilístico». Por ello, pidió que se permita que las distintas tecnologías «compitan» en igualdad de condiciones y solicitó medidas que incentiven la renovación del parque automovilístico, «sea de la tecnología sea», ya que ayudará a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Por otra parte, consideró que la obligación para las estaciones de servicio de instalar puntos de recarga, con sanciones que pueden llegar hasta los 30 millones de euros en el caso de no llevarse a cabo, «no parece respetar el principio de libertad«. ¿Quién va a pagar esas inversiones, que no se van a amortizar en su vida útil?. ¿Vamos a generar un nuevo déficit de tarifa como el de las primas renovables?, se cuestionó.

Mientras, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone «un golpe en la línea de flotación de la economía española». Así, el ejecutivo de Repsol pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica». «No hipotequemos al ciudadano», apuntó. Imaz consideró que si la gente tiene «incertidumbre» no decidirá comprar y cambiar de coche, por lo que el parque automovilístico seguirá siendo viejo y contaminante. «Estamos en un círculo perverso», añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, pidió hacer «el esfuerzo de pensar en medidas eficientes y no efectistas. «Medidas que no pretendan impresionar o llamar la atención», destacó. Además, Aires (BP) indicó que se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que se cuestionó «qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico».

Ribera invita al sector petrolero a «trabajar juntos» para establecer los horizontes 2040 y 2050 para avanzar hacia la descarbonización

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Europa Press.- Mientras la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea «consensuada» con todos los actores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha invitado al sector petrolero a colaborar en establecer las sendas a 2040 y 2050 para alcanzar los objetivos de descarbonización de manera eficiente.

En su intervención en la jornada de celebración del 25º aniversario de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Ribera propuso al sector «ponerse de acuerdo en dónde debemos estar en 2040 y 2050» y «trabajar juntos» para perfilar las sendas con el fin de «maximizar las oportunidades identificadas». La ministra, que confió en que los próximos 25 años del sector sean «de éxito, modernización y cambio», destacó la importancia del papel de la industria en la economía del país, donde es uno de los sectores «más complejos, pero también más acostumbrados a trabajar en escenarios volátiles y difíciles».

Así, alabó los esfuerzos «notabilísimos» hechos por el sector petrolero, pero consideró que «todavía hay que apurar el camino». «Es obvio que todavía hay margen de mejora», afirmó, subrayando que es posible mantener una apuesta por la reconversión del sector en el ámbito energético, «de tal forma que siga siendo un actor fundamental». Posteriormente, precisó que se podrán mantener los incentivos a los combustibles fósiles en sectores donde se necesitará el acompañamiento, como el agroganadero, el transporte pesado o marítimo. «No es descartable que tengamos que mantener ciertos apoyos y nos obligue a repensar limitar las subvenciones a los combustibles fósiles, teniendo presente ese componente social durante la transición«, indicó.

El objetivo es el consenso

Por su parte, Maroto subrayó que todavía «no hay nada aprobado» respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Hemos abierto un debate sobre las medidas a poner en marcha en materia de cambio climático y espero que cuando esa Ley se apruebe sea de manera consensuada con el sector, la sociedad civil y las fuerzas políticas«, indicó.

La titular de Industria defendió que las fechas que recoge el documento para la prohibición de la venta de coches de combustión e híbridos en 2040 «son las que se están abordando en otros países». «Ahora estamos hablando con el sector. Se nos ha criticado por no hacerlo antes y les he insistido que no lo habíamos hecho porque estábamos trabajando en un borrador de un documento que se ha filtrado y nos ha llevado a ponernos a trabajar con los sectores», añadió al respecto.

Maroto también anunció que el Gobierno está ultimando la agenda de la industria química y del refino, un documento que presentará el próximo 21 de enero. La ministra subrayó que es necesario «ponerse en movimiento ya» para que otros países «no nos pasen por hacerlo mejor». «El desafío es la transición hacia una economía descarbonizada y no lo vais a hacer en solitario», añadió. Además, consideró que los últimos datos del sector automovilístico son positivos, «a pesar del ruido generado por la Ley de Cambio Climático, por lo que destacó que «los impactos habrá que empezar a medirlos una vez que el borrador sea consensuado».

España aplicará las directrices de la OIT para no dejar atrás a los más afectados por la transición ecológica

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica y la Oficina Española de la Organización Internacional del Trabajo (Agencia especializada de la ONU), han acordado establecer un marco de colaboración como «socios estratégicos» para aplicar las directrices del organismo internacional en el proceso de la transición energética española con el objetivo de dar «preeminencia» a la transición justa, una cuestión que para la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es trascendental para «no dejar a nadie atrás«.

En el XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), el director de la oficina española de la OIT, Joaquín Nieto, anunció este compromiso alcanzado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de varias comunicaciones en las que han coincidido en que la transición ecológica, además de ser un «imperativo es una oportunidad» para el desarrollo del empleo.

Nieto destacó que la OIT estima que las medidas de transición ecológica a nivel mundial crearán de aquí a 2030 en torno a 24 millones de empleos, cuatro veces más de los que se perderán. Respecto a España, ha advertido de que, a falta de un estudio específico, es «de esperar resultados sin iguales o incluso más positivos», algo que en el caso de España, donde el desempleo es «un problema estructural, esto es esencial». Así, considera que para «muchos» territorios españoles que sufren elevado desempleo estructural, esta es una oportunidad «única y tal vez irrepetible», pero admite que, como toda transición tendrá impactos desiguales en unos y otros territorios.

Por ello, señala que para desarrollar «plenamente» todas las potencialidades de la transición energética y minimizar los efectos adversos, es «necesario» que la transición sea justa. En el marco de CONAMA se presentó un estudio que analiza las oportunidades de aplicación de las directrices de la OIT en la transición justa en España. Asimismo, insistió en que en el proceso se debe contar con el diálogo de todas las partes, organizaciones y sectores, para hacerla con «la máxima inclusión», pero sin ralentizar el proceso para lograr un marco de acuerdo de sociedad, político, con un marco regulatorio estable y un enfoque fiscal que de señales al mercado y al consumo.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado la trascendencia que tiene la transición ecológica en materia de equidad porque es necesario que el proceso se haga «no dejando a nadie atrás». «Las sociedades solidarias deben contribuir a avanzar en el cambio«, ha manifestado. En su intervención, advirtió de que no basta con tener un gran conocimiento en el problema de lo necesario para frenar el cambio climático sino que «hay que actuar».

En el proceso hacia la transición ecológica, se ha referido a los distintos aspectos fundamentales de este proceso que deben hacerse, en su opinión dentro de la búsqueda de consensos, del diálogo y favorecer la capacidad de avanzar de «forma unida, complementaria» porque los términos del debate público han cambiado y ya no basta con saber lo que se debe hacer, sino que es necesario hacerlo «razonablemente deprisa» y «juntos».

Ribera considera también que una economía moderna y equilibrada necesita que los sectores estratégicos, entre ellos los energéticos, entiendan que hay que hacer una transformación y que deben buscarse sinergias. «Desde el Gobierno estamos trabajando para ofrecer ese marco en el que quepamos todos e intentando identificar las mejores rutas compartidas por todos. Clima, energía, transición justa y el cumplimiento de las obligaciones que tenemos por delante, son algunos de los vectores fundamentales», ha concluido.

Los contenidos de CONAMA tuvieron como eje transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la adaptación ante el cambio climático, la Agenda Natural Urbana, la economía circular y la inclusión de la justicia social como elemento ineludible de la transición ecológica. El jefe de Unidad Adjunto para Energías Renovables de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Antonio López-Nicolás Baza, expuso las novedades del programa Clean energy for all europeans en la sala 2030-Clima y energía. También se prestará atención especial a la transición energética en el transporte.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, intervino en una sesión técnica Cambio climático y transición energética donde avanzó los planes del Gobierno en esta materia antes de ir a la COP24 de Katowice. Además, se habló de energías renovables con la sesión técnica Energías renovables: Valores sociales y ambientales para la descarbonización. CONAMA también se enfocó en el ámbito local en la sesión sobre ciudades en transición energética de la mano de Energy Cities. La movilidad urbana sostenible fue también un asunto abordado en CONAMA 2018, con más de una decena de sesiones en las que intervinieron gestores públicos de la administración central y local, empresas y entidades del tercer sector.

Ribera estudia que las cuencas asuman las instalaciones hidroeléctricas al acabar su concesión mientras Unidos Podemos pide su gestión pública

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que «no es descartable» que las cuencas hidrográficas puedan explotar «de forma transitoria al menos» instalaciones hidroeléctricas cuya concesión finaliza, asumiendo como «ingresos propios» los beneficios que puedan derivarse «sin que puedan cederse a un tercero«. Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida por el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, en el Pleno del Congreso.

Ribera ha destacado la extinción de estas concesiones como una «oportunidad» para replantear el papel que debe jugar en la transición energética la energía hidroeléctrica, que representa un 20% de la potencia instalada, y «moderar los precios de mercado». La ministra ha subrayado que deberá ser la Dirección General de Aguas, quién evalúe qué hacer con las instalaciones a medida que se van extinguiendo estas concesiones. Según ha explicado, deberá analizarse «en el marco comunitario» si estas instalaciones son financieramente viables, o incluso si deben ser demolidas en caso de que su mantenimiento sea contrario al interés público. Asimismo, Ribera ha señalado que podrían sacarse de nuevo a concurso instalaciones.

En estos pliegos, ha añadido, deberá incorporarse la retribución al organismo de cuenca por canon concesional, un plan de inversiones, una valoración del inmovilizado con su inventario y con la obligatoriedad de que la reversión sea «gratuita y libre de cargas», de forma que la Administración no deba asumir ningún coste en caso de aprovechar las instalaciones. En este sentido, la ministra cree que «la demanda social» de «revertir al interés público» los beneficios de las instalaciones hidroeléctricas «debe ser atendida«, una demanda que, ha asegurado, «encaja» con las premisas de las directivas comunitarias correspondientes.

El diputado Josep Vendrell (En Comú Podem) ha coincidido en la «oportunidad histórica» que se presenta con la caducidad de estas concesiones. A su juicio, han sido «un chollo» durante estos años al tratarse de centrales «hiperamortizadas». Por ello, ha reclamado al Gobierno que facilite la gestión de las mismas a través de sociedades públicas que exploten estas instalaciones y, aunque ha concedido que es «admisible» que puedan volver a producirse concursos, «no sin revertir beneficios» al sector público, y ha defendido que la reversión pueda llevarse a cabo a través de una titularidad pública.

Ha exigido un «debate a fondo» sobre esta cuestión, el establecimiento de auditorías sobre las concesiones, la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y el papel que han jugado estas instalaciones en los precios del sistema eléctrico. Y es que ha señalado que la producción de energía hidroeléctrica «es enormemente rentable«, pues al estar construidas en un anterior período regulatorio y estar ya amortizadas, gozan de una sobrerretribución que, ha recordado, el acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos, llamaba a acabar. Asimismo, ha recordado las denuncias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por casos de «manipulación de precios».

Las organizaciones ecologistas lamentan la falta de ambición y los objetivos “insuficientes” de la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras desde País Vasco piden al Gobierno «certidumbres» para la industria en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el anteproyecto de Ley servirá de impulso a la lucha contra el cambio climático y, aunque celebra buena parte de su contenido, lamenta que carece de ambición porque los objetivos planteados de reducción de gases de efecto invernadero son «insuficientes».

Así consta en un documento con comentarios preliminares que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el anteproyecto que se ha dado a conocer. Entre las principales carencias, las ONG opinan que es una «grave omisión» la ausencia de cierre para las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares y que la fecha para prohibir los vehículos de diésel, gasolina o GNC no debería ser 2040 sino 2025 y 2028 en el caso de los híbridos.

En cuanto a la inclusión de un objetivo 100% renovable para el sistema eléctrico, las 5 organizaciones señalan que el sistema energético debe ser totalmente 100% renovable, algo que es más beneficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico de manera aislada. En cuanto a transición justa, celebran su inclusión pero advierten de que conviene ampliar el concepto en cuanto a personas afectadas en la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio climático y que las alternativas de empleo se enfoquen en empleos sostenibles que ponen en el centro el medio ambiente y las personas.

Respecto a la fiscalidad verde, también ven positiva la intención de que la política fiscal incorpore elementos de incentiven una economía baja en carbono y resistente al clima y que incorpore los costes ambientales, pero creen que faltan referencias más claras en la materia. Por otro lado, critica que en los presupuestos de carbono que proponen haya una condicionalidad porque para ellos ese es un mecanismo básico de la ley para lograr un horizonte de 100% renovables. Así, señalan que en la ruta hacia la descarbonización de la economía es «imprescindible» el establecimiento de unos presupuestos de carbono decrecientes y de carácter anual en consonancia con las indicaciones del IPCC.

El Comité independiente anunciado es un elemento positivo para las ONG pero requieren más detalle sobre aspectos relacionados con su elección y lo vinculantes que sean sus recomendaciones. Entre los aspectos positivos, valoran que el borrador establezca la prohibición de realizar nuevas inversiones en combustibles fósiles y acelerar el calendario para la desinversión, así como la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y fracking aunque insisten en que esta prohibición tiene que extenderse a cualquier tecnología que tenga que ver con la geoingeniería o con las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.

Igualmente, celebran que los objetivos contemplados sean revisables y siempre al alza y que no se pueda disminuir su nivel de ambición, ya que los actuales son «insuficientes». Precisamente, sobre los objetivos, apoya los objetivos de reducción de emisiones respecto a 1990, pero aún así la apuesta por reducir un 20% respecto a esa fecha es «todavía insuficiente» para que España contribuya en la medida de su potencial a la necesaria reducción del conjunto de Europa y del mundo. «España debería reducir sus emisiones más que la media europea», señalan.

De hecho, proponen que alcanzar emisiones netas cero en 2040 en vez del 90% en 2050 que propone el borrador, así como aumentar significativamente la reducción de emisiones en 2030. Así, recuerdan que el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el Gobierno de Sánchez. En definitiva, las ONG han manifestado que el anteproyecto va en la dirección correcta, aunque carezca de la ambición suficiente para llegar más lejos rápidamente.

Para acelerar el proceso, ven necesario que se tramite el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que aún no ha salido a consulta pública, en paralelo al anteproyecto de ley. Finalmente, felicitan al Gobierno por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático, y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5ºC como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC.

Piden «certidumbres» para la industria

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha señalado tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se debe seguir trabajando en el borrador de la Ley de Cambio Climático para que, además de conseguir una reducción de emisiones de CO2, se logre dar «certidumbres» al sector productivo de manera que pueda realizar esa transición sin perder competitividad. La consejera vasca aseguró que el encuentro ha sido «muy cordial y muy positivo«, e indicó que, tras reunirse con anteriores titulares como José Manuel Soria o Álvaro Nadal, es «la primera vez» que encuentra una «actitud positiva y receptiva», compartiendo alguna de esas preocupaciones.

Tapia ha apuntado que se han tratado sobre todo dos puntos importantes en la reunión. El primero hace referencia a los costes energéticos para la industria. En este sentido, le ha trasladado a la ministra la necesidad de tener «una política energética que ayude a la competitividad del tejido productivo«. La consejera ha recalcado que sobre este punto han encontrado una actitud receptiva por lo que hay opciones de poder trabajar en esa vía, y ha añadido que el Gobierno ya trabaja en medidas concretas.

En este sentido, ha añadido que si se compara lo que paga la industria electrointensiva en País Vasco con lo que pagan en Alemania o Francia, la diferencia es de un 30% más. Según ha matizado, desde el Ministerio plantean que exista un estatuto europeo que abarque la forma de trabajar de las industrias electrointensivas, y mientras que no se haga a nivel europeo, «hay que hacerlo a nivel estatal».

El segundo tema que han tratado en la reunión ha sido el borrador de la Ley de Cambio Climático. Según ha indicado, la ministra le ha reconocido que desde el Ministerio deben dar certidumbre al sector productivo. Así, Ribera ha señalado que si bien es clave la reducción de CO2 y que se deben alcanzar los objetivos de la Cumbre de París, también es necesaria esa certidumbre y permitir que se pueda hacer una transición.

Para Tapia, se debe asegurar que siga existiendo un sector de la automoción «relevante» y que se permite realizar mejoras en redes eléctricas, trabajar en sistemas de recarga y en almacenamiento eléctrico. El borrador plantea el fin de la producción de vehículos de gasolina, diesel e híbridos para 2040. La consejera ha apostillado que hay aspectos de la ley que «hay que mejorar y otros que hay que aclarar«. «Tenemos que conseguir entre todos plantear los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo vamos a hacer esa transición», ha añadido, para luego incidir en que se queda «con la voluntad de trabajar y aportar para que la política energética sirva como factor de competitividad a la política industrial».

Ribera: España no puede estar en el «vagón de cola» hacia la descarbonización y ve 2040 como una fecha «razonable»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que España no puede ser el «vagón de cola» en el proceso hacia la descarbonización y subraya que 2040 le parece un «plazo razonable» para adaptarse al objetivo de prohibir en España la matriculación de vehículos con emisiones de CO2.

Ribera destacó la importancia de ir transformándose para liderar esas nuevas alternativas que están surgiendo en el campo de la movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente. «Creo que 20 años es un plazo razonable para gestionar dicha transformación», subrayó. Además, afirmó que su sensación es que los cambios se están produciendo muy rápidamente. «Lo peor que nos podemos encontrar es que nos pasa un tsunami por encima, tenemos que anticipar esa preparación por parte de la industria», indicó.

En este sentido, recordó que recientemente tanto representantes de su Ministerio como del de Industria, Comercio y Turismo se reunieron con las principales asociaciones del sector y señaló que dicha mesa de transformación «es fundamental» para asegurar el futuro. «Los que tenemos hoy coches podemos estar tranquilos, tenemos tiempo con coches mucho más eficientes, con motores de combustión y también híbridos», resaltó, al tiempo que indicó que, en la actualidad, el 65% de los coches que exportan se envía a países con normas que limitan la circulación de los motores de combustión en diferentes períodos.

En cuanto a la transformación de la estaciones de servicio hacia la movilidad eléctrica, Ribera indicó que estas instalaciones, por motivos de seguridad, están acostumbradas a cumplir con aspectos más complejos que su adaptación a electrolineras y destacó que hay empresas eléctricas y del sector petrolero que ya se están posicionando en relación con este cambio del modelo de negocio. La titular de la cartera de Transición Ecológica afirmó que hay que evitar que se produzcan «cuellos de botella» en la transformación porque no se cuente con infraestructuras preparadas para acoger esta evolución. «Esto requiere cambios en garajes y también en las vías públicas», señaló.

Por otro lado, afirmó que en todo proceso de cambio se producen desajustes en el marco regulatorio, puesto que fue ideado bajo otras circunstancias, y, respecto al modelo eléctrico, apuntó que la electricidad «tiene gran futuro», al ser el gran vector de desarrollo energético, aunque indicó que hay que llevar a cabo ajustes. Ribera reivindicó que están trabajando en algo que «estaba prácticamente sin hacer» y aseguró que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se tiene que presentar antes de finales de año.

Ningún país es tan ambicioso

Por otro lado, Ribera ha asegurado que «nadie» se ha marcado un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero «tan ambicioso» como la propuesta de ley de cambio climático española, que señala que habrá que rebajar el CO2 en 37 puntos en 11 años. Ribera ha defendido que se proponen reducir en 2050 un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa «reducir prácticamente» a cero las emisiones y la transformación «de todo», excepto algunas emisiones residuales de la agricultura que todavía se desconoce cómo gestionar. En definitiva, reivindica que la propuesta de ley «pone patas arriba el sistema eléctrico y parte de la movilidad».

Ribera asegura que la inversión en el almacén gasista Castor estaba avalada por técnicos y ella hubiera sido «irresponsable» oponiéndose

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que Castor fue una inversión avalada por 2 técnicos del Ministerio, por lo que hubiera resultado «irresponsable» por su parte oponerse al criterio técnico e, incluso, hubiera supuesto negarse a cumplir la legalidad. «Los técnicos tuvieron la cautela de introducir un sistema de seguimiento a tiempo real», explicó la ministra.

Según Ribera, este sistema funcionó, al haber alertado de los posibles riesgos que podían producirse y haber procedido a cesar el funcionamiento de la instalación. Por otro lado, Ribera ha cuestionado las «intensas» financiaciones públicas que se destinan a infraestructuras de gas, alegando que el futuro está en alternativas como las renovables y que las inversiones en fuentes de energía deben gestionarse «de otro modo».

Cataluña y el Tribunal Supremo

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha celebrado que el Tribunal Supremo haya sentenciado que los consumidores no tengan que pagar los costes de mantenimiento y operatividad de Castor correspondientes al 2015, según indicó la Consejería de Empresa y Conocimiento. El departamento ha explicado que el alto tribunal ha estimado un recurso presentado por Cataluña para evitar que los usuarios asumieran alrededor de 18 millones de euros de gasto generados por el almacén de gas, en referencia a los peajes y cánones de gas.

Ha indicado que la decisión del Supremo va en línea con la que tomó el Tribunal Constitucional en 2017, que también estimó un recurso de la Generalitat de Cataluña, y ha agregado que también ha impugnado las órdenes de peajes y cánones del gas que afectan a los gastos de 2016, 2017 y 2018 en la misma línea argumental que la de la sentencia actual.

Asturias y Extremadura piden “tiempo” y avanzar en la transición energética antes de cerrar las centrales térmicas y las nucleares

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que «no hay plazos puestos» para el cierre de las centrales nucleares en España, y considera que antes se debe «producir una transición ecológica» que permita «ir de lo que tenemos a lo que debemos tener«. Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, exigió «prudencia» a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación al cierre de centrales térmicas, exigiéndole además «tiempo».

En su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se interesó por la transición y la situación de Alcoa, Javier Fernández ha asegurado que en cuanto a la transición energética su posición sigue siendo «exactamente la misma», contraria a que no se lleve a cabo en un «tiempo acorde a las necesidades» de la industria asturiana y española.

Fernández señaló que, si bien su Gobierno no está en contra de «ninguna ética de futuro para salvar el planeta», también quieren que se salven «otras cosas», algo que solo se podría hacer «con tiempo». Respecto al anuncio realizado por el secretario de Energía, José Domínguez, de que el Gobierno prevé el cierre tanto de centrales térmicas como de nucleares antes de 2030, ha alertado de que «tendrá una incidencia en los precios absolutamente inasumible».

El portavoz de IU se ha mostrado «entre la preocupación y la alarma» ante los anuncios de la ministra Teresa Ribera y ha pedido al presidente que «aumente la presión» al ver que Ribera «no aumenta el diálogo». «Hay que responderle con las mismas armas», ha aseverado, para después subrayar que «cada vez que la ministra habla, una empresa anuncia su cierre«. En cuanto al otro asunto planteado por el portavoz parlamentario de IU, Javier Fernández ha pedido «prudencia» y «unidad» en cuanto a Alcoa.

El cierre de las nucleares

«Yo creo que eso es algo que no es planteable», replicó el presidente extremeño, que señaló que «el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040», tras lo que ha reafirmado que «no hay plazos puestos» para este cierre. En ese sentido, ha abogado por que «antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener», ya que a juicio del presidente extremeño, «no se pueden tomar decisiones» sobre las fuentes de energía actuales «mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos», señaló.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que «solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía», ha dicho. Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que «alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear», ya que «de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber», ha dicho.

Ante esta situación, «bien haríamos en no precipitar», ya que en la actualidad se está «saliendo de un camino», tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, tras lo que ha considerado que «esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría».

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que «la estrategia energética de este país no admite juegos», por lo que ha abogado por «abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos«, con el objetivo de «definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente».

Fundación Renovables critica «la falta de ambición» del Gobierno para reducir las emisiones mientras Ribera destaca al sector del automóvil

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la transformación del sector del automóvil hacia una industria libre de dióxido de carbono (CO2) se hará de acuerdo a una hoja de ruta que asegure que este siga contando con un peso «relevante» dentro del PIB español. Pero, mientras tanto, la Fundación Renovables ha lamentado «la falta de ambición» en los objetivos de reducción de emisiones al considerar que reducir un 20% las emisiones para 2030 es «insuficiente«.

La Fundación echa de menos una mayor ambición en los objetivos de las renovables, que está fijado en una contribución del 35% para 2030, algo que considera insuficiente, así como en la gestión de la demanda y en eficiencia y ahorro energético. Para la asociación, es imprescindible un recorte del 100% de las emisiones para 2050 respecto a las de 1990, en línea con el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que aconseja un escenario neto de cero emisiones para 2050, frente al recorte del 90% propuesto por el Ejecutivo.

La Fundación Renovables cree que esta falta de ambición es resultado «de las cautelas que emanan del conjunto del documento», como la no fijación de objetivos «ni concretos ni ambiciosos», ni de la reducción del volumen de tráfico y penetración del vehículo eléctrico, ni en autoconsumo ni en rehabilitación energética. En cuanto al objetivo para las renovables, la Fundación propone una penetración en el consumo final de energía de un 50% en 2030, frente al 35% que fija el borrador.

Además, para la Fundación Renovables, «llama la atención» que no se fijen objetivos para el autoconsumo ni en potencia ni en porcentajes de energía, así como que se realicen desarrollos pormenorizados fuera del ámbito del alcance de la futura ley, como pueden ser las redes cerradas, y que, en cambio, no se defiendan los derechos del consumidor y el acceso a los datos de su contador eléctrico en tiempo real.

Ribera: “peso relevante” del automóvil

Por su parte, Ribera ha declarado que su Ministerio, junto con el de Industria, tienen aún pendiente reunirse y dialogar con las patronales del automóvil. «Lo que tenemos es un documento de trabajo mediante el cual se están planteando diversas opciones», ha declarado. Por otro lado, la ministra no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Gobierno establezca multas de hasta 30 millones de euros para los propietarios de gasolineras que en 27 meses no presenten puntos de recarga para coches eléctricos. Esta medida ha sido recogida por el Ejecutivo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático.