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Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que España alcance su completa descarbonización en 2050

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100% de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que el paquete normativo es la «combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para «facilitar y orientar» la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

«Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el porvenir», ha subrayado Ribera. Así, defiende que este es un marco «ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible» que permitirá la creación y «reposicionamiento» de la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35%.

Por tanto, Ribera ha indicado que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar «una de cada tres toneladas de dióxido de carbono» y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en un 90% con respecto a 1990. Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megavatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están «debidamente» justificados por motivos de «interés social o económico» o por la «inexistencia de alternativas tecnológicas». Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil, que incluirá un calendario para revisar estas ayudas. La Administración General del Estado y los organismos o entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico. Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica (fracking). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá de 2042.

Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y los Presupuestos podrán destinar, hasta el 30% de estos, a medidas de transición justa.

En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de «casi nulo» que establece el Código Técnico de Edificación. Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores «motor» del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. El anteproyecto está sometido a información pública hasta el 22 de marzo.

AEE valora «positivamente» la «ambición»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora «positivamente» los planes climáticos del Gobierno por su «visibilidad a largo plazo» y su «ambición» en los objetivos medioambientales. La organización ve «necesario» que se aporten las herramientas regulatorias que permitan avanzar «de forma óptima», con un ritmo de crecimiento lineal de las tecnologías en los próximos años «que atraigan y aseguren las inversiones que se precisan para acometer la transición».

La AEE considera «coherente» el objetivo planteado de alcanzar una potencia instalada de 50.258 megavatios (MW) eólicos en 2030, frente a la actual potencia instalada de 23.484 MW, mientras avisa de que para cumplir con el objetivo de 50 gigavatios (GW) de aportación eólica al sistema en 2030 «es necesario instalar una media de 2.200 MW al año, lo que considera «factible«. Además, califica este hecho como una «oportunidad» para el sector, ya que «sabrá aprovechar y responder con éxito porque tiene la capacidad y tecnología que se requieren», además de una «enorme oportunidad» para el país desde el punto de vista de la competitividad, ambición ambiental, desarrollo industrial especializado, I+D+i, aportación a la economía española y creación de empleo.

La contaminación de los edificios

Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) lamenta que el Plan no incida en la contaminación que generan los edificios, que «causan hasta un 40% de la contaminación que se registra en las grandes ciudades«. Según ha recordado al Gobierno, la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera no se provocan solo por el crecimiento exponencial del tráfico rodado, sino que también influye «el elevado número de viviendas en las que se derrocha energía».

En España, según Andimac, más de la mitad de los inmuebles superan los 40 años de antigüedad y la mayoría de las edificaciones son «antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas». De hecho, según ha apuntado, los edificios españoles representan casi un tercio del consumo de energía total del país. El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha resaltado la importancia de “apostar por la descarbonización de los edificios e invertir en su rehabilitación energética».

El Gobierno estima que el recibo de la luz antes de impuestos bajará un 12% en el horizonte 2030

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Europa Press.- El Gobierno estima que el recibo de la luz bajará un 12% antes de impuestos en 2030 respecto al precio actual debido a las medidas para la descarbonización que se incluyen en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

En concreto, la previsión es que, a partir de 2030, el precio medio de la luz descienda por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías baratas y competitivas, lo que favorecerá a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que esta rebaja en el recibo de la luz sería mayor si se incluyera un paquete de fiscalidad en el que ya se está trabajando con el Ministerio de Hacienda. «Pero aún no hay medidas fiscales concretas», añadieron.

El Gobierno complementará el conjunto de medidas recogidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima con la Estrategia contra la Pobreza Energética, en fase de elaboración. En este sentido, las mismas fuentes señalaron que se está trabajando también en decidir «un nuevo bono social» energético, cuando actualmente existe el eléctrico y se creó el térmico en 2018, que podría ir en la línea de un bono «multicombustible y que sea lo más elástico posible«, en la línea del que existe en países de nuestro entorno como Portugal o Francia.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió que las inversiones, pese a ser inmediatas tras la aprobación del plan, tienen un cierto retraso hasta que se hacen visibles. Por ello, ha explicado que estas inversiones comenzarán a ser «claras» a partir del año 2025, fecha a partir de la cual el efecto exponencial de las inversiones supondrían una rebaja «aún más pronunciada». Además, esta hoja de ruta del Gobierno a 2030 hacia la descarbonización prevé unos efectos macroeconómicos que pasan por una movilización de unos 236.000 millones de euros en la próxima década.

El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante, unos 47.000 millones, serán inversiones de las distintas administraciones públicas, que actuarán como palanca de la financiación privada y que se centrarán, fundamentalmente, en ayudas de ahorro y de eficiencia energética. Asimismo, la menor importación de combustibles fósiles, especialmente petróleo y carbón, y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% en 2017 al 59% en 2030, lo que mejorará la seguridad energética nacional y la balanza comercial.

En concreto, la reducción de las importaciones se cuantifica en 75.379 millones de euros en la próxima década respecto al escenario tendencial, es decir, sin las medidas que plantea el plan. Como resultado de las inversiones previstas, el ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB aumentará entre 19.300 y 25.100 millones de euros al año entre 2021 y 2030, en torno a un 1,8% en 2030.

En lo que respecta al empleo, se generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos puestos de trabajo netos anuales, un aumento del 1,7% en 2030, según ha detallado Ribera. Las inversiones en renovables serán el principal motor de generación de empleo: entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos netos anuales. Le siguen las acciones vinculadas al ahorro y la eficiencia energética, especialmente rehabilitación, que generarán entre 42.000 y 80.000 nuevos empleos anuales.

“Un paso adelante» para Aelec

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, considera que el Plan de Energía y Clima «supone un paso adelante en la transición energética» del país. Las principales compañías valoran «positivamente» la apuesta por la electrificación que suponen estas medidas como vía para alcanzar la descarbonización de la economía y la sociedad, avanzando así «en la dirección marcada desde la Unión Europea y establecida en los acuerdos de París».

Aelec destaca que este paquete «pone en valor la importancia de la energía eléctrica» ya que incrementa el peso de las energías renovables en el mix energético español, apostando por el desarrollo de la movilidad eléctrica y por la innovación tecnológica para seguir avanzando en los usos de la electricidad. Finalmente, esta asociación considera que estas medidas «deben servir para sentar las bases de un marco normativo estable, que ofrezca una rentabilidad razonable, y así dar señales claras que hagan posible las cuantiosas inversiones que habrán de acometerse para llevar a cabo la transición energética».

El PP ve en el plan climático de Ribera un futuro con más paro, menos crecimiento y energía más cara

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán 0 emisiones, aunque el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones, el PP entiende que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio supone «un paso claro a la ralentización económica, a la futura generación de desempleo y, sin lugar a dudas, a un incremento de la factura eléctrica».

Así lo auguró el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, quien denuncia la ausencia de «negociación» para un plan «que afecta a más de una legislatura y, probablemente, a más de una generación». El dirigente popular cree que el Gobierno es «víctima de la politización de las tecnologías» y que, por ello, plantea «la desaparición» de una energía libre de emisiones, como la nuclear, lo que, a su juicio, «contraviene» lo defendido por la Unión Europea o la Agencia Internacional de la Energía, que «abogan por su mantenimiento como energía de respaldo«.

Asimismo, ha criticado que Ribera anticipe un abaratamiento de la energía y un fortalecimiento de la industria, cuando el Gobierno «ha colaborado activamente a la salida de Alcoa y que ha propiciado un ERE en Ferroatlántica«. «Hemos escuchado ensoñaciones y cantos de sirena. Tenemos una ministra que practica una suerte de realismo mágico, que obvia y olvida los números, las cifras y las propuestas creíbles. Nos encontramos humo», señaló, acusando a Ribera de «lanzar soflamas o propaganda electoral para conseguir votos» en las próximas elecciones.

«Un ejemplo más es lo que ocurre con el diésel. Siguen sin responder qué piensan hacer en 2040, si es cierto que deben de circular los coches diésel o de gasolina, o no. Ha cambiado de opinión ya dos veces«, indicó, subrayando que el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, «la obligó a rectificar porque en Europa está prohibido prohibir tecnologías».

Ribera evita la palabra “prohibir”

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos y destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que «no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro». Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

«En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición», ha afirmado Ribera, que reivindicó que el borrador del PNIEC 2021-2030 recoge «palabra por palabra» lo que Arias Cañete propuso al Colegio de Comisarios. «Debemos garantizar que los vehículos ligeros sean 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2040. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presenta atención a la movilidad y creo que es importante acompañar a este proceso de transformación», ha defendido la titular para la Transición Ecológica.

Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Ejecutivo pretende renovar «paulatinamente» el parque automovilístico con modelos de menores emisiones para «culminar» en 2050 con vehículos sin emisiones de CO2, así como definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático. El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del PNIEC, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

El gas reclama su papel

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha destacado que el gas «es una energía de presente y futuro» que ayuda a conseguir las metas fijadas por el Gobierno en su PNIEC. Sedigas reclama así que el gas renovable «debe tener un papel prominente» en la matriz energética, ya que supone un sumidero de dióxido de carbono (CO2) que sirve para restar emisiones. Por ello, Sedigas valora «positivamente» la inclusión del gas renovable en el plan, por suponer una solución «realista y técnicamente viable» para lograr una mayor eficiencia energética en la edificación.

Por otra parte, el sector gasista sí echa en falta «un gran impulso sobre la movilidad a gas», al considerar que con el gas natural vehicular se pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 80% y casi la totalidad de las partículas sólidas y el azufre, además de disminuir los gases de efecto invernadero en un 20%.

Endesa ve bien que el Gobierno contemple como mínimo 3 GW de energía nuclear operativos más allá del 2030

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Europa Press.- Endesa afirma que, en principio, le «suena bien» el Paquete de Energía y Clima anunciado por el Gobierno. Fuentes de la compañía indicaron que el programa de descarbonización de la economía española «está en el ADN» del plan estratégico presentado por Endesa, en el que prevé elevar sus inversiones hasta los 5.500 millones de euros, aumentando así su gasto de capital neto (capex) entre los años 2019 y 2021 un 10% respecto a su anterior plan.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de energía nuclear y un cierre ordenado de estas plantas. El plan del Gobierno pasa por ir cerrando las plantas nucleares, los 7 reactores actualmente existentes, que suman más de 7 gigavatios (GW), por orden de antigüedad. De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo.

Endesa ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La compañía controlada por Enel defiende alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, al considerar que no hay otra alternativa y garantizar la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda a reducir las emisiones.

En el caso del carbón, el plan estima una horquilla de su presencia en el mix eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030. No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón, de las que a partir de 2020 quedarán 5 (Litoral, As Pontes (Endesa), Los Barrios (Viesgo), Soto de Ribera y Aboño (EDP), de las 14 existentes, alarguen su vida en el mix más allá de ese horizonte ya que irán cerrando «de una manera natural» al no ser competitivas por razones de mercado.

La hoja de ruta también apuesta por el impulso de las energías renovables en la próxima década como uno de sus principales vectores. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW termosolares, y los 3 GW de nuclear. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que estos objetivos, pese a ser «ambiciosos», son «plenamente factibles» y se encuentran en línea con los compromisos adquiridos en 2015. Según Ribera, este impulso a las renovables supondrá una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones respecto a 1990 (España está 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia). Asimismo, se prevé alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, un objetivo 10 puntos porcentuales más ambicioso que el 32% de la Unión Europea, mientras el porcentaje de renovables en el mix eléctrico de 2030 será del 74%. También supondrá un aumento de casi el 39% de la eficiencia energética.

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidos en 2017 a 226 millones de toneladas de CO2 en 2030, por lo que al término de la década dejará de emitirse una de cada tres toneladas. En el caso de los denominados sectores difusos (residencia, transporte, agricultura, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en un 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será la que más reduzca su nivel de emisiones, con 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 millones de toneladas entre 2021 y 2030. La ministra considera que la materialización de esta propuesta «permitirá a España alcanzar los objetivos comprometidos» con la Unión Europea, ya que se trata de un borrador «sólido, solvente y denso», cuya tramitación supone «la reforma estructural más importante para el país en las próximas décadas».

Por otro lado, Ribera confía en que el Marco Estratégico de Energía y Clima contará en su tramitación legislativa con un «respaldo mayoritario» del Parlamento «esté quien esté» así como de los ciudadanos porque, a pesar de la disolución de las cámaras, «no es un brindis al sol». Así, en el caso particular de España, no encuentra «ningún motivo» por el que se deba retrasar el debate cuando hay propuestas «detalladas, congruentes, solventes» y se priven de ese debate público.

El Marco Estratégico de Energía y Clima se encuentra ahora en consulta pública, hasta el 22 de marzo, de modo que será el próximo Ejecutivo, elegido tras las elecciones del 28 de abril, a quien le corresponderá su tramitación. Fuentes del Gobierno han precisado que la voluntad de Ribera ha sido dejar todo preparado como base para el próximo Gobierno.

«Este es un tema capital para los ciudadanos europeos», ha apostillado la ministra, que define la agenda de cambio climático como «modernizadora, llena de oportunidades y compleja» porque requiere deshacer aquellas cuestiones del modelo de desarrollo que generaban externalidades negativas y que no se quieren mantener. Por eso, explica que «tomarse en serio» esta propuesta no puede ser solamente puntual, sino sectorial, y expone una iniciativa «seria, bien trabajada» y que identifica “las medidas que pueden acompañar a este cambio».

A nivel global, la ministra cree que esta es «probablemente la única agenda» que se ha movido en Europa «sin ningún tipo de marcha atrás» y del mismo modo se está moviendo en las sociedades, los estudiantes y los jóvenes. «Esto no tiene vuelta atrás», ha sentenciado. Asimismo, ha garantizado que el paquete aprobado es un borrador «muy sólido» que incluye más de mil variables contrastadas y que permitirá iniciar una tramitación «muy importante» en España, por lo que ve «fundamental» el debate público después de que haya estado «silenciado».

Ahora la ministra cree que es «capital» que participen todos los actores en el debate y discusión de la redacción definitiva de esta senda que es la más coste-eficiente. Para ello, ha indicado que la debatirá y explicará «con tranquilidad» a todos los diputados, consejeros de comunidades autónomas, con los que ya ha empezado a fijar citas, y que se celebrarán distintos foros para «mejorar y enriquecer» la propuesta que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de España pero aprovechar para el país las oportunidades que este proceso tiene.

Sánchez certifica el 2040 como fecha límite para la venta de coches que emitan CO2 mientras Ribera reivindica su trabajo

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pide mantener el debate sobre su propuesta para la transición ecológica tras las elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos), ya que el objetivo será llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros descarbonizado.

En la presentación del paquete de medidas de energía y clima, con el que el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar España «como líder en las energías y tecnologías limpias» que dominarán la próxima década, Sánchez afirmó que no se está «proponiendo nada caprichoso, sino necesario». El presidente del Gobierno aseguró que este objetivo de un parque de vehículos sin emisiones constituye «una enorme oportunidad» para la industria automovilística, que debe «liderar este cambio». «Es una industria importantísima para nuestro país», subrayó.

Así, afirmó que es necesario «adoptar un marco claro» para que sea la industria del automóvil en España, «la que está ubicada en nuestro país y nuestros trabajadores, la que se beneficie de esta ola de cambio». Desde que se conoció el borrador de anteproyecto de la Ley, en el que venía ya recogida esa fecha límite de 2040, tanto el sector del automóvil como las petroleras han rechazado esa prohibición al considerarla «excesiva» y que «socavaba los principios de libertad y progreso». Asimismo, el sector petrolero demanda que se respete la neutralidad tecnológica para abordar la transición energética, ya que el vehículo eléctrico no es una «solución única» para alcanzar los objetivos de descarbonización.

La ministra reivindica su propuesta

Por su parte, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha cuestionado la tardanza del Ejecutivo en presentar una norma de Cambio Climático que había prometido para antes del pasado mes de agosto. En su intervención, López de Uralde se ha cuestionado el por qué el Gobierno presenta este marco ahora, ya en campaña electoral, cuando «ha tenido 8 meses» para trabajar en el texto. El diputado preguntó, entonces, por posibles «presiones» de algunos sectores que hayan frenado que se aprobara esta nueva norma.

«No hay pactos ocultos, no hay manos negras», aseguró la ministra, quien ha indicado que su trabajo ha sido «serio» y, por tanto, ha incluido la transformación y la petición de cambios en otros departamentos como los de Energía, Agricultura o Educación, necesarios para «transformar el conjunto de la economía» del país. Según ha apuntado, este trabajo llega en la fecha «prevista» y pidió que su debate «se mantenga» para poder trabajar en el Congreso con el resto de grupos y se pueda «enriquecer». Así, ha llamado también a que este Plan del Ejecutivo socialista sea tenido en cuenta por el «siguiente Gobierno» y que éste cuente «siga con la secuencia» dejada por su Ministerio.

«El debate está lanzado la sociedad y la sociedad lo entiende. Y este paquete protagonizará el debate público que está por venir en los próximos meses», ha indicado, para señalar que este texto se llevará a la Cámara para su debate «en cuanto quede constituida a partir de las elecciones de abril». Durante su intervención, ha adelantado algunos puntos que han marcado la propuesta para la transformación ecológica y económica de España, como que se espera una creación anual de empleo de más de 200.000 personas, especialmente en sectores de la industria y la construcción, y ha asegurado que «reducirá los riesgos» de carácter ambiental.

«Es imposible pensar en cómo transformar económicamente el país si no contamos con un plan sólido y flexible para integrar las ventajas en el proceso», ha indicado, para añadir que «este es el propósito de la esta estrategia». También ha destacado que se ha contado con todos los marcos posibles, en cuanto a la implicación de las diferentes administraciones en políticas relacionadas con el cambio climático. Esta, según la ministra, también ha sido uno de los motivos que ha retrasado la presentación de esta iniciativa.

López de Uralde ha urgido un nuevo modelo energético «ambicioso» y ha reprochado a la ministra que no haya habido diálogo con los grupos sobre el calendario de cierre de centrales. En este sentido, ha acusado a la ministra de realizar un diálogo monodireccional con las eléctricas. El diputado de Equo también ha cuestionado a Ribera sobre el decreto ley del Gobierno que facilita el autoconsumo y le ha pedido que se apruebe en Consejo de Ministros. «Honestidad y claridad», exigió a la ministra, antes de recordar que tienen la «obligación» de dejar un planeta mejor a las nuevas generaciones.

El PDeCAT pide a Ribera que prorrogue con otro decreto la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica

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Europa Press.- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reclamado al Gobierno que prorrogue con un nuevo decreto ley la suspensión del impuesto a la generación de electricidad, ya que esta exención se aprobó para 6 meses y este plazo termina en abril. Así, Campuzano ha señalado que, de lo contrario, será una «mala noticia para familias y empresas», ya que las compañías repercuten este coste, un 7% de la electricidad generada, en el recibo que paga el consumidor.

El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón en España están en bancarrota, según Ribera

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Europa Press.- El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón se encontraban en situación de bancarrota o suspensión de pagos en mayo del pasado año, por lo que no podían devolver las ayudas antes de diciembre para evitar su cierre con arreglo a la normativa europea. Así lo expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aludiendo a que el Gobierno socialista tuvo que asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias ante un vacío de «anticipación» por el anterior Ejecutivo.

Algo parecido ocurría con las centrales térmicas que, según Ribera, tampoco habían acometido las «importantes inversiones» necesarias para seguir llevando a cabo su negocio después de 2030, por lo que se enfrentaron a un problema que «les estalló en la cara». Por ello, en una respuesta al senador del PP, Alfonso Jesús Rodríguez, la ministra ha afirmado alejarse de la «demagogia» y ser «honesta» con los trabajadores, a los que «no va a dejar abandonados», algo que sí habría ocurrido con el cierre de las minas que tenía preparado el anterior Ejecutivo, según denunció Ribera.

Rodríguez ha criticado que España haya importado energía desde una central térmica de Marruecos, mientras que el Gobierno procede a cerrar las minas y las centrales en su propio país, calificando los 8 meses de Ribera al frente del Ministerio de «despropósito«. «Su transición no es ni transición ni justa», ridiculizó Rodríguez, al mismo tiempo que criticó las políticas llevadas a cabo por el Gobierno como «rápidas, express y sorpresivas». Sobre esta importación de energía procedente de Marruecos, Ribera ha señalado que obedece a la oferta y la demanda y que se vale de una interconexión entre dos continentes que lleva en funcionamiento desde 2006.

Ribera defiende la neutralidad tecnológica, pero advierte que eso no significa «que valga todo» en el camino hacia la descarbonización

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende que en el proceso de transición energética hacia la descarbonización debe haber neutralidad tecnológica aunque advierte de que eso no debe significar «que valga todo» y que se deba permitir «hacer trampas en el solitario«. Ribera, tras señalar que la transición energética debe hacerse «con honestidad», afirmó que es «fundamental» estar abiertos» a la innovación, por lo que consideró que sí es necesaria la neutralidad tecnológica.

No obstante, aseguró que debe siempre primar el objetivo principal, que es la descarbonización, por lo que hay que tener claro que hay una obligación de llegar a unos resultados en materia de emisiones de CO2 de «cero». Ribera confirmó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recoge «las oportunidades de inversión, de empleo y de mejora de la balanza comercial» que representa esta transición energética, integrando los elementos «que nos hagan más fácil la toma de decisiones».

«El objetivo último es facilitar y demostrar que aquello que ponemos sobre la mesa es congruente con el objetivo marcado a 2050», afirmó, añadiendo que el texto, que es «complejo y sólido», suscitará «interés y debate», aunque pidió no caer en «la demagogia, el paternalismo y la política de avestruz». Así, afirmó que no es posible resolver «una ecuación tan compleja» como la de la hoja de ruta hacia la descarbonización «con una hoja Excel» y aseguró que el Gobierno propondrá «la senda más coste-eficiente«.

Ribera indicó que el paquete de energía y clima del Gobierno socialista es la base de una propuesta «congruente» para alcanzar ese objetivo de la descarbonización que es una obligación «aceptada y ratificada por unanimidad por el Parlamento». De todas maneras, la ministra se mostró flexible y subrayó que en esa transición energética «no hay nada escrito en piedra» y añadió que por el camino deberán «aprender todos». Por otra parte, la ministra valoró el papel que deben jugar las energías renovables en esta transición energética y destacó que, muestra de ello, es que las inversiones de este sector en España se han multiplicado por 7 en 2018, hasta alcanzar los 6.600 millones de euros.

El Club Español de la Energía (Enerclub), celebró sus XXIX Premios de la Energía, en los que fueron premiados los periodistas José María Camarero (Colpisa), Carmen Monforte (Cinco Días), Miguel Ángel Patiño (Expansión), Juan Cruz Peña (El Confidencial) , Laura Ojea (El Periódico de la Energía) y Stephen Dunne (ReNews). Además, se reconoció la trayectoria profesional de Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y actual consejera de Red Eléctrica (REE).

El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.

Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».