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Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

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Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

El Gobierno niega que “vaya a cerrar» ninguna central térmica, sino que dependerá de las empresas, mientras impulsa la Ciuden

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Europa Press.- El Gobierno de España quiere convertir la Fundación de la Ciudad de la Energía (Ciuden) en el elemento «impulsor» y «dinamizador» de todo el proceso de transición ecológica y energética en la comarca de El Bierzo (León). Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no va a cerrar» ninguna central térmica, sino que dependerá de en qué medida las empresas que gestionan estas centrales garantizan la seguridad del suministro, según la normativa europea.

Así lo ha afirmado la ministra en el Senado, tras una pregunta del senador del PP, Miguel Ángel Ramis, quien ha acusado al Ejecutivo de hacer «postureo ecológico», de igual forma que se ha hecho con la «batalla» a los automóviles diésel. Sin embargo, Ribera contraatacó al senador popular con el mismo calificativo de «postureo ecológico», aludiendo a que el antiguo Gobierno firmó todas las obligaciones ecológicas que impuso la Comisión Europea y que, sin embargo, cuando el nuevo Ejecutivo llegó a la Moncloa «no se encontró con nada hecho«.

Según ha explicado la ministra, los plazos para lograr los objetivos ambientales por parte de las centrales térmicas estaban fijados desde el año 2010 y no se tuvieron en consideración, por lo que ha considerado que la firma de las obligaciones «se debía corresponder con ese postureo ecológico». Así, Ribera ha afirmado que «no piensa cerrar nada», ya que solo dependerá de si las empresas que gestionan estas plantas descartan invertir para reducir las emisiones de estas centrales y sus cierres son compatibles con la seguridad del suministro. De lo contrario, tal y como ordena la Comisión Europea, tendrían que cerrarse antes del año 2020.

En su pregunta, Ramis ha indicado que el principal objetivo es «garantizar el suministro a todos los ciudadanos del país». «Lo que importa no es qué centrales se vayan a cerrar sino cómo se va a sustituir el aporte energético de estas centrales». «Parece que pretenden teñirse de verde y hacer postureo político, como la batalla a los automóviles diesel para apoyar el vehículo eléctrico; pero esto también tiene que tener fuentes eléctricas, ¿todas deben de ser ecológicas?. No es posible», ha sentenciado el senador, al mismo tiempo que ha tildado de «revanchistas, vacuas e inútiles» las medidas del Gobierno.

Transición energética en El Bierzo

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, presentó en Ponferrada el nuevo proyecto que el Gobierno quiere llevar a cabo con la Ciuden, cuya reactivación pretenden que permita hacer una transición «justa y equilibrada» y «tener futuro a las personas de esta comarca que participan en él». Una de las primeras medidas tomadas fue el nombramiento como director general de la Ciuden al profesor de Botánica de la Universidad de León, Arsenio Terrón, «una persona que conoce bien el territorio», según el secretario de Estado.

Domínguez Abascal también ha anunciado la creación de un comité de asesoramiento estratégico en el que haya representantes de instituciones políticas, sociales y académicas que «tienen que trabajar en la evaluación de planes de acción de futuro y como dinamizadores de propuestas”. El secretario de Estado ha reiterado que el primer objetivo «es convertir a la Ciuden en un elemento fundamental para promover el desarrollo económico y social de las comarcas mineras como generador de empleo», donde el I+D, para lo que fue creado en su día, seguirá su desarrollo, pero en un segundo plano.

Por otro lado, Domínguez Abascal apuntó que el segundo de los objetivos será el de «fortalecer» el tejido empresarial dentro de las comarcas mineras y apoyar iniciativas que vayan encaminadas a ese desarrollo económico y social. Para ello, la Ciuden contará además con el apoyo de Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (Idea) para llevar a cabo actividades formativas y de restauración ambiental.

El Gobierno aprobará próximamente ayudas a vehículos alternativos mientras el Congreso acuerda una hoja de ruta para renovar el transporte

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Europa Press.- Después de que el Congreso haya acordado una hoja de ruta dirigida a la renovación del transporte privado y de mercancías, tanto terrestre como marítimo, de cara a la transición ecológica, con objetivos a 2030, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno aprobará de manera «inminente» un nuevo plan de incentivos a la compra de vehículos alternativos, con hasta 15.000 euros para vehículos pesados.

En la actualidad, los Presupuestos 2018, aprobados por el PP, recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. Ribera ha destacado también en el Senado la necesidad de que se adopten en España políticas de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero más eficaces en el sector transportes, que supone el 25% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2).

«Actuar sobre este sector es prioritario. Para cumplir con los objetivos de descarbonización hay que tomar medidas de mitigación«, respondió Ribera en el Senado a la interpelación del senador del PNV, José María Cazalis, sobre medidas para avanzar en la reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos de transporte e industriales. La titular para la Transición Ecológica ha considerado fundamental el que se promueva el uso de combustibles alternativos, incluyendo en su caso la electrificación parcial y siempre y cuando el origen de la electricidad sea de bajas emisiones.

Ribera también ha hablado del hidrógeno como una posible solución a futuro para reducir las emisiones del sector transporte por carretera y ha subrayado la necesidad de que se impulsen medidas para el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, empezando por la propia Administración central. No obstante, Ribera ha reconocido que sustituir los motores diésel por otros alternativos en camiones es más «difícil».

Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), los camiones transportan 14.000 millones de toneladas de mercancías al año. «El Parlamento Europeo impulsó reducir las emisiones en este tipo de vehículos y ahora los Estados miembro tenemos que acelerar los acuerdos. Hay que pedir a los fabricantes y acompañarlos en este proceso de reconversión», apuntó Ribera, que recordó que los vehículos pesados emitieron aproximadamente 23 millones de toneladas de CO2 equivalente en España en 2016; las furgonetas alrededor de 4 millones, y entre ambos coparon el 30% de emisiones totales del transporte por carretera.

«En España, la senda de emisiones efecto invernadero ha aumentado muy notablemente, sobre todo las del transporte, y deben quedar eliminadas antes de 2050 para cumplir los objetivos de descarbonización de Europa», ha resaltado. Los niveles de reducción de emisiones propuestos por la Comisión Europea en mayo, del 15% en 2025 y del 30% en 2030, establecen un camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.

Hoja de ruta del transporte

Por otro lado, la iniciativa presentada por el PSOE en la Comisión de Transición Ecológica fue pactada finalmente con el PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís, que ha salido adelante por unanimidad en la comisión.Concretamente, el Congreso reclama el desarrollo «de forma especial y urgente» de un plan de ayudas dirigido a automóviles y furgonetas más antiguos que considere el nivel de renta, y acordar con comunidades autónomas, sindicatos y patronal «una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares».

Asimismo, pide incentivos para fomentar una infraestructura de recarga de acceso público, mecanismos para que la Administración Pública «asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches eléctricos», un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico en centros urbanos y campañas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.Por otro lado, pide facilitar proyectos de I+D+i en desarrollo de baterías eléctricas y de su reciclaje y fijar unos estándares comunes para los puntos de recarga, que incluya elementos como el tipo de enchufe o la forma de pago.

La hoja de ruta para la transición ecológica en el transporte también propone otras medidas dirigidas a la descarbonización del transporte terrestre de mercancías, y reclama la planificación de las infraestructuras ferroviarias y un plan de implantación del camión ligero eléctrico.En este sentido, pide desarrollar un sistema de incentivos a la adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de recarga asociada, y también facilitar proyectos de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías «que permitan descarbonizar completamente el transporte».

Por otro lado, pide también la adopción de medidas en los puertos españoles, donde pide garantizar la energía eléctrica de los buques, pero también facilitar la transformación del transporte de mercancías marítima al gas natural licuado.Así, pide planificar las inversiones para instalar en los puertos, priorizando aquellos localizados en grandes rutas internacionales, sistemas de suministro de gas natural licuado a buques, e incentivar a través de exenciones fiscales o ayudas directas, las inversiones de los armadores para la adaptación de los buques al GNL.

Respecto al suministro eléctrico, el Congreso ha acordado posibilitar que las autoridades portuarias puedan distribuir energía eléctrica a los concesionarios, incluso a través de redes de distribución de energía eléctrica cerrada, y que estos puedan dar suministro a buques atracados. Asimismo, las empresas distribuidoras podrían ser titulares de último recurso de la infraestructura necesaria para el suministro a buques en atranque, una vez que se haya celebrado un concurso y no haya pujado por esta titularidad nadie. En este sentido, pide que las tasas devengadas por la ocupación privativa de la zona portuaria por parte de las empresas de distribución sean consideradas como costes retribuibles.

El Congreso también pide un peaje específico para el suministro eléctrico de los buques, estudiar medidas para facilitar su adaptación al consumo eléctrico, como reducir el impuesto especial de electricidad o incentivos fiscales a la inversión, planificar las inversiones en infraestructura y un calendario para su instalación. Asimismo, pide que esta reforma esté «guiada por el principio de que quien contamina paga» y sea «neutral a la recaudación», incluir a los puertos de interés general en las zonas de distribución eléctrica y reordenar y «simplificar con criterios de eficacia y eficiencia la elevada proliferación de normas y tributos ambientales entre comunidades autónomas y Administración central».

ERC solicita a Teresa Ribera que explique en el Congreso los acuerdos conseguidos en la Cumbre del Clima COP24

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Europa Press. – Esquerra Republicana (ERC) ha solicitado en el Congreso la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la comisión del ramo para informar de los acuerdos conseguidos en la Cumbre del Clima (COP24) celebrada a lo largo del pasado mes de diciembre en Katowice (Polonia).

La formación de izquierdas no tiene «demasiada buena impresión» de lo ocurrido en este encuentro internacional, según explica el diputado Joan Capdevila, quien ha formado parte de la delegación del Congreso que ha viajado a la ciudad polaca.

Para el diputado Capdevila, la cumbre ha finalizado con acuerdos que «no van más allá de ratificar los acuerdos» de París (COP21) y continuar avanzando «casi de inercia» en los objetivos de reducción de emisiones contaminantes, sin nuevas exigencias, a pesar de la gravedad del momento actual.

 

Más implicación y compromiso global

Según Capdevila, ¨la situación climática requiere un compromiso global de mucha más implicación de la que sale de Katowice, como siempre manteniendo la tónica de un acuerdo de mínimos ‘in extremis» para evitar la palabra fracaso».

Para el diputado, la situación climática en el mundo es «de emergencia», y no parece que haya interés en entenderlo así. «Es como si en pleno incendio de un edificio se convocara reunión de la junta de vecinos y algunos ni asistieran», finalizó Capdevila.

Ribera reconoce que la cumbre del clima COP24 no logró incorporar objetivos «más ambiciosos» para cumplir el Acuerdo de París

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido que el paquete reglamentario para la aplicación concreta del Acuerdo de París contra el cambio climático acordado en la cumbre de Katowice (Polonia) no ha logrado incorporar objetivos «más ambiciosos».

Ribera ha reconocido que «no ha sido posible» avanzar en los mecanismos de los mercados de carbono sobre la base de un sistema común de Naciones Unidas además de que ahora no se han incorporado metas «más ambiciosas». No obstante, la ministra subrayó que el mensaje político es «muy positivo«, ya que supone la voluntad de seguir trabajando «de manera cooperativa» para dar respuesta a los «grandes retos globales» en un momento en el que la comunidad internacional «encuentra grandes dificultades» para avanzar en la agenda multilateral y cuando algunos líderes políticos «presumen de su falta de confianza y de su voluntad de ruptura» con respecto a la comunidad internacional.

Ribera ha destacado que lo más importante de este paquete reglamentario, el «corazón» del acuerdo, es que sienta las bases de cómo reportar y utilizar los sistemas de transparencia como herramienta fundamental para ganar confianza en la actuación en materia climática. Entre el resto de medidas que la ministra ha subrayado se encuentran la manera en la que poder anticipar y hacer un seguimiento de la financiación; cuáles son las obligaciones que se asumen en materia de adaptación; de qué manera reflejar en las contribuciones nacionales un incremento de la ambición en materia de mitigación. Ribera encabezó la delegación española, elegida como facilitadora de unas negociaciones en las que estuvieron inmersos cerca de 200 países.

El presidente de la COP24 y secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente polaco, Michal Kurtyka, ha destacado que el acuerdo es consecuencia de 3 años de trabajo y 200 países sentados en una misma sala, «una tarea que no ha sido fácil», hasta lograr un acuerdo «tan concreto y técnico». «En estas circunstancias cada paso adelante es un gran logro», ha apostillado Kurtyka. Este pacto «es un frágil equilibrio. Tenemos que ceder para ganar. Tenemos que ser valientes para mirar al futuro y dar un nuevo paso para la Humanidad», argumentó. Además, ha destacado que este acuerdo tendrá resultados «positivos» para el mundo.

El acuerdo fue el resultado de dos semanas de intensas negociaciones para pactar una normativa que desarrolle en detalle el acuerdo global que se alcanzó en la capital gala en 2015 con el que se pretende limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y que entrará en vigor en 2020. El resultado es un ‘libro de reglas’ de 156 páginas que especifica los criterios para que cada país informe de los progresos en los compromisos de recorte de las emisiones de gases efecto invernadero.

El texto ha sido ya criticado por algunos países y grupos ecologistas que consideran que no es lo suficientemente ambicioso. «La mayoría de la normativa para el Acuerdo de París ha sido creada, algo que debemos agradecer, pero el hecho de que haya países que hayan sido incluidos a rastras y gritando demuestra que no se han concienciado de la urgente necesidad», ha argumentado Mohamed Adow, portavoz de Christian Aid.

El Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales sectoriales en las zonas vulnerables

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales en las zonas de España vulnerables y que tendrán en cuenta los aspectos sectoriales y socioeconómicos. La ministra destacó que la Estrategia Nacional de Transición Justa servirá para anticiparse a los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios.

La Estrategia permitirá apoyar iniciativas económicas idóneas para los diferentes contextos económicos y laborales de las zonas afectadas. Así, ha precisado que con estos acuerdos empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones, ONG ambientales y las diferentes administraciones podrán participar en proyectos de desarrollo territorial. Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, y otras administraciones públicas, en particular con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.

Los convenios, que recogerán las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia, combinarán políticas industriales y sectoriales con medidas de protección social y políticas activas de empleo. Para ello, se evaluarán la vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, así como los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición.

Descarbonización “justa y totalmente beneficiosa”

El nuevo marco establecerá las políticas industriales, de investigación y desarrollo de promoción de la actividad económica y del empleo y formación profesional para una descarbonización «justa y socialmente beneficiosa». También incluirán medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

Ribera subrayó la importancia de realizar una transición justa en el proceso de descarbonización en la que se impliquen los propios actores con acciones concretas y que «no deje a nadie atrás» y ha defendido que el español será uno de los primeros marcos regulatorios que se aprobarán en todo el mundo. «Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios», apuntó. En su opinión, no dejar a nadie atrás implica «atender» las realidades del corto plazo

Ribera ha insistido que la Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica. La ministra ha puesto de ejemplo el acuerdo firmado por el Gobierno y el sector de la minería del carbón para la transición y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras que responda a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre de las minas a final de este año.

El Gobierno podría adelantar aspectos urgentes de la Ley de Cambio Climático mientras Ciudadanos denuncia su “baja técnica legislativa”

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Europa Press.- Mientras Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno acerca del asesoramiento y los informes utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático, la ministra Teresa Ribera confirma que el Gobierno podría adelantar los aspectos más urgentes en materia de energía en un Real Decreto ley, aunque prevé «en las próximas» semanas presentar un texto base que garantice una «buena ley» en la que las premisas principales cuenten con «suficiente debate público y consenso«.

En este sentido, Ribera ha defendido que el Gobierno ha trabajado en un texto «bastante completo y amplio» y que, de momento, está «barajando» si algunas de las cuestiones recogidas en él y que considera «urgentes» deben ser «adelantadas» en forma de Real Decreto Ley. Respecto a las fechas, ha precisado que el texto provisional se compartió con los grupos parlamentarios, que ahora están recogiendo sus comentarios para incorporarlos y, precisamente, se está «ultimando» la actualización de este documento «oficial» que será presentado para su debate público «en las próximas semanas», sin perjuicio de que algunos aspectos puedan ser adelantados.

En cuanto a la ambición y liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, apuntó que el Ejecutivo quiere intentar liderar ese proceso sin que «nadie» desde fuera imponga nada, sino porque desde dentro parece lo más responsable para los españoles de hoy y los españoles de mañana y garantizar que hijos y nietos puedan tener un contexto de prosperidad de acceso a la energía, de agua, de estabilidad, de paz importante. «Eso requiere liderar o facilitar un proceso de cambio sin que se produzcan grandes tensiones», ha manifestado.

La propuesta, según ha recordado, pasa por reducir un 20% las emisiones en 2030 respecto a 1990, lo que supone reducir 37 puntos las emisiones. En ese sentido, ha concluido que plantear en 11 años una transformación «tan importante» del modelo energético, con la capacidad de digestión que ese cambio requiere, es un esfuerzo colectivo importante» y por ello ha dicho que busca el consenso sobre esta transición para que sea independiente de quien gobierna.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, a Ciudadanos le llama la atención la «indefinición y baja técnica legislativa» del proyecto de ley, que contiene «más de una decena de mandatos al Gobierno». Apunta la formación naranja que parece más una proposición no de ley, que insta al Ejecutivo a hacer algo, que una norma que recoja obligaciones. Por el contrario, sí existe una «concreción sorprendente», considera Ciudadanos, en lo que se refiere a medidas contra la contaminación y las emisiones. «Este es el caso de la prohibición a partir del año 2040 de la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono», apuntan.

Para Ciudadanos, este cambio «tan radical» tendría «efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España», siendo el país el octavo del mundo en esta materia, con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. En este sentido, recuerda que, en la actualidad, se fabrican 5 modelos de vehículos eléctricos en España, 4 de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades. El partido que preside Rivera cree que una medida así debería ser presentada con tiempo y en el marco de un plan general a sindicatos, asociaciones empresariales y usuarios. «Y éste no parece ser el caso», apunta, para pedir explicaciones al Gobierno sobre los datos consultados para incluir esta iniciativa en la ley.

A través de una iniciativa parlamentaria, Ciudadanos también pide explicaciones sobre el objetivo de lograr 100.000 rehabilitaciones de edificios al año para obtener ganancias en eficiencia energética, y que también se incluye en el texto. Los naranjas aseguran que los estudios independientes, como el de la Fundación La casa que ahorra, fijan en torno a 350.000 viviendas anuales el ritmo necesario para cumplir con los objetivos para 2030 y 2050.

«Para Ciudadanos es una prioridad aprobar una Ley de cambio climático y transición energética para España», explica el partido, que para ello ve necesario establecer objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050«. A su juicio, ese marco normativo para la economía sostenible del siglo XXI debe asegurar «fuertes inversiones y guiar una transición de primera magnitud» y «no puede ser fruto de la improvisación» como, en su opinión hace el Ministerio, sino de «una planificación exhaustiva y un amplio consenso».

El Gobierno «no duda» sobre las propuestas del horizonte 2040 pero Equo les acusa de ceder ante la industria automovilística

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Europa Press.- Equo ha acusado al Gobierno de ceder ante «las presiones de la industria del automóvil» por eliminar la fecha de prohibición para la venta y matriculación de vehículos que emitan CO2, que en un primer momento se había establecido para 2040. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no tiene ninguna duda» de que la fecha para la prohibición de la venta de coches diésel, gasolina e híbridos debe ser 2040.

Ribera reiteró la importancia de fijar una fecha de referencia «para dar estabilidad y fijar el proceso de transformación de la industria», y subrayó que para el Gobierno 2040 es «la mejor fecha». La titular de Transición Ecológica destacó que esa fecha está respaldada por las señales que han dado en esa dirección tanto la Comisión Europea, «incluido el comisario de Energía, que hizo comentarios un poco confusos en voz alta», como Francia, un país con «potencial industrial asociado al automóvil y sede de dos de las casas automovilísticas más importantes, como Renault y PSA».

Ribera señaló que «es imposible» abordar una estrategia de descarbonización «seria» sin afrontar que todos los coches nuevos en 2040 «deberán ser cero emisiones». No obstante, defendió la «neutralidad tecnológica» ya que en ese horizonte es imposible saber qué tipo de vehículos habrá. «Pero sí la referencia de que deberán ser cero emisiones», apuntó. La ministra afirmó que la industria está en una transformación «muy profunda a escala global», por lo que los gobiernos deben acompañar en ese proceso para que la industria europea «no pierda ese tren», pero «sin olvidar el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de clima».

«Es un sector importantísimo desde el punto de vista del empleo, del peso industrial y de la salud y del riesgo asociado al cambio climático», añadió. Asimismo, consideró que el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se trata de un documento de trabajo abierto y en el que el Gobierno está «ocupado», pero que en ningún momento existe «ninguna decisión concreta».

Devolverá peajes a la CNMC

Por otra parte, Ribera confirmó que el Gobierno devolverá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de 2019 la potestad para fijar los peajes de la luz y del gas, unas competencias que le fueron arrebatadas por el anterior Ejecutivo y que había provocado que existiera la amenaza de sanción por Bruselas. «Lo que hemos hecho ha sido trabajar con la propia CNMC para poder entender cómo dábamos una solución a la práctica habitual de nuestro ordenamiento y nuestras instituciones. Es lo que es compatible con el marco comunitario», explicó.

Ribera reiteró que pronto se dará a conocer la senda que el Gobierno cree «más adecuada» para conseguir ese objetivo de descarbonización y afirmó que la transformación del sector eléctrico de 2021 a 2030 movilizará «algo más de 100.000 millones de euros. La ministra subrayó que la transición energética presenta «grandes desafíos», pero también ofrece «grandes oportunidades» que deben incluir la referencia de la solidaridad y «el trabajo serio y comprometido desde el Gobierno para que estos años convulsos se conviertan en años de prosperidad».

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, aprovechó para pedir a la ministra que en esa hoja de ruta que se está diseñando para la transición energética se recoja un entorno «claro» y que se «pueda escuchar» a las empresas antes de tomar las decisiones. «Estamos para respetar las reglas del juego y sólo pedimos que sean claras y un entorno estable», indicó.

El directivo reiteró la necesidad de escuchar a las empresas antes de tomar las decisiones, «que son del Gobierno», para que esa «ambiciosa» ley pueda contemplar los diferentes puntos vista. Así, el ejecutivo de Naturgy indicó que estamos ante la «gran transformación» para el sector en los últimos años, en la que las compañías deberán adaptarse a un entorno «cambiante».

Equo habla contra el Gobierno

Según indicaron desde la formación ecologista integrada en el Congreso en el grupo confederal de Unidos Podemos, el borrador del decreto ley de medidas urgentes contra el cambio climático deja sin fecha esta prohibición, algo que lamentan como un «paso atrás» del Ministerio para la Transición Ecológica. «Consideramos que es un error y que obedece a las presiones de la industria del automóvil, una vez más, sin tener en cuenta los beneficios que tendría para la sociedad en general», apuntó el diputado de Equo, Juan López de Uralde, tras conocer el contenido de este borrador.

«La mayor parte de la producción de coches en España se exporta, y por tanto nuestra industria debe estar preparada cuanto antes para el cambio que se está produciendo ya», ha apostillado, recordando que la Comisión Europea contempla este límite de 2040, con el fin de establecer un futuro de cero emisiones en 2050. De esta forma, España no estaría en condiciones, según esta formación, de alcanzar los acuerdos de París, y pide al Gobierno que asuma este escenario. «No tiene sentido eliminar la fecha en el Decreto para ponerla después», criticó López de Uralde.

«Lo que hay que hacer es comenzar cuanto antes la transformación para que el impacto sea el menor posible en los puestos de trabajo. Sin olvidar que también es una oportunidad», ha concluido el diputado verde. Por su parte la coportavoz de Equo, Carmen Molina, ha subrayado la necesidad de «avanzar hacia políticas valientes que realmente supongan un impacto claro en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). «Tenemos que adoptar medidas contundentes y rápidas, ya nos hemos demorado demasiado tiempo», afirmó.

El Gobierno se plantea «anticipar» los aspectos «más urgentes» de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El Gobierno tiene un debate interno en curso sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuyo borrador se está ultimando, para su posterior tramitación parlamentaria según ha desvelado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera ha reiterado el compromiso del Gobierno con «la seriedad en el marco estratégico regulatorio en materia de clima», algo que considera «fundamental» para incorporar la visión de conjunto y para orientar las políticas y las sendas clave de la transición así como las señales para cada uno de los sectores clave. Así, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene un texto que está «ultimando» y que recoge todos los contenidos del proyecto de ley, pero incidió en que su tramitación oficial aún «no se ha producido».

«Hay un debate en curso en el seno del Gobierno sobre la conveniencia de anticipar aquellos elementos más urgentes, entre otras cosas porque el secretario general de la ONU junto con los organismos financieros internacionales están destacando que es urgentísimo y que hay que acelerar el proceso de cambio», ha precisado Ribera. De esta forma, se abriría la puerta a que el Gobierno tramite mediante un Real Decreto algunos aspectos «urgentes» de la transición ecológica antes de su tramitación como proyecto de ley. Según han apuntado fuentes del Ministerio, se están estudiando distintas vías y no se descarta ninguna opción.

La voluntad del anterior equipo de Gobierno, de Mariano Rajoy, era presentar al final del verano un proyecto de Ley de Cambio Climático para su tramitación. Con la llegada del equipo de Sánchez, la ministra Ribera desechó el borrador de proyecto de ley para modificarlo y elevar la ambición climática. Si bien, aunque la propuesta normativa se ha trasladado a los distintos grupos parlamentarios, la negociación y modificaciones del articulado del texto no terminaron aún.

Al principio de su mandato, Ribera indicó su voluntad de que el proyecto de ley iniciara su tramitación antes de final de año y que antes del 31 de diciembre estuviera presentado a la Comisión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima, una fecha obligada para los Veintisiete. La aprobación de un real decreto que después se tramitaría como proyecto de ley sería una de las posibles fórmulas legales que tendría el Ejecutivo para dar el pistoletazo de salida de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En todo caso, ha reiterado el «consenso total» del Gobierno respecto de la necesidad, las fechas, los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático así como de la oportunidad que significa para la modernización de la economía establecer un marco «estable» que permita «de manera predecible» acompañar «todo» el proceso de cambio. Asimismo, ha añadido que el Ejecutivo tiene también la «convicción total» sobre la necesidad de prestar «particular atención» al ámbito de la energía y a la industria del automóvil, entre otros, aunque admite que estos son los que «quizá» más interés han suscitado en la opinión pública.

La ministra ha subrayado la «urgencia» de actuar contra el cambio climático ya que tanto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como los datos científicos reclaman urgencia para actuar. Esto, según Ribera debe reflejarse en el cumplimiento «escrupuloso» de los calendarios marcados. La ministra ha señalado que en la cumbre del G-20, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la «trascendencia» que tiene introducir la acción climática «a toda velocidad» para la estabilidad económica y la recuperación mundial.

Por otro lado, Ribera ha agregado que las «líneas maestras» del Gobierno en materia de clima «coinciden básicamente» con la Estrategia de descarbonización aprobada por la Comisión Europea y con la Estrategia de Energía y Clima presentada por Francia y que incluyen indicaciones sobre el tipo de vehículos que circularán por las carreteras en 2040. Ribera insiste en que la transformación de la industria del automóvil es fundamental si no se quiere perder un sector «importante» en España conciliándolo con los objetivos de clima y energía, a pesar de que genera una reacción «en gran medida no ajustada a la trascendencia que tiene este asunto».

«Es imposible pensar en una economía descarbonizada si no se descarboniza la movilidad. Esto es un desafío de gran alcance para la industria del automóvil que repercute positivamente en nuestra salud pero también en la competitividad de ese sector que genera tanto empleo directo e indirecto», ha sentenciado. Finalmente, se ha defendido al comparar la propuesta española con la Estrategia de Francia, que tiene medidas «muy similares» a las que ha propuesto el Gobierno y con la propuesta «calcada» del comisario de Clima de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete.

Ciudadanos pregunta a la ministra Ribera sobre plazos y costes de la realización del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas

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Europa Press. – La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez Hernández, ha preguntado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre los plazos y costes que maneja para la realización del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de Villar de Cañas.

De la misma manera, le ha solicitado que explique sí va a comprometerse a retomar el plan de construcción del ATC como insto el Congreso de los Diputados al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se reconoció en el posterior Plan de Residuos.

Así, la portavoz por medio de una pregunta oral, presentada en el Congreso de los Diputados, también le pregunta «¿qué ha sucedido para que cambie sus tesis en los últimos meses, pasando de cuestionar el ATC a defender incluso la posibilidad de que se construya más de uno?»

En este contexto, se refiere a las declaraciones de la titular del Ministerio de Transición Ecológica que si al llegar al cargo solicitó al CSN la paralización de todo el proceso de construcción del ATC, en una entrevista posterior alega que «es fundamental recuperar la idea de contar con uno o varios ATC, rápidamente, aunque la opción favorita es tener uno solo».

Asimismo, la diputada de Ciudadanos pregunta a Ribera si va a promover el Gobierno la realización de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos como recomendaba la comisión de expertos y como se instó desde la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso de los Diputados.

También se interesa por los plazos que maneja este ministerio para la realización de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y sobre la estimación del coste de los Almacenes Temporales Individualizados que se han construido y que a priori serían innecesarios en caso de contarse con el ATC.