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Los ecologistas reclaman la renovación urgente de los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por motivos democráticos

Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno que renueve de manera «urgente» la composición del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por motivos «democráticos, legales y de garantía institucional», ya que de los 5 miembros actuales, uno cesó el pasado 2 de febrero, el presidente está en situación de interinidad desde el 28 de diciembre y otros dos lo están desde el pasado 22 de febrero.

La ONG recuerda que hace un año y medio el Congreso de los Diputados reprobó al presidente del regulador nuclear e instó al Ejecutivo a cesarlo y, además, su mandato terminó ya. Así, señala que el Gobierno no tiene «ninguna traba legal» o democrática, por lo que reclama a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que renueve «urgentemente» el organismo por motivos democráticos, legales y de garantía institucional.

Para la responsable de la campaña nuclear del CSN, Raquel Montón, el Gobierno «no puede esperar ya más para cumplir con el mandato democrático del Congreso» y para garantizar la renovación legal del regulador y velar así por el «limpio funcionamiento de la institución». «Por la trascendencia que tiene el CSN, es urgente que los actuales miembros de este organismo no se perpetúen en sus cargos. Más si cabe en la coyuntura actual de finalización de 5 de las 7 licencias de explotación de los reactores nucleares operativos en los próximos 5 años«, concluye Montón.

Teresa Ribera cree que el conflicto con la banca por la indemnización del almacén de gas Castor «acabará judicializado»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado sus sospechas de que el conflicto con el Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el almacenamiento subterráneo de gas Castor «acabará judicializado», dada la complejidad jurídica del caso. Así se pronunció la ministra sobre la demanda de las 3 entidades financieras contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el cierre del almacén submarino de gas Castor.

«Dada la complejidad jurídica de estos momentos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con las sentencias del Tribunal Supremo, con la dificultad para poder abordar la recuperación de todo aquello, pues sospecho que acabará judicializado», señaló. En el recurso, presentado el 4 de enero ante el alto tribunal, los bancos solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado más los daños causados por dicha inversión, que realizaron al hacerse cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Ribera ha explicado que en la primera fase el Gobierno se centra en el taponamiento definitivo del almacén: «En los años por venir, no vamos a necesitar mayor capacidad de almacenamiento y no se necesita ese emplazamiento«. «La primera decisión es decir públicamente que aquello pasa a la historia; y la segunda, evidentemente, es garantizar con la máxima seguridad un proceso de progresivo desmantelamiento», añadió.

Sobre el apagón nuclear, que el Ministerio abordó con las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, Ribera ha señalado que el desmantelamiento de las centrales debe ser solvente y sólido, con un calendario ordenado sin idas y vueltas que generen «incertidumbres». «Fue una reunión interesante, no será la última ni con ellos ni con otros actores. El mensaje fue claro y conciliador», ha sostenido, y ha añadido que el Gobierno no es quien debe decir cuándo se cierran las plantas, ya que esto es una decisión que debe tomar cada central, según la ministra.

Preguntada por una hipotética subida de la tasa a las eléctricas si falta dinero para desmantelar las nucleares, Ribera ha sostenido que Enresa es quien se debe pronunciar al respecto, sobre «cómo hacer un planteamiento de seguridad de gestión de residuos radioactivos que repase todos los elementos de esa seguridad, incluyendo la disponibilidad de recursos financieros para actuar con seguridad». La ministra señaló que el objetivo es que España reduzca las emisiones en un 20% en 2030 con respecto a 1990, porque es el único escenario que permitiría llegar a las cero emisiones en 2050. «Son 37 puntos en poco más de una década», resaltó.

La Reina Letizia y Teresa Ribera entregan las 97 Becas Iberdrola a la investigación para el curso 2018-2019

Europa Press.- La Reina Doña Letizia, acompañada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, entregó las 97 becas máster y ayudas a la investigación que Iberdrola ha concedido para el presente curso 2018-2019. En esta edición, la empresa ha destinado cerca de 3 millones de euros a su programa de becas y ayudas, destinados a jóvenes procedentes de 10 países: España, el Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, Italia, Hungría, Holanda, Alemania y República Checa.

Durante el acto, el presidente de la compañía ha agradecido el respaldo de la Reina Letizia a las nuevas generaciones, «llamadas a transformar la realidad de hoy en su realidad de mañana, en un mundo más global, más justo y más solidario». Para Galán, es «fundamental» que los jóvenes con talento contribuyan a construir un mundo «más sostenible» mediante la protección del medio ambiente y la biodiversidad, tal y como promueve «de manera tan decidida» el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.

«Nos sentimos orgullosos de haber contribuido tan solo en los últimos 5 años a la formación de casi 4.000 universitarios, 4.000 historias de esfuerzo y de éxito», ha asegurado. Asimismo, el presidente de Iberdrola ha anunciado la convocatoria de nuevas becas y ayudas a la investigación para el curso 2019-2020, cuyo plazo de solicitud quedará abierto a partir de ya. «Sed valientes. Arriesgaos», ha concluido.

El Gobierno estudia medidas fiscales para beneficiar a colectivos que impulsen la transición energética como los productores de autoconsumo

Europa Press.- El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de «según qué tipos de consumidores».

No obstante, posteriormente, fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse a diversas medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en PPA (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables. Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.

La ministra subrayó que el precio de la luz es un asunto «sensible e importante», especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello. Así, defendió que «sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estables».

Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses o la exención del céntimo verde para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8% y el 16% en el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC) del 4%. La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son «una solución definitiva» para un consumidor que quiere facturas «más predecibles y estables», pero sí que afirmó que representan «un alivio» con respecto a la situación anterior.

Por otra parte, señaló que el Gobierno estudia iniciar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas, según vayan cumpliendo su vencimiento, para beneficiar a los colectivos de proximidad, «subrayando esa importante función público que deben desempeñar los saltos de agua». Dentro de este beneficio para los colectivos de proximidad, también adelantó que es intención del Ejecutivo impulsar pequeñas subastas renovables en los diferentes territorios, con el objetivo de que se presenten oportunidades a estos territorios con el despliegue de las renovables.

Por otra parte, Ribera afirmó que el Gobierno se muestra «cómodo y respetuoso» con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador francés (CRE) que tumba el proyecto de interconexión gasista por Cataluña con Francia, denominado STEP, al considerar que se trata de un «proyecto ruinoso y que no tiene ningún sentido».

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

La ministra Teresa Ribera e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) inaugurarán en marzo la Conferencia Change the Change en San Sebastián

Europa Press.- Una mesa redonda en la que participarán la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, y el economista británico Nicholas Stern, autor del informe Stern sobre el impacto económico del cambio climático y el calentamiento global, inaugurará la Conferencia Internacional Change the Change, que se celebrará del 6 al 8 de marzo en San Sebastián.

La conferencia se convertirá en una de las «principales citas» del año en materia de cambio climático y su organización ha sido posible gracias a un acuerdo entre el Gobierno español y vasco, Diputación de Guipúzcoa y Ayuntamiento de San Sebastián. A esta apuesta pública se ha sumado también el patrocinio privado, liderado por Iberdrola, que confirmó su apoyo a la cita, según los organizadores.

Asteklima, la semana del clima

Iberdrola forma parte de las 50 empresas agrupadas en la Alianza de Directores Generales por el Clima, organizada por el Foro Económico Mundial. Durante 3 días, el Palacio Kursaal de San Sebastián acogerá las experiencias de 50 ponentes «de primer orden», especialistas sobre el cambio climático que debatirán y ofrecerán los últimos avances en este ámbito. Junto a ellos, también intervendrán personas que están actuando de forma relevante ante el cambio climático en sus respectivas áreas de actividad y geográficas.

«La Conferencia Change the Change supondrá el evento más importante de la primera semana de Euskadi por el Cambio Climático que, bajo el nombre Asteklima, se articulará en distintas localizaciones del territorio vasco del 1 al 10 de marzo de 2019, con un amplio calendario de actividades para todos los públicos», destacaron. Iberdrola también será un participante activo en la Asteklima, con diferentes actividades en Bilbao y San Sebastián centradas en uso de la energía y movilidad sostenible, entre otras. El objetivo de la Asteklima es movilizar a la ciudadanía hacia el compromiso personal frente al cambio climático, con la premisa de que toda acción, por pequeña que sea, cuenta.

Gobierno y eléctricas plantean un cierre escalonado de las nucleares, pero nunca antes de 2025 ni más tarde de 2036

Europa Press.- El Gobierno y las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, están estudiando un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre para ellas antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036, según apuntaron fuentes conocedoras del encuentro.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el fin de abordar el futuro apagón nuclear. Las mismas fuentes indicaron que la reunión ha sido positiva ya que ha permitido avanzar en diversos temas referentes a cómo se deberá afrontar esta hoja de ruta para las nucleares. En este sentido, la decisión de no abordar el cierre para las nucleares antes de 2025 permitiría a los dos reactores de Almaraz seguir operativos más allá de su periodo de vida útil de 40 años, que se cumplen en 2023 y 2024.

Asimismo, en la reunión se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoría de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las «mayorías razonables».

Además, se estudia que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisada y supervisada por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y sus residuos. Enresa cuenta actualmente con un fondo de algo más de 5.000 millones de euros para afrontar esta labor, aunque esta cifra no será suficiente para cubrir los costes del desmantelamiento de todo el parque nuclear.

El encuentro ha sido el primero en el que el Ministerio se sienta a la vez con las tres principales compañías eléctricas ya que anteriormente se habían mantenido otros encuentros, aunque por separado, para poner sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares en España, cuya vida útil expira entre 2023 y 2028. La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018.

En el caso de Iberdrola, la compañía energética ha venido proponiendo para la generación nuclear en España varias actuaciones, entre ellas, la planteada al Ministerio de una modificación normativa que permita solicitar la renovación limitada, hasta un plazo de 40 años de funcionamiento, sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro. Con esta modificación, la compañía considera que el Gobierno dispondrá de mayor margen de maniobra para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición hacia un mix donde la energía renovable sea mayoritaria.

Por su parte, Endesa ha reiterado su apuesta por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La eléctrica presidida por Borja Prado defiende así alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que no hay otra alternativa que garantice la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayude en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».