Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el borrador de convocatoria de nuevas subastas eólicas diseñado por el Ministerio de Industria no servirá para construir más parques eólicos, sino para repotenciar los existentes. Así se pronuncia sobre la propuesta de real decreto en la que Industria convoca subastas para la instalación de 500 megavatios (MW) de energía eólica y otros 200 MW de biomasa y que levantará al menos parcialmente la moratoria de ayudas renovables desde 2012.

De acuerdo a la propuesta del Ministerio de Industria, esta nueva capacidad recibirá una retribución que se aplicará sobre un determinado parámetro de inversión fijado por procedimientos competitivos. Para la definición de este parámetro de inversión, se partirá de una cantidad fijada en la propia convocatoria ministerial que las empresas podrán reducir, de manera que la capacidad se asignará a las compañías que estén dispuestas a recibir una retribución menor.

Al analizar las subastas eólicas, la CNMC señala que el valor estándar fijado para la inversión inicial «estaría más próximo a los costes de las turbinas que a los costes totales del proyecto», de modo que la convocatoria «podría resultar atractiva para las ampliaciones o repotenciaciones de los parques eólicos existentes ya en funcionamiento, y sólo difícilmente será rentable para instalaciones nuevas». Asimismo considera que los valores propuestos para estas repotenciaciones son «adecuados» y que la modernización de los 45 parques eólicos más susceptibles de participar en el proceso podría elevar un 40% su eficiencia.

Reemplazar las máquinas más antiguas por los mejores generadores supondría alcanzar los objetivos de mejora de la eficiencia marcados por el Gobierno y el valor base de inversión se sitúa en 1,1 millones de euros por euro y MW al año en el periodo 2015-2019, con 3.200 horas equivalente de funcionamiento al año, una producción que actualmente solo cubre el 23% del parque eólico. Por otro lado, según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, la inversión necesaria para poner en marcha una nueva planta eólica oscila entre los 1,35 y 2,07 millones de euros por MW al año.

En consecuencia, el regulador considera que las nuevas subastas para lograr presión competitiva a la hora de asignar nueva potencia renovable es «el mecanismo idóneo para revelar dónde se sitúa la frontera de eficiencia de cada tecnología, una vez dicha tecnología ha alcanzado un cierto grado de madurez». La CNMC también ve «apropiado» el establecimiento de límites de potencia máxima para su adjudicación y recuerda que, en el pasado, el uso de convocatorias trimestrales con topes para la instalación de nueva potencia fotovoltaica ya resultó «útil para acompasar la entrada en explotación de estas plantas«.

Por otro lado, el regulador considera que el cupo de 200 MW a nuevas instalaciones de biomasa «podría no ser consistente» con los objetivos nacionales. Este cupo elevaría en un 39% la potencia instalada de biomasa en funcionamiento, de modo que «parece aventurado establecer un cupo tan ambicioso«. En este sentido, el regulador asegura que existe una «asimetría» entre la tecnología eólica y la de biomasa en lo referente al cupo de las convocatorias, ya que los 500 MW de eólica apenas suponen un 2,2% de la potencia actual en funcionamiento, frente al 39% en el caso de la biomasa.

En cuanto a la biomasa, la CNMC reconoce no poder realizar una comparación homogénea debido a la gran diversidad de instalaciones existentes, aunque señala que la convocatoria podría resultar atractiva para las plantas que utilizan biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola y forestal. Por otro lado, tanto en el caso eólico como en la biomasa, la CNMC encuentra «difícil anticipar la existencia o no de suficiente presión competitiva en las subastas», un mecanismo que considera «idóneo para revelar dónde se sitúa la frontera de eficiencia de cada tecnología».

En su informe, la CNMC recoge algunas de las principales alegaciones de las empresas y asociaciones del sector, que critica que se «vulnere el principio de neutralidad tecnológica» al apoyar a la eólica y a la biomasa en detrimento de otras tecnologías renovables como la solar. Una de las alegaciones considera que la ausencia de subastas fotovoltaicas «constituye una clara infracción del principio de igualdad, máxime en un contexto normativo en el que el legislador establece la misma tasa de rentabilidad para remunerar a las instalaciones de producción a partir de fuentes renovables, con independencia de la tecnología que utilicen».