Entradas

Una provincia de la Patagonia argentina se niega a acoger una nuclear que se iba a construir con capital chino

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- Organizaciones de ecologistas y vecinos de Río Negro celebraron la decisión anunciada por el gobierno de esa provincia de la Patagonia argentina de rechazar un proyecto para la construcción de una central nuclear con capital chino. La Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina declaró que «felicita la decisión del pueblo patagónico de rechazar la instalación de centrales nucleares» y celebra «el anuncio del gobernador de la provincia de Río Negro de elevar este rechazo formal para convertirlo en ley».

El pasado viernes, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió una carta al Gobierno del presidente Mauricio Macri para notificarle que no aceptará la instalación de una central nuclear en la sureña provincia. La idea preocupaba a miles de habitantes de la Patagonia desde mayo, cuando Macri, en viaje oficial a China, acordó la construcción de dos nuevas centrales nucleares en Argentina, una de ellas en Río Negro. El proyecto, que despertó fuerte resistencia en varias localidades de Río Negro, suponía el inicio de las obras en los primeros meses de 2020 a cargo de la empresa estatal china CNNC, con una inversión calculada en 8.000 millones de dólares.

Weretilneck había defendido inicialmente la iniciativa, pero tras un mes y medio de reclamos y movilizaciones de vecinos y colectivos de ecologistas «desechó oficialmente la instalación en el territorio provincial» de la central, «en un claro ejemplo de democrático respeto a lo expresado por la sociedad«, según indicó el Ejecutivo provincial. La decisión de Weretilneck también fue celebrada por las asambleas de vecinos de 5 localidades de Río Negro, que luchaban en contra del proyecto.

En la misiva enviada al subsecretario de Energía Nuclear de Argentina, Julián Gadano, el gobernador alega que su «posición indeclinable» de no autorizar la construcción de una central nuclear se fundamenta en la «mayoritaria negativa de la sociedad rionegrina» a ese proyecto. «Siempre dije que la central nuclear se iba a instalar siempre y cuando hubiera aceptación social. Evidentemente no la ha habido», escribió Weretilneck. El gobernador recordó que su respaldo inicial al proyecto se sustentaba en el «positivo impacto económico» que iba a tener éste al generar «miles de empleos«. «Agradezco la sana intención del Gobierno nacional de apostar por el desarrollo rionegrino; hubiese sido la inversión pública más importante de la provincia», sostuvo.

UGT denuncia un proceso de cierre «encubierto» de la minería del carbón y no descarta convocar una huelga

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- UGT ha denunciado un proceso de cierre «encubierto» en la minería del carbón por parte del Gobierno y las eléctricas, por lo que ha instado «a que digan claramente si son esas sus intenciones» y advierte que “no descarta” la convocatoria de una huelga en el sector si no se da una solución a la actual situación.

El sindicato reclama al Ejecutivo que «se deje de subterfugios» y, de ser así, abra el diálogo para pactar con las organizaciones sindicales un plan ordenado de cierre del sector minero en el que se contemplen medidas sociales y económicas (prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones en empresas con garantías de futuro) de forma que el proceso sea «lo menos lesivo posible para los trabajadores y las comarcas mineras». UGT, que subraya que la solución al futuro de la minería es «una cuestión de voluntad política», recuerda que ha solicitado reuniones urgentes con representantes de diferentes ámbitos para pedir intervenciones políticas.

«Consideramos que toda solución para el sector ha de pasar por el cumplimiento del marco de actuación pactado y por propiciar urgentemente la venta de carbón nacional, pues de no ser así en breve las empresas mineras entrarán en un proceso de despido de sus trabajadores«, añade al respecto. UGT afirma que el sector «agoniza por la inoperancia del Gobierno y la desidia de las eléctricas», por lo que la situación no admite más demoras.

Los trabajadores de la compañía Minera Asturleonesa arremeten contra Endesa por comprar carbón de importación en lugar del que producen

/0 Comentarios/en /por

EFE.- Los trabajadores de la Minera Asturleonesa cumplen su cuarto día de concentraciones a las puertas de la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil (León), con un sentimiento de «engaño» ya que, critican, Endesa está comprando carbón de importación en vez de nacional.

Los trabajadores temían que fuera así porque no han visto camiones entrando a dejar mineral a la térmica mientras están apostados a sus puertas, pero aseguran que les han llegado vídeos en los que se ve que, tras la protesta, empiezan a llegar los camiones, según relata el presidente del comité de empresa, Pablo Ménguez. Ha añadido que Endesa les había confirmado que no estaban dando entrada a carbones porque tenía su parque lleno pero ahora apunta que este carbón que entra ya estaba comprometido. «Nos hierve la sangre al ver esto», lamenta Ménguez, quien reconoce que su concentración semanal no ha servido de nada.

Por eso preparan nuevas medidas con la solicitud a la Junta de Castilla y León y al Principado de Asturias para reunirse con sus consejeros delegados de Energía; en la Junta, han pedido una entrevista con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo y con el director general de Minas, Ricardo Mantero. Además, se reunirán con la administración concursal que había puesto como plazo límite para pensar en cerrar sus puertas 2 semanas si no se volvía a comprar carbón.

Críticas en Baleares a la autorización del Gobierno autonómico a instalar una planta solar fotovoltaica en la Marina de Llucmajor

/0 Comentarios/en , /por

La asociación ecologista GOB ha advertido que la autorización por parte del Gobierno de las Islas Baleares de una instalación fotovoltaica en la Marina de Llucmajor, en contra del criterio proteccionista del Consejo Insular de Mallorca, inicia la vía para otros proyectos en una zona que debería tener una mayor protección medioambiental, según la organización.

El proyecto que afecta a 25 hectáreas, explica la entidad conservacionista, se ubica en una zona que el planeamiento urbanístico de Llucmajor califica de «agrícola-ganadera en zona de protección paisajística y/o ecológica«. En ella se incluyen «aquellas zonas del territorio que deben ser objeto de especial protección tanto por su interés paisajístico como ecológico, tanto para evitar su ataque, destrucción o alteración, como para mantener, potenciar y mejorar sus condiciones ambientales específicas». Por ello, en la tramitación del proyecto, el Departamento de Territorio del Consejo Insular de Mallorca informó desfavorablemente.

El GOB expresa además su sorpresa porque el Gobierno autonómico, que evita interferir en las competencias de los consejos insulares, «no ha tenido inconveniente en intervenir y resolver a favor de las pretensiones de una de sus consejerías (Medio Ambiente) y en contra del criterio de protección territorial del Consejo de Mallorca». «Para el GOB este es un mal precedente que amenaza la transformación a gran escala de la Marina de Llucmajor, la gran asignatura pendiente en la protección de espacios naturales en Baleares», insiste.

Además del proyecto de Sa Caseta, se tramita otro parque fotovoltaico en la zona de s’Àguila, que afecta unas 50 hectáreas, y que ocuparía también una zona calificada como «agrícola-ganadera en zona de protección paisajística y/o ecológica», señala la organización. «Suponemos que el Gobierno autonómico planea optar igualmente por la declaración de utilidad pública», recalca. Para el GOB el sacrificio de la Marina de Llucmajor para implantar grandes parques fotovoltaicos es «inaceptable«. «Hay más de 3.000 hectáreas que merecen ser declaradas ZEPA y que habrían sido excluidas de la propuesta de protección para no interferir con estos proyectos», denuncia GOB.

Un barrio de Ferrol se resiste a la supresión del propano por parte de Gas Natural Fenosa

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- La asociación de vecinos del barrio ferrolano de Caranza prevé nuevas medidas contra el proyecto de Gas Natural Fenosa para suprimir el suministro de propano tanto en esa zona como en la de Esteiro, por el cual ya tramitó un recurso de alzada.

La entidad ha asegurado que espera la contestación a esta queja, derivada del cambio de titularidad del servicio, ahora asumido por la citada empresa. Con este motivo, su presidenta, Pilar Rodríguez Venancio, se ha reunido con representantes de la Xunta. La representante vecinal ha consultado los expedientes de transmisión de la prestación de Repsol Butano a Gas Natural Redes y de esta última a Gas Galicia, de su mismo grupo.

Además, Rodríguez Venancio ha conocido los detalles de las autorizaciones del plan de cambio de gas y de desmantelamiento de una planta empleada hasta ahora. La documentación recopilada, ha añadido el colectivo, se entregará «personalmente al alcalde, Jorge Suárez, para que tenga conocimiento de todo el expediente, aunque nos consta que se está solicitando». Rodríguez Venancio asevera que la asociación continúa «trabajando para conseguir toda la documentación posible, asesorándonos con expertos y abogados para que se mantengan los dos servicios». De este modo, Rodríguez Venancio ha demandado que persista el de propano «para aquellos que no quieran cambiarse» y el de gas natural «para los que ya lo tienen o quieran acogerse a la transformación que pretende hacer Gas Galicia«.

Una nueva protesta interrumpe la producción en el yacimiento de Repsol en Libia, que había retomado recientemente su actividad

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- El campo petrolero libio de Sahrara, que explota Repsol, se mantiene inactivo a causa del sabotaje en una de las tuberías principales, según indicó la Compañía Nacional libia de Petróleo (NOC), por la acción de un grupo de manifestantes que dañó parte del gran gasoducto que une este yacimiento en el sur de Libia con la refinería costera de Al Zawaiya.

En busca de una solución para un problema que se repite, Mustafa Sanalh, director de NOC, se reunió con sus colegas de la empresa local Akakos con los que examinó las vías para proteger un campo capaz de generar en la actualidad 220.000 barriles de crudo diarios. La producción en el campo de Sharara ya quedo interrumpida por una razón similar en marzo cuando una milicia, que exigía el pago de salarios atrasados y mejorar sus condiciones de vida, asaltó la planta y la mantuvo bloqueada durante 5 días. Miembros de una de esas milicias tribales cortaron también el suministro de la estación 10 de bombeo del gasoducto que parte de Wafa en dirección a la localidad occidental de Ruwais.

El gasoducto, gestionado por la compañía italiana de petróleo (ENI) y que desemboca en el puerto de Mellitah, en el Mediterráneo, surte también a una de las plantas que suministran electricidad a varias localidades del oeste de Libia. Los asaltantes que, según el diario Libyan Observer, forman parte de la milicia «Guardia de Protección de las Instalaciones petroleras», aliada en el llamado creciente petrolero del gobierno de unidad sostenido por la ONU en Trípoli, amenazaron con mantener su acción hasta que sus demandas fueran escuchadas.

El caos después de Gadafi

Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera a la victoria de los rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi. Seis años después, dos gobiernos se disputan el poder, uno en el oeste sostenido por la ONU y otro en el este bajo liderazgo del mariscal Jalifa Hafter, un exmiembro de la cúpula militar que aupó a Gadafi y que años después, reclutado por la CIA, se convirtió en su principal opositor desde el exilio en Estados Unidos. A ellos se suma la poderosa ciudad-estado de Misrata, principal puerto comercial del país, y decenas de grupos armados que cambian a menudo de alianzas.

La situación ha favorecido el desarrollo de mafias dedicadas tanto al contrabando de petróleo como de armas, drogas e incluso personas. También beneficia el crecimiento de grupos yihadistas y salafistas vinculados tanto al grupo takfirí Estado Islámico como a la Organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y los tunecinos de Ansar al Sharia, que se extienden por todo el país. Esta circunstancia afecta igualmente a la industria petrolera: Libia produce en la actualidad unos 700.000 barriles diarios de petróleo, cantidad muy alejada de los 1,6 que generaba durante la dictadura de Gadafi.

Miles de mexicanos reafirman con protestas su rechazo a la subida de los carburantes aunque el Gobierno frenó nuevas alzas

/0 Comentarios/en , , , , /por

EFE.- El Gobierno mexicano dio un respiro a los ciudadanos al frenar un nuevo aumento del precio de las gasolinas, después de que la subida de enero generara un amplio rechazo social, haciendo uso de ingresos excedentes para ampliar los estímulos fiscales. Sin embargo, miles de personas se manifestaron en varias localidades para protestar contra la subida de los precios de las gasolinas, si bien fueron manifestaciones menores a las de enero y no desencadenaron disturbios.

En Guadalajara miles de personas marcharon para mostrar su rechazo al alza del precio y para mantener la presión social contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Las protestas fueron sensiblemente más pequeñas que las de enero, cuando el Gobierno subió entre un 14% y un 20% el precio de las gasolinas, una medida que desencadenó fuerte protestas sociales y disturbios y que antecede la liberalización de precios del sector, que arranca en marzo y se realizará por etapas a lo largo de 2017. Ahora se esperaba un nueva alza de los precios, pero el Ejecutivo anunció que se mantendrían sin cambios hasta el 17 de febrero, una decisión que se logró aumentando los estímulos fiscales al sector gasolinero.

La protesta de Guadalajara congregó unas 4.000 personas, según datos proporcionados por Protección Civil. En la marcha se pudieron leer pancartas con leyendas como No a la corrupción o No más gasolinazo, ya basta. La ciudadana Alicia Quevedo reconoció que acudió a todas las manifestaciones realizadas después del anuncio del «gasolinazo» pues no está de acuerdo con las reformas estructurales implementadas por el Gobierno federal. «Nos afecta a todos el gasolinazo, en el precio de la luz, en el gas, en la canasta básica. Por eso quiero que se vaya este gobierno corrupto», dijo la comerciante, que consideró que las marchas han servido para «presionar» al gobierno y dar marcha atrás en el alza en el precio de la gasolina.

Los manifestantes salieron de cuatro puntos diferentes de la ciudad para reunirse en el centro histórico, donde se tenía previsto quemar una imagen de cartón con la figura de Peña Nieto. «Peña Nieto escucha tienes que renunciar, o de lo contrario te vamos a quemar», gritaba el grupo de estudiantes universitarios que realizaron la figura y la llevaban atada a un palo. Asimismo, decenas de personas participaron en un bloqueo de gasolineras en Monterrey y su zona metropolitana, en el norteño estado de Nuevo León. Según el Congreso Nacional Ciudadano, la entidad que llevó a cabo la acción, se bloquearon los accesos de 176 estaciones de servicio, del alrededor de 600 existentes en el estado.

Convocados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), unos 2.000 integrantes marcharon contra el «gasolinazo» en Ixmiquilpan, Tulancingo, Mixquiahuala, Tula y otros 13 municipios del céntrico estado de Hidalgo. En la capital de Coahuila miles de personas salieron a las calles para protestar contra el alza de combustibles, en exigencia de una suspensión definitiva de la subida de precios. En Torreón y en Saltillo, norteño estado de Coahuila, colectivos ciudadanos también se manifestaron en una marcha que tuvo como caballo de batalla tanto la subida de las gasolinas como la corrupción política. En Ciudad Madero, en el nororiental estado de Tamaulipas, un reducido grupo de personas bloquearon un centro de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Gobierno frena nuevas subidas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que los precios de las gasolinas se mantendrán sin cambios hasta el 17 de febrero, producto de una «decisión política de suavizar las modificaciones en la dirección que indique el mercado». El subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, explicó que si hay «margen fiscal, ya sea por ingresos excedentes o por las medidas de austeridad», es posible suavizar las fluctuaciones en los precios «reduciendo ligeramente la tasa del impuesto a través de un estímulo fiscal». Explicó que de no haberse aplicado este estímulo fiscal en enero, el alza promedio de precios de entonces habría sido aún mayor.

Aún aplicando el estímulo, el aumento del precio de entre un 14% y 20% que entró en vigor en enero causó protestas ciudadanas en buena parte del país y disturbios que dejaron al menos 6 muertos, más de 1.500 detenidos y más de 680 tiendas saqueadas, con unas pérdidas estimadas en 90 millones de dólares. A raíz de ello, muchas voces se alzaron en contra de una nueva subida en febrero, tanto de la oposición política como del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que pidió al Ejecutivo poner en práctica todas las medidas a su alcance para evitar nuevos incrementos.

El subsecretario explicó que «ahora los excedentes sí nos dieron para mantener el precio» tras destacar que esta vez hubo una mejora importante tanto en el tipo de cambio frente al dólar como en los precios internacionales del petróleo, que generaron ingresos adicionales. «En enero no fue posible» por la volatilidad particularmente alta en diciembre y enero en el tipo de cambio y el precio internacional de las materias primas, dijo Messmacher, quien detalló que se seguirá aplicando esta misma política a futuro siempre que sea posible. «Tendremos que ver si realmente sí se van estabilizando los mercados» y si esto va a ser permanente o es algo temporal, apuntó.

A partir del 18 de febrero, los cambios en los precios máximos de las gasolinas serán diarios. La Comisión Reguladora de Energía los publicará en su web. El 30 de marzo arrancará la liberalización gradual de los precios en los mercados de gasolinas y diésel, a fin de permitir la libre fluctuación de precios en todo el país después de ocho décadas en las que fueron fijados por el Gobierno. El proceso comenzará en los estados fronterizos con Estados Unidos por ser la zona con mayor conectividad a diversas fuentes de suministro de combustibles y donde se concentra alrededor de 25% del consumo nacional, y concluirá el 30 de diciembre.

Decenas de personas se manifiestan en Lisboa para pedir el cierre de Almaraz mientras Podemos trata de impedir su ATI

/0 Comentarios/en , /por

EFE / Servimedia.– El eurodiputado Xabier Benito (Podemos) reclamó a la Comisión Europea que verifique si el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares de Almaraz (Cáceres) incumple la normativa comunitaria y, en ese caso, vete la instalación. Mientras tanto, decenas de personas se manifestaron frente al consulado de España en Lisboa para pedir el cierre de la central nuclear y para que no se construya el ATI.

Activistas de organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción, entre otros, formaron el grueso de la protesta con pancartas que pedían el cierre de la planta al grito de Nucleares no, renovables sí. El acto supuso la clausura de la Conferencia Internacional Antinuclear, desarrollada en Lisboa por iniciativa del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA). Los activistas defendieron la necesidad de contar con un calendario de cierre de las centrales nucleares de España tras constatar una «clara voluntad política» por parte del Gobierno español de prolongar la vida de las nucleares más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, quien asistió a la concentración, aseguró que “fue un éxito» y destacó la «unanimidad» mostrada en el encuentro por continuar «con una agenda clara de movilizaciones» para pedir el cierre de Almaraz y que no se construya el ATI. En este sentido, mostró su esperanza en que la Comisión Europea «de un veto a este almacén», que, consideró, «no representa más que un proyecto para seguir alargando eternamente la vida del parque nuclear español«.

Portugal quiere que Bruselas decida

La construcción del ATI preocupa especialmente al Gobierno de Portugal, que el pasado enero entregó en la Comisión Europea una queja para que Bruselas participe en la declaración de impacto ambiental de la infraestructura. Portugal considera que las autoridades españolas no han evaluado los impactos transfronterizos del proyecto, que se levantaría a unos 100 kilómetros de la frontera entre ambos países. La construcción del almacén de residuos ha generado protestas por parte de asociaciones ambientalistas de España y de Portugal.

Ecologistas en Acción denuncia que la aprobación de un ATI en Almaraz aumenta el riesgo de accidente radiactivo, que afectaría a las poblaciones españolas cercanas e incluso a las portuguesas situadas aguas abajo del Tajo. Ecologistas en Acción asegura que el cierre de las nucleares es una demanda compartida por la ciudadanía de ambos países que ha sido desoída por el Gobierno.  Además, también se realizó en Bilbao una cadena humana en demanda del “cierre definitivo y desmantelamiento” de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Protesta de Podemos en Bruselas

Podemos reclamó a la Comisión Europea que verifique si el ATI de Almaraz incumple la normativa comunitaria y en ese caso vete la instalación. Así lo solicitó Benito, que alerta de que el ATI podría incumplir una directiva europea y el convenio de Aahrus. «El Gobierno del PP quiere seguir otorgando beneficios al oligopolio alargando la vida de las nucleares pero no es capaz de crear un bono social que evite las muertes por pobreza energética», denunció el eurodiputado de Podemos. Benito también recuerda que incluso «Portugal ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea alegando que no hubo información formal por parte del Gobierno español» sobre este proyecto.

Los mexicanos cruzan la frontera con Estados Unidos para “comprar” la gasolina a Trump y protestar contra Peña Nieto

/0 Comentarios/en , , , , /por

EFE.- Miles de mexicanos continúan protestando contra el Gobierno y la subida de los precios de las gasolinas, polémica medida que ya acarrea cientos de disturbios, saqueos y detenidos mientras que, aunque es una práctica habitual en la frontera con Estados Unidos, el tráfico de vehículos de la mexicana Ciudad Juárez a la vecina El Paso para repostar se ha disparado con el argumento de que es mejor «dar dólares» a Donald Trump que comprar la “cara” gasolina de Enrique Peña Nieto.

«La gasolina en México está verdaderamente carísima. Prefiero irle a dar mis dólares a Trump que dejárselos a Peña Nieto», afirmó Gustavo Gómez, uno de los cientos de conductores que estos días ha optado por cruzar desde México a Estados Unidos para repostar el tanque de sus automóviles y volver a su tierra. La razón: el fuerte incremento de los precios del carburante mexicano, que entró en vigor a principios de año por orden del Gobierno de Peña Nieto como paso previo a la liberalización de los precios de los combustibles, incluida en la reforma energética impulsada durante su gestión, y que se aplicará gradualmente a lo largo de 2017.

El aumento de entre un 14% y un 20% en el precio de las gasolinas y el gasóleo ha agravado la desventaja en ese terreno de las poblaciones fronterizas mexicanas frente a las localidades limítrofes estadounidenses. Eso, a pesar de la devaluación del peso respecto del dólar, de cerca del 25% en 2016. Lo explica Roberto Ruiz, un vecino de Ciudad Juárez que prefirió repostar gasolina en Estados Unidos porque incluso con el tipo de cambio vigente del dólar resulta más barato. «Está más barata la gasolina y lo notamos en el bolsillo; ha sido algo fuera de serie lo que hizo Peña Nieto», señaló Ruiz mientras hacía fila con su vehículo en el puente internacional que une ambas naciones.

Según el portal de internet Global Petrol Prices, un litro de gasolina en Estados Unidos cuesta de media 0,68 dólares, mientras que en México el precio llegaba a 0,86 dólares. Global Petrol Prices elabora informes semanales en todo el mundo con información de instituciones oficiales, agencias reguladoras del mercado, medios de comunicación y petroleras. Mientras, las estaciones de gasolina al otro lado del río Bravo, en El Paso, registraron un incremento notable de clientes, principalmente mexicanos, según explican sus empleados. «Desde el 1 de enero empezamos a ver las estaciones de gasolina llenas. Más del doble que meses atrás», señaló una trabajadora de una gasolinera en la que «las filas se hicieron largas, en su mayoría de gente de México».

El director de comunicaciones de la Cámara de Comercio Hispana en El Paso, Paulo Aguirre, aseguró que desde el cambio de año, cuando el Gobierno mexicano decretó las nuevas tarifas, el tráfico en las estaciones de gasolina se disparó. «La gente de México está abarrotando las gasolineras y estamos esperando que el tráfico aumente aún más porque no parece que la situación vaya a mejorar», indicó Aguirre. «La gente viene a poner gasolina y aprovechan la vuelta para hacer compras, en ese sentido, sí le ha beneficiado a la economía de El Paso», apunta Aguirre.

Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de atravesar el cruce fronterizo, pues muchos juarenses carecen de papeles migratorios. De ahí que, como parte de las protestas sociales contra el alza de combustibles, que convulsionó algunas zonas de México estos días, cientos de personas cerraran uno de los puentes que conectan Ciudad Juárez con el estado de Texas (Estados Unidos). En el resto del estado mexicano de Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez, otro centenar de personas bloqueó las principales carreteras federales que unen la capital estatal con la urbe fronteriza y se manifestaron ante las oficinas de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mantienen pulso contra el Gobierno

«En otros países la gasolina no es tan cara, y nosotros somos un país petrolero, con yacimientos», lamentó Chimalma, una manifestante de la protesta eminentemente ciudadana en Ciudad de México, que tuvo como cara más visible al sacerdote y activista Alejandro Solalinde. Además de en la capital del país, se escucharon consignas como No + gasolinazos o ¡Fuera Peña (Nieto)! en las manifestaciones pacíficas que se celebraron en al menos seis estados más: el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero o Nuevo León. En Guadalajara, capital de Jalisco, se celebró una de las marchas más multitudinarias, con al menos 5.000 asistentes, de acuerdo a datos de Protección Civil proporcionados.

Los disturbios ligados a las protestas por el alza a las gasolinas han dejado, según cifras de las autoridades, al menos 6 muertos y más de 1.500 detenidos. Así como unos 420 establecimientos comerciales saqueados, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad). Lo cierto es que la fuerza de estos actos vandálicos aminoraron en el territorio y, de hecho, no se registraron incidentes de gravedad en el país. No obstante, durante el desalojo de una terminal de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de seguridad que se saldó con al menos 15 heridos, ocho policías federales y tres periodistas entre estos, y unos 70 detenidos.

En el plano político, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, acusó a partidos y organizaciones de querer «tomar ventaja y aprovechar» esta impopular decisión gubernamental para «encontrar culpables» y ganar terreno. «A veces hay que optar por el mal menor, y lo que el Gobierno ha decidido es privilegiar el gasto que se realiza, sobre todo, a acciones y políticas dirigidas a los sectores más vulnerables de nuestro país», en detrimento de un mayor precio de las gasolinas, defendió el gobernante. A pesar de sus reiteradas justificaciones, la reclamación más escuchada en la calle era la que pedía la dimisión del mandatario. Enrique Peña Nieto vive uno de sus momentos más bajos de popularidad.

Peña Nieto promete actuar ante el agravamiento de las protestas por la subida de precios de los carburantes en México

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

EFE.- Mientras el grupo de gasolineras G500, que aglutina a 1.800 gasolineras, anunció que cerrará 400 estaciones de servicio amenazadas por el vandalismo ligado a las protestas por el aumento de los precios de los combustibles en México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió mano dura ante el agravamiento de las protestas por el alza de combustibles, que subieron de tono con actos vandálicos y bloqueos de carretera y en terminales de Petróleos Mexicanos (Pemex) de todo el país.

«El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes al amparo de esta medida (la subida de precios) se excusan y cometen tropelías», aseveró el mandatario. Agregó que este aumento de precios de entre el 14% y el 20% según el tipo de combustible, que aplicó el Gobierno mexicano el 1 de enero, tampoco justifica «incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados». Un mensaje firme, aunque también reconoció comprender el «enojo» de la ciudadanía ante una «dolorosa» medida, llamado a contener el estallido social que parece cernirse sobre México, y paralizar la nación, ante el auge de las protestas en varios puntos.

Apuntó que se trata de una decisión «difícil» pero «responsable» para mantener la estabilidad económica del país, y desmintió que la subida de precios tuviera que ver con la reforma de hacienda o la energética, ambas impulsadas bajo su batuta. «El coste de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún más doloroso y costoso de lo que significa la medida», aseguró. Según el Ejecutivo mexicano, en 2016 los carburantes subieron en promedio a nivel mundial un 24,5%, mientras que en México lo hizo en un 3%.

Además, de los 190 millones de litros diarios de combustibles consumidos en el país, solo 9 millones los consumen «los tres perfiles más bajos (pobres)» de una sociedad en la que la mitad de la población vive en la pobreza, argumenta el Gobierno. No obstante, Peña Nieto añadió que el Gobierno federal trabajará para «definir medidas particulares» que defiendan a las clases sociales más vulnerables ante esta subida de precios.

La decisión gubernamental, que antecede a una liberalización de precios por etapas en el país que culminará a finales de año, ha sido severamente criticada por sectores sociales, que anticipan un aumento de la inflación y de productos básicos. Esta medida también ha provocado alarma social en la ciudadanía, que lleva varios días manifestándose en distintos puntos del país, llegándose a producir actos vandálicos en estaciones de servicios y tiendas.

Unas 150 gasolineras sufrieron actos de vandalismo en seis estados del sur y el este de México, según denunció el presidente del consejo de administración de Octanfuel, Gilberto Bravo Torra. Estos sucesos se suman a varios saqueos acontecidos en el Estado de México y en el marco de las protestas, cuando decenas de personas entraron en varios establecimientos para llevarse artículos de valor como pantallas de televisión, sucesos que se saldaron con unos 70 detenidos.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), la asociación de gasolineros más grande de México, anunció una reunión con Hacienda para tratar el alza de combustibles. Onexpo también dirigió a Pemex una «respetuosa exigencia» para que garantice el abastecimiento nacional de gasolina, después de que el país cerrara 2016 con grandes colas en estaciones de servicios de muchos estados del país tras problemas de suministro por una toma clandestina, mal clima y compras de pánico ante la subida de precios. Además de actos de vandalismo, distintos puntos del país enfrentan bloqueos de carreteras y de terminales de almacenamiento y despacho de la estatal Pemex.

Varias arterias principales que conectan la Ciudad de México con los estados colindantes fueron bloqueadas por los manifestantes, causando enormes atascos para entrar y salir de la capital. En Jalisco transportistas tomaron y bloquearon instalaciones de Pemex con unos 70 camiones, y tienen previsto quedarse ahí indefinidamente. En Guadalajara, capital de ese estado, al menos 15 rutas de transporte público realizaron un paro de actividades en demanda a un incremento en su tarifa por el alza del precio de los combustibles, una medida que afectó a miles de ciudadanos. De esta manera, actos de protesta más o menos pacíficos se han desarrollado en muchos puntos del territorio nacional, desde Tabasco (sureste) y Guerrero (sur) a Chihuahua (norte) o Sonora (noroeste).

A la espera de una reunión del titular de Hacienda, José Antonio Meade, con la conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para hablar de la subida de la gasolina, varios gobernantes estatales se mostraron contrarios a la medida. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, anunció que no reprimirá las protestas pacíficas por el alza de precios, y Miguel Ángel Yunes, mandatario de Veracruz, criticó que el aumento tiene un fuerte impacto social.

Pemex pide ayuda y G500

«Si no tenemos condiciones de seguridad, vamos a tener cierres donde hemos sufrido amenazas», anunció el presidente de G500, Antonio Caballero, que reconoció que tuvieron problemas en 400 estaciones, incluyendo actos vandálicos y robo de combustible. En consecuencia, precisó que se cerrarán ya sea por horas o por días las gasolineras donde se presenten mayores riesgos, e hizo una llamada a las autoridades a brindar las condiciones necesarias para que pueda realizarse el abastecimiento de combustible. «No vale la pena vender ni un litro de gasolina si se pone en riesgo la integridad de las personas», acotó. También se han reportado saqueos a tiendas en algunos municipios del Estado de México, vecino a la capital.

Por su parte, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que los bloqueos a las terminales de almacenamiento y despacho «afectan el suministro de gasolinas a las estaciones de servicio que dependen de estas terminales«. «Este problema ha alcanzado una situación crítica en Chihuahua, Morelos y Durango. Además, de continuar los bloqueos, en Chihuahua y Baja California se puede afectar la operación de los aeropuertos», advirtió la empresa, que indicó que ha entrado en contacto con los Gobiernos de dichas entidades «para informarles la situación y solicitarles su apoyo para liberar los accesos». «La empresa refrenda su compromiso de mantener el abasto pero sólo podrá cumplirlo si existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores», señaló Pemex.