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El paro de las refinerías endurece en Francia el pulso de los sindicatos contra el Gobierno por la reforma laboral

EFE.- El pulso que lidera la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral del Gobierno francés se endureció con los paros y bloqueos de refinerías y depósitos petroleros, que acercan al país al desabastecimiento de gasolina. El Gobierno y el presidente, François Hollande, lanzan el doble mensaje de que la CGT está tomando como rehén al país y a su economía, y de que no hay posibilidad alguna de desabastecimiento porque se tomarán las medidas policiales que hagan falta.

Lo cierto es que, como reconoció el secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, un 20% de las 12.000 gasolineras del país habían agotado total o parcialmente sus tanques y en muchas otras se formaron largas colas de automovilistas para llenar por precaución sus depósitos, lo que hizo que en los tres últimos días se hayan batido todos los récords de consumo. La escalada de la tensión subió varios enteros con el desalojo policial de las decenas de militantes de la CGT que impedían la entrada y salida de camiones de los depósitos y de la refinería de la petrolera Esso en Fos sur Mer. El sindicato denunció «un uso inaceptable de la violencia» por parte de los agentes antidisturbios.

Aún así las 8 refinerías que tiene Francia están prácticamente paralizadas. El presidente Hollande aseveró que, aunque puede haber «reivindicaciones legítimas» en las protestas contra su reforma laboral, eso no significa «aceptar lo que hoy es un bloqueo que se basa simplemente en la estrategia de una minoría». Su primer ministro, Manuel Valls, fue más directo en sus ataques contra «la radicalización de la CGT», cuya actitud descalificó como «indudablemente minoritaria» e «inaceptable». Por eso avanzó que habrá más operaciones de desbloqueo como la de Fos sur Mer, que se van a «liberar» otros centros petroleros y que el Estado actuará con «la mayor firmeza».

Lejos de amilanarse, el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, replicó que las encuestas muestran que un 74% de los franceses rechazan el proyecto de ley de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, y reiteró su llamamiento a una «generalización de las huelgas» en todos los sectores. Si bien las manifestaciones contra la ley El Khomri han perdido fuelle en las últimas semanas, con algunas derivas violentas que restaron popularidad a sus organizadores, el sindicato apuesta por una desestabilización de actividades estratégicas como la energía y los transportes.

Total amenaza con reducir inversiones

El presidente de la petrolera francesa Total, Patrick Pouyanné, amenazó con disminuir las inversiones en sus refinerías en Francia a la vista de las huelgas que han interrumpido su actividad, por considerar que suponen «una forma de ruptura del pacto que vincula a nuestros empleados a nuestra empresa» y eso «va a llevarnos a revisar seriamente los planes» de inversión en las instalaciones. Justificó esa reflexión por la actitud de los empleados de «secuestrar, por una causa exterior a la empresa, una herramienta de trabajo».

Precisó que ese examen podría afectar en particular al plan de 500 millones de euros que se debían dedicar al complejo de Donges, en la desembocadora del río Loira. El responsable ejecutivo de Total aseguró que su grupo está haciendo lo posible para garantizar el aprovisionamiento de sus gasolineras, en un momento en que el Gobierno reconoció que un 20% de las gasolineras han agotado total o parcialmente sus tanques. Por otro lado, los accionistas adoptaron en la asamblea general el reparto de un dividendo e 2,44 euros por acción a cuenta del ejercicio 2015.

El bloqueo en Francia de 6 de sus 8 refinerías por la huelga general consigue secar a cientos de gasolineras

EFE.- Las huelgas y bloqueos, que se prolongan desde hace días en los centros petroleros franceses con motivo de la huelga en protesta contra la reforma laboral, han conseguido frenar la salida de carburante desde 6 de las 8 refinerías del país y ya agotaron los tanques de cientos de gasolineras.

Más del 10% de las 12.000 estaciones de servicio que hay en Francia se han quedado totalmente sin existencias o al menos sin alguno de sus carburantes, y en 16 departamentos de Francia se decretaron limitaciones en la venta a los automovilistas, de 20 o 30 litros para los coches privados y 130 o 140 litros para los vehículos pesados.

Además, tres de los sindicatos que se oponen a la reforma laboral lanzaron una convocatoria de huelga con carácter indefinido en el sector petrolero. Asimismo, el responsable de la Confederación General del Trabajo (CGT), Emmanuel Lépine, explicó que «no quieren el bloqueo de la economía”, sino que el Gobierno es “el que les obliga a actuar así porque no respeta la democracia ni la voluntad de los franceses». Lépine afirmó que están «determinados» para mantener la movilización, que tienen «medios de presión que son enormes» a pocos días de que empiece la Eurocopa de fútbol que se celebra en Francia. «Creo que el Gobierno cederá antes de la Eurocopa», concluyó.

El ministro de Finanzas, Michel Sapin, avanzó que el Gobierno utilizará «todos los instrumentos» de que dispone para acabar con los bloqueos. El Gobierno, según el secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, asegura que en caso de necesidad se recurriría a las reservas estratégicas que, de acuerdo con las reglas de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) deben cubrir al menos tres meses de consumo. El problema es que para utilizar esas reservas habría que poner en marcha un dispositivo de distribución del carburante y uno de los ejes de la protesta estos últimos días ha sido precisamente el bloqueo de los depósitos petroleros.

Fracking Ez se moviliza el viernes en Vitoria en contra de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el fracking

EFE.- La plataforma Fracking Ez convocó este viernes en Vitoria una movilización itinerante, musical y teatralizada en protesta por el «ataque» del Tribunal Constitucional al suspender cautelarmente varios artículos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica.

La plataforma hace un llamamiento a los ciudadanos para que secunden la movilización contraria a la utilización de la técnica del fracking para extraer gas del subsuelo y señala que la decisión del Constitucional «va en contra de la voluntad popular». Ha recordado las más de 100.000 firmas que recibió la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la citada plataforma para impedir el fracking en Euskadi. La movilización comenzará frente al Parlamento vasco y continuará por diversas calles de Vitoria hasta concluir junto a la sede de la Subdelegación del Gobierno.

Varios trabajadores de Repsol protagonizan protestas ante el complejo de Escombreras

EFE.- Un grupo de trabajadores de Repsol se manifestó ante el complejo industrial de la compañía en Escombreras (Cartagena) para protestar “por tener que hacer turnos de 12 horas, incumpliendo el convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores”. Así, el Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR) señaló que una veintena de empleados denuncia el incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa durante la parada de producción en varios departamentos, que comprenderá los meses de abril y mayo.

Los trabajadores consideran que las decisiones de la compañía no favorecen la conciliación familiar. Según la organización sindical, la dirección de la empresa ha aprovechado esta parada para imponer un cuadrante de trabajo de 12 horas a los trabajadores de producción, «vulnerando los derechos de descanso» incluidos tanto del convenio como del Estatuto de los Trabajadores. El STR decidió hacer pública esta situación, «principalmente por la nula comunicación que la dirección ha tenido con la parte social», al tiempo que recordó que el comité de empresa denunció a Inspección una vulneración que, según el sindicato, ya fueron denunciadas por la diferentes compañías contratadas para la parada, que también realizaron concentraciones.

Los trabajadores de Elcogas reclaman «responsabilidad» ante las sedes de Endesa y EDF

EFE.- Los trabajadores de Elcogas volvieron a concentrarse ante las sedes de Endesa e Hidrocantábrico-EDP para reclamarlas que «cumplan con su responsabilidad social corporativa» y reincorporen a los despedidos a sus empresas. En este sentido, reclaman la inclusión en las plantillas de ambas empresas de los despedidos de la central de Puertollano en un porcentaje similar al de la participación de ambas empresas eléctricas en el capital social del Elcogas, según indicó CCOO.

Los trabajadores concentrados también guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los atentados terroristas de Bruselas. Según indicaron, ningún responsable de Endesa ni de HC-EDF ha atendido a los trabajadores ni a sus representantes sindicales, quienes solicitaron a ambas compañías eléctricas que «reflexionen y actúen de forma acorde a la responsabilidad social corporativa con que deben tratar a la plantilla de la central».

Los trabajadores de Elcogas cumplen el jueves un mes de encierro

EFE.- El próximo jueves se cumplirá un mes del encierro que mantienen los trabajadores de Elcogas en las instalaciones de la central térmica de Puertollano (Ciudad Real) a la par de que continúan cortando la carretera diariamente todas las mañanas durante una hora en protesta por el cierre de la central con la esperanza de que se constituya un nuevo gobierno que permita desarrollar el plan de viabilidad y revierta todo el proceso de cierre definitivo de la central», según indicó el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide.

Los trabajadores aún confían en que la empresa pudiera reconsiderar su decisión si otro gobierno les diera «la confianza suficiente» para seguir adelante con su plan de viabilidad, añadió. Por otro lado, tras romperse la negociación del ERE de extinción, los trabajadores mantienen las protestas con la intención de retrasar cualquier trabajo que suponga iniciar el desmantelamiento de la central y por tanto los primeros despidos. Para los trabajos de desmantelamiento, la empresa prescindiría de 121 de los 143 empleados en una primera fase, quedándose sólo con 22, para ir reduciendo progresivamente la plantilla hasta la disolución de la sociedad, prevista para finales de 2018.

Los trabajadores no aceptan las indemnizaciones de despido propuestas por la empresa y confían en que los directores de recursos humanos de Iberdrola y Endesa, con quienes se reunieron la pasada semana, trasladen al consejo de administración de Elcogas sus reivindicaciones. Aspiran a ser tratados como cualquier trabajador despedido de las empresas que forman parte de la sociedad Elcogas. «Mientras a un trabajador de una de las empresas principales de la sociedad de Elcogas le recolocan o le prejubilan o le indemnizan de otra manera, a nosotros nos quieren echar con lo mínimo que marca la ley«, ha lamentado el presidente del comité de empresa.

Este miércoles los trabajadores volverán a manifestarse frente a las sedes de las empresas principales de Elcogas en Madrid, a las que les volverán a exigir la continuidad de la central y «la misma responsabilidad social que están teniendo con otros trabajadores del grupo». «Y si no es por la vía del diálogo y del acuerdo, exigiremos a la empresa en los tribunales lo que tienen que hacer» advirtió Alcaide. “En los 20 años de la central nos hemos regido por los convenios de las empresas de Elcogas», sentenció Alcaide.

El CSN presenta una denuncia por las pancartas desplegadas en su sede por Greenpeace contra la reapertura de Garoña

Redacción / Agencias.- Activistas de la organización ecologista Greenpeace desplegaron 2 pancartas de 27 m2 cada una sobre la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid. Bajo los mensajes Stop Garoña y Stop nucleares, Greenpeace expresó su rechazo a la reapertura de la central nuclear burgalesa. El CSN presentó la correspondiente denuncia por el acceso a su sede central ante la Dirección General de la Policía. 6 activistas de Greenpeace fueron detenidos.

Los hechos transcurrieron así: 2 vehículos con miembros de la organización Greenpeace accedieron al edificio del CSN por los pasos del garaje, que estaban abiertos para el acceso del personal del CSN, y desplegaron pancartas en la fachada del edificio para pedir el cierre de Garoña (Burgos). Dichos vehículos han sido retenidos por el servicio de seguridad de la sede del CSN, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una vez alertados, tomaron el control del incidente, según explicó el organismo regulador. La Policía Nacional detuvo y trasladó a dependencias judiciales a 6 activistas tras permanecer colgados de la fachada del CSN durante más de 4 horas.

El Pleno del CSN lamentó la acción de Greenpeace, pues como órgano regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con carácter independiente, «no debe verse influenciado por presiones de ningún tipo. Además las competencias del CSN en la renovación de Garoña «se limitan a la emisión del informe técnico»; corresponde al Ministerio de Industria la resolución final, «tanto en lo que se refiere a la concesión o denegación de la petición, como a cualquier eventual decisión sobre la suspensión de dicho informe técnico». El CSN apela a la responsabilidad de los distintos grupos de interés para que no lleven a cabo acciones reivindicativas que pueden ser interpretadas como «una presión moral y jurídicamente injustificada sobre un organismo regulador».

Greenpeace quiere paralizar el proceso

Además de la protesta realizada en la fachada del CSN, junto a la puerta de la sede otros activistas han portado una tercera pancarta en la que se podía leer Por un CSN independiente. De este modo, Greenpeace pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña, “después de que en el último pleno, el pasado 3 de febrero, aprobara varios informes que allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a la central nuclear burgalesa para operar hasta los 60 años”.

La organización apunta que, con esta decisión, el presidente del CSN, Fernando Martí, «ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento» ya que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, habían pedido previamente a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. En la misiva también le comunicaban que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya, solicitud que ya se ha llevado a cabo. Para la organización ecologista, la decisión del CSN es “inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN”.

Greenpeace denuncia que “las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del PP del que proceden 3 de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador”. La organización ecologista recuerda que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, una decisión, a su juicio, «muy cuestionable» teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que es independiente de la Administración General del Estado. “Entre las tareas de Marti como secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN», subrayó Greenpeace.

En este sentido, Greenpeace también recuerda que otro consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20-D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en lo que consideran «una maniobra que les permitió dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones».

Aparte de la protesta, Greenpece ha lanzado también una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. «El CSN no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente», señaló la organización.  «El presidente del CSN ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones de Partido Popular», denunció Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.

Castilla-La Mancha impulsará una iniciativa en el Congreso para que Elcogas continúe funcionando mientras los trabajadores comienzan su cuarto encierro

EFE.- Los trabajadores de Elcogas iniciaron este lunes su cuarto encierro indefinido en el interior de la central de Puertollano (Ciudad Real) desde que comenzó el conflicto, con el paréntesis que harán este martes para la manifestación que llevarán a cabo en Madrid. Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para reclamar la continuidad de la central de Elcogas, según anunció la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

«El Gobierno regional, los trabajadores, y el Ayuntamiento de Puertollano no van a aceptar que Elcogas se cierre», aseveró Franco tras la reunión que mantuvo con los representantes de los trabajadores, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y a la alcaldesa de la ciudad, Mayte Fernández, en la que todos coincidieron en manifestar su esperanza de que la planta no cierre el próximo 31 de enero, como prevé la empresa después de que el Ministerio de Industria haya rechazado el plan de viabilidad que presentó. Además, han coincidido en que incluso aunque se lleve a cabo, el cierre no sea irreversible, indicó Franco.

Reclaman un régimen retributivo específico

La consejera pidió al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que reciba a García-Page para hablar de Elcogas «ahora que tiene hueco en su agenda», antes del 31 de enero, fecha prevista para la desconexión de la central de la red eléctrica, y puedan concretar una solución de futuro para la planta. Franco se ha preguntado: «¿Por qué no es posible que el plan de viabilidad presentado por Elcogas no le permita a la empresa incorporarse a un régimen retributivo específico cuando hay otras centrales en España que, a pesar de no haber presentado un proceso de reconversión tan ambicioso, si han sido incluidas?»

El secretario regional de Industria de UGT, Agustín Pérez, y el de CCOO Industria, Ángel León, se mostraron convencidos de que Elcogas tendrá viabilidad «si en las próximas semanas se constituye un Gobierno progresista de diferente color político al actual», incluso aunque el día 31 de enero se produzca la desconexión de la central. Este proceso es reversible, «porque así se ha demostrado en otras unidades de producción en otro tipo de centrales en nuestro país», recordaron los sindicalistas. Finalmente, Pérez vaticinó que «Elcogas volverá a funcionar si en los próximos 10 o 15 días se forma Gobierno entre PSOE y Podemos, que han sido las dos fuerzas políticas que han mostrado en mayor medida su apoyo a esta tecnología».

Cuarto encierro de los trabajadores

Este lunes iniciaron los trabajadores de Elcogas su cuarto encierro indefinido en el interior de la central con el paréntesis que harán este martes para manifestarse en Madrid. «Estaremos dando la lata hasta que algún responsable del Ministerio nos explique por qué han rechazado el plan de viabilidad que presentó la empresa», indicó el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide. Esperan que cerca de 300 personas se desplacen desde Puertollano hasta Madrid para manifestarse en la inmediaciones del Ministerio de Industria. Según Alcaide, quieren decir al ministro «que no nos merecemos los trabajadores esta respuesta del Ministerio después de habernos ilusionado con una propuesta seria de un plan de viabilidad sobre el que apenas se han dado explicaciones».

Por otro lado, las federaciones sindicales de industria de CCOO y UGT y el comité de empresa apoyan la presentación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa parlamentaria para reclamar la continuidad de Elcogas. La iniciativa la registrarán este martes representantes del PSOE, Podemos e IU, aunque se está gestionando que otras formaciones «también se sumen a la petición«, indicó el presidente del comité de empresa. Alcaide admitió que afrontan la semana «con tristeza y desgana, porque va a ser una semana muy dura, aunque no perdemos la esperanza porque sabemos que todo depende de la voluntad política de que no quieran cerrar».

Esperar a un nuevo Gobierno

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero (PSOE), pidió que «se alargue la vida» de la central térmica Elcogas hasta que se conforme un nuevo Gobierno, pues ha opinado que la empresa es viable y el PP «tiene muy pocas posibilidades de gobernar en España«. A juicio del presidente de la institución provincial, el Gobierno central en funciones «ha engañado a los trabajadores de Elcogas, a Puertollano y a Castilla-La Mancha» porque «dijo que iba a estudiar lo que era el plan de viabilidad exclusivamente pensando en su interés electoral». «Una vez que las elecciones han pasado ya no les interesa Elcogas y están dispuestos a cerrarla», indicó.

Para Caballero, el actual Ejecutivo central «no está legitimado para tomar una decisión como la del cierre de Elcogas y la puesta en la calle de cientos de trabajadores y, sin duda, precarizando su vida y la de sus familias» porque se encuentra en funciones. Así, ha pedido que no se cierre la central el próximo 31 de enero para que «sea un gobierno legítimo, ya investido por el Parlamento y no un gobierno en funciones, el que decida cuál es el futuro de Elcogas».

«Estoy convencido de que el objetivo es conseguir que no se cierre ahora a final de mes sino que se prolongue su vida hasta que el Gobierno que surja del Parlamento en próximas semanas tome una decisión que, desde luego, defiendo que sea la continuidad porque es viable desde el punto de vista económico y viable en lo que aporta al desarrollo económico e industrial de Puertollano, de la comarca y de Castilla-La Mancha», aseveró el presidente de la Diputación.

Entregan 10.500 firmas para que «se extingan» los permisos de fracking de Luena y Bezana-Bigüenzo

Europa Press 7 EFE.- La Asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria entregó en la Delegación del Gobierno de Cantabria un total de 10.498 firmas para su remisión al Ministerio de Industria, para exigir que se declaren «extintos» y «desaparezcan» los permisos de fracking Luena y Bezana-Bigüenzo, y evitar que la región se convierta «en un gran campo de extracción de gas no convencional«.

A su juicio, el Ministerio de Industria «tiene la obligación» de extinguir estos permisos, tanto por la oposición social como por el «incumplimiento» de los plazos previstos por parte de las empresas adjudicatarias. Con esta iniciativa, la Asamblea contra el fracking solicita la extinción del permiso de Luena, que afecta a los valles de Besaya, Pas Pisueña, Miera, Asón y el norte de Burgos, y el de Bezana-Bigüenzo, que abarca Campoo, Valderredible, Valdeprado del Río, norte de Burgos y Palencia.

La portavoz de la Asamblea, Carmen González, ha dicho que con el registro de estas firmas se quiere «poner de nuevo en la calle el problema del fracking».  Y ello porque «hay muchísima gente en Cantabria que pensaba que esto estaba solucionado». «Nuestra intención con esta campaña es volver a la calle y que a la gente le quede claro que el problema lo seguimos teniendo ahí», remarca la portavoz.

La Asamblea señala así que, dentro del permiso Luena, en septiembre se cumplieron los 18 meses de los que disponía la empresa promotora para presentar el estudio de impacto ambiental. Y lo mismo con el permiso Bezana-Bigüenzo. De hecho, según González, los 18 meses previstos dentro de ese permiso caducaron en julio. «Nos pueden sorprender en cualquier momento», subrayó. González apuntó que se sabe que en el norte de Burgos «las empresas están hablando ya de 2016» para continuar las actuaciones y empezar a perforar.

Repsol y Fenosa «incumplen plazos»

Por otro lado, esta recogida de firmas es la campaña que más firmas ha recogido, tan sólo en «dos meses», destacó Nacho Modinos, portavoz de la Asamblea, para quien demuestra que «sigue siendo abrumadora» y «firme» la oposición social al fracking. Además, desde este colectivo también piden que se declaren extintos ambos permisos porque las empresas concesionarias, Repsol y Gas Natural Fenosa, «no han cumplido los plazos» previstos para realizar los trabajos contemplados. En este sentido indicaron que «tienen la intención de comenzar a perforar pozos de fracking» en 2016.

A ojos de la Asamblea, el rechazo social y el incumplimiento de los plazos constituye un argumento «más que sólido y firme» para que desaparezcan los dos permisos. No obstante, Modinos ha recordado que el objetivo de la Asamblea es combatir la fractura hidráulica «desde todos los ámbitos y sectores», para que no haya fracking en ningún sitio. En este sentido, el portavoz ha señalado que aunque se anulen permisos en Cantabria, territorios vecinos, como Burgos, tienen «papeletas» para que se concedan allí. «Nunca se sabe. Pasado mañana pueden cambiar las tornas», ha reflexionado Modinos, para insistir en que «si tocan a uno, nos tocan a todos», de ahí que su reclamación sea «ni ‘fracking’ aquí ni en ningún sitio».

A este respecto, recordó que aunque los permisos contra los que se han recogido las firmas afectan directamente a determinados valles y comarcas, el agua que «se bebe» en Santander y el «80%» de Cantabria proviene de acuíferos como los de los Valles Pasiegos, donde se han solicitado actuaciones de fractura hidráulica. Y aunque «nunca» han mantenido contacto alguno con «ningún» gobierno, los partidos políticos, «mientras no digan lo contrario», están «en contra» del fracking.

Esta recogida de firmas es «una muestra más de la presión popular destinada a parar el fracking«, presión que en 2014 consiguió la anulación por parte del Gobierno de Cantabria del permiso Arquetu que afectaba a los Valles de Saja y Nansa. Las firmas han sido entregadas en la Delegación del Gobierno por un grupo de personas de la Asamblea ataviadas con trajes típicos de las comarcas afectadas por los permisos de Luena y Bezana-Bigüenzo. Además, un integrante del colectivo se ha disfrazado de la muerte, para alertar de los peligros del fracking sobre el medio ambiente y la salud.

Industria estudiará que una parte de los megavatios de la subasta de interrumpibilidad se adjudiquen por más de un año

Europa Press.- Mientras los trabajadores de Alcoa reanudarán este próximo viernes sus protestas, el Ministerio de Industria está de acuerdo con que una parte de los megavatios que se adjudiquen en la subasta eléctrica sean por un plazo superior al actual año de vigencia, a fin de garantizar una estabilidad en el suministro. Así lo indicó el consejero de Industria del Gobierno asturiano, Francisco Blanco, que se reunió con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y le planteó esta posibilidad.

Según Blanco, Nadal valoró positivamente la propuesta, que consistiría en «sacar una parte de los megavatios que se subastan a un plazo más largo, a tres o cuatro años, en lugar de a un plazo anual». El porcentaje bajo estas condiciones, según el representante asturiano, podrían rondar el 50% o 60% del total de megavatios, «dejando el resto para las empresas que actualmente entran o salen en el sistema». El consejero aseguró que Nadal también considera la opción de «sacar bloques intermedios, y no solo de 5 o de 90 megavatios, para otros perfiles de empresa». Así, Blanco se mostró esperanzado de tener un nuevo marco regulatorio antes de la subasta del próximo año para «asegurar un suministro más fiable«.

Por el contrario, Blanco salió decepcionado del encuentro con la respuesta de Nadal a sus demanda de soluciones para la «dramática situación de las minas asturianas». En este sentido, reclamó que el Gobierno «cumpla sus compromisos» con los planes del carbón y la posibilidad de habilitar un mecanismo para la compra de carbón nacional por parte de las eléctricas. Pero «el Ministerio sigue empantanado en trámites administrativos y son incapaces de aprobar una norma», criticó.

Reanudan las protestas en Alcoa

Los trabajadores de la factoría de Alcoa en Coruña reanudarán este viernes sus protestas con una concentración, a las 19.00 horas, ante la Delegación del Gobierno en Galicia en contra de la puja anual de interrumpibiidad y en demanda del mantenimiento de la actividad en el centro coruñés, según el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, que precisó que estas mismas demandas se las han trasladado al consejero gallego de Economía e Industria, Francisco Conde, en una reunión en la que, según expuso, les trasladó «su apoyo» y reconoció «que el sistema hay que cambiarlo», en relación a la actual subasta eléctrica.

Respecto al futuro de la factoría coruñesa, que los trabajadores ven en peligro tras el resultado de la subasta, Conde se habría comprometido a trasladar al Ministerio y a la empresa sus demandas. Mientras, el presidente del comité de empresa confirmó que, por ahora, no han obtenido respuesta a sus demandas de petición de información por parte de la empresa. Asimismo, reiteró que están «valorando» la posibilidad de denunciar, vía judicial, la subasta eléctrica por entender que pudo haber «irregularidades» en cuanto al cumplimiento de los requisitos incluidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).