Críticas en Baleares a la autorización del Gobierno autonómico a instalar una planta solar fotovoltaica en la Marina de Llucmajor

La asociación ecologista GOB ha advertido que la autorización por parte del Gobierno de las Islas Baleares de una instalación fotovoltaica en la Marina de Llucmajor, en contra del criterio proteccionista del Consejo Insular de Mallorca, inicia la vía para otros proyectos en una zona que debería tener una mayor protección medioambiental, según la organización.

El proyecto que afecta a 25 hectáreas, explica la entidad conservacionista, se ubica en una zona que el planeamiento urbanístico de Llucmajor califica de «agrícola-ganadera en zona de protección paisajística y/o ecológica«. En ella se incluyen «aquellas zonas del territorio que deben ser objeto de especial protección tanto por su interés paisajístico como ecológico, tanto para evitar su ataque, destrucción o alteración, como para mantener, potenciar y mejorar sus condiciones ambientales específicas». Por ello, en la tramitación del proyecto, el Departamento de Territorio del Consejo Insular de Mallorca informó desfavorablemente.

El GOB expresa además su sorpresa porque el Gobierno autonómico, que evita interferir en las competencias de los consejos insulares, «no ha tenido inconveniente en intervenir y resolver a favor de las pretensiones de una de sus consejerías (Medio Ambiente) y en contra del criterio de protección territorial del Consejo de Mallorca». «Para el GOB este es un mal precedente que amenaza la transformación a gran escala de la Marina de Llucmajor, la gran asignatura pendiente en la protección de espacios naturales en Baleares», insiste.

Además del proyecto de Sa Caseta, se tramita otro parque fotovoltaico en la zona de s’Àguila, que afecta unas 50 hectáreas, y que ocuparía también una zona calificada como «agrícola-ganadera en zona de protección paisajística y/o ecológica», señala la organización. «Suponemos que el Gobierno autonómico planea optar igualmente por la declaración de utilidad pública», recalca. Para el GOB el sacrificio de la Marina de Llucmajor para implantar grandes parques fotovoltaicos es «inaceptable«. «Hay más de 3.000 hectáreas que merecen ser declaradas ZEPA y que habrían sido excluidas de la propuesta de protección para no interferir con estos proyectos», denuncia GOB.

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