Entradas

Todos los partidos apuestan por la participación de la fotovoltaica en las futuras subastas de renovables

Europa Press.- PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos han apostado por la participación de la fotovoltaica en las futuras subastas de energía renovable, después de que esta tecnología fuera excluida de las que se realizaron a principios de año y que pusieron fin a la moratoria verde que existía desde 2012.

En un debate electoral sobre el desarrollo de la energía renovable, la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, y el portavoz de Medio Ambiente de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, mostraron su compromiso para cambiar el marco jurídico actual para que la fotovoltaica no sea excluida de estas subastas.

Por su parte, el portavoz de Energía del PP y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, subrayó que las renovables, y entre ellas la fotovoltaica, «deben ser el corazón» del sistema eléctrico si se quieren asumir los compromisos internacionales de descarbonización marcados en la COP21 de París.

Así, Mariscal, que justificó la reforma llevada a cabo por el Gobierno del PP ante la necesidad de acabar con el déficit de tarifa, afirmó que «demonizar al sector fotovoltaico no es bueno» y consideró que los errores del pasado se debieron a la legislación que se aplicó por el Gobierno del PSOE, especialmente en los años 2007 y 2008. «Ese error dejó consigo que los españoles acabamos financiando la curva de aprendizaje de esa tecnología», dijo.

A este respecto, la responsable del PSOE Pilar Lucio aseguró que quien «demonizó» al sector fotovoltaico fue el PP con un recorte basado «en dos informes que no existieron».

Mientras, el miembro del Observatorio Crítico de la Energía y colaboradores del círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos, Cristóbal J. Gallego, destacó el importante papel que debe jugar la fotovoltaica, aunque se mostró partidario de definir el actual método de subastas, que incentiva la inversión más que la eficiencia.

Autoconsumo

PSOE, Ciudadanos y Podemos insistieron en su deseo de derogar el Real Decreto sobre autoconsumo y promulgar una nueva regulación que contemple, entre otras disposiciones, el balance neto, mientras que Mariscal defendió que el PP hubiera aprobado la primera legislación para su desarrollo.

«La bondad del autoconsumo es clara, pero los desarrollos deben ser ordenados y entendimos cuando se aprobó este primer Real Decreto que había que intentar evitar una transferencia de rentas entre quienes podían adquirir estas tecnologías y quienes no», subrayó el responsable del PP al respecto.

Los partidos participantes en el debate también mostraron su compromiso por cumplir los objetivos europeos de renovables a 2020 y 2030 y apostaron por consensos bajo la forma de un Pacto de Estado que devuelva la estabilidad y la seguridad jurídica al sector.

 

Castilla y León da el primer paso para obligar a las gasolineras a tener personal

EFE.- Las Cortes de Castilla y León han aceptado tramitar una proposición de ley promovida por el PP para limitar la proliferación de las denominadas ‘gasolineras fantasma’ y obligar a estos establecimientos a tener al menos a un empleado para atender al público.

Todos los grupos, excepto Ciudadanos, han coincidido en la necesidad de regular esta situación, provocada por la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo de 2013, ya que se producen situaciones de inseguridad y de competencia desleal con el resto de establecimientos.

La iniciativa, defendida ante el Pleno por el procurador del PP Salvador Cruz, plantea una modificación de la Ley que regula el Estatuto del Consumidor de Castilla y León para plantear que las gasolineras dispongan mientras permanezcan abiertas y en horario diurno, al menos de una persona, debidamente formada, responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la Ley.

El representante del PP ha detallado que la concreción de lo que se considera como horario diurno se realizará por medio de una resolución del órgano directivo central competente en materia de consumo, aunque los grupos han anunciado que enmendarán este punto para favorecer que haya personal cuando el establecimiento permanezca abierto.

Cruz ha insistido el propietario deberá garantizar que las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones.

En opinión del representante popular, la aprobación de esta nueva norma se crearían aproximadamente 200 puestos de trabajo, además de evitar la pérdida de empleo por la posible conversión de gasolineras actualmente atendidas en desatendidas.

El único en oponerse a la tramitación de la proposición de ley ha sido el representante de Ciudadanos, David Castaño, quien ha pedido «no tener miedo sino habilidad» para adaptar la realidad a la «onda» económica, porque este tipo de establecimientos sirvió para fomentar la competencia y evitar acuerdos de precios entre distribuidores.

Le ha contestado Cruz, que el planteamiento de Ciudadanos no era «coherente» con lo que han votado en comunidades como Madrid, y le ha acusado de hacer un planteamiento electoral.

El PP destaca que la posible ampliación del plan Juncker servirá para impulsar las interconexiones eléctricas con Francia

EFE.- El eurodiputado y presidente de la gestora del PP de Navarra, Pablo Zalba, apoyó una ampliación del Plan Juncker de inversiones europeas porque «beneficiará a proyectos en estudio estratégicamente muy importantes para Navarra, como las interconexiones eléctricas con Francia». Anunciada por la Comisión Europea su intención de ampliar el Plan Juncker, coincidiendo con el primer aniversario de su lanzamiento, Zalba destacó que ya haya movilizado una inversión de 100.000 millones de euros y defendió la necesidad de seguir progresando en esta dirección.

«El Plan Juncker ha permitido acceder a 242 millones de euros de financiación para pymes en España, lo que movilizará 4.400 millones de euros, beneficiando aproximadamente a 17.900 pymes», ha asegurado el eurodiputado navarro, y añadió que, sumado este dinero a los 2.000 millones vinculados a grandes proyectos, la financiación total es de «6.400 millones de euros en un año».

Zalba también defendió que «para explotar plenamente el potencial del Plan Juncker y evitar distorsiones en los mercados resulta imperativo que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) colabore activa y lealmente con los bancos nacionales de promoción y con los inversores privados«. «Solo así el Plan Juncker servirá como instrumento de verdadero crowding in y se podrán evitar los fenómenos de mera sustitución de fuentes de financiación», apuntó. También reclamó que el Plan Junker se combine «con el mantenimiento de las reformas que se emprendieron para superar la crisis económica».

La CNMC cree «inminente» la decisión de la Unión Europea sobre su pulso al Gobierno respecto a ciertas competencias eléctricas

Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, cree que la Comisión Europea resolverá de forma «inminente» el procedimiento de infracción abierto contra España a resultas de la denuncia interpuesta por el superregulador contra la decisión del Gobierno del PP de arrebatarle ciertas competencias en materia eléctrica. Así, Marín Quemada calificó de «curioso» que el mismo Ejecutivo que creó la CNMC decidiera luego «retirarle algunas competencias».

Lo cierto es que Bruselas asigna a los reguladores independientes de cada país ciertas funciones que, a veces, no se trasladan fielmente a las normativas nacionales. Por ejemplo, en el caso español con respecto al sector eléctrico, el Ministerio de Industria se arrogó la competencia para fijar los peajes eléctricos, algo de lo que antes se ocupaba la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ahora fusionada en la CNMC. «Nosotros aspiramos, como institución que defiende los intereses de la mayoría, a asumir las mismas competencias que el resto de reguladores europeos. Y se da la paradoja de que algunas de esas competencias se nos han retirado o no se nos han asignado», lamentó Marín Quemada.

Por eso, continuó, han «tenido» que denunciar este hecho ante Bruselas, que ha abierto a España procedimientos de infracción en relación con el ámbito energético pero también con el postal y el de telecomunicaciones, expedientes que están menos avanzados. «Es lo último que hubiéramos deseado, y hubiéramos querido evitarlo, pero nuestro deber nos ha obligado a hacerlo», añadió Marín Quemada, asegurando que esta postura es «un ejercicio de independencia» de la CNMC frente al Gobierno.

En la mesa de Cañete

Marín Quemada señaló que el procedimiento contra España por las competencias en materia energética, que estudia la Comisaría de Energía que dirige el popular Miguel Arias Cañete, se abrió a la par que otro similar contra Alemania, cuyo Gobierno ya ha recibido notificación de resolución. Por eso, cree que el Ejecutivo español está «a punto» de recibir la comunicación pertinente, que se emite tras estudiar las alegaciones presentadas por el Estado contra la denuncia de la CNMC y a la que seguirá un proceso para acordar una solución negociada que pueda evitar las sanciones, que pueden llegar a ser millonarias.

El presidente de la CNMC «espera y desea» que el procedimiento se resuelva con un acuerdo sobre la «restitución» a la CNMC de las competencias «que debe tener», y que se puedan evitar las multas. «Las sanciones a los gobiernos son importantes, pero creo que no hay que llegar a eso. Estoy seguro de que la negociación hará que no se llegue a la sanción, sino que se canalicen las competencias hacia los reguladores con naturalidad. Es lo q viene ocurriendo en los distintos países, y estoy seguro de que también es lo que va a ocurrir en España», subrayó.

La interrumpibilidad: «política de descuentos»

Por otro lado, el presidente de la CNMC señaló que los pagos por el servicio de interrumpibilidad que el Gobierno reconoce a algunas empresas electrointensivas a cambio de que se desconecten de la red en caso de necesidad son una mera «política de descuentos» y no una política energética. «Es una práctica de marketing para que las grandes compañías electrointensivas puedan obtener, en sus negociaciones con las eléctricas, unos descuentos absolutamente lícitos porque asumen el riesgo de no tener fluido eléctrico en algunos momentos», señaló.

Sin embargo, también admitió que «el riesgo de desconexión es escasísimo» por lo que «seguro que esta fórmula es bienvenida entre quienes la utilizan porque es buena para sus negocios». Además, abogó por que el próximo Gobierno se «enfrente a la realidad» de una regulación energética excesiva que supone «un desafío» y acometa un proceso de «depuración, unificación, racionalización y actualización» de una «maraña normativa» que «más que ayudar, confunde».

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Álava insta al Gobierno central a retirar su recurso contra la ley antifracking del País Vasco

EFE.- Las Juntas Generales de Álava instaron al Gobierno central en funciones a retirar su recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional con motivo de este recurso. El pleno de las Juntas Generales de Álava aprobó una moción transaccional presentada por EH Bildu, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se opuso al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar la suspensión sobre esta ley.

La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una «actitud proactiva» en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica. Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno del País Vasco a utilizar «todas las herramientas jurídicas» reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking. En este sentido, instó al Ejecutivo autonómico a comprometerse con «no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto» de este tipo fuera del territorio.

Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, criticó al PNV por mantener una postura «esquizofrénica» en este tema, ya que apoya estas mociones en las instituciones pero sigue «adelante» con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados próximos a Vitoria) y en Angosto (Burgos). El nacionalista Roberto González señaló que la postura del PNV en torno al fracking es «clara» y aseguró que su partido no defiende «ni exploración ni explotación». Además, recordó que ha sido el PP quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.

Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, criticó que «se ve lo que dice y hace el PNV» con el fracking y denunció su «ambigüedad» en la cuestión. El socialista Jon Pablo Nogales trasladó la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino también por la «falta de definición del Ejecutivo de Urkullu». Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, advirtió del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica extractiva.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso a la ley vasca contra el fracking y suspende los preceptos impugnados

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking, y ha suspendido los preceptos impugnados, según comunicó el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, después de recibir la notificación por parte del Alto Tribunal.

La Ley del País Vasco faculta a las administraciones públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma, aprobada en junio de 2015, salió adelante con el apoyo de Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los nacionalistas reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental del Parlamento vasco, conocida como Ley relativa al fracking. Según ha apuntado, los preceptos impugnados son un “inciso” del artículo 2 y otro del 6, además de los números 3 y 5, y las disposiciones transitorias 1 y 2. Además, Erkoreka señaló que el Gobierno ha invocado el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión automática de los preceptos impugnados.

El portavoz del Ejecutivo señaló que, por esta causa, los preceptos impugnados no entrarán en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, y añadió que el Gobierno vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. En este sentido, recordó que, si no hay un pronunciamiento del Constitucional, a los 5 meses se puede reconsiderar la suspensión.

País Vasco dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra el recurso planteado por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de abril después de que fracasara la negociación bilateral entre ambos gobiernos para tratar de evitar el recurso. La ley vasca del fracking se aprobó a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas. En un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

En casos similares, el Tribunal Constitucional ha anulado las leyes de Cantabria, La Rioja y la semana pasada la de Cataluña. Estas tres normas prohibían el uso de esta técnica, por lo que el Gobierno central entiende que esa doctrina es trasladable al caso vasco. De hecho, en su momento el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. A pesar de ello, cuando el Gobierno anunció su intención de recurrir la ley, País Vasco dijo que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias.

El presidente de la Diputación de León celebra el preacuerdo sobre el carbón: «Más vale tarde que nunca»

EFE.- El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, aplaudió el acuerdo entre el Gobierno y la Comisión Europea para conceder ayudas adicionales al sector del carbón nacional, y aseguró que «más vale tarde que nunca». De esta forma Martínez Majo admitió que el acuerdo puede llegar tarde, como denuncian los sindicatos, pero ha insistido en que también «es la última esperanza para salvar el carbón«.

En este sentido, ha destacado que las medidas incluidas en el acuerdo más el plan de apoyo a las cuencas mineras puesto en marcha por la Junta de Castilla y León son unas iniciativas «importantísimas». «Vamos a ver si las actuaciones previstas pueden incidir de una manera positiva en las comarcas mineras», indicó. También avanzó que, como institución, la Diputación de León «estará pendiente de la evolución del acuerdo y colaborará incluso económicamente si es necesario para ayudar a las comarcas mineras de la provincia».

Hasta 10 euros por tonelada

El Gobierno alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea para conceder ayudas adicionales al sector del carbón nacional. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que este incentivo se establecerá en función de la diferencia entre el precio internacional del carbón y el que había en 2013, cuando se acordó el Plan de Minería nacional. En cifras, esa ayuda a la producción puede ser de hasta 10 euros la tonelada, lo que supondría duplicar las ayudas existentes con la normativa actual.

En el último mes el precio del carbón en los mercados internacionales ha caído mucho, lo que ha supuesto una pérdida de competitividad para el nacional y ha agravado la situación de la minería. Las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del precio internacional del carbón. El acuerdo, que deberá ser ratificado por la Dirección General de Competencia europea, se ha logrado tras un largo proceso de negociación de acuerdo con la normativa europea y supone validar el plan de la minería 2013-2018 y sumar estas ayudas.

El Gobierno alcanza un preacuerdo con Bruselas para incentivar el carbón nacional sin devolver las ayudas concedidas desde 2011

Redacción / Agencias.- El Gobierno alcanzó un acuerdo con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que permite incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas, sigue la senda del acuerdo preliminar del plan del carbón 2013-2018 y evita la devolución de las ayudas concedidas desde 2011. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el acuerdo sobre el nuevo sistema de ayudas debe ser ratificado en las próximas semanas por el resto de servicios de la Comisión Europea.

Aparte de eximir a las empresas mineras española de devolver las ayudas, Bruselas se muestra dispuesta a permitir que el Gobierno español incentive en hasta 10 euros por tonelada la producción de carbón nacional. «Se duplicarían las ayudas previstas», afirmó Sáenz de Santamaría, que indicó que en el último mes el precio del carbón internacional ha seguido una tendencia decreciente, lo que aumenta «la pérdida de competitividad» del mineral nacional y «ha agravado» la situación del sector nacional de la minería. El nuevo incentivo se establecerá anualmente y tomará como referencia la diferencia entre el precio internacional y el precio establecido en 2013. «De esta forma, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del comercio internacional», señaló.

El Ministerio de Industria indicó que el acuerdo preliminar se refiere a la autorización del plan de cierre de las minas de carbón no competitivas. El principio de acuerdo se alcanza «tras un largo proceso de intensas negociaciones y en un contexto europeo donde el apoyo al carbón es difícil, dados los compromisos medioambientales de la Unión Europea», señala Industria. En 2010, todos los Estados Miembros aprobaron unas ayudas para facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas. Esta decisión limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta finales de 2018 con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas.

Tras este acuerdo preliminar, la Comisión Europea autorizaría el Plan de Cierre y, en consecuencia, las ayudas otorgadas a las compañías mineras desde 2010 serían válidas aunque el acuerdo estableció que las minas competitivas que hubieran recibido ayudas tendrían que devolverlas en caso de que quisieran continuar con su actividad. En España el Marco de Actuación para el período 2013-2018 fue firmado en 2013 por los sindicatos, la patronal Carbunión y el Ministerio de Industria. Sin embargo, este Plan de Cierre estaba pendiente de la autorización de la Comisión Europea.

Industria explica que el acuerdo preliminar incluye también la autorización de un incentivo adicional para las compañías mineras hasta el 31 de diciembre de 2018. En 2016 esta ayuda adicional a la producción supondría un incremento de 10 euros por tonelada, lo que permite duplicar las ayudas previstas con la normativa actual, ya que en el caso de la minería subterránea pasaría de 15 a 25 euros por tonelada, y en el de cielo abierto, que actualmente no recibe ayudas, se pasaría a cobrar 10 euros. En todo caso, las ayudas respetarán el techo establecido por la decisión comunitaria y el resto de su contenido.

Celebración en Castilla y León

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, confía en que los empresarios mineros puedan recibir las ayudas del plan del carbón pendientes desde 2011 y que se otorgue a España la posibilidad de dar ayudas complementarias hasta 2018. Igualmente, espera que las explotaciones no competitivas no tengan que devolver las ayudas recibidas. El presidente de la Junta aseguró que, a falta de cerrarse el acuerdo, España está «en el buen camino» y el sector está «bien orientado».

«El que se haya negociado ya con la Dirección General de la Competencia la aprobación de ese plan de cierre que tenía que presentar el Gobierno de España para que se pudiera desplegar en todo su potencial el acuerdo marco suscrito en 2013 con el conjunto del sector es trabajar en la buena dirección.», ha asegurado Herrera. El presidente regional ha agregado que ahora «lo que hace falta es que eso se confirme y que más pronto que tarde un gobierno que se encuentra en funciones pueda desplegar todos los elementos para que se garanticen esas ayudas y las empresas las reciban para que se pueda mantener actividad y empleo«.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, lo valoró como un «paso adelante importante para mantener la minería productiva», aunque ha pedido celeridad en su aplicación. Por ello lo consideró como una «buena noticia para la minería de Castilla y León» y que puede convertirse en «la tabla de salvación». En su opinión, esta medida «pretende igualar el precio del carbón nacional respecto al de importación», por lo que ha confiado en que las centrales térmicas «puedan comprar carbón autóctono» y «por lo tanto salvar a la minería».

«Estamos trabajando con el Gobierno para que esas ayudas se materialicen lo antes posible y para que se eliminen ciertos requisitos a la hora de obtener estas subvenciones, porque las empresas están en una situación muy delicada», planteó la consejera. Finalmente se refirió también a la aprobación del plan de cierre para el sector, ya que este anuncio era un «requisito imprescindible para que las empresas que han cobrado ayudas desde 2011 no las tengan que devolver de manera inmediata».

Asturias y Castilla y León piden al Gobierno cumplir el Plan del Carbón y trabajar en Europa pensando en 2018

EFE.- Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Asturias, Javier Fernández, han coincidido en demandar al Gobierno el cumplimiento del Plan del Carbón, como paso urgente, y también en la necesidad de pelear para que las minas rentables en 2018 no tengan que devolver las ayudas. Herrera y Fernández han dejado patente una posición consensuada ante la viabilidad del sector del carbón.

«El problema de la minería no está en funciones, cada día que pasa sea agrava», sentenció Herrera, convencido de que la disposición del nuevo ministro competente sobre la minería, el titular de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, es la de retomar la interlocución con los sindicatos y la patronal del carbón, que buscan un pacto nacional en esta materia. Herrera añadió que seguirán «insistiendo» para buscar soluciones a un problema en el que ha faltado «sentir» en el Gobierno central, aunque no ha avanzado si la intención del Ministerio irá más allá de «favorecer la interlocución» y «estudiar las circunstancias del momento».

En el plano europeo, el presidente de Castilla y León ha dicho que España «no puede abdicar» de su responsabilidad para «revertir» las políticas de la Unión Europea en materia energética y en concreto a la decisión de obligar a las empresas subvencionadas a devolver las ayudas si en 2018 son rentables y quieren seguir activas, ya que «eso las condena al fracaso«. «Es un absurdo y una incoherencia, es un carbonicidio«, ha resumido Herrera, quien sin embargo reconoció que mientras el Gobierno central «acertó cuando firmó el acuerdo con el sector en octubre de 2013», su «error es no ejecutarlo en todos sus aspectos». «Cúmplase ese marco», ha pedido.

Herrera señaló que, en el caso de que haya planes de cierre para el sector, se ofrezcan los fondos necesarios para paliar las «consecuencias sociales», ya que se trata del «futuro del hombre y la mujer en amplias zonas donde no hay muchas alternativas», sin que esto constituya una posición «frentista, sino coherente» con lo acordado entre el propio Gobierno y el sector. Preguntado por si en algún momento se ha sentido solo respecto a su partido, el PP, en la defensa del sector del carbón, Herrera reconoció que a veces es «difícil» explicar las posturas sobre temas como éste.

Por su parte, el socialista Javier Fernández insistió en la necesidad de que España reivindique ante las instituciones europeas que es un error mantener la normativa que llevará a que las explotaciones mineras que estén ahora recibiendo ayudas para llegar a ser rentables sin la necesidad de apoyos públicos, tengan que devolverlas a partir de 2018, ya que esto truncaría su viabilidad. Fernández ha reconocido que las decisiones no pueden «postergarse» porque son «de urgencia», ya que el sector corre el riesgo de no llegar a 2018 precisamente por la «incertidumbre» de tener que devolver las ayudas que ahora perciben.