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Santamaría compromete ante Herrera el apoyo del Gobierno a la minería «dentro de los márgenes de la Unión Europea»

EFE / Servimedia.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró el apoyo del Ejecutivo al sector de la minería y su compromiso de trabajar para mejorar su situación, pero siempre «dentro de los márgenes que nos permita la Unión Europea». La vicepresidenta, después de escuchar a Juan Vicente Herrera en su toma de posesión como presidente de Castilla y León, expresó la disposición del Gobierno a «abordar medidas que refuercen la protección social» de los mineros como la «flexibilización de las jubilaciones».

Herrera centró buena parte de su intervención en peticiones al Gobierno central, entre ellas la puesta en marcha de iniciativas que favorezcan a la minería del carbón, como «fórmulas de algún beneficio fiscal para el carbón autóctono», según sugirió. «Es hora de dar estabilidad, futuro y garantía a ese sector. Somos conscientes del esfuerzo que está haciendo el Gobierno y de que no es una tarea sencilla, pero es hora de pasar de las musas al teatro», manifestó el presidente Herrera durante su discurso en un mensaje directo al Gobierno.

En presencia de la número dos del Gobierno, que asistió a su toma de posesión, Herrera planteó esas reivindicaciones, conocidas por el Ejecutivo y que han sido una constante en la campaña electoral y también estuvieron en su discurso de investidura. Sobre la minería, manifestó que es un «problema social, sentimental, va el futuro de las cuencas de León y de Palencia». «No desmayes, sé que es un tema muy complejo, que está condicionado por decisiones de la Unión Europea pero se puede trabajar en el modelo», subrayó el presidente de la Junta, que abogó por explorar todas las fórmulas, entre las que citó la negociación con las compañías eléctricas.

El PP se queda solo frente a las críticas de la oposición por la propuesta de autoconsumo de Industria

Europa Press.- El PP cree que la propuesta de regulación del autoconsumo que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) expuso en una proposición de ley que se debatió en el pleno del Congreso es «electoralista» y exigió esperar a que el Ministerio de Industria presente su real decreto, que actualmente está todavía en fase de consulta pública, porque considera que la nueva regulación propuesta dará seguridad jurídica a los autoconsumidores y permitirá desarrollar este sector.

Así lo ha señalado la diputada popular Encarnación Jiménez, que defendió el establecimiento de peajes por el uso de las redes eléctricas para los autoconsumidores para evitar que esta modalidad de generación se desarrolle «a costa de una transferencia de rentas» y haciendo que sean «los consumidores más vulnerables los que soporten los costes fijos del sistema». «Autoconsumo sí, pero con todos los consumidores en igualdad de condiciones», proclamó Jiménez, subrayando los logros del Ejecutivo en materia energética durante esta legislatura, que pasan por «haber conseguido la sostenibilidad financiera y medioambiental del sistema y la garantía de suministro, además del fin del déficit tarifario y la bajada de la factura».

Por la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya (ICV) afirmó que el modelo energético español, requiere de un cambio «radical» pero el Gobierno «hace caso omiso a la evidencia, a los organismos internacionales y uno de los que deberían ser sus referentes espirituales, el Papa», y plantea una regulación que «penaliza el ahorro y la eficiencia» y perjudica a las renovables y el autoconsumo. «El sentido común y las instituciones van en una dirección y ustedes hacen justo lo contrario: Presentan un decreto para enterrar la autoproducción con un peaje al sol. Somos el hazmerreír en materia energética en la Unión Europea«, indicó, acusando a los populares de «poner trabas» para que el autoconsumo sea «inviable».

Por eso, la Izquierda Plural propone modificar la Ley del Sector Eléctrico para que el consumidor que quiera autoconsumir pueda ceder los excedentes de energía a la red eléctrica y recuperarlos de forma gratuita en un plazo máximo de doce meses, pagando eso sí unos peajes, cargos y costes «reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneracion» y que «en ningún caso puedan ser mayores que los aplicados» al resto de consumidores.

Por su parte, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, lamenta que generar y consumir la propia energía sea ahora «una utopía irrealizable» en España por culpa del Gobierno, que «hace todo lo posible para que sea inviable«, en contra de la tendencia general en Europa, al establecer multitud de barreras, incluyendo un peaje «intolerable» y que supone un «atraco al bolsillo» de los autoconsumidores, que «ya contribuyen al mantenimiento de las redes con el pago del término fijo».

«Pero el desarrollo del autoconsumo es imparable, por mucho que quieran frenarlo. Es como querer frenar las redes sociales o Internet, no podemos hacerlo porque no es razonable ni justo, y demuestra que de nuevo el Gobierno defiende los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría», acusó Lucio, recordando la multitud de beneficios económicos, sociales y medioambientales de esta modalidad de consumo.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, acusa al Ejecutivo de plantear una regulación «preliberal» más propia de un «feudalismo energético» al establecer una tasa por «algo que uno no necesita», que equivaldría a «tener un huerto y pagar un impuesto al frutero sólo porque vende lo que tú produces en casa». «Es la defensa cerrada de un modelo de negocio fracasado y demuestra que el problema de fondo de la política energética española es precisamente que no existe», añadió el diputado magenta, que aunque reconoce que el autoconsumo no será la «panacea» sí debe «tener un lugar» porque contribuirá a un «cambio de modelo económico, urbano y energético».

En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera lamenta que el PP «penalice» el autoconsumo con un peaje «excesivo y de dudosa validez regulatoria» a pesar de tratarse de un sector «incipiente» que ofrece «una gran oportunidad de negocio para las renovables«. «Imponen enormes restricciones técnicas y económicas que impiden que el autoconsumo sea una realidad, a expensas de las grandes aportaciones positivas al consumo eléctrico. Es un desatino, un despropósito. Aislando el autoconsumo, el Gobierno se aleja de Europa y, poniendo trabas evidentes al desarrollo del autoconsumo, desafían además el cumplimiento de los objetivos europeos de renovables«, insistió, reclamando que en ningún caso se «margine» la cogeneración.

Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV, considera «acertado» fomentar el autoconsumo, por sus beneficios para reducción de costes, dependencia energética o contaminación; aunque reconoce sus dudas ante la petición de retirar los peajes para los autoconsumidores con balance neto, dado que utilizan la red y «eso hay que pagarlo», y propone por contra incentivar esta actividad con subvenciones o fiscalmente.

El diputado de ERC Joan Tardà criticó al Gobierno por «defender los intereses contaminantes e incluso mafiosos» del oligopolio energético a costa de una legislación «lobbista e irracional» que «penaliza aún más el desarrollo del autoconsumo» y de las renovables, con las que se podría luchar de forma más efectiva contra la pobreza energética. Pedro Quevedo (CC-NC) ha acusado al Gobierno de producir una «contrarreforma energética» de carácter «ideológico» y de perder una oportunidad para «democratizar un sector opaco» aprovechando energías limpias «mucho más baratas».

El PSOE en su laberinto negacionista renovable

La política renovable está causando estragos importantes en las formaciones políticas españolas. Por una parte, el PP está siendo hostigado  por parte de los afectados por la reducción de la retribución de las instalaciones renovables, operada en el marco de la reforma eléctrica. Su consecuencia principal está siendo que en las capas intermedias del denominado capitalismo popular de propietarios de huertos solares se ha desatado una formidable campaña contra los populares en varias regiones del país, afectando a parte de su electorado “natural”.

Por otra parte, la actual dirección del PSOE está azuzando el fuego con el tema renovable; en parte por la búsqueda de réditos electorales, en parte por el propio zarandeo y desmembración de sus posiciones en materia de energía que sufre internamente: ora antinuclear, ora renovables con retribución a todo trapo, ora procarbón. De hecho, recientemente Cristina Narbona afirmaba que el Gobierno de Zapatero se había equivocado en su segunda legislatura con el recorte de las primas a las renovables. Omitía, en esa misma intervención, cualquier referencia al descontrol y a los sistemas de incentivos que empujaron la burbuja renovable mientras ella ocupaba su puesto en el Consejo de Ministros.

Hace seis meses el propio Pedro Sánchez se conminaba, en esa especie de rueda de promesas electorales devastadoras en las que se enreda quién está en la oposición, a reimplantar las primas a las energías renovables, concretamente en un encuentro con productores fotovoltaicos en el feudo popular de la Región de Murcia, estableciendo así un puente emocional entre el pasado y el presente, incidiendo en el modelo de generación de burbujas, ilusión monetaria y fiebre del oro. Política de decir a cada uno lo que quiere escuchar en cada mitin.

En todo caso, con estos titulares se produce la entrada en el charco del PSOE, haciéndole el juego al PP respecto a sus críticas sobre la gestión de las renovables llevada a cabo por los socialistas, de despilfarro y burbuja renovable. Todo ello agravado por la inanidad de la propuesta realizada porque en el fondo todo el mundo sabe que ya nada será igual en el desarrollo renovable español futuro.

Quizá, bajo un atisbo de responsabilidad, lo que se tenga que plantear quien aspira a formar Gobierno no es tanto la reinstauración de un sistema retributivo endiablado, generador de burbujas, sino cómo acometer los reveses judiciales que se van a derivar de los cambios regulatorios realizados en la retribución de las mismas, operadas por cierto con altas dosis de riesgo regulatorio, inseguridad jurídica y poco diálogo con los agentes económicos de todos los sectores concernidos.

Por eso no es de extrañar cuando Felipe González se remueve actualmente desde sus posiciones de retaguardia del partido, cuando advierte del negacionismo socialista del pasado en su ejercicio de acción de Gobierno así como del adanismo de la actual dirección del partido y su desconexión con una visión de Gobierno, de Estado y de país. Algo que en energía empieza a ser altamente inquietante.

El PSOE y Podemos hablan del suministro eléctrico como un «derecho» y un «servicio social»

Servimedia / Europa Press.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a establecer, cuando los socialistas lleguen al Gobierno, un «derecho mínimo» de electricidad y de gas a los que destinen más del 10% de su sueldo al recibo de la luz. Asimismo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que la luz y el agua «tienen que ser servicios sociales». En Castilla-La Mancha, la actual presidenta autonómica y candidata, María Dolores de Cospedal, promete una bajada del 25% en el impuesto autonómico de los carburantes.

En este sentido, el líder socialista afirmó que la lucha contra la pobreza va a ser «el centro de su política social y económica» y en ella estará combatir la llamada pobreza energética. Por ello, Sánchez propone la creación de unos consumidores vulnerables, a los que definió, «como pasa en todos los países de la Unión Europea», como aquellas personas que tengan que destinar más de un 10% de su sueldo al recibo de la luz, que tendrán unos «derechos mínimos» de energía y gas.

«Para todos ellos el PSOE, en cuanto llegue al Gobierno, definirá un derecho mínimo energético de suministro de luz, de gas y de electricidad porque se necesita para poder vivir con dignidad», explicó Sánchez. Esta propuesta la planteó tras criticar la medida del Gobierno que ha hecho subir en esta legislatura en un 60% la parte fija del recibo de la luz. «Consumáis luz o no, tendréis que pagar un 60% más, eso es, sobre todo para las personas con pocos recursos, demoledor», aseguró Sánchez.

Podemos carga contra las compañías

Por su parte, entre las medidas que propone Podemos, Pablo Iglesias ha citado la «desprivatización» de algunos servicios públicos. El secretario general de Podemos reivindica que la luz o el agua no sean mercancías. «Tienen que ser servicios sociales, no puede ser que esas compañías energéticas que se beneficiaron de una falsa liberalización en 1997 tengan el doble de beneficios que en Europa, que sean un oligopolio de capital extranjero, al tiempo que a los ciudadanos de este país se les corta la luz, se les corta el agua o se les corta el gas».

«Un Gobierno patriota no necesita envolverse en banderas, y entiende que la patria es la gente. Y un patriota no consiente que corten la luz, el agua o el gas, porque los ciudadanos no puedan pagar la factura«, subrayó. La ley, indicó, está para cumplirse, «y aquellas compañías que apliquen cláusulas abusivas tendrán que ser sancionadas porque ya está bien de que se sancione a los de abajo», dijo Iglesias.

Rebaja manchega de los carburantes

Como promesa de corte autonómico, la candidata del PP a la Junta de Castilla-La Mancha y actual presidenta, María Dolores de Cospedal, anunció que se pondrá en marcha una bajada en un 25% del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) y un plan para su paulatina desaparición. Así lo anunció la candidata del PP en un encuentro ante más de 250 empresarios, añadiendo que será al comienzo de esta legislatura cuando comience a funcionar esta nueva medida.

La rebaja del 25% supondrá pasar de pagar 4,8 céntimos por litro de combustible a 3,6 céntimos por litro de combustible una vez que se ponga en marcha esta medida, que se materializará en forma de ley. Una vez se aplique esta reducción y según la marcha de la economía y del precio del petróleo, el Gobierno regional trabajará para que este impuesto desaparezca paulatinamente. Además, se consensuará con todo el sector, según explicó Cospedal.

El PP quiere que Enresa ajuste el valor de las tasas que cobra a las nucleares para gestión de residuos

Así consta en una de las dos propuestas de resolución que el grupo popular ha presentado al informe anual de fiscalización de la gestión realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)del fondo para la financiación de las actividades del plan general de residuos radiactivos en los ejercicios 2010 y 2011.

Estas iniciativas serán debatidas en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Además, los populares quieren que se articule un procedimiento formal de comunicación entre Enresa y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que permita a aquella contrastar los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales y los registros correspondientes al sistema eléctrico.

Izquierda Plural, por su parte, planteó instar al Tribunal de Cuentas a realizar un informe de fiscalización específico referido a la actividad contractual de Enresa, abordando la fiscalización de la contratación de la empresa nacional de residuos a empresarios particulares, el volumen total de gasto subcontratado y el grado de concentración de adjudicatarios en los procesos de selección.

Revisión de los elementos tributarios

Fue a principios de febrero cuando el presidente del Tribunal de Cuentas presentó en sede parlamentaria una serie de recomendaciones a Enresa en las que le sugería la conveniencia de revisar cada año los elementos tributarios de las dos tasas que caen sobre los titulares de centrales nucleares para la gestión futura de los residuos radiactivos que estas generan.

Según el Informe de fiscalización de los ejercicios 2010 y 2011 del Tribunal, estas tasas se deberían actualizar en función de las necesidades de financiación futura resultantes de las actualizaciones socio-financieras de las previsiones contenidas en los en el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que Enresa comunica al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El objetivo de esta recomendación es «garantizar» que las dotaciones anuales al Fondo se distribuyan a lo largo del periodo que queda de vida útil de las centrales nucleares.

Además, para adecuar los recursos acumulados en el fondo para los costes futuros que deberá afrontar Enresa tras el cierre de las centrales nucleares en explotación, el Tribunal sugiere que podría plantearse «como alternativa» al incremento de la cuantía de las tasas que recaen sobre los titulares de las plantas atómicas, la «internalización por estas empresas» de los costes por asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que, a pesar de estar asociados a la generación de energía nucleoeléctrica, se han cargado anualmente desde su implantación al Fondo para la financiación de actividades del PGRR.

Asimismo, considera que Enresa «debería cargar» al fondo imputable a las centrales nucleares en explotación la «totalidad de los costes soportados» por Asignaciones a Ayuntamientos afectados por las centrales nucleares e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, que se han venido repartiendo entre los cuatro fondos en los que figuraba distribuido el Fondo para la financiación de actividades del PGR, a pesar de que la Ley de 1997 no les otorgó la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.

A juicio del Tribunal, teniendo en cuenta las cantidades recaudadas por tarifas, peajes o precios y los rendimientos financieros generados para afrontar los costes de la gestión de los residuos radiactivos del sector eléctrico y del resto de instalaciones radiactivas, tras el cambio regulatorio de 2009 «no garantizaría como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional» que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoléctricas.

Esto se debe a que no se obliga a revisar cada año los elementos tributarios de las tasas que recaen en los titulares de las centrales nucleares y a trasladarles cada año las desviaciones significativas que en la financiación de esos costes de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos.