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El debate energético se sume en la ideología y los dogmas

Paisaje para después de unas elecciones sin mayorías estables, esa falacia que viene a denominar la inexistencia de mayorías absolutas con capacidad de rodillo. El debate energético deviene en ideológico y dogmático, amplificado con las herramientas pop. En realidad no es ideológico, sino ideologizado de forma publicitaria, es decir, a partir de la nueva política y sobre la base de distintas posturas de carácter ideológico a falta de una política energética coherente, construida en términos de equilibrio económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Ideologías pro o anti algo.

Esto se traduce en tomas de posiciones de los agentes, en presiones para un Parlamento recién elegido con necesidad de afirmarse y, así, empiezan a proliferar declaraciones de intenciones políticas para una etapa de la que todavía no se ve salida inmediata en el proceso de negociación para formar gobierno, que eso es otro cantar. La nueva política, a golpe de titular, abuso de la función mediática, de performance parlamentaria, de políticas declarativas y de Twitter. Estos son algunos ejemplos:

Aprobación de una iniciativa parlamentaria en contra de la fractura hidráulica en nuestro país; el fracking, técnica cuya implantación se está aplazando en la coyuntura actual de precios del petróleo. En el fondo de esta confrontación discursiva, se enfrenta a los promotores de este tipo de inversión, sin un claro retorno económico o necesidad en la actual coyuntura de oferta y demanda, con el movimiento ecologista más beligerante. Dos ideologías.

También hay propuestas para solicitar al Parlamento de un país sin Gobierno instar a que España se convierta en un país con una generación 100% renovable, a la voz de ya. Es decir, a qué abrace en este interregno ejecutivo un programa de “transición energética” y de descarbonización, de eliminación de los combustibles fósiles a pelo, sin más análisis económico, temporal o transicional que el procedente de los elementos discursivos.

Unidos a ellos, revitalizados posicionamientos en contra de energía nuclear sobre el discurso del miedo y del peligro, alimentados por la torpeza en la gestión del ejecutivo popular en la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, por una parte, y la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. En definitiva, la necesidad de un mix diversificado y sostenible económica y medioambientalmente frente a la ideología. Y también está lo que vendrá, como la revisión sumaria del fracasado decreto de autoconsumo, una promulgación realizada sin necesidad.

Como guinda folclórica, pero no exenta de relevancia, la declaración municipal de persona non grata a Rajoy por el affaire de la planta de celulosa de Ence en Pontevedra, consistente en una ampliación del plazo de operación por compensación en sus cuentas de los efectos de la revisión retributiva de la cogeneración operada en el marco de las medidas incluidas en la reforma energética para la absorción del déficit tarifario.

Política de declaraciones y de pronunciamientos ideologizados que, eso sí, conforma un frame del que es muy difícil escapar. Declamaciones pop a través de la venta de relatos propios de cada grupo de presión con sus argumentaciones que han advertido con su olfato el desgobierno, la desvertebración institucional general y la utilidad de la política de gestos, a la vez que virtualmente se constituye en un intento de trazarle el camino en lo energético al Ejecutivo que salga de los pactos o de las segundas urnas. Es en este escenario en el que se producen las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Y la energía tiene su papel.

El PP insta al PSOE a pedir «perdón» por «orquestar» el «fiasco» del almacén gasista Castor

Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, instó al PSOE a dejarse de «política ficción» y a «pedir perdón como ya hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero» por haber «orquestado el fiasco del proyecto Castor para la provincia«. De hecho, según recordó, «Zapatero aprovechó una visita a Vinaròs para pedir perdón a los ciudadanos de Castellón por haber desarrollado este proyecto».

Barrachina considera que «es una gran muestra de hipocresía que el mismo partido que blindó una indemnización millonaria para la empresa del Castor ahora solicite que se recupere este dinero que el Tribunal Supremo ha dicho que se tiene que pagar». «De hecho, los socialistas llevan al Congreso de los Diputados una proposición no de Ley cuyo contenido ya está incluido en el Decreto 13/2014 y que aprobó el PP en la pasada legislatura», indicó.

El PP ha recordado que este almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, «quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un Real Decreto del PSOE». «El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y defendió los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha desgranado Barrachina.

Asimismo, el diputado indicó que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades«. «Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó y, mientras, el PP ha defendido los intereses de los consumidores y ha garantizado que se cumpla la Ley, a la vez que ha trabajado por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha dicho.

Además, el líder provincial ha recordado que ahora mismo la Justicia está investigando lo sucedido con «12 altos cargos socialistas investigados en el proceso». Además, «en 2008 Ximo Puig era diputado nacional y, como tal, fue impulsor y dio soporte a este tipo de iniciativas». No obstante, «el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa», lo que ha supuesto «una herencia envenenada para los consumidores de toda España«.

La mayoría del Congreso pide al Gobierno que prohíba el fracking y suspenda los permisos ya concedidos

Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica, el llamado fracking, en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de Podemos y el PSOE, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking, respetando plenamente las competencias autonómicas, y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos de la ley de hidrocarburos que favorecen la implantación de esta técnica en España, fundamentalmente incentivos económicos.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los 5 diputados de Ciudadanos se han abstenido. La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la «España centralizadora, ultraliberal y expoliadora» pretende «imponer su autoritarismo» en zonas donde existe una «gran resistencia«. «El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando aquí», indicó, reclamando rechazar el fracking y apostar «de una vez por todas» por el «necesario» cambio de modelo energético.

La diputada socialista por Cantabria, María del Puerto Gallego, coincide en que los «riesgos» del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. La socialista subrayó la resistencia ciudadana a estos proyectos, pese al intento del PP «de comprar la voluntad» de los ciudadanos con su ley de hidrocarburos, que prevé incentivos fiscales y económicos para los habitantes y territorios afectados.»Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante», criticó, señalando que con la «excusa» de la dependencia energética los populares fomentaron esta técnica.

María Rosa Martínez, de Equo Podemos, que aportó cambios de tipo técnico a la proposición no de ley de ERC, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los «notorios» efectos «nocivos» sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es «incompatible» con otras actividades económicas, pese a tener un «escaso retorno energético, económico y social». Por ello, ha sugerido que «las enormes inversiones» de las multinacionales del fracking se usen en la transición energética hacia un modelo de energías limpias.

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, considera que «cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone», sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que «garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente» ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la «mucha desinformación» que hay en torno a esta «controvertida» técnica, que utilizan muchos países del mundo. “No cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación de estos recursos», ha señalado, recordando que la Unión Europea considera este recurso como «estratégico».

La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking «alertan» de «notables» riesgos medioambientales. Pero también cree que es «fundamental» la «prudencia«, por lo que propusieron una enmienda que no ha sido admitida, consecuencia de lo cual se ha abstenido en la votación final pese a estar de acuerdo con poner restricciones al fracking con una moratoria pero en contra de apoyar una prohibición total de la técnica. «No tenemos suficiente información y así es imposible adoptar decisiones», concluyó, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC sobre los permisos ya concedidos.

Greenpeace felicita a los políticos

Desde la organización ecologista Greenpeace felicitaron a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados por aprobar una proposición no de ley que exige al Gobierno prohibir el fracking o fractura hidráulica en España y considera que este es «un paso fundamental para el fin de esta peligrosa e innecesaria práctica». «Es una gran noticia que por fin el Congreso de los Diputados apruebe una prohibición del fracking, ya que el Gobierno del Partido Popular ha estado apostando por esta peligrosa técnica durante toda su legislatura», apuntó el responsable de campañas de Greenpeace España, Julio Barea.

En Marea, PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo para exigir un nuevo sistema de suministro eléctrico para la industria

Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos se presentó a las elecciones de diciembre, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios «competitivos, estables y predecibles» a la industria.

La iniciativa, que fue transaccionada con propuestas del PSOE y de Ciudadanos, reclamaba originalmente un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad que mejorase tanto los plazos de las ofertas como las cuantías de los bloques. Sin embargo, finalmente la redacción es mucho más genérica y se limita a pedir que se impulsen las reformas necesarias para conseguir un nuevo sistema de suministro a precios «competitivos, estables y predecibles» que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales “ya que supondría un gran beneficio para reducir los costes productivos en casos como Alcoa”.

Este punto del texto salió adelante con los votos de PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y el PNV, frente a la abstención de Foro Asturias y el voto en contra del PP, que defiende el actual modelo de suministro energético para la industria. Sin embargo, el resto de la iniciativa cosechó el apoyo unánime de los grupos. Así, la Cámara Baja pide al Ejecutivo que fomente la implantación en las industrias electrointensiva de planes de inversiones para favorecer la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y la innovación. Podemos y el grupo mixto criticaron que las tarifas españolas sean las más caras de la Unión Europea y supongan hasta un 40% del coste de la producción industrial.

Igualmente, se pide continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, particularmente en las plantas de Alcoa en Galicia y Asturias; así como promover un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. La propuesta aboga por solicitar a la Unión Europea que «exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos» adquiridos en el Protocolo de Adhesión de este país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para evitar el dumping que está sufriendo la siderurgia y el sector del aluminio.

Junto con esta propuesta, la Comisión parlamentaria de Industria también debatía otra similar, a propuesta de Foro Asturias, para establecer un nuevo sistema de suministro eléctrico para industrias electrointensivas concretas, así como para aplicar una tarifa de emergencia que frene las deslocalizaciones. Sin embargo, el texto defendido por Isidro Martínez Oblanca sólo cosechó 10 votos, de Ciudadanos, ERC, DL, PNV y el propio de FAC, frente a las abstenciones de PSOE y Podemos y el voto en contra de los 15 diputados del PP, por lo que no salió adelante.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha explicado que «no podemos asistir impasibles a las amenazas de la deslocalización de las industrias intensivas españolas» y ha afirmado que hay que evitar el desmantelamiento del empleo que afecta a comarcas enteras. Martínez Oblanca pidió tomar como referencia las medidas que se están adoptando en la Unión Europea, como ayudas estatales para la protección de medio ambiente y para tener costes energéticos semejantes a los que se registran en otros mercados.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha defendido la proposición no de Ley presentada por su confluencia relativa a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico ya que el sistema actual es «opaco, poco transparente e injustos». En este sentido, pide al Gobierno medidas que logren mejoras en el sistema de subasta y que está poniendo en «jaque» a Alcoa, ubicada en A Coruña. Margarita Pérez, diputada del PSOE ha calificado de «dramática» la hipótesis de que pudiera desaparecer la planta de Alcoa también en Lugo. «El sector industrial necesita un marco estable de costes eléctricos y necesita una solución rápida y estable por su gran dependencia de la electricidad», ha aseverado.

Desde Ciudadanos, Enrique Bueno, ha pedido un pacto de Estado de la Energía para que la política energética sea estable y sostenible, mientras que el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha dicho que «el Ejecutivo no puede estar en defunciones» y es importante que «dé la cara» y defienda a estas empresas y sus producciones. También el diputado de Democracia i Libertad (DiL), el catalán Jordi Xuclá, ha defendido que la política industrial debe ir ligada a un nuevo sistema de precios eléctricos más competitivos.

Por su parte, la diputada del PP, Susana López, ha enumerado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP para garantizar la estabilidad del sector energético y ha recordado los beneficios fiscales para las empresas electrointensivas, así como la reducción de los precios para los hogares cerca del 15% y de hasta un 35% para las grandes empresas en los últimos meses.

Podemos, PSOE y Ciudadanos acuerdan reclamar el desmantelamiento del almacén gasista Castor y estudiar posibles responsabilidades penales de Escal UGS

Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobó una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación tras completar Enagás su sellado, y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS participada por ACS, así como realizar un peritaje para valorar los daños causados.

La iniciativa recibió 28 votos favorables y 15 en contra. La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y Ciudadanos, y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP. El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, criticó el «escándalo mayúsculo» de este proyecto «fracasado», que se fomentó «más por el interés del promotor que por el interés general» y que ha acabado por convertirse en un «pelotazo financiero» que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos. «Una prueba más del capitalismo de amiguetes», añadió el portavoz.

Por eso, exige una «solución justa» que pase por explorar las «posibilidades legales existentes» para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque «incurrió en dolo», así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos. Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando «mayor protagonismo» a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar ex ante las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

En el texto que finalmente ha sido aprobado también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda. Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Herick Campos recordó que la posición socialista es de «cierre y desmantelamiento de la infraestructura», mientras criticó que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS «sin transparencia«. El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, fue más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales «si las hubiera» respecto de este «escándalo», ocurrido «tanto en periodo socialista como popular», según recordó.

El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este «escándalo» ha sido posible por una «decisión política» que permitió que el contrato incluyera unas «cláusulas abusivas» en beneficio de la empresa. Por Compromís, la diputada Marta Sorlí denunció que «Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino (Pérez) y para los bancos que sólo ha servido para hacer temblar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar» y se felicitó de que «ahora sí» exista la posibilidad de «hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero».

Finalmente, el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó que esta propuesta es «insuficiente» porque lo que solicita para que se recupere la indemnización ya está incluido en un decreto aprobado en 2014 si se demuestran irregularidades por parte de la empresa, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de la promotora Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones.

Además, ha recordado que ya se han pedido informes al MIT y a Enagás sobre lo sucedido y, durante la pasada legislatura, se han aprobado otros cambios legislativos para exigir declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos en el futuro. Con respecto al pago de la indemnización, el diputado ha recordado que el Gobierno estaba obligado a pagar y que ha minimizado el coste financiero y ha ampliado el plazo de amortización para reducir la cifra final.

Por último, Mariscal señaló que el «dañino» decreto que incluía el «alucinante» artículo que permitía a la empresa recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto en cualquier momento lleva la firma de un «socialista» y que el Ejecutivo del PP trató de revertirlo para no tener que abonar la indemnización a Escal pero el Tribunal Supremo no se lo permitió.

El PP de Castilla y León forzará a las gasolineras de bajo coste y automáticas a poner personal

EFE.- Una proposición de ley, registrada en las Cortes de Castilla y León por el Grupo Popular, buscará el apoyo del arco parlamentario para forzar a las gasolineras de bajo coste y de expedición automática a que dispongan al menos de una persona para garantizar la seguridad y la plena atención al consumidor.

Con esta medida no sólo se lograrían unos 200 empleos en el conjunto de las cerca de 60 estaciones de servicio que en Castilla y León carecen de personal, sino que se garantizaría el buen uso del combustible, aseguraría la debida protección del entorno frente a posibles incidentes con líquido inflamable, y cubriría potenciales reclamaciones de los consumidores y usuarios. Otro de los beneficios añadidos sería la adecuada atención a los conductores con determinados grados de minusvalía física, que no pueden valerse por sí solos, según indicó el portavoz popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

Unas 60 gasolineras de las aproximadamente 1.300 que existen en todo el territorio autonómico expenden combustible de forma automática, mediante el pago por tarjeta en una máquina, sin la asistencia de empleados, generalmente a un precio inferior al resto y están situadas en polígonos industriales y en zonas rurales. Con la obligación de al menos contratar a una persona durante el periodo diurno, se podrían crear unos 200 empleos al sumar los turnos de mañana y tarde durante 7 días a la semana, según los cálculos del procurador del PP.

Por su parte, el parlamentario socialista Fernando de Pablos recordó que su grupo defendió y sacó adelante hace dos años en la Comisión de Economía una iniciativa similar que en febrero de 2015 fue reivindicada por su portavoz, Luis Tudanca, ante la pasividad del Gobierno regional para promover el desarrollo normativo que le pedía las Cortes. Por ello, De Pablos ha lamentado que el Grupo Popular se haya convertido en un «instrumento» de la Junta de Castilla de Castilla y León «para esconder las iniciativas aprobadas en las Cortes y no llevadas a cabo» como le corresponde al poder ejecutivo.

Preguntado por este retraso, Fernández Carriedo ha explicado que «ahora las circunstancias son otras», que el paso del tiempo «nos dejan cosas impensables hace años». El objetivo ahora es evitar que el sector de las estaciones de servicio derive en la automatización de sus servicios con los consiguientes perjuicios para el usuario en la prestación del servicio, además de en riesgos derivados del uso del combustible para fines diferentes al estricto suministro de vehículos. El grupo popular pretende que esta iniciativa parlamentaria con rango de ley sea aprobada «cuanto antes«.

El PP cántabro subraya que el Supremo vuelve a dar la razón a los que intentaron parar el concurso eólico

EFE.- El PP mostró su satisfacción por la sentencia del Supremo que respalda las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre el «fallido» concurso eólico convocado por la coalición PRC-PSOE, porque los tribunales vuelven a dar la razón a quienes intentaron parar “una barbaridad jurídica”, según indicó el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, que cree que «llevaba aparejado un gran quebranto para las arcas públicas y para el propio sector eólico».

Según Van den Eynde, estos fallos, primero en el TSJC y ahora en el Supremo, se producen a raíz de una denuncia de la organización ecologista ARCA, con lo que uno de los grandes argumentos del entonces consejero de Medio Ambiente, ahora de Industria, el regionalista Francisco Martín, de que el PP tumbó el concurso «es una absoluta falacia». El portavoz del PP considera que Martín «hace el ridículo cada vez que repite el mantra de que tumbamos el concurso».

«La realidad es que nosotros intentamos pararlo a nivel político, con escaso éxito dado el rodillo parlamentario aplicado por PRC y PSOE, mientras que ARCA optó por la vía jurídica, y han sido los tribunales quienes les dan la razón, algo que nos parece lógico porque ese concurso era una barbaridad jurídica», añadió. Según Van den Eynde, “Martín acostumbra a tirar la piedra y esconder la mano”. Además recordó que el entonces consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, puso objeciones a un texto que multiplicaba por 5 las previsiones del plan energético vigente en ese momento.

Van den Eynde considera que Martín «debería pedir perdón por semejante desaguisado, a los ciudadanos, por lo que ha costado su pésima gestión, y al PP, por acusar reiteradamente a este partido de tumbar el concurso y con ello perjudicar al sector eólico. «Finalmente queda demostrado que los culpables fueron quienes permitieron a Martín seguir adelante con ese concurso, y que curiosamente le han premiado haciéndole formar parte de este nuevo-viejo gobierno, al frente de la cartera de Industria», concluyó.

Nadal denuncia que todas las medidas energéticas acordadas por PSOE y Ciudadanos «incrementan la factura»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Ciudadanos por su contenido energético ya que «todas las medidas propuestas incrementan la factura» al subir los costes del sistema, lo que tendría impacto tanto en la competitividad de las empresas como en la creación de empleo. En la presentación del balance Energético de 2015, elaborado por el Club de la Energía, Nadal mostró su preocupación por el futuro de la política energética en España.

Entre otras cosas, según advirtió, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años provocará un encarecimiento del 25% del coste de generación eléctrica. Según Nadal, el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de los 40 años tiene «un coste brutal» para el país porque supone renunciar a activos energéticos que podrían funcionar correctamente sin que causas de seguridad justifiquen el cierre. Además, denunció que supone suprimir el 20% de la producción eléctrica que además es libre de generación de emisiones de CO2, algo que solo se puede paliar comprando derechos para gas y carbón o incrementando la capacidad renovable, algo que considera imposible porque «no se puede soportar a largo plazo».

Por otro lado, admitió que dicha medida es «un canto al sol» ya que ninguna central cumplirá los 40 años durante la legislatura. «Es una declaración de cara a la galería, ya que en la próxima legislatura no se va a cerrar ninguna nuclear, pero sienta un peligroso precedente», dijo. También calificó de «canto al sol» otra de las medidas acordadas por PSOE y Ciudadanos, la de que toda la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050 ya que, a su juicio, es inviable tecnológicamente y tendría un coste elevado para el sistema. «Por la noche no hay energía solar y durante buena parte del año tampoco hay eólica», sentenció.

Pide un «pacto nacional» energético

Por ello, Nadal ha pedido un «pacto nacional» en materia energética basado en «consensos básicos», que trascienda a las legislaturas, y que tenga como objetivos principales la competitividad y la creación de empleo, todo ello teniendo en cuenta «los objetivos medioambientales y la seguridad de suministro«. En este sentido, el secretario de Estado de Energía manifestó que la política energética se debe basar en la «sensatez en la introducción de renovables», en las interconexiones, en el mantenimiento de las nucleares y en la eficiencia energética.

Así, en materia renovable, consideró que lo que hay que hacer es «pactar una senda razonable de objetivos», que mida bien el coste y la curva de aprendizaje. Junto a esto, un refuerzo de las interconexiones internacionales, hasta alcanzar entre un 8% y un 9% de capacidad en el horizonte de 2030. Para Nadal, las interconexiones deben ser «una materia de Estado» a defender por todos y criticó el objetivo que el pacto PSOE-Ciudadanos plantea para las interconexiones, acerca de exportar los excedentes de energía,

También llamó a agotar la vida útil de las nucleares «mientras sean rentables» y, por último, apostó por la «eficiencia, eficiencia, eficiencia», una política que «no tiene una sola contraindicación». Con estos ejes, aseveró, solo se necesita gente sensata en una mesa para que España pueda afrontar de forma adecuada sus retos energéticos. Eso sí, también criticó del pacto PSOE-Ciudadanos planteamientos «más a la izquierda» sobre el tamaño de las empresas energéticas españolas. «El problemas de las empresas españolas no es que sean muy grandes son más bien medianas-pequeña, lo que hace falta es hacer el mercado más grande», esgrimió.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió también el decreto para el autoconsumo aprobado por el Gobierno y que pone «límites» para que unos «consumidores no vivan a costa de otros». Finalmente, aseguró que España tampoco puede renunciar a las prospecciones, ya que «no sé cómo se puede avanzar en la independencia energética sin saber lo qué tienes de hidrocarburos». «Renunciar a la nuclear y a la búsqueda de hidrocarburos solamente se propone aquí. Todo el mundo en Europa está buscando, salvo Francia, que tiene nucleares, y España», afirmó.

Tras la intervención de Nadal, la subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento de Industria, María Teresa Velasco, desgranó los datos de 2015 y avanzó las previsiones de 2016. Para este año ve «crecimientos moderados» en los consumos energéticos por las menores previsiones del PIB, la consolidación de la eficiencia energética o el clima suave en lo que va de año.

La Junta de Castilla y León recalca que el fracking no figura entre sus prioridades

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, señaló en el Parlamento autonómico que la técnica de la fractura hidráulica o fracking para obtener hidrocarburos «no es una actividad prioritaria» para la Junta. Del Olmo ha contestado así a una pregunta formulada en las Cortes por el procurador burgalés de Podemos, Félix Díez, quien ha considerado que el borrador del Plan de Director de Industria sí incluye a la fractura hidráulica como una prioridad, lo que ha negado la consejera.

El representante de Podemos ha denunciado la existencia de versiones contradictorias entre representantes del PP y de la Junta de Castilla y León sobre esta materia y ha llegado a afirmar que «salta a la vista» que después de un año al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, tras más de una década con Hacienda, a Del Olmo «le viene grande» este departamento. Le ha recomendado que «sepa qué pone en sus informes», que ponga «a gente preparada y solvente» en las direcciones provinciales de Industria y «destituya a quienes amparan» las actuaciones de su antecesor, Tomás Villanueva.

«Está usted muy equivocado, es usted el que no se ha leído el documento», comenzó por decir Del Olmo, convencida de que en las 200 páginas del borrador del Plan Director de Industria no figura la palabra «fracking» o «fractura hidráulica«. La consejera consideró «una frivolidad» que el representante de Podemos la acuse a ella de no haberse leído del borrador y le pidió que aprovechen la mesa de trabajo abierta para mejorar el documento. «Pónganse a trabajar y si hay errores se corregirán», concluyó.

Discrepancias por las cuencas mineras

En la misma sesión plenaria, la consejera de Economía y Hacienda ha contestado a otra pregunta sobre la enmienda pactada entre Ciudadanos y el PP para incorporar una línea de ayudas para los municipios mineros, que en opinión del procurador Manuel Mitadiel (C’s) no están respondiendo «al espíritu del acuerdo». Mitadiel ha reivindicado la necesidad de centrar los esfuerzos en los 31 municipios afectados directamente por el cierre de explotaciones mineras y en que las actuaciones no se limiten a dotar de infraestructuras, ya que estas inversiones deberían ser ordinarias y no vinculadas a estos planes extraordinarios, y a contratar a parados durante seis meses. La consejera argumentó que el plan aún no está completado.

Precisamente, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, había indicado previamente que el Ejecutivo autonómico estaba «tergiversando» el acuerdo que alcanzaron para reactivar la actividad económica de los municipios enclavados en las cuencas mineras y se limita a ofrecer una especie de «plan E» de «aceras». En este sentido, Fuentes se quejó de que la Consejería de Economía y Hacienda haya cambiado la intención del plan de dinamización de los pueblos mineros que acordaron en el debate de los presupuestos para 2016.

Fuentes insistió en que lo acordado significaba que la Administración iba a ofrecer facilidades a las empresas que quisieran implantarse en estas zonas afectadas por la disminución de la actividad minera de León y Palencia, pero en opinión de Ciudadanos la Junta lo ha convertido en «un plan E como el de Zapatero» para «hacer rotondas, aceras y arreglar calles». «Eso no es lo que habíamos pactado con el Gobierno», ha insistido antes de recordar que el acuerdo preveía que se dedicarían a estos fines entre 5 y 10 millones de euros y que las acciones se limitarían a los 31 municipios mineros afectados directamente por la crisis del carbón.

Foro contra Garoña se concentrará este miércoles frente a la sede del PP en Vitoria para denunciar sus «engaños»

Europa Press.- El Foro contra Garoña se concentrará este miércoles a las 19.00 horas frente a la sede del PP en Vitoria para denunciar los «engaños» y las «maniobras» para facilitar la «reapertura» de la central nuclear burgalesa, de la que reclaman su cierre definitivo ya que se encuentra muy próxima a varios municipios alaveses, y critican las «fábulas» contadas por los populares alaveses durante la campaña electoral.

Este colectivo critica que el PP y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que los consejeros designados por el PP suman mayoría, «siguen adelante en su empeño» para propiciar la reapertura de la central, que permanece cerrada desde 2012, pero cuyos propietarios (Endesa e Iberdrola) pretenden reabrir. El Foro contra Garoña ha reprochado al PP y a su «brazo ejecutor» del CSN que hayan «desoído» a todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo el del PP, que han reclamado la «paralización» de toda medida que, en caso de revertirse un eventual permiso de reapertura, pueda dar lugar a una posterior reclamación de indemnizaciones por parte de los propietarios de la central.