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Ignacio Aguado (Ciudadanos): «Planteamos separar la propiedad de las actividades de generación, distribución y comercialización de las energéticas»

Ignacio Aguado (Madrid, 1983) es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid desde las elecciones del pasado mes de mayo, en las que cosechó un 12% de los votos. Licenciado en 3 titulaciones como Derecho, Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Políticas y de la Administración, trabajaba desde 2008 en el área de regulación de Unión Fenosa Gas. Aguado ha sido el responsable de elaborar el programa energético del partido para las elecciones generales, al que acude sin prejuicios para alcanzar con el resto de fuerzas políticas un gran pacto de Estado.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El Gobierno se encontró con un problema muy importante que era el déficit de tarifa y han centrado toda la legislatura en frenar este problema, algo ciertamente inaplazable, pero también es evidente que se han olvidado de otras muchas cosas e incluso han aprobado medidas con las que no estamos de acuerdo, que no contribuyen a nuestra idea de lo que tiene que ser el futuro energético de España, especialmente con la restricción al autoconsumo.

Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Diría que con la reforma energética han conseguido, desde mi punto de vista y sacrificando a las empresas y al consumidor, poner rumbo a acabar con ese déficit de tarifa. No obstante, la deuda acumulada de más de 20.000 millones de euros sigue ahí, pero es positivo que el déficit estructural no vuelva a producirse.

-¿Qué quiere aportar Ciudadanos al sector energético?

En España hace falta trasladar el concepto de la importancia de las empresas, de unas empresas responsables, en un mercado con muchos agentes. De competencia perfecta en la medida de lo posible, que es lo que mejor funciona; un mercado con un buen marco regulatorio, que se toque lo menos posible, con seguridad jurídica y donde la energía no sea un tema de derechas o de izquierdas. En Ciudadanos entendemos la energía como una necesidad de la sociedad y queremos que sea lo más sostenible, barata y accesible posible. La energía no es de derechas o de izquierdas; hay que despolitizar el concepto energético. No me gusta hablar de pronuclear o prorenovable.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Todas las energías tienen sus pros y sus contras. Por tanto, todas las energías pueden aportar y pueden sumar, y lo que hay que hacer es buscar el mejor mix energético teniendo en cuenta que vamos a un modelo en el que las renovables van a tener un peso fundamental en España, en Europa y en el mundo. Teniendo esa visión a largo plazo en la mente, lo importante es tener un plan energético que nos garantice en los próximos años unas energías de tránsito hacia las renovables, de forma que sea lo más sostenible y barato posible y que haya seguridad en el suministro.

-¿Qué plantea su partido sobre las centrales nucleares? ¿Abogaría por aumentar su vida útil hasta los 60 años o cierre a los 40?

Condicionaremos nuestra decisión a un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que preguntaremos si existe la posibilidad de ampliar la vida de las plantas nucleares durante más años, como pasa en Estados Unidos, dónde se han ampliado ya muchas centrales a los 60 años. Si el informe es favorable, valoraremos si interesa mantener esa planta nuclear o no, también en función de si es necesaria su aportación energética, si hay capacidad de respaldo en caso de prescindir de esa planta nuclear. Es un tema técnico que hay que dejar en manos de profesionales expertos, básicamente el CSN. Con el informe en la mano, analizaremos si merece la pena ampliar la vida útil de la planta o no.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit?

Estamos en año electoral y no interesan las malas noticias para los usuarios, que ya estamos bastante penalizados a nivel eléctrico y a nivel gasista, con unas facturas por encima de la media europea. En Ciudadanos creemos que tiene más sentido dedicar el superávit a reducir deuda e intentar ver por otro lado la manera de reducir los peajes sacando costes que no tienen que estar en la factura eléctrica.

Estamos hablando, por ejemplo, de los costes extrapeninsulares o cualquier coste que tiene más que ver con políticas energéticas que con las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Entendemos que esos costes tienen que ir al margen de la factura. Es un cambio importante que hay que analizar entre todos los grupos políticos y decidir qué partidas de esa factura eléctrica tienen que ir a Presupuestos Generales del Estado y cuáles siguen siendo soportadas por los usuarios.

-¿Contemplan sacar la retribución a las renovables de la factura y ubicarla en los Presupuestos?

Habría que ver hasta qué punto el coste de las primas a las renovables hay que sacarlo o no de la factura eléctrica. Es un tema de mucho calado, por eso lo valoraríamos con todos los grupos políticos. Buscamos un pacto energético a nivel nacional para determinar el mix energético que queremos para los próximos 15/20 años en España. Diseñar cómo es el tránsito hacia las energías renovables y cómo vamos a conseguir un mix energético equilibrado. No tenemos por tanto, una postura clara con las primas a las renovables y hasta qué porcentaje debería ir en los Presupuestos y cuánto en la factura eléctrica.

-Ciudadanos plantea en su programa electoral impedir que las actividades de generación, distribución y comercialización continúen formando parte del mismo grupo empresarial. ¿Por qué consideran necesaria esta medida?

Así reduciríamos las posiciones de poder de determinadas empresas que hasta hace pocos años mantenían el control vertical de toda la cadena de suministro, lo que les permitía controlar el precio y reducir la competencia aumentando las barreras de entrada al sector. Creo que siendo capaces de trocear la tarta energética, con menor capacidad de los agentes para influir en el mercado y en los precios, favoreceremos la competencia, el mercado y la llegada de nuevos agentes. Aparte de que creemos en ello viene marcado por la Unión Europea. El modelo más exigente de la Unión Europea es el que exige la separación, no sólo del funcionamiento sino también de la propiedad, de las actividades de generación, distribución y comercialización.

GOBERNANZA

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

Hay unas directivas europeas que obligan a la separación de actividades. En otros países como Francia y Alemania han sido más reticentes, pero en España se ha hecho bastante bien con los TSO (operador de transporte y de gestión del sistema). Actualmente la operación y el transporte son dos empresas distintas que dependen de una misma matriz. Hay una separación no del todo efectiva, pues siguen siendo los mismos grupos los que controlan ambas actividades. La separación funcional existe, y se está haciendo bastante bien, pero hay que seguir trabajando y profundizando en la separación real y total de la operación y el transporte, por lo que somos partidarios en profundizar en esa separación hasta llegar al modelo independiente total.

-Siendo críticos con el hecho de que haya políticos que terminan en los consejos de administración de las empresas privadas. ¿Qué piensa Ciudadanos de lo que ocurre en REE y Enagás, empresas en las que además hay una participación mayoritaria pública con la SEPI y que lleva en la práctica a un modelo de turnos de PP y PSOE en estas empresas?

Es un tema que tiene mucho que ver con las puertas giratorias, con cómo se establece un régimen de incompatibilidades a los políticos que luego terminan en los consejos de administración; tiene que ver con los organismos reguladores y su independencia respecto al sector, que a día de hoy es muy deficiente y habría que mejorar. Hay que garantizar la independencia de los organismos reguladores y establecer mejores y mayores criterios de incompatibilidades para evitar ese tipo de puertas giratorias.

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente?

Esta fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados bajo un único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro siempre que se den esos requisitos.

¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La Ley dice que el regulador tiene que tener cada vez más competencia para al menos definir la metodología. Definir las tarifas concretas es algo que debe ser competencia del Gobierno. Otra cosa es que también hay que simplificar las tarifas y revisar completamente las tarifas y los peajes en España. Hay tantos temas a nivel energético que tocar que nosotros queremos llegar con pies de plomo, porque es muy técnico y complicado. Queremos tener toda la información, reunirnos con todos los colectivos, y ser sensatos.

-¿Qué opinan sobre que la estructura de la tarifa para consumidores industriales haya sido modificada de tal forma que la estructura tarifaria para las industrias del País Vasco o Navarra se haya beneficiado con respecto a otros territorios?

Forma parte de la política encaminada a beneficiar a determinados sectores e intentar llevar la competitividad a las empresas, no tanto facilitándoles su crecimiento en innovación sino apostando por reducciones concretas de sus costes energéticos. En Ciudadanos creemos que hay que apostar por la industria pero existen otros mecanismos, menos arbitrarios desde mi punto de vista, donde se puede poner en valor la capacidad de las empresas para generar riqueza y no solamente con este tipo de incentivos que generan inequidad entre las distintas industrias.

El objetivo fundamental a medio plazo tiene que ser conseguir la misma factura para todos, incluido para la industria. Apostamos por la cogeneración como una herramienta clave para contribuir con la competitividad. Esto no tiene que ver con tantos niveles de peajes o tarifas distintas, que al final generan distorsiones innecesarias entre unos sectores y otros.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Entendemos que la fiscalidad es importante y que, en primer lugar, debe mantenerse armonizada en toda España. Queremos que los impuestos que graven la electricidad sean los mismos en toda España. No siempre sucede así porque las comunidades autónomas tienen competencias en este sentido. En los demás aspectos habrá que trabajar con otros grupos parlamentarios. Es un tema delicado que hay que abordar con calma, sobre el que no tenemos una receta mágica, pero sí que entendemos que cualquier reforma fiscal debe ser global, no sólo de los impuestos especiales e impuestos a la energía sino también de IRPF, Sociedades… Una reforma fiscal global, no sólo de la fiscalidad energética.

Lo que tampoco podemos hacer es trasladar todo el peso de los impuestos únicamente al consumidor final. Tiene que haber un reparto equilibrado dentro de la energía. En España hay un peso muy importante, especialmente en el sector de los hidrocarburos, pagando muchos impuestos en el litro de gasolina que suponen una recaudación muy importante para las arcas públicas. Pero hay que ser cautos porque cada céntimo que subas a nivel impositivo, estás gravando la actividad de los transportistas, que son los que dependen del hidrocarburo para su negocio, y cada céntimo que restas lo haces sobre las arcas públicas.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Hay que valorar la posibilidad de gravar más fiscalmente aquellas energías que más contaminen, que es algo que parece que va en la línea de las directrices europeas y que tiene sentido. Algo que se haría sin ahogar a los sectores de la noche a la mañana pero sí que habría que ir introduciendo criterios fiscales para que las energías más contaminantes tengan un mayor coste, una mayor penalización fiscal, que las que son renovables y contribuyen a alcanzar los objetivos de reducción de contaminación marcados por la Unión Europea. ¿Cuánto o en qué porcentaje? No lo tenemos todavía definido.

RENOVABLES

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

Desde Ciudadanos pretendemos un marco de competencia perfecta a medio plazo, que entren todos en el mercado. En un mercado energético liberalizado, que funcione, en el que se eliminen barreras de entrada y salida para los agentes, donde se compita en libertad dentro de un pool con reglas claras, transparentes, no discriminatorias. Todo diseñado de forma que si hay que potenciar alguna energía a nivel de Estado, por política energética nacional o medioambiental, siempre que se haga con un sistema de retribución que vaya acorde con la curva de aprendizaje de esa energía, con primas decrecientes y tendentes a desembocar en un pool en el que se compita en igualdad de oportunidades y de condiciones con el resto de energías.

-¿Estáis de acuerdo con las críticas al pool que se realiza desde algunos sectores, a pesar de que los precios son bastante semejantes a lo marcado por otros mercados europeos?

Sinceramente creo que no está funcionando adecuadamente. Hay una duplicidad: por un lado hay unas tecnologías que parece que funcionan en libre mercado en el pool junto a una serie de tecnologías que tienen una rentabilidad garantizada por su  régimen retributivo que les permite entrar a cero y, en definitiva, que están distorsionando el precio real del pool. El pool no está reflejando exactamente el coste de generación. Incluso las propias empresas pueden jugar con el pool. Hay que pulirlo y trabajar en un mecanismo más sencillo. Sabemos que es complicado, pero desde Ciudadanos pretendemos un mercado que refleje exactamente el coste de generación de la energía y en el que entren todas las tecnologías en igualdad de oportunidades.

-Volviendo a las renovables, ¿Cómo valoran todo lo acontecido durante esta legislatura para este sector?

Se derogó el régimen especial pero persisten determinadas primas, rentabilidades garantizadas, condiciones ventajosas de unas energías frente a otras. Si vamos a ese modelo de potenciar determinadas energías como el impulso a la biomasa, que está entrando muy fuerte, o fotovoltaica o eólica con un determinado nivel de rentabilidad garantizada, hay que elaborarlo de otra manera. No podemos volver a caer en los errores de 2004-2005. Se diseñó un sistema de primas que en lugar de ser decrecientes fueron planas. Lo que hemos hecho es pagar toda la curva de aprendizaje de las renovables a nivel mundial sin que la prima fijada para esos proyectos, que están diseñados a 20-30 años, fuera cayendo en consonancia con la curva de aprendizaje.

-¿Qué valor da Ciudadanos a la seguridad jurídica?

Tenemos que reconocer que el Gobierno del PP no ha tenido más remedio que sacrificar la seguridad jurídica para controlar el déficit de tarifa. No se me ocurre una solución mejor a quebrantar la seguridad jurídica, aún reconociendo que para nosotros la seguridad jurídica es un pilar fundamental. Se habían hecho las cosas tan mal con las primas a las renovables que era la opción menos mala. En Ciudadanos somos defensores de la seguridad jurídica y lo que proponemos lo queremos respetar al 100%. Queremos dar seguridad jurídica a los inversores y que sepan que si vamos a poner unas reglas de juego, su proyecto terminará exactamente igual que empezó.

Lo que no se puede hacer es como hizo el Gobierno de Zapatero, poner primas permanentes con curvas de desarrollo tecnológico que aumentaban su eficiencia, al mismo nivel hasta el final de su vida útil de las renovables, porque eso te lleva a lo que ha hecho el Gobierno del PP. Coartar la seguridad jurídica y recortar las primas, lo que genera una espantada a los inversores internacionales o nacionales.

-¿Pero creen que las formas del Gobierno de hacerlo han sido las adecuadas?

No sé el grado de interlocución que ha habido con el sector. Lo cierto es que está bastante recurrido por todos y el Estado va a tener que soportar sentencias millonarias en contra por haber quebrado la seguridad jurídica. Creo que el Estado lo entendió como un mal menor. Posiblemente se podía haber llegado a algunos acuerdos y haber evitado algunas de las sentencias que están por venir. Creo que lo que se ha hecho para corregir el déficit era necesario, que se sacrificó mucho a la industria eléctrica, desde las multinacionales a los productores solares, y que todo debe servir para aprender de los errores del pasado y diseñar, entre todos, un modelo retributivo que no se pueda tocar.

CARBÓN

-¿Cómo abordaréis la cuestión del carbón nacional?

Avanzamos a un modelo en el que el carbón, para poder estar presente en el mix energético, tiene que ser económicamente viable para entrar en el pool sin ayudas, sin subvenciones y sin aportaciones por parte del Estado. Hay dos realidades: la primera es que únicamente pueden llegar a ser rentables las minas a cielo abierto. En segundo lugar, tiene que haber una renovación importante del parque de centrales térmicas en España. Actualmente están obsoletas, no cumplen los requisitos medioambientales de la Unión Europea, para lo que precisan llevar a cabo unas inversiones muy importantes para cumplirlos. Así podríamos mantener el carbón como una energía de transición durante unos años. Si no lo hacen, no habrá más remedio que cerrarlas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito?

No es un tema únicamente de la Administración sino del sector. No es un tema de ayudas: el sector lleva años con un plan de reconversión industrial de las minas en España. Actualmente la apuesta medioambiental es muy potente. Existen mecanismos que permiten reducir la contaminación del carbón de una forma notable. La pelota está en el tejado de la industria carbonera y de la industria de generación eléctrica, que son los que tienen que decidir si llevan cabo unas inversiones muy importantes en las plantas térmicas. Es verdad que la industria tomará la decisión en función de cuál sea la seguridad jurídica en España; si se les garantiza unas reglas de juego estables seguramente apostarán por renovar las plantas.

Podemos promueve desde Murcia una ley nacional para el autoconsumo y la producción de energía renovable

EFE.- El secretario general de Podemos-Murcia, Oscar Urralburu, y el diputado autonómico de la formación, Antonio Urbina, han presentado una iniciativa de Proposición de Ley de energía eléctrica renovable para el autoconsumo con el objetivo de derogar la norma estatal que regula las condiciones de ambas modalidades de suministro eléctrico.

Urralburu ha explicado que esta ley llevaría a los diferentes grupos a firmar «un gran Pacto del Sol, para dar luz al futuro cambio de modelo energético«, y que se trata de «una Ley cuyo dictamen se ha aprobado en la Asamblea Regional y, una vez sea aprobada en Murcia será llevada a los primeros plenos del Congreso, ya pasadas las elecciones y constituido este órgano, para recuperar el sector de las renovables que se ha ido perdiendo a lo largo de estos cuatro años».

Desde Podemos tratarán de elevar al Congreso una Ley de Autoconsumo y balance neto». Urbina destacó la importancia de «relanzar el sector, llevando el foco desde la Región de Murcia, que es el punto que más energía solar tiene y, por lo tanto, es el lugar donde las inversiones serían más rentables y donde podemos ser cabeza en la generación de empleo verde. Murcia podría ser motor de desarrollo económico».

Tras reuniones con los Productores de Energía Solar ANPIER, la Fundación Desarrollo sostenible de Murcia y AREMUR, su presidente Rául Morales traslado a Podemos la importancia de la puesta en marcha de todo un mercado de las energías renovables, que podrían crean en Murcia un total de 5.000 puestos de trabajo al año. Urbina ha afirmado que desde Podemos se va a apoyar a este sector con la voluntad de «que se desbloqueen las barreras que impiden este desarrollo económico».

El PSOE denuncia el «silencio» del PP vasco ante la posibilidad de reabrir Garoña

EFE.- El PSOE acusó al PP de no defender los intereses del País Vasco, en especial de la mayoría social alavesa, y censuró el «total silencio» de los populares vascos ante las «maniobras» del Gobierno central de Mariano Rajoy para reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos).

El candidato socialista de Álava al Congreso de los Diputados, Javier Lasarte, criticó que el ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, haya asegurado que la decisión definitiva sobre la creación de un almacén de residuos en Garoña depende del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En su opinión tal afirmación es «una trampa» y un «intento de engaño» a la ciudadanía porque, según indicó, es «público» que el Ejecutivo ha «cambiado a los miembros del CSN para asegurar una mayoría» y lograr «su objetivo» de reabrir Garoña.

Lasarte mostró su malestar con la actitud de otros dirigentes del PP como el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, y el anterior diputado general alavés, Javier de Andrés, a los que ha acusado de no haber defendido los intereses de los alaveses ante el gobierno central ni de haber presionado políticamente para evitar la posible reapertura de esta central. El candidato socialista recordó las acciones llevadas a cabo por su partido en diversas instituciones para evitar que vuelva a funcionar esta central y aseguró que son el «único partido que ha demostrado con hechos» que apuesta porque Garoña siga cerrada.

Page dice que la resolución sobre el POM de Villar de Cañas «no va a gustar a Soria»

Redacción / Agencias.- Horas después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, recordara que el Gobierno se encuentra a la espera del recurso que presentó contra la ampliación de la zona de protección ambiental que impulsa el Ejecutivo autonómico para paralizar el ATC, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anuncia que la Consejería de Fomento emitirá muy pronto la resolución sobre el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas (Cuenca), un informe que «no va a gustar mucho a Soria».

El presidente regional manifestó que el Gobierno central «está en su derecho» de recurrir, aunque no ha hecho «nada al derecho«, pues en el caso del ATC «ha empezado la casa por el tejado», haciendo los estudios de seguridad nuclear después de empezar la obra. El presidente, que no quiso avanzar nada del estudio que ha realizado Fomento, tan solo aseguró que jurídicamente la instalación «tiene muchas cosas que no están bien planteadas«. El departamento que dirige Elena de la Cruz decidió estudiar el POM al haber detectado «dudas» sobre su contenido y los plazos en los que fue aprobado.

Por su parte, el ministro apuntó que el Gobierno está «en el momento de esperar» a que se resuelva el recurso que interpuso la Abogacía del Estado en contra de la ampliación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en la Laguna del Hito, «un artilugio para paralizar» el ATC. Soria reivindicó una vez más que se trata de una cuestión de política nuclear, de seguridad nacional y seguridad nuclear y recordó que «todo el procedimiento, con buen criterio», lo hizo y culminó el anterior Gobierno socialista «porque era necesario».

La Xunta de Galicia desmiente que haya un «impuesto al sol» en el decreto de autoconsumo del Gobierno

El director general de Energía de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, aseguró que las medidas del Gobierno central sobre el autoconsumo «no son un impuesto al sol» ya que considera que «es una incorrección manifiesta hablar de impuestos» sino que considera que son «peajes destinados a sufragar los costes del sistema«. Sin embargo, la diputada del BNG, Carme Adán, consideró que frenarán la implantación de placas fotovoltaicas.

Las medidas del Gobierno central establecen «condiciones de igualdad para todos los consumidores eléctricos«, sostuvo Tahoces, y señaló que «si el BNG pretende eliminar o exonerar» a algunos, «la Xunta no está dispuesta a que sea una herramienta de redistribución de rentas», porque para ello ya están los impuestos. Aseguró que «el sistema eléctrico español tiene costes fijos y variables» y opinó que una exoneración a los poseedores de placas fotovotaicas de contribuir a esa infraestructura supondría «generar un perjuicio para el resto de consumidores«.

La diputada del BNG comentó que los hogares que instalaron placas fotovoltaicas «hicieron una inversión importante» no solo por un ahorro energético sino por un «compromiso medioambiental», y lamentó que ahora se ven «penalizados» con ese «impuesto al sol«. En ese sentido, opinó que a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, la decisión del Gobierno «no va a incentivar» instalar placas fotovoltaicas ya que así la inversión no será amortizada «hasta dentro de 20 o 25 años».

El PSOE acusa al PP de Canarias e insiste en prorrogar el plazo para completar los 450 megavatios eólicos convocados

EFE.- El PSOE acusó al PP de «cinismo» respecto a la asignación de energía eólica en Canarias e insiste en la necesidad de prorrogar el plazo para los 450 megavatios a efectos de no perder la oportunidad que representa la convocatoria efectuada.

El portavoz de Industria y Energía del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, se manifiesta así después de que el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, haya responsabilizado al Gobierno de Canarias del retraso de las renovables en el archipiélago, diciendo que existe falta de voluntad en su asignación. Para el diputado, esta acusación «ya no sólo es muy grave por pretender con ella camuflar la irresponsabilidad del PP en materia energética en estos cuatro años, sino además por el hecho de intentar endosar a la Comunidad Autónoma las obligaciones incumplidas del Ejecutivo de Soria y Rajoy, que vuelve a mandar a su recadero a tapar sus vergüenzas».

A su juicio, la única «falta de voluntad» es «la de Soria, Rajoy y su PP hacia Canarias, en todas las materias, en estos cuatro largos años que están a punto de acabar». Asimismo, indica que el retraso en la implantación de la eólica en las islas «lleva el sello personal de los hermanos Soria, uno como consejero creando el lío de los concursos y el otro como el ministro que paralizó las renovables, desempolvó las prospecciones y subió a niveles históricos la factura eléctrica«.

La Asamblea de Madrid pide a Cifuentes que los hogares sin recursos no sufran cortes de electricidad y gas natural

Servimedia.- El pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley (PNL) sobre pobreza energética, en la que se insta al Gobierno autonómico a que ponga todos los medios para que no se corte el suministro eléctrico, de agua y de gas a los hogares que más lo necesiten en otoño e invierno.

La iniciativa la presentó Podemos y la apoyaron el PSOE y Ciudadanos. El portavoz del partido que la propuso, José Manuel Sánchez, destacó que en Madrid «hay muchísimas personas en situación de emergencia social y la pobreza energética sigue aumentando«. La diputada de Podemos, Olga Abasolo, argumentó que «según los últimos datos disponibles, en España, mientras que un 17% de los hogares (más de 7 millones de personas) tenían un gasto desproporcionado de energía, el 9% de las viviendas (unos 4 millones de personas) se declaraban incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en el invierno; una brecha que no ha hecho más que crecer, también en Madrid».

«Lo que esconden estos datos es la brecha cada vez más profunda de la desigualdad», manifestó Abasolo, quien también criticó la postura de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que «presentó medidas contra la pobreza energética justo después de conocerse la iniciativa de Podemos«. «Nos resulta sorprendente este interés por la pobreza energética por parte de un gobierno y de un partido político que no llevaba esta temática en su programa y que se han visto obligados a tomar medidas ante las iniciativas puestas en marcha por otros partidos políticos, como en el caso actual», concluyó.

El diputado del PP, Enrique Núñez, dijo que esta medida está incluida en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, pero una enmienda presentada por el PSOE «nos lleva a no apoyarla«, ya que «no enriquece el texto y genera más desigualdad«. La enmienda del PSOE plantea «poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro de agua, electricidad y gas a todos los hogares afectados por pobreza energética en Madrid, con especial urgencia durante el otoño e invierno, evitando, por tanto, la suspensión de dichos suministros». Asimismo, los socialistas proponen «establecer un baremo relacionado con la renta y que sean los servicios sociales los que determinen la situación de pobreza energética«.

Extremadura también anuncia nuevas medidas

La Junta de Extremadura tiene previsto aprobar la semana que viene un decreto-ley para atender las necesidades de «mínimos vitales» de las familias en situación de pobreza y riesgo de exclusión. Así lo describió la portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Gil Rosiña, al estudiar un informe del consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles. Este decreto incluirá garantizar unos mínimos vitales de electricidad y agua. El Ejecutivo de Fernández Vara, según la portavoz, se encontró «una región quebrada socialmente» y con un aumento significativo de hogares en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, que cifró en un 40%.

El Gobierno espera poder reducir en 2016 la parte regulada del recibo de la luz

EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, asegura que el superávit del sector eléctrico en 2015 será «aún mayor» que en el año anterior y «permitirá que en 2016» el Gobierno pueda «proceder a otra reducción en los peajes», la parte regulada de la factura de la luz, tras una reunión con empresarios españoles en Asunción (Paraguay).

El Consejo de Ministros aprobó en julio un real decreto que, entre otras medidas, contempla una bajada de la parte regulada de la factura de la luz, los peajes, lo que supone una rebaja de la electricidad del 2,1% de media, y del 2,2% para los usuarios domésticos. Según Soria, el déficit del sector eléctrico en España está ahora «totalmente encauzado», pero en 2013 suponía añadir 10.500 millones de euros anuales de déficit. «En 2014 no hubo déficit por primera vez en 15 años, hubo superávit que permitió disminuir los peajes, lo que financia los costes de las actividades reguladas del sistema; al disminuir los peajes disminuye la factura eléctrica y eso es una buena noticia para los consumidores», añadió.

Reforma eléctrica y los carburantes

El ministro de Industria aseveró que el sector energético y «particularmente el sector eléctrico» en España «ha comprendido que había que hacer una reforma«. «Era insostenible que los precios siguieran aumentando como estaban aumentando, eso resta competitividad, afecta directamente a la renta disponible de las familias y teníamos que acabar con un problema estructural, uno de los grandes déficits que había en España«, explicó Soria.

Por otro lado, el ministro defendió las medidas tomadas por el Gobierno para reducir el precio de la gasolina y el gasoil. «El precio de la gasolina y el gasoil han bajado claramente en España pero no en la misma proporción que el precio del petróleo por muchos factores», expresó. «Queremos, en sintonía con el Ministerio de Economía, profundizar en la introducción de mayor competencia, para que haya mayor traslación a nivel de precios», dijo.

El ministro español defendió las modificaciones realizadas en la ley general de hidrocarburos para introducir competencias en el mercado minorista y dar la posibilidad de que los grandes cuatro operadores, que suponen el 85% del mercado, tengan más limitaciones y restricciones en el número de estaciones de servicio por provincia. «En los últimos dos años se habrán instalado unas 350 estaciones adicionales de las cuales, independientes a esas grandes marcas son un 90%, es decir, están funcionando las medidas, aunque todas las medidas son pocas». «No podemos nunca fijar un precio, lo que podemos es fijar un marco para fomentar la competencia y que los precios bajen», remarcó el ministro.

Page pide al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha «ayuda» en la interlocución con Soria sobre el conflicto del ATC

Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió al delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, «ayuda» en la interlocución con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y su titular, José Manuel Soria, a la hora de abordar el conflicto de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas. Sin embargo, Gregorio subrayó la necesidad de construir el ATC, «para dinamizar la economía de Villar de Cañas y de la comarca».

Así lo desveló el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, tras una reunión institucional celebrada entre ambos dirigentes en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno castellano-manchego. Hernando indicó que enésta y en otras cuestiones ha visto al delegado del Gobierno «muy receptivo y con una actitud comprensiva«, por lo que calificó como «fructífero» el encuentro. «Le hemos dicho que actúe como interlocutor para poder trasladar este mensaje al Gobierno de España, que es parte de su responsabilidad», indicó.

Sobre la instalación del ATC, Hernando recordó el informe de Greenpeace sobre la posible repercusión negativa del transporte de residuos nucleares por la región, en la que según los ecologistas hasta 71 localidades castellano-manchegas «podrían verse en peligro». Para Hernando, la solución sería «un almacenaje desagregado y que por cada zona nuclear pueda procesar sus residuos y no un almacén unificado que ponga en riesgo muchos municipios» por el transporte.

El portavoz gubernamental explicó además que en la reunión entre Gregorio y García-Page se han abordado otros asuntos, como la situación de Elcogas, sobre lo que han pedido al representante del Gobierno de Mariano Rajoy «que eche una mano para que se le dé una solución a todas las familias afectadas«. Sobre Elcogas, el delegado del Gobierno recordó que ya en la reunión que mantuvo García-Page con el ministro de Industria, José Manuel Soria, el titular del Ministerio ofreció un pacto político para salvar conjuntamente la planta de ciclo combinado Elcogas en Puertollano y todo el empleo que ello supone.

Gregorio señaló que el ministro Soria ya ofreció una solución que compromete al Gobierno central y a la Junta de Castilla-La Mancha a poner sobre la mesa las cuantías necesarias. En este sentido, el ministro anunció la aportación de en torno a 20 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años. «Para ello, ha de haber un compromiso firme y público por parte de la Junta de financiar otro tanto igual. De esta forma, entre ambos gobiernos sumarían una cuantía de en torno 40 millones de euros y la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo, directos e indirectos, estarían garantizados», señaló.

Respecto al ATC, Gregorio recordó que permitirá cubrir las necesidades de almacenamiento del combustible generado por las centrales nucleares españolas, que producen del orden del 22% de la electricidad y supondrá 1.000 millones de euros de inversión, «lo que dinamizará la economía de Villar de Cañas y de la comarca». Asimismo, señaló que está previsto que genere alrededor de 400 puestos de trabajo durante su construcción y de 100 durante su explotación. Por ellosubrayó la necesidad de construir el ATC. «De no ser así, habría que construir almacenes individualizados en cada central, con el aumento de costes e ineficiencias que esto supondría, así como la dispersión de estos almacenes por el territorio nacional«, indicó.

ATC con la dotación presupuestaria

Por otro lado, el PP rechazó las enmiendas planteadas por la Izquierda Plural para dejar sin dotación presupuestaria al ATC de residuos nucleares que se está construyendo en Villar de Cañas, durante la votación de los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno para 2016 y aprobados por el Congreso, que ahora se envían al Senado. En concreto, la Izquierda Plural había registrado tres enmiendas parciales para minorar en un total de 412 millones de euros el dinero que se dedica a esta partida.

«El almacén nuclear genera un gran rechazo social, que pone en peligro la agricultura, la ganadería y los proyectos de turismo rural de toda la zona, además de los riesgos añadidos para la seguridad en todas las comarcas por las que transcurre el transporte ferroviario y por carretera de estos residuos altamente tóxicos», argumentaba Izquierda Unida en sus enmiendas. La formación defendía que este dinero se podría dedicar a otras actividades, «dada la preocupante situación de Castilla-La Mancha», una de las regiones en las que «más ha crecido el paro».

La oposición en el Congreso reprocha a Soria que su presupuesto no apoya a la industria ni a las renovables

Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados reprocharon al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que las cuentas que ha preparado para su departamento en 2016 no contribuyen a la reindustrialización ni al desarrollo de las energías renovables, pese a tratarse de sectores fundamentales para consolidar la recuperación.

Durante el debate de las enmiendas de la oposición al proyecto de Presupuestos para 2016, la portavoz socialista de Industria, Patricia Blanquer, afirmó que las cuentas «consolidan el freno a la reindustrialización y al desarrollo de un modelo energético alternativo e innovador basado en las renovables«. «La industria no es una prioridad para el Gobierno», acusó, avisando de que «difícilmente» se alcanzará el objetivo del que el 20% del PIB sea industrial en 2020. Además, lamentó que no se haya «sabido aprovechar el impulso externo para consolidar un cambio de modelo productivo que asegure un crecimiento sostenible y permanente» y que la «caótica gestión energética» sólo haya servido para «desincentivar» el ahorro y las renovables.

Por la Izquierda Plural, el diputado Josep Pérez Moya coincide en que el Gobierno «renunció a dotar al país de un modelo industrial que, desde el respeto al medio ambiente, permita una salida justa de la crisis» y que durante toda la legislatura haya «supeditado los intereses de los españoles» a los de la banca alemana o a los «intereses especulativos» de la industria energética. Mientras, el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó que sean «continuistas» y «muy conservadores» ya que financian un modelo económico que «ha tenido un papel fundamental en el agravamiento» de la crisis al no apostar por sectores innovadores que dan «dinamismo» a la economía y generan empleo de calidad.

Por Convergència (CDC), Pere Macias puso en duda que los Presupuestos de Industria contengan las medidas «necesarias para dinamizar la reindustrialización que el país necesita», según esgrime el Gobierno, y advierte de que aunque en algunos sectores como el del automóvil «las cosas se han hecho razonablemente bien» en otros «se están haciendo bastante mal». Igualmente, echó en falta una «política decidida de apoyo a las pymes» y la apuesta por el vehículo eléctrico como el mejor instrumento para poner en valor el exceso de potencia eléctrica instalada que hay en España, lo que se suma a las decisiones que se han adoptado en contra del desarrollo de las renovables.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió que estos Presupuestos se presentan en un contexto económico totalmente diferente al de años anteriores por el crecimiento y por la creación de empleo. Así, aseguró que con estas cuentas se «consolidará» la recuperación, que a su juicio es «sostenible y clara» siempre y cuando «persista esta política económica», particularmente en los ámbitos de su competencia. «Que la recuperación sea o no irreversible dependerá de que se mantenga el signo de la actual política económica, que ha generado confianza y credibilidad. La única sombra en el horizonte es que haya un giro radical en el signo de la política económica», advirtió.

A renglón seguido, Soria resumió las principales cifras de su departamento, explicando que la ligera caída del gasto se debe, entre otras cosas, a los menores costes del sistema eléctrico o al fin de las inversiones para reantenización. Y subrayó particularmente la buena marcha del turismo, que vinculó entre otras cosas a la buena calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) gestionado por las comunidades autónomas o a la seguridad.

El presupuesto de Industria para 2016 alcanza los 7.269 millones de euros, un 10,6% menos, como consecuencia del descenso del 14,8% del presupuesto no financiero, hasta 4.889 millones. Este descenso se debe a la reducción o desaparición de partidas como la destinada a financiar los costes del sistema eléctrico, el Plan PIVE o la eficiencia energética. El mayor porcentaje del presupuesto corresponde al área de Energía, con 4.226,5 millones, un 12,45% menos, por la caída de los costes del sistema eléctrico, el ahorro energético y la corrección del déficit eléctrico.

Finalmente, el portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, esgrimió que el actual Ejecutivo ha «afrontado claramente la necesidad de desarrollar los sectores que crean empleo de más calidad» tras la «inactividad» del Gobierno anterior, que generó así numerosos problemas. Así, el diputado defendió que se consiguió la «sostenibilidad» del sistema energético apostando «decididamente» por la eficiencia y las renovables; se «apoyó e impulsó» a sectores tractores en la economía, atrayendo inversiones que «benefician a empresas de alto valor añadido» como el del automóvil o el aeroespacial; y se ha conseguido corregir los errores en la política turística, donde la pasada legislatura «había más presupuesto pero menos inversión y menos turistas».