Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo están siendo un excipiente, muy particular desde el punto de vista energético, que se configura como uno de los elementos recurrentes de la controversia pública.

Como consecuencia de la profusión con la que los partidos, principalmente los emergentes, se están empleando en definir, de una forma u otra, un cierto programa que perfile su oferta política, lo cierto es que les está llevando a pisar terrenos que, claramente, no pertenecen al ámbito de las competencias de las Administraciones concernidas en estos comicios. Básicamente, de forma apropiada, estaríamos confinando el debate en estas elecciones a cuestiones relativas al fomento de la eficiencia energética y el despliegue de nueva potencia renovable, en el caso de que desde la Administración central se propugnase.

Esa extralimitación, enormemente morbosa, es el resultado de un sistema político que se encuentra en un momento de excepcionalidad disfuncional. Sólo así es posible comprender, por maximalista, que en este marco se pueda elucubrar alrededor de la eventual nacionalización de las empresas energéticas o del cuestionamiento del  funcionamiento de los mercados como mecanismo de asignación y gobernanza en los sectores energéticos en nuestro país, o qué se utilicen premisas falsas o incompletas sobre qué tecnologías son baratas o caras. Todo ello sin una sola réplica. ¿Cómo es posible esta desmesura?

A esto contribuye que estas elecciones aparecen como un mecanismo de evacuación del malestar ciudadano hacia el clima político: un plebiscito entre el bipartidismo y los partidos emergentes. Así, se trata de interpretar cualquier señal que emiten estas nuevas fuerzas, aunque sean formulaciones intencionales o aproximaciones puramente dogmáticas o discursivas. Así, la forma de abordar cuestiones como la pobreza energética, los precios del kilowatio o del butano evidencian posiciones económicamente muy oblicuas y con la mirada excluyente de la evolución de los precios del crudo y de los mercados internacionales.

Los expertos en comunicación política afirman que la campaña empieza el mismo día que finaliza un proceso electoral y se nombra gobierno. En este sentido narrativo, en esta legislatura, se ha tratado de meter en cintura el déficit tarifario eléctrico en términos contables, pero determinados problemas de fondo siguen coleando y larvados, fruto de la falta de definición de una política energética fuera de los maximalismos, de la distribución de beneficiados y perjudicados y de la falta de convicción liberalizadora y de mercado en España.

Si se une la debilidad institucional, la tendencia a la sobreinversión  y el estallido de los escándalos políticos en torno a las burbujas sectoriales el coctel es muy peligroso. El hecho, es que la politización en torno a la cuestión de los precios de la energía (electricidad, gas, carburantes y butano) se ha acentuado, con independencia de lo ejecutado en estos sectores y sus respectivos sistemas tarifarios y de precios, incluyendo las especulaciones sobre posibles rebajas a la vista; con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide.

Exquisiteces aparte, la cuestión no es que las cuestiones energéticas que se están abordando en esta campaña pertenezcan al ámbito municipal y autonómico. Quizá, habrá que plantearse las posibilidades que entraña el modelo de pactos entre partidos al que nos avecinamos, con el discurso político predominante en nuestro país sobre la energía y lo que se puede entrever. Para nota.