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Caballero (FEMP) llama a los alcaldes a usar como vehículo oficial uno eléctrico: «Gasta 1 euro por cada 100 kilómetros»

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Europa Press.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, invitó a todos los responsables municipales a que usen como coche oficial para moverse por la ciudad un vehículo eléctrico. «Gasta un euro por cada 100 kilómetros y funciona espléndidamente en la ciudad», aseguró. El también alcalde de Vigo recalcó que con ese objetivo se ha firmado entre la FEMP y Red Eléctrica de España (REE) un convenio para aumentar el número de puntos de recarga existentes.

Según ha explicado, él lleva 6 años usando un pequeño vehículo eléctrico para moverse por Vigo y está satisfecho con él, por lo que ha invitado al resto de alcaldes a hacer uso de uno. Según Caballero, el acuerdo con REE se encuadraría dentro del marco de lucha contra el cambio climático y en el participarían tanto el Estado como los municipios. De esta forma, los ayuntamientos sacarán la concesión de los puntos de recarga, y REE se compromete a hacer llegar la energía eléctrica a esos puntos. «El automóvil eléctrico es el futuro», recalcó.

Para Caballero, esta es la forma de garantizar una implantación masiva del coche eléctrico. «En este momento faltan puntos, necesitamos hacerlos y por eso nos ponemos manos a la obra», ha añadido el alcalde. Desde Red Eléctrica ya explicaron que el sistema eléctrico español está preparado para integrar los nuevos vehículos eléctricos que se esperan durante la transición energética. Según REE, en la actualidad existen en España 4.800 puntos públicos de recarga y la estimación es que esta cifra crezca hasta los 90.000 (incluyendo los instalados en áreas urbanas y carreteras) en 5 años. Esa cifra ascenderá hasta los 100.000 en 10 años, y hasta los 120.000 en 15 años.

Gas para vehículos de McDonald’s

Por su parte, el proveedor de logística Havi España, junto con el fabricante de vehículos Scania, tiene previsto añadir 14 vehículos a gas antes de que acabe el año a la flota que distribuye productos a los restaurantes McDonald’s desde sus centros en Madrid y Barcelona, para minimizar las emisiones CO2 en la cadena de suministro. Según ambas compañías, esta iniciativa nace como respuesta a la creciente demanda de los consumidores para que las empresas de logística implementen sistemas de transporte de mercancías más sostenibles.

De estos vehículos, 12 funcionan con gas natural licuado (GNL) y los otros 2 con gas natural comprimido (GNC), los cuales se unen a los 2 que ya disponía, por lo que en total la compañía tendrá 16 vehículos a gas. Estos camiones están diseñados para no contaminar el aire y, con ello, contribuyen a reducir las emisiones de carbono en los núcleos urbanos. Así, la previsión es que la cadena de suministro de McDonald’s utilice en el futuro biogás licuado y comprimido que se pueda mezclar con el gas natural o reemplazarlo por completo.

Scale For Good de McDonald`s

Los nuevos vehículos también son más silenciosos que los vehículos de entrega convencionales, lo que ayudará a reducir la contaminación acústica en las entregas urbanas. En concreto, en Madrid los vehículos estarán equipados con equipos de refrigeración eléctricos especiales para reducir aún más las emisiones de carbono y los niveles de ruido. La hoja de ruta de los combustibles ecológicos Havi-Scania está directamente alineada con el Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa, una iniciativa del Gobierno central que promueve la sustitución de las flotas de transporte por carretera por vehículos de bajas emisiones y también se enmarca en el proyecto Scale For Good de McDonald’s, que recoge el compromiso global para abordar de manera local, los principales retos globales.

El director general de McDonald’s España, John Alves, ha comentado que «la innovación es necesaria en nuestra ruta hacia la sostenibilidad, como parte de nuestra estrategia global Scale For Good». De su lado, el vicepresidente senior de Gestión de Operaciones y Transporte de Havi, Rafael Gómez, destacó el deseo de «ser pioneros en el cambio hacia nuevos estándares en el campo de las entregas urbanas e implementar medidas específicas para beneficiar al medio ambiente y contribuir al bienestar de las comunidades en las que operamos».

José Antonio Monago, líder del PP extremeño, augura que «la central nuclear de Almaraz la van a cerrar los socialistas»

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EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz «la van a cerrar los socialistas y van a hundir tanto a una comarca entera como a la producción industrial de la comunidad autónoma».

Cuestionado por el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, Monago ha afirmado que «el problema no es el almacén, el problema es la central, la cual hundirán los socialistas».

Monago le ha pedido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie sobre este tema y sobre la inexistencia de alternativas para la comarca.

En este sentido, ha recordado que el PP ha hecho una propuesta en las Cortes para evitar el cierre unilateral por parte de una empresa en este ámbito, por ejemplo en el caso de Almaraz, en la que no han contado con el apoyo ni del PSOE, formación cuyos máximos dirigentes son «antinucleares», ni de Cs, partido que se ha puesto «de perfil».

El almacén recoge los residuos que produce la central, ha indicado, pero lo que «interesa saber es que pasará con los miles de empleos directos e indirectos y con la actividad y tributación que genera, y cómo se resolverá el aumento previsto en un 20% del precio del recibo de la luz tras el cierre de las nucleares».

Jordi Sevilla, exministro socialista de Administraciones Públicas, es nombrado presidente de Red Eléctrica de España en sustitución de José Folgado

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EFE.- El consejo de administración de Red Eléctrica ha aprobado el nombramiento del exministro socialista Jordi Sevilla como presidente no ejecutivo de la compañía en sustitución de José Folgado, según comunicó Red Eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el consejo de administración aceptó la dimisión de Folgado, que accedió al cargo en 2012 tras la llegada del PP al Gobierno, así como su cese como presidente no ejecutivo del consejo de administración y de la compañía.

Folgado había sido reelegido por un plazo de 4 años el 15 de abril de 2016 y su puesto en el consejo y como presidente no ejecutivo será ocupado por Jordi Sevilla. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), tiene un 20% del accionariado de Red Eléctrica, mientras que el 80% del capital restante cotiza libremente. Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez. Entre los asuntos pendientes de Red Eléctrica, destaca la posible compra de la compañía de satélites Hispasat a Abertis.

Folgado, que fue secretario de Estado de Presupuestos entre 1996 y 2000, entre 2000 y 2002 de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, y entre 2002 y 2004 de Energía, Desarrollo Industrial y de la PyMe, percibirá tras su salida de Red Eléctrica la cantidad correspondiente a una anualidad, como pactó en 2012 cuando llegó a la compañía y aprobó ese año la junta de accionistas. Folgado ganó 546.000 euros en 2017, según el informe de retribuciones de la compañía publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El nuevo presidente de Red Eléctrica, José Sevilla, considera un reto asumir la presidencia de una empresa que debe «compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada». Red Eléctrica obtuvo un beneficio de 189,1 millones de euros en el primer trimestre de 2018, un 4% más que en el mismo periodo de 2017.

Sevilla (Valencia, 1956), actualmente vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca, es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983. Militante del PSOE, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general.

A lo largo de su carrera profesional en la Administración fue el subdirector territorial en Valencia en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985). Entre 1985 y 1990 fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno y jefe de gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, con quien también fue jefe de gabinete 1993 como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

Ha sido miembro del comité de redacción de la revista Debats (1984-1985), consejero de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Extremadura (Sodiex) (1987-1988) y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (1988-1990). En marzo del 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

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Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

El Gobierno nombra nuevo director del IDAE a Joan Herrera, antiguo líder de ICV (Iniciativa por Cataluña – Los Verdes)

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha nombrado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, a Joan Herrera Torres como director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Herrera nació en Barcelona en 1971 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Además, está especializado en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, con un postgrado en la Universidad Pompeu Fabra.

En la actualidad es profesor asociado de la Universidad de Gerona, donde imparte Teoría de las élites en España. Además, es patrón de la Fundación Energías Renovables y autor de dos libros. Durante la octava legislatura, entre 2004-2008, Herrera fue diputado y portavoz del Grupo Izquierda Verde-IU-Iniciativa per Catalunya Verds, un cargo en el que siguió durante la IX legislatura hasta octubre de 2010. A partir de esa fecha pasó a ser diputado y presidente del Grupo Parlamentario de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica, su actividad parlamentaria ha estado vinculada a la economía verde, siendo portavoz e impulsor de diferentes iniciativas en materia energética y ambiental.

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

Teresa Ribera promete que el Ministerio para la Transición Ecológica trabajará buscando alcanzar el mayor «consenso» a través del «diálogo»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha prometido que su Ministerio trabajará con «ilusión» y «ganas», buscando «consenso» y «diálogo» para «sentar las bases de una sociedad más justa y ajustada a los límites ambientales», unos propósitos que también suponen, en su opinión, «romper inercias» y «enfrentamientos también«.

«Lleguemos hasta donde lleguemos, debemos hacerlo sobre la base del consenso del diálogo, de escucharnos, de encontrar aquellas soluciones que nos permitan que todos nos mostremos cómodos y copartícipes en ese proceso de cambios», ha comprometido la ministra durante el discurso con el que ha concluido el acto de toma de posesión, celebrado en Madrid, de los altos responsables del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, han tomado posesión Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente, José Domínguez Abascal como secretario de Estado de Energía, Juana Lázaro como subsecretaria del Ministerio, Álvaro Abril como director del gabinete de la ministra, María Jesús Martín Martínez como directora general de Política Energética y Minas, Francisco Javier Cachón de Mesa como director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, y Ana María Oñoro como directora general de Sostenibilidad en la Costa y el Mar. “Este Ministerio es responsable de la gestión y protección de los bienes públicos globales del patrimonio de todos más allá de fronteras y océanos», ha reivindicado Ribera.

Después, Ribera ha tenido palabras de agradecimiento a las personas que «han formado parte del equipo directivo» del Ministerio con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. «Todas ellas merecen respeto y agradecimiento por un servicio público que es complejo, denso y habitualmente poco agradecido», ha subrayado. Del mismo modo, ha dado las gracias a los funcionarios del Ministerio y a los nuevos cargos por ofrecer «su tiempo, cerebro y energía en algo que forma parte ya de los grandes desafíos de nuestro tiempo», en palabras de la ministra. «No va a ser sencillo, se trata de hacer mover la balanza mirando al futuro sin dejar a nadie atrás», concluyó Ribera.

El PSOE reclama un plan de transición energética con alternativas económicas para Cofrentes ante el posible cierre de la nuclear

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Europa Press.- El grupo socialista en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Consell y al Gobierno de España a diseñar y aprobar «un programa plurianual de actuaciones de transición energética en el área de influencia de la central nuclear de Cofrentes» que tenga como objetivo «anticiparse y evitar los posibles efectos negativos» que podrían conllevar el cierre de la misma previsto para 2021, cuando finaliza su permiso de explotación.

Así, el PSOE ha pedido que este plan sirva para «dotar de alternativas industriales y económicas en una zona cuyo empleo y actividad económica depende en gran medida de la central».

La diputada socialista Noelia Hernández ha señalado que «ni España ni la Comunidad Valenciana cuentan con un programa que garantice una transición justa en los territorios más vulnerables» por lo que «sería conveniente alcanzar un acuerdo que implicase a todos los organismos y administraciones implicados para conseguir anticiparse y evitar cualquier efecto no deseable de la transición energética».

En esta línea ha recordado que el área de influencia de esta central tiene una alta dependencia económica de la misma, ya que la zona carece de alternativas industriales y gran parte de los empleos están ligados de forma directa o indirecta a la central.

«Es muy importante que las administraciones se pongan en marcha para que de forma coordinada aborden desde ya y se anticipen al cierre fomentando alternativas para la diversificación de la economía en la zona«, ha señalado Hernández.

Por todo ello la iniciativa presentada desde el grupo socialista recoge establecer incentivos para «favorecer la inversión privada en este área» así como medidas específicas de I+D+i «tanto ligadas al cambio climático o que fomenten la diversificación a la transición energética». También se señala la «aplicación de fondos europeos y programas de financiación del Banco Europeo de Inversión para fomento del emprendedurismo como alternativa a la transición energética».

Otra de las políticas que se reclama en la PNL es establecer «una planificación energética sustitutiva que sea equiparable a la capacidad de producción eléctrica de la central nuclear», que 2017 produjo el 3% de la producción eléctrica nacional y el 13’19% de la producción eléctrica de origen nuclear, «así como implantar las medidas que faciliten y agilicen las instalaciones renovables».

Por último, desde el grupo socialista proponen «solicitar al Gobierno de España su participación financiera y estratégica» y «derogar normas que dificulten la transición energética hacia un modelo más sostenible».

En este sentido, la diputada socialista ha recordado que la Ley del Sector Eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2013 «no supuso ningún avance en materia de cambio climático y tuvo consecuencias nefastas» como fue la pérdida de unos 70.000 empleos en el sector de las energías renovables así como las pérdidas cuantiosas de muchos pequeños inversores.

El Gobierno de Baleares y los Consejos insulares aprueban pedir al Estado proteger el Mediterráneo frente a las prospecciones petrolíferas

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Europa Press / EFE.- Mientras el diputado autonómico socialista Vicenç Thomàs ha pedido al presidente del PP balear, Biel Company, que sea «coherente» y vuelva a posicionarse en contra de las prospecciones en el Mediterráneo, el Gobierno de Baleares y los Consells de todas las islas han aprobado una declaración institucional sobre la protección del Mediterráneo ante los proyectos de prospección y sondeos petrolíferos.

El texto, que ha sido firmado por los presidentes de las cinco instituciones, pide al Gobierno central la retirada del proyecto MedSalt-2, solicita al Congreso que permita la tramitación y la aprobación de la Proposición de ley sobre la protección del mar Mediterráneo, aprobado por el Parlamento balear, e insta al Gobierno a hacer frente común con las instituciones de Baleares ante los proyectos que pueden tener un efecto adverso para el medio marino balear, así como a actuar con transparencia, ofreciendo toda la información en lo referente a los proyectos que se quieran realizar.

«Decimos un no clarísimo a este y a todos los proyectos que sirvan para distorsionar nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio natural y nuestra manera de vivir», ha indicado la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, quien ha definido el MedSalt-2 como un proyecto «que se quiere vestir de científico» pero que tiene como una de sus finalidades «saber si aquí hay petróleo». Asimismo, la presidenta detalló todas las acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Baleares durante esta legislatura para detener las prospecciones petrolíferas y ha firmado otro manifiesto contra las prospecciones.

Petición del PSOE al PP

Según indicó el PSOE, los grupos parlamentarios tratarán de pactar una nueva proposición de ley contra las prospecciones petrolíferas en el Parlamento tras conocerse la intención de llevarse a cabo el proyecto científico de sondeos acústicos Medsalt-2 en el área marina comprendida entre Ibiza y Mallorca y el sureste de las Pitiusas para investigar las formaciones salinas del subsuelo marino. Thomàs ha asegurado que esta iniciativa está «disfrazada de proyecto científico» y que, incluso sus propios impulsores, han reconocido que en este proyecto están interesadas empresas de gas y petróleo.

Por ello, «pedimos a Company y a todo el PP que sean coherentes». Si el PP ya aprobó en el Parlamento una iniciativa contra las prospecciones en el Mediterráneo, Thomàs ha pedido que «vuelvan a dar su apoyo». «Aún están a tiempo de rectificar y sumarse a esta nueva proposición de ley» contra las prospecciones, ha reiterado el representante socialista. «Desgraciadamente el PP se ha puesto tras la pancarta, pero ha frenado en el Congreso junto a Ciudadanos las prospecciones en el Mediterráneo«, lamentó Thomàs.

Lambán (Aragón) se muestra convencido de que el PSOE apoyará la ley para evitar el cierre de las centrales térmicas

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EFE.- Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado en León el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario popular con la minería del carbón, como demuestran sus iniciativas, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha mostrado «prácticamente convencido» de que el PSOE apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para regular el cierre de las centrales térmicas anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Lambán ha explicado que los responsables socialistas de Asturias, Castilla y León y Aragón se han reunido con la dirección del partido para abordar este asunto. Sobre este encuentro, Lambán constató una «predisposición bastante favorable» por parte de su partido a apoyar la proposición de ley anunciada por el Gobierno para regular el cierre de las centrales térmicas, en el caso de que finalmente se lleve el texto al Congreso de los Diputados. En este sentido, el Gobierno de Aragón apoya «sin fisuras» que el Gobierno pueda intervenir para evitar el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel). «Y estoy prácticamente convencido de que si el ministro Nadal lleva esa ley al Congreso, el PSOE la apoyará», ha resaltado.

El PP y el carbón

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha criticado la postura de la oposición en el Congreso en lo que respecta al carbón y al mantenimiento de las centrales térmicas, y ha lamentado que no se les haya visto preocupados por este asunto. «Nuestro compromiso como grupo parlamentario está ahí y contamos con el apoyo, entre otros, del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera», ha precisado la vicepresidenta. «Ahora lo que nos gustaría es tener el apoyo del resto de grupos políticos a los que no hemos visto muy interesados por esta cuestión, pero trabajaremos para tener su apoyo en el Congreso«, ha apuntado.

Ha recordado que el grupo parlamentario popular, en contacto con el Ministerio de Energía, tiene previsto presentar una iniciativa para la pervivencia del sector a través del mantenimiento de las centrales térmicas. «Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante y con una gran sensibilidad hacia un sector clave y en el ámbito de lo que es el futuro de nuestra energía podemos encontrar mecanismos para poderle dar la solución que siempre hemos buscado», concluyó.