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El PSOE y Podemos tachan de «electoralista» el anuncio del preacuerdo del PP con la Unión Europea sobre el carbón

EFE.- Podemos acusó al PP de utilizar a las comarcas mineras y a sus ciudadanos como moneda de cambio de cara a las elecciones y les acusa de buscar el desmantelamiento del sector. También cargó contra el PSOE, que a su vez calificó de «electoralista la intención del Gobierno central del PP de presentar «in extremis» un preacuerdo con la Comisión Europea para dar nuevos incentivos al carbón, cuando «no ha materializado» ninguna propuesta a favor del sector en esta legislatura.

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Jesús Gutiérrez, recalcó que «lo único que se ha cumplido durante el mandato del PP ha sido el cierre de explotaciones mineras». «Estamos en campaña electoral y el PP nos tiene acostumbrados a mover ficha pero difícilmente en este contexto van a hacer creíble este preacuerdo. Ojalá el Tribunal de la Unión Europea de alguna manera diese el visto bueno a esta propuesta», subrayó. Por último, Gutiérrez apostó por que tras las elecciones se instale un nuevo gobierno de izquierdas en España que cambie la actual situación y, en especial, abogó por que sea el PSOE el que lo lidere.

Podemos contra PP y PSOE

Por su parte, Podemos señaló que la proposición no de ley que rechazó en el último día de sesiones del Congreso propuesta por Foro Asturias “ era papel mojado por el momento en el que se presentó y buscaba un uso interesado del desmantelamiento de la minería que ellos mismos provocaron». «La propuesta era más efectista que eficaz, y lo único que buscaba era hacer campaña electoral con un tema que no se puede dejar para el tiempo de descuento de una legislatura acabada. Las cuencas necesitan propuestas serias y creíbles y no declaraciones de intenciones que se queden guardadas en un cajón», recalca Podemos.

Podemos reivindica que son claros «desde el primer momento» y defiende «una transición energética basada en energías renovables», aunque precisa que mientras se consuma carbón hay que incentivar el mineral autóctono. Además, precisa que el carbón que viene de países como Colombia e Indonesia importado por Goldman Sachs, y que supone dos tercios del carbón que se consume en España, no sería competitivo económicamente si se tuvieran en cuenta los costes sociales y medioambientales asociados a su producción y transporte.

Podemos rechaza incentivar su consumo mediante bonificaciones que repercuten en ayudas indirectas a las centrales eléctricas y que producen desventajas comparativas para las energías renovables. «Sería más eficaz gravar al que está producido sin estos controles, es decir, sustituir la bonificación por una ecotasa al carbón importado de aquellos países donde no se cumplen condiciones laborales y ecológicas mínimas», explica. Asimismo, Podemos responsabiliza del cierre de las minas al exlíder sindical del SOMA-FIA-UGT José Ángel Fernández Villa y al empresario minero Victorino Alonso, a los que acusa de pactar el cierre de las minas con los gobiernos del PSOE, del PP y con la Unión Europea «a cambio de subvenciones».

La diputada de Podemos por León en el Congreso, Ana Marcello, calificó de «artimaña parlamentaria» la actitud que están usando tanto PSOE y PP «en la caza del culpable del cierre de las minas, cuando son ellos los responsables«. Además, Marcello ha censurado «sus tácticas de iniciativas parlamentarias vacías de soluciones y en el último día de actividad parlamentaria», que, advierte, «detectan su debilidad y sus ganas de buscar culpables de sus mala gestión y querer usar, una vez más, las cuencas mineras en el inicio de su campaña electoral».

Satisfacción en PP de León

El presidente provincial del PP de León, Eduardo Fernández, reivindicó que una vez alcanzado el preacuerdo, «ahora es necesario ver cómo se hace más atractivo el carbón nacional», por lo que reclamó que se ponga en valor el carbón autóctono animando a las eléctricas a su consumo preferente. Asimismo recalcó que el acuerdo es fruto de una negociación «larguísima y complicada» y destacó que servirá para paliar la difícil situación del sector. Además, ha expresado su esperanza en que el acuerdo no llegue tarde dada la difícil situación de un sector sin apenas actividad actualmente.

Fernández insistió en responsabilizar de la situación al anterior gobierno socialista que, según enfatizó, «acordó» el final de la minería para el 31 de diciembre de 2018, y negó que el acuerdo sea electoralista. «Lo que teníamos que perder en las comarcas mineras ya los hemos perdido», añadió. También rechazó que la dimisión del exministro de Industria José Manuel Soria haya tenido que ver con el acuerdo, aunque sí admitió que «es más fácil hablar con unas personas que con otras». Lo importante era encontrar un mecanismo “y ya se han empezado a dar pasos firmes», señaló el político leonés.

Las organizaciones ecologistas piden a los políticos un modelo energético sostenible sin carbón

Europa Press.- Las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la Fundación Renovables han pedido a los partidos políticos que asuman que este combustible fósil es responsable del cambio climático. Así, aseguran que el carbón no tiene cabida en un modelo energético sostenible por su elevado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas organizaciones consideran que cualquier política dirigida a impulsar el uso de este combustible fósil contraviene los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático y “será irresponsable e insolidaria con el resto de personas que habitan este planeta y con las generaciones futuras». Además, les insta a rechazar cualquier propuesta que suponga el desarrollo de políticas que garanticen la continuidad del uso del carbón, ya sea autóctono o importado.

Propuestas recientes que han hechodiversos partidos como el PSOE o Foro Asturias buscan prolongar la actividad de la minería y el carbón autóctono más allá del límite de 2018 así como favorecer el consumo del carbón autóctono en las centrales térmicas a través de beneficios fiscales. A su juicio, los planteamientos de las iniciativas son inconsistentes y califica de ilegales algunas de las propuestas.

Los firmantes solicitan que ningún partido político apoye la quema de carbón en España con subsidios, incentivos o bonificaciones, ni para su extracción, ni para su combustión para la planificación de energía. Desde 1992, las empresas mineras de extracción de carbón han recibido ayudas por un total de 32.000 millones de euros. Así que exigen que se desarrollen políticas de acuerdo a los compromisos internacionales de cambio climático y dirigidas a lograr un sistema energético 100% renovable que incluya un plan de cierre del carbón.

Soria renuncia a sus funciones como ministro de Industria, Energía y Turismo y abandona la política; De Guindos lo reemplaza

Europa Press / Servimedia.- El BOE publicó el decreto mediante el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consumó el traspaso de funciones al ministro de Economía, Luis de Guindos, tras la renuncia de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Soria también renunció a su acta de diputado y a la secretaría general del PP canario y anunció que abandona la vida política “tras los errores cometidos en los últimos días” en relación a los papeles de Panamá.

En concreto, Soria comunicó a Rajoy su “decisión irrevocable” de renunciar a sus funciones, según explicó. Asimismo, el ministro comunicó también a Rajoy su decisión de dejar su acta de diputado, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renuncia a la presidencia autonómica del PP canario, abandonando así “todo tipo de actividad política”. El ya exministro se refirió a los “errores” que cometió en sus explicaciones tras aparecer su nombre vinculado a empresas opacas en los Papeles de Panamá. “La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes”, afirma Soria.

Soria ha admitido sus «errores» al explicar sus vínculos con sociedades en paraísos fiscales por «la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de 20 años», si bien aclaró que «ninguna de tales actividades empresariales ha tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de sus responsabilidades políticas«. Por ello, ha adoptado la decisión de dejar «todo tipo de actividad política», teniendo en cuenta «el daño evidente que esta situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a los compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual».

Nacido el 5 de enero de 1958 en Las Palmas de Gran Canaria, casado y con dos hijos, Soria es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y pertenece al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Entre 1995 y 2003 fue alcalde de las Palmas, y presidente del Cabildo de Gran Canaria entre 2003 y 2007, así como consejero de Economía y Hacienda y Vicepresidente del Gobierno canario (2007-2010).

Tras la derrota electoral de 2008, se convirtió en uno de los apoyos fundamentales de Mariano Rajoy, participando activamente en la renovación del PP iniciada en el Congreso de Valencia de 2008, donde fue uno de los autores de la ponencia política, cuya redacción provocó la retirada de la entonces presidenta del PP vasco, María San Gil. Soria asumió la cartera de Industria en diciembre de 2011. Rajoy valoró para su elección la sólida experiencia económica del canario, curtido en Ejecutivos de muy distinto color político, comenzando en su tarea como analista de mercado para Venezuela y el Caribe en la Embajada de España en Venezuela entre 1980 y 1981.

En 1984 Soria fue nombrado jefe del Servicio de Importaciones del Ministerio de Comercio y, en 1985, jefe del Servicio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio. Posteriormente, pasó a ser asesor del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda entre 1986 y 1987, de donde pasó a dirigir el Gabinete de la Secretaría General de Comercio entre 1988 y 1989. Además, entre 1995 y 1999 fue vicepresidente de la Caja de Ahorros de Canarias.

Traspaso de funciones a Guindos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto mediante el que el ministro de Economía en funciones asume a partir de ahora «el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Industria». Guindos ejercerá desde ahora estas funciones. De este modo, Guindos se encargará de despachar con los secretarios de Estado y demás altos cargos del Ministerio de Industria, que físicamente se encuentran en el mismo edificio que el Ministerio de Economía, en la plaza madrileña de Cuzco.

PP: la renuncia es «coherente»

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, valoró como «muy coherente» la decisión de José Manuel Soria de renunciar a sus funciones de ministro y señaló que, al haber dejado ese puesto, ya no comparecerá el lunes ante la Comisión de Industria, como estaba previsto. «Es una decisión muy coherente, José Manuel Soria ha ejercido la actividad política de manera ejemplar y quiero reconocerle, como vicesecretario de Organización, nuestro agradecimiento», apuntó.

Maillo destacó que Soria ha renunciado por haber cometido «errores de explicación» tras figurar como administrador de sociedades en paraísos fiscales, no por ninguna irregularidad, de manera que el PP «no cuestiona para nada su honorabilidad». Es más, ha asegurado que en sus muchos años de actividad política ha desempeñado una gestión en la que «nadie le ha podido acusar de nada». Ha recordado además que los papeles se refieren a su actividad profesional previa a dedicarse a la política.

Soria apareció en primer lugar como administrador, durante dos meses de 1992, de una sociedad en Bahamas con la que negó tener ninguna vinculación. No obstante, posteriormente se supo que una empresa familiar, Oceanic Lines, tuvo como accionista mayoritario una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey en la que Soria figuraba también como administrador. Así, el PP apoyó inicialmente al ahora exministro, pero Maillo reconoció que a lo largo de los días hubo «un goteo» ante el que había que actuar de alguna manera.

Montoro es tajante contra Soria

Por otro lado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, afirmó que «nadie puede estar en el Gobierno si ha operado en paraísos fiscales» en referencia a la renuncia de José Manuel Soria. El responsable de Hacienda señaló que aún hay que confirmar si es cierta esa vinculación, aunque subrayó que en estos asuntos hay que ser «claro y rotundo», ya que los miembros de un Gobierno deben ser conscientes de las «obligaciones que asumimos y de los límites». De esta manera, reiteró que sin conocer el detalle concreto, «si hay cualquier indicio legítimo de sospecha, no se puede estar en el Gobierno en esas condiciones«.

Los datos fiscales del exministro

Soria pagó un total de 24.395,47 euros por IRPF en 2014, según su declaración de bienes publicada en la web del Congreso de los Diputados. El salario de Soria como ministro alcanzó los 73.497,24 euros, a lo que se suman unos ingresos de 669,4 euros por acciones bancarias, 3.460,5 euros por intereses en cuentas bancarias, 1.175,09 euros como renta de actividades agrarias y 12.646,25 euros por venta de fondos de inversión. Así, los ingresos totales se situaron en 91.448,48 euros.

El PSOE vasco pregunta al Ejecutivo autonómico qué ha hecho para defender la ley del fracking ante el Gobierno central

EFE.- El PSOE pidió al Gobierno del País Vasco que dé todas las explicaciones sobre las actuaciones que ha desarrollado para defender la ley vasca contra la fracturación hidráulica, también conocida como fracking, y sobre las alegaciones que elevará ante el Tribunal Constitucional para impedir la suspensión de la norma ante el recurso del Gobierno central.

La parlamentaria socialista Natalia Rojo recuerda que, a pesar de que el Gobierno de España ha venido recurriendo sistemáticamente normas de otras comunidades en el mismo sentido, «en el caso vasco se tomaron todas las cautelas y se ofreció una solución legal», al ceñirse a las competencias en materia de suelo, agua o medio ambiente, de forma que no fueran posibles técnicas extractivas con afecciones geológicas, medioambientales y socioeconómicas. La tramitación de la norma, recuerda, «contó con toda clase de objeciones e intentos de retraso por parte del PNV que, finalmente se abstuvo, aunque desde el Gobierno hubo intentos de mantener vía presupuestaria proyectos de fracking que el PSOE eliminó».

«Ahora la consejera Arantza Tapia ha protestado por el recurso del Gobierno central, pero no ha entrado a valorar los efectos de una eventual suspensión, si así lo decidiera el Tribunal Constitucional, sino que se ha quedado en la queja por el ataque competencial», explica. Rojo quiere saber «qué ha hecho el Gobierno Vasco hasta la fecha en defensa de esas competencias que invoca la consejera» y pregunta a su homóloga de Medio Ambiente, Ana Oregi, cuántas veces se ha reunido la Comisión Bilateral, qué argumentos esgrimió el Ejecutivo vasco en ese foro y qué alegaciones piensa presentar ante el Constitucional para hacer posible que la Ley mantenga su vigencia».

Fracking Ez contra el PNV

Por su parte, la plataforma Fracking Ez exigió al Gobierno vasco que, «más allá de quejarse por las injerencias de Madrid», respete el contenido de la ley vasca sobre la fractura hidráulica y exija a Hidrocarburos de Euskadi que «abandone los proyectos en los que está involucrado”, lo que sería la «mejor garantía para que no haya fracking en Euskadi, ya que en la coyuntura actual la mayor amenaza» son esos proyectos. «Simplemente pedimos coherencia al PNV, ya que acaba de votar en Madrid por primera vez a favor de una proposición no de ley para prohibir el fracking«, concluyó.

País Vasco señala que el cierre de Garoña «sería una buena noticia» mientras la Diputación de Álava pide prudencia

EFE / Europa Press.- El diputado general de Álava, Ramiro González, afirmó que «hay que ser prudentes» respecto a lo indicado por el sindicato ELA, que asegura que el presidente de Iberdrola les trasladó su decisión de cerrar la central nuclear de Garoña (Burgos)»por motivos económicos». En este sentido, el portavoz del Gobierno del País Vasco, Josu Erkoreka, señaló que la confirmación del cierre de Garoña «sería una buena noticia», que además respondería al sentir mayoritario de la sociedad y de las instituciones de Euskadi.

Erkoreka reconoció que el Gobierno autonómico vasco «sí tenía conocimiento» de que Iberdrola «podría estar considerando» el cierre de Garoña, pero recalcó que no tiene «ningún conocimiento oficial» de que esto vaya a ocurrir. Recordó además que la decisión no corresponde a Iberdrola, sino a Nuclenor, propietaria de la central y en la que la eléctrica vasca participa al 50% junto con Endesa. «En cualquier caso, si la noticia se confirma, la valoración del Gobierno sería positiva porque coincide con una reivindicación sostenida en repetidas ocasiones por la sociedad e instituciones vascas«, resumió el portavoz.

«Prudencia» en Diputación de Álava

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), apuntó que «hay que ser prudentes» respecto de unas noticias de las que la entidad foral «no tiene mayor información». En este sentido ha reiterado que «lo que la Diputación espera es que se produzca el cierre de Garoña cuanto antes». Fuentes de la multinacional eléctrica declinaron hacer declaraciones sobre este asunto y se limitaron a señalar que la compañía no hace «ningún comentario» al respecto mientras el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, afirmó que «no hay ninguna petición» de cierre de la central nuclear de Garoña por parte del operador.

Industria debe «aclarar la situación»

Según el secretario de Medio Ambiente y Energía del PSOE de Álava, Daniel Senderos, es una «buena noticia» pero hay que «tomarla con mucha cautela», debido a que «el oligopolio eléctrico tiene como objetivo prolongar la vida útil del parque nuclear de 40 a 60 años y Garoña ha sido y es su punta de lanza para ese objetivo«. «Hay que tener en cuenta que esta noticia debería ir acompañada también de la negativa de Endesa de no querer reabrir la planta. No olvidemos que Nuclenor  está participada al 50% entre Iberdrola y Endesa  y sólo es una parte la que se ha pronunciado», añadió.

En este sentido, el PSOE de Álava pidió al Ministerio de Industria que «aclare la situación» y que «ejerza su responsabilidad pública frente a las decisiones de las empresas privadas«. Por todo ello, el PSOE de Álava ha indicado que seguirá trabajando a todos los niveles  institucionales y jurídicos para que Garoña no se reabra y «su desmantelamiento definitivo sea una realidad«. Además, ha pedido a todas las instituciones vascas que no «bajen la guardia» y sigan trabajando para que Garoña no retome su actividad.

Ciudadanos pide que la central nuclear de Cofrentes informe si planea crear algún ATI mientras desde Compromís exigen su cierre

EFE.- Juan Ponce, portavoz de Compromís en el parlamento autonómico valenciano, pedirá la comparecencia parlamentaria del director de la central nuclear de Cofrentes, que a su juicio «tiene que cerrar ya para dejar de ser un peligro», para que explique la posible ampliación del almacenamiento de residuos, hecho por el que el grupo parlamentario de Ciudadanos también ha pedido su comparecencia para que confirme si tienen previsto crear nuevos almacenes de materiales radioactivos «ante el retraso de las instalaciones en Cuenca«.

Así lo indicó el diputado Toni Subiela, quien ha explicado que la iniciativa deriva de las informaciones que se han publicado sobre movimientos que al parecer se están produciendo, y «a la vista de la demora en la entrega de los informes mensuales» que la central debe hacer al parlamento autonómico. Subiela ha incidido en que si se prevé este almacén, Ciudadanos quiere saber «cómo y para qué va a llevarse a cabo», cuáles son las implicaciones y efectos medioambientales, y «cómo funcionan y deberán funcionar los protocolos de seguridad».

Compromís pide que Cofrentes cierre

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo de Compromís en el parlamento autonómico, Juan Ponce, señaló que solicitarán al Gobierno valenciano que «inste al Gobierno central a no conceder prórrogas en el funcionamiento ni ninguna autorización de ampliación de capacidad de almacenamiento, de forma que la central cierre definitivamente y de forma segura en el año 2020«. Para el portavoz de Compromís, «la energía nuclear es muy peligrosa y muy cara, puesto que hay que internalizar todos los costes, como el de la gestión de los residuos nucleares, que deja un problema enorme sin resolver para las generaciones futuras».

Gobierno progresista y cierre nuclear

La, en su opinión, «sucesión de problemas» en la nuclear valenciana es la evidencia de que llega “al final de su vida útil y debe cerrar para dejar de generar residuos radiactivos, imposibles de neutralizar». Ponce indicó que «el cierre de Cofrentes es posible porque el abastecimiento energético está garantizado con otras fuentes de energía» y señaló que «todas las centrales nucleares tienen que ser cerradas, con un plan de cierre definitivo y progresivo». Además, añadió que mientras se espera «la formación de un Gobierno central progresista, hay que recordar que los gobiernos anteriores siempre han apostado por políticas erróneas que maltratan las energías renovables para poder mantener las nucleares«.

Juan Ponce ha indicado que no es la primera vez que desde Compromís reclaman el cierre de Cofrentes, y que incluso presentaron una proposición no de ley en marzo del año pasado, «dada su peligrosidad actual y los efectos nocivos sobre las personas y el medio físico a corto, medio, largo y larguísimo plazo». Desde Compromís han insistido en que la apuesta de futuro es el uso de las renovables limpias, que “permiten luchar contra el cambio climático y que son fuentes de creación de empleo estable y de calidad”.

Galán (Iberdrola) considera que «no sería un drama” que haya nuevas elecciones aunque pueda tener un impacto en las inversiones

Servimedia / EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que «volver a votar no sería un drama», aunque advierte de que la incertidumbre política «puede demorar o anular decisiones de inversión que redundan a corto plazo en la creación de empleo y a largo plazo en el mantenimiento del Estado del bienestar». En este sentido, el máximo responsable de Iberdrola afirmó que «es necesario contar con estabilidad institucional para quitar incertidumbre en momentos como el actual».

Sin embargo, no quiso definirse en cuanto a su preferencia por la formación de un Gobierno o por la repetición de elecciones. «Es tiempo de que los políticos hagan su trabajo» tras los resultados del 20-D, pero «tampoco es un drama que volvamos a votar», apuntó. A este respecto, preguntado por supuestas presiones de las grandes empresas para que se conforme un cierto tipo de gobierno, les quitó importancia ya que, según su punto de vista, «se sobrevaloran las capacidades de influir de las grandes empresas en todos los temas».

En cuanto a la evolución de la economía mundial en los próximos meses, considera que «estamos en mejor situación que hace unos años, aunque hay nubarrones», entre los que citó el menor crecimiento de China o la crisis en Brasil. Por otro lado, admitió estar preocupado por el crecimiento de la desigualdad y explicó que forma parte del colectivo llamado capitalismo responsable, presidido por el Príncipe de Gales, que se pregunta “qué es lo que estamos haciendo mal”. En esta línea, reconoció que «el capitalismo no es un sistema perfecto», pero sostuvo que «no se ha inventado nada mejor». «Hay que cambiar cosas para que el crecimiento llegue a todos de manera más equilibrada», apostilló.

El debate energético se sume en la ideología y los dogmas

Paisaje para después de unas elecciones sin mayorías estables, esa falacia que viene a denominar la inexistencia de mayorías absolutas con capacidad de rodillo. El debate energético deviene en ideológico y dogmático, amplificado con las herramientas pop. En realidad no es ideológico, sino ideologizado de forma publicitaria, es decir, a partir de la nueva política y sobre la base de distintas posturas de carácter ideológico a falta de una política energética coherente, construida en términos de equilibrio económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Ideologías pro o anti algo.

Esto se traduce en tomas de posiciones de los agentes, en presiones para un Parlamento recién elegido con necesidad de afirmarse y, así, empiezan a proliferar declaraciones de intenciones políticas para una etapa de la que todavía no se ve salida inmediata en el proceso de negociación para formar gobierno, que eso es otro cantar. La nueva política, a golpe de titular, abuso de la función mediática, de performance parlamentaria, de políticas declarativas y de Twitter. Estos son algunos ejemplos:

Aprobación de una iniciativa parlamentaria en contra de la fractura hidráulica en nuestro país; el fracking, técnica cuya implantación se está aplazando en la coyuntura actual de precios del petróleo. En el fondo de esta confrontación discursiva, se enfrenta a los promotores de este tipo de inversión, sin un claro retorno económico o necesidad en la actual coyuntura de oferta y demanda, con el movimiento ecologista más beligerante. Dos ideologías.

También hay propuestas para solicitar al Parlamento de un país sin Gobierno instar a que España se convierta en un país con una generación 100% renovable, a la voz de ya. Es decir, a qué abrace en este interregno ejecutivo un programa de “transición energética” y de descarbonización, de eliminación de los combustibles fósiles a pelo, sin más análisis económico, temporal o transicional que el procedente de los elementos discursivos.

Unidos a ellos, revitalizados posicionamientos en contra de energía nuclear sobre el discurso del miedo y del peligro, alimentados por la torpeza en la gestión del ejecutivo popular en la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, por una parte, y la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. En definitiva, la necesidad de un mix diversificado y sostenible económica y medioambientalmente frente a la ideología. Y también está lo que vendrá, como la revisión sumaria del fracasado decreto de autoconsumo, una promulgación realizada sin necesidad.

Como guinda folclórica, pero no exenta de relevancia, la declaración municipal de persona non grata a Rajoy por el affaire de la planta de celulosa de Ence en Pontevedra, consistente en una ampliación del plazo de operación por compensación en sus cuentas de los efectos de la revisión retributiva de la cogeneración operada en el marco de las medidas incluidas en la reforma energética para la absorción del déficit tarifario.

Política de declaraciones y de pronunciamientos ideologizados que, eso sí, conforma un frame del que es muy difícil escapar. Declamaciones pop a través de la venta de relatos propios de cada grupo de presión con sus argumentaciones que han advertido con su olfato el desgobierno, la desvertebración institucional general y la utilidad de la política de gestos, a la vez que virtualmente se constituye en un intento de trazarle el camino en lo energético al Ejecutivo que salga de los pactos o de las segundas urnas. Es en este escenario en el que se producen las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Y la energía tiene su papel.

Nadal denuncia que todas las medidas energéticas acordadas por PSOE y Ciudadanos «incrementan la factura»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Ciudadanos por su contenido energético ya que «todas las medidas propuestas incrementan la factura» al subir los costes del sistema, lo que tendría impacto tanto en la competitividad de las empresas como en la creación de empleo. En la presentación del balance Energético de 2015, elaborado por el Club de la Energía, Nadal mostró su preocupación por el futuro de la política energética en España.

Entre otras cosas, según advirtió, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años provocará un encarecimiento del 25% del coste de generación eléctrica. Según Nadal, el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de los 40 años tiene «un coste brutal» para el país porque supone renunciar a activos energéticos que podrían funcionar correctamente sin que causas de seguridad justifiquen el cierre. Además, denunció que supone suprimir el 20% de la producción eléctrica que además es libre de generación de emisiones de CO2, algo que solo se puede paliar comprando derechos para gas y carbón o incrementando la capacidad renovable, algo que considera imposible porque «no se puede soportar a largo plazo».

Por otro lado, admitió que dicha medida es «un canto al sol» ya que ninguna central cumplirá los 40 años durante la legislatura. «Es una declaración de cara a la galería, ya que en la próxima legislatura no se va a cerrar ninguna nuclear, pero sienta un peligroso precedente», dijo. También calificó de «canto al sol» otra de las medidas acordadas por PSOE y Ciudadanos, la de que toda la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050 ya que, a su juicio, es inviable tecnológicamente y tendría un coste elevado para el sistema. «Por la noche no hay energía solar y durante buena parte del año tampoco hay eólica», sentenció.

Pide un «pacto nacional» energético

Por ello, Nadal ha pedido un «pacto nacional» en materia energética basado en «consensos básicos», que trascienda a las legislaturas, y que tenga como objetivos principales la competitividad y la creación de empleo, todo ello teniendo en cuenta «los objetivos medioambientales y la seguridad de suministro«. En este sentido, el secretario de Estado de Energía manifestó que la política energética se debe basar en la «sensatez en la introducción de renovables», en las interconexiones, en el mantenimiento de las nucleares y en la eficiencia energética.

Así, en materia renovable, consideró que lo que hay que hacer es «pactar una senda razonable de objetivos», que mida bien el coste y la curva de aprendizaje. Junto a esto, un refuerzo de las interconexiones internacionales, hasta alcanzar entre un 8% y un 9% de capacidad en el horizonte de 2030. Para Nadal, las interconexiones deben ser «una materia de Estado» a defender por todos y criticó el objetivo que el pacto PSOE-Ciudadanos plantea para las interconexiones, acerca de exportar los excedentes de energía,

También llamó a agotar la vida útil de las nucleares «mientras sean rentables» y, por último, apostó por la «eficiencia, eficiencia, eficiencia», una política que «no tiene una sola contraindicación». Con estos ejes, aseveró, solo se necesita gente sensata en una mesa para que España pueda afrontar de forma adecuada sus retos energéticos. Eso sí, también criticó del pacto PSOE-Ciudadanos planteamientos «más a la izquierda» sobre el tamaño de las empresas energéticas españolas. «El problemas de las empresas españolas no es que sean muy grandes son más bien medianas-pequeña, lo que hace falta es hacer el mercado más grande», esgrimió.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió también el decreto para el autoconsumo aprobado por el Gobierno y que pone «límites» para que unos «consumidores no vivan a costa de otros». Finalmente, aseguró que España tampoco puede renunciar a las prospecciones, ya que «no sé cómo se puede avanzar en la independencia energética sin saber lo qué tienes de hidrocarburos». «Renunciar a la nuclear y a la búsqueda de hidrocarburos solamente se propone aquí. Todo el mundo en Europa está buscando, salvo Francia, que tiene nucleares, y España», afirmó.

Tras la intervención de Nadal, la subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento de Industria, María Teresa Velasco, desgranó los datos de 2015 y avanzó las previsiones de 2016. Para este año ve «crecimientos moderados» en los consumos energéticos por las menores previsiones del PIB, la consolidación de la eficiencia energética o el clima suave en lo que va de año.

Antonio Cornadó (Foro Nuclear): «Tras Fukushima tiene más sentido alargar la vida de las plantas nucleares a 60 años”

Europa Press / EFE.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, subrayó los efectos «positivos» post-Fukushima para la energía nuclear un lustro después del accidente de Fukushima Daiichi, a raíz del tsunami que siguió al terremoto de Japón el 11 de marzo de 2011. «Las centrales nucleares ya eran seguras antes de Fukushima y ahora lo son más», aseguró Cornadó, que considera que “tiene más sentido” alargar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años que antes de Fukushima.

Concretamente ha señalado el incremento de los márgenes de mejora de la seguridad, sobre todo ante catástrofes naturales, tras la «rápida» reacción de la industria. Respecto a las medidas post-Fukushima que afectan al parque atómico español, ya están implantadas al 80% y el programa se está cumpliendo «en plazo» y de forma «razonable», aunque se deben efectuar en paradas de recarga, los ciclos operativos de las centrales, para hacer las mejoras en los equipos y sistemas. En concreto, Cornadó detalló que estas mejoras pasan por incrementar o rediseñar los márgenes de seguridad sísmica, reforzar estructuras, equipos, mejorar los sistemas frente a inundaciones, los equipos de lucha contra incendios, rediseñar cableados.

No obstante, hay dos cuestiones importantes aún pendientes para las plantas nucleares, que aportan más del 20% de la electricidad en España: la instalación de los recombinadores pasivos (componentes para evitar una deflagación por acumulación de hidrógeno en el edificio del reactor, como ocurrió en Fukushima) y los sistemas de venteo, según el último informe del organismo regulador europeo (ENSREG). Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear indicaron que los recombinadores tienen que estar instalados antes de acabar este año y, de momento, lo tienen Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Almaraz I (Cáceres) ya tiene la autorización para poder hacerlo y, en noviembre próximo, está previsto que lo obtenga Almaraz II.

El sistema de venteo, cuyo calendario de implantación acaba en 2017, es la medida más compleja desde el punto de vista técnico y se colocará aprovechando las paradas programadas de las centrales. Su misión es minimizar, en caso de necesidad, la liberación de elementos radiactivos al exterior durante un accidente severo, de modo que se garantice la integridad de los sistemas de contención y se mantenga el confinamiento de los materiales radiactivos durante el suceso.

Por otro lado se han mejorado también las posibilidades de atención física de la emergencia, para lo que cada planta ha construido o está construyendo un Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia, que es una sala alejada del edificio del reactor que cuenta con autonomía para que un grupo de personas pueda vivir en ese lugar haciendo frente a un accidente. Al mismo tiempo, se creó el Centro de Asistencia de Emergencia en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con capacidad para gestionar un accidente de cualquier planta española.

Respecto a Japón, Cornadó ha subrayado que la industria nuclear japonesa está «recomponiéndose» cinco años después del accidente. Para ello, según indicó, la primera medida nipona fue «refundar» su organismo regulador atómico, volver a ponerlo en marcha e incrementar la seguridad de las centrales de modo que algunas ya están en marcha puesto que, a pesar de la catástrofe, Japón pretende seguir contando con una aportación de entre el 20 y el 25% de energía atómica en su mix eléctrico. En la actualidad, el reactor accidentado está en torno al 10% de su proceso de desmantelamiento y Cornadó recuerda que el programa «será muy largo y tendrá un coste importante».

Mientras tanto, las centrales nucleares españolas siguen este programa post-Fukushima y la central nuclear de Garoña (Burgos), un reactor similar al accidentado en la planta japonesa, «tiene un programa y calendario propio acorde a sus características» por su situación de cese de actividad aunque con una solicitud de renovación de licencia hasta 2031 pendiente. En todo caso, «si vuelve a estar operativa estará en las mismas condiciones que el resto de las centrales», asegura Cornadó.

En definitiva, Cornadó ha sentenciado que «el fondo del asunto es que con todas estas mejoras, especialmente de los márgenes de seguridad las centrales estarán más preparadas para una operación más dilatada en el tiempo». En este sentido, el presidente del Foro Nuclear defiende también que la consecuencia que va aparejada a todas estas medidas es que ahora el parque atómico español puede apelar a seguir operando a largo plazo, «60 años o los que sean» porque, en su opinión, «no tiene sentido poner una fecha de caducidad a una instalación que está operando bien y que está mucho mejor preparada para afrontar situaciones difíciles«.

«Podemos apostar o tenemos mejores argumentos para presentar la operación a largo plazo como una opción válida y acertada para la estrategia energética de los próximos años», subraya Cornadó. Así, insiste en que «no tiene sentido» frenar en seco estas inversiones a los 40 años de funcionamiento por una decisión en base a una fecha «obsoleta que ya nadie maneja». «Apelo al sentido común, a las cifras, los datos, las ventajas y los inconvenientes y, si vemos toda la realidad energética, debemos tomar decisiones sin límites de partida con fechas en la planificación energética. Queremos una electricidad competitiva y con los mejores costes», reivindicó Cornadó.

Por otro lado, si el escenario cambia y se cumplen algunas promesas electorales por las que el parque nuclear cerrase en 2028, tal y como proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos, Cornadó afirma que estas formaciones también quieren un Pacto de Energía en el que le gustaría que no hubiera «apriorismos y se contara con todas las tecnologías disponibles, sin prejuicios«. Asimismo, recuerda que la industria nuclear está «muy unida» a las centrales pero, en la actualidad, cuenta con aproximadamente un 80% de su actividad fuera de España, donde está presente en 40 países, tanto en proyectos de fusión como de fisión y en toda la cadena de valor del sector.

A este respecto, celebró que en la actualidad se están construyendo reactores en distintos países de «todo el mundo», en Asia, Europa (Finlandia, Gran Bretaña, Hungría), y ha mercado potencial en Sudamérica y México, así como en los países árabes. También Irán se está abriendo a proyectos nucleares, por lo que Cornadó confía en que las empresas españolas puedan seguir desarrollándose en el exterior. En concreto, se ha referido a Irán, del que destaca que poco a poco da pasos para abrirse al mundo con un programa de inversiones «espectacular». De este modo, concluyó que pese a  Fukushima, la industria nuclear tiene ahora una «pujanza similar» a la de antes.