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Pablo Iglesias aboga por «nacionalizar» las empresas eléctricas españolas y exige al Gobierno y a la CNMC intervenir el sector

EFE / Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que «es un organismo público con capacidad reguladora», que «intervenga» en la regulación de «las tarifas abusivas» de las eléctricas. Así, el líder de Podemos apuesta por «nacionalizar» las empresas eléctricas españolas ya que el sistema español está «en manos de grandes empresas privadas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real», según expresó en eldiario.es.

Para Iglesias, según este artículo, el actual modelo español hace que los beneficios de «estas grandes corporaciones» no dejen de crecer al tiempo que el precio final de la electricidad que paga la gente «no deja de aumentar». «Decir esto es decir la verdad, nos llamen lo que nos llamen», matiza. Para Iglesias, el papel de Podemos debe ser el de «señalar lo que el Gobierno y sus aliados no se atreven a decir», es decir: «el modelo eléctrico, que permite comprar a expresidentes y a exministros sentándolos en consejos de administración de grandes eléctricas a cambio de retribuciones impúdicas, no es sólo un modelo corrupto, sino ineficaz y obsoleto».

Por eso, según Pablo Iglesias en España «hace falta» un «plan nacional de transición energética» que sirva para «ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables». Un plan que implicaría una «inversión estatal razonable» (15.000 millones de euros al año, la cuarta parte de lo que costó rescatar a la banca), que crearía 400.000 empleos de calidad, «fortalecería» un tejido industrial propio y «reduciría» la dependencia energética de España. «¿Tenemos miedo de que nos llamen estatalistas por proponer lo evidente? ¿Tenemos miedo a que anuncien la llegada de las diez plagas de Egipto porque queremos perseguir con medios de verdad el fraude fiscal de los ricos y las grandes corporaciones para aumentar los ingresos del Estado?», se cuestiona Iglesias.

En este sentido, Iglesias señala que el «Gobierno del PP nacionalizó Bankia con dinero público», y por eso añade, «sin miedo», que «las nacionalizaciones no deben hacerse para salvar intereses privados sino para defender lo público, que es defender a la gente». «La nacionalización de las eléctricas no es la única ni la primera solución a los graves problemas del sector eléctrico español y tal vez no sea la mejor a corto a plazo, pero es una posibilidad que permite la Constitución y además es una excelente oportunidad para debatir qué hacer», agrega. Según concluye su artículo, el papel de Podemos «debe ser apoyar a los sectores de la sociedad civil que están planteando soluciones».

Concentración ante el organismo regulador

Por otro lado, Pablo Iglesias protagonizó una concentración contra la pobreza energética frente a la sede de la CNMC, donde criticó duramente que este organismo proteja a los mercados cuando «estos actúan en contra de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas». En esta línea, añadió que «es una vergüenza» que las compañías eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos», así como que «la factura de la luz suba el día que más frío hace» mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy achaca el problema «al viento y a la meteorología».

El líder de la formación morada ha reivindicado «un Gobierno patriótico que entienda que poder encender la luz y tener calefacción es un derecho» y ha criticado «la vergüenza» que supone que las empresas eléctricas «sigan sentando en sus consejos de administración a ex ministros y ex presidentes del PP y del PSOE». Por último, ha recordado que su formación ha sacado adelante en el congreso una medida contra la pobreza energética. «Estamos aquí porque entendemos que la oposición parlamentaria adquiere sentido cuando trasladamos las demandas de la sociedad civil tanto en la sociedad civil como en las instituciones», indicó.

Que investigue la subida eléctrica

Pablo Iglesias ha exigido a la CNMC que investigue la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha remitido en los últimos días. En teoría, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya pidió una investigación a la CNMC cuando los precios iniciaron su senda alcista en diciembre. El propio Ministerio analiza si el comportamiento del mercado mayorista responde únicamente a motivos coyunturales, como la ola de frío, la escasez de lluvia y viento o la subida del pecio del petróleo, o se han producido comportamientos anticompetitivos por parte agentes del sector.

Un fallo eléctrico provoca una parada en la refinería de Cepsa en San Roque y la Junta andaluza niega incidencias

EFE.- Podemos ha pedido al Gobierno explicaciones por las emisiones de la refinería de Cepsa en San Roque (Cádiz), tras la intensa humareda que salió de las chimeneas de la factoría tras un fallo externo en el suministro eléctrico. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ya indicó que no hubo «ninguna incidencia grave, que no se superaron los parámetros de contaminación exigidos” en la parada no programada en las instalaciones de Cepsa.

Según explicó la compañía, la interrupción del suministro ha generado «una descarga puntual de gases a las antorchas, ocasionando llamaradas altas», que han provocado una humareda negra visible desde todo el arco de la Bahía de Algeciras. Desde la refinería se dio aviso al servicio de Emergencias 112, al Comité de Vecinos y a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y se activó el Plan de Emergencia Interna de nivel 1. Con posterioridad, el 112 activó al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, si bien la incidencia se resolvió con medios propios de la refinería y no fue necesaria la intervención de estos cuerpos.

Desde la compañía puntualizaron que el suceso ha tenido «nulas consecuencias para las personas y para el entorno» y han apuntado que estas «descargas puntuales de gases» se deben al «buen funcionamiento de los sistemas de seguridad de la planta». Según Cepsa, dichas descargas son «compatibles con los estrictos controles de seguridad y de medioambiente», y que, «en ningún caso suponen un riesgo para la población ni para los empleados».

Las 7 antorchas distribuidas por las instalaciones de Cepsa son «un elemento de seguridad imprescindible para liberar presión de los equipos de las unidades de proceso». Estos sistemas de seguridad están específicamente diseñados para quemar el gas resultante de una parada imprevista, puestas en marcha o cortes de tensión eléctrica, evitando así su emisión al medio ambiente y regularizando las unidades. «Todo el proceso está controlado de forma segura y ambientalmente efectiva para reducir las eventuales emisiones. Este dispositivo forma parte del funcionamiento normal de las instalaciones industriales», han asegurado.

La Junta niega incidencias graves

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía señaló que no hubo «ninguna incidencia grave, que no se superaron los parámetros de contaminación exigidos», según el Ayuntamiento de San Roque, cuyo concejal de Salud y Medio Ambiente, Juan Serván, contactó con la Consejería para obtener más información sobre el suceso. Desde el Consistorio sostienen que siguen recabando datos para corroborar que «no corrió riesgo alguno la salud de los ciudadanos ante el episodio de intenso humo negro que salió de las antorchas de la refinería».

Serván subrayó que «todo el mundo en San Roque estuvo pendiente de lo que sucedió». Desde el Ayuntamiento, apuntó, «nos pusimos en contacto con la refinería y se nos informó de que el humo era consecuencia de un apagón eléctrico». «De todas formas fue muy desagradable, porque se vio una manta de humo negro en toda la Bahía. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir exigiendo datos sobre lo sucedido», alegan.

Podemos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, la diputada por Cádiz, Noelia Vera, explicó que Podemos registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que preguntan por el impacto que genera en la salud de los ciudadanos las emisiones de la refinería Cepsa de San Roque a raíz de este incidente. Se trata de la segunda ocasión en la que el grupo se interesa por esta problemática, ya que la primera vez «el Gobierno eludió la respuesta con el argumento de que se encontraba en funciones».

«Las chimeneas de la factoría expulsaron una densa humareda que se hizo visible en distintos puntos del Campo de Gibraltar, lo que generó una gran alarma en la población, especialmente en San Roque». Para la diputada, «este hecho constata un problema de fondo, debido a las emisiones contaminantes de la planta, que generan una preocupación en la población por el posible impacto en la salud de las personas», sostiene Vera.

Por ello Podemos «quiere conocer qué información tiene el Gobierno de Rajoy sobre el incidente, así como el impacto en la salud de los habitantes del Campo de Gibraltar por las constantes emisiones contaminantes de la refinería y de otras plantas industriales en la zona». En este sentido recuerdan que «el cáncer es la principal causa de muerte en esta parte de la provincia, con una cifra muy por encima de la media en comparación con el resto de localidades de Cádiz y las ciudades del resto de Andalucía, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía».

La comercializadora municipal de Cádiz, gobernada por Podemos, no quiere pagar el bono social de electricidad al consumidor vulnerable

Redacción / EFE.- La empresa Eléctrica de Cádiz denuncia que el Gobierno central le «obliga» a dedicar la mitad de su margen de beneficios «a financiar un bono» que no puede ofrecer, y anuncia que prepara un recurso colectivo por si finalmente el Real Decreto Ley 7/2016 es convalidado en el Congreso. Así lo indica el Ayuntamiento de Cádiz, que señala que el Gobierno plantea obligar a la financiación del bono social a todas las comercializadoras de electricidad, en base al número de clientes.

Desde la empresa se explica que el porcentaje de reparto asignado a Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A. es del 0,217154%, y que se trata de «un porcentaje mucho más alto al de otras comercializadoras a nivel nacional con un volumen de energía comercializada muy superior al nuestro». Para Eléctrica de Cádiz, «hacer pagar el bono social a las comercializadoras en base al número de clientes es un disparate y un atropello para las comercializadoras como nosotros, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos».

El Consistorio gaditano detalla que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cifra el coste anual actual de la cobertura del bono social en 250 millones de euros. En base a estos datos, el importe anual a asumir por comercializadora Eléctrica de Cádiz sería de 542.885 euros (250.000.000 x 0,217154%). De acuerdo con el histórico de resultados de esta comercializadora, esta cifra supondría, de no poder repercutirse en el precio final del cliente, una caída de los resultados, antes de impuestos, del 55% aproximadamente. «Ello obligaría, a medio plazo, a la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras», señala Eléctrica de Cádiz.

Además, Eléctrica de Cádiz expone que no podría ofrecer a sus propios clientes el bono social estatal, «porque sólo pueden hacerlo las comercializadoras de referencia», y añade que esta medida es «completamente desproporcionada e injusta y supone un claro perjuicio para los gaditanos, que van a financiar el bono social de las grandes comercializadoras de electricidad». Así, solicitará a todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados que no convaliden este Decreto Ley, «pues perjudica de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, y en el caso de Cádiz, al 80% de las familias que verán subir su factura».

La oposición se une en el Congreso para pedir el fomento del autoconsumo

Europa Press.– La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea, PSOE, Ciudadanos, ERC, PDECat y Compromís, se han unido para presentar una proposición de ley para el fomento del autoconsumo eléctrico. En concreto, la mayoría parlamentaria registrará su iniciativa legislativa este miércoles, un día antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparezca ante la comisión del ramo para explicar la subida de la luz.

La iniciativa pactada por la mayoría parlamentaria exige que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad en España «sin ningún tipo de cargo». Precisamente, el pasado diciembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción de Ciudadanos que demandaba al Gobierno avanzar en la transición energética marcada por Bruselas hacia un modelo de energías renovables y la supresión del llamado impuesto al sol.

El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo. La normativa estableció que quienes producen y consumen su propia energía sin estar conectados a la red eléctrica no han de asumir ningún coste del sistema eléctrico, pero sí que los autoconsumidores conectados contribuyesen a los costes generales del sistema. Estos se refieren sobre todo a la solidaridad con los sistemas extrapeninsulares donde la generación es más cara, la amortización del déficit tarifario, los incentivos a las renovables y los costes de respaldo.

Podemos pide en el Congreso auditar los costes para elaborar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad

Europa Press / EFE.- Mientras el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha sugerido el establecimiento de una horquilla de precios para los consumidores domésticos de energía, Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad refleje «adecuadamente» el coste de generación de cada tecnología y realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico.

En su iniciativa, firmada por el diputado Josep Vendrell, el partido pide que las modificaciones legislativas en el sistema de fijación del precio eléctrico tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas. También que se encamine a garantizar el acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía; y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los «enormes impactos» ambientales asociados a la generación eléctrica.

Asimismo, la iniciativa pide realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en España. El resultado de la auditoría será la base para el diseño del nuevo sistema de fijación de precios. De igual forma, reclama establecer de forma inmediata un cargo por la diferencia entre el coste y el precio de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares.

También se propone reformar la parte regulada de la tarifa. Para ello deberá reducirse la parte fija en función de la potencia contratada, aumentar la parte variable en función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados. La iniciativa también demanda recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para “evitar el uso especulativo” del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable.

En la iniciativa, Podemos denuncia el aumento del recibo de la luz, con una tendencia «claramente al alza» desde hace más de una década. En esta línea, se refiere al repunte de los precios del pool, que superaron los 90 euros por megavatio hora (Mwh) en parte por la ola de frío, el parón nuclear francés y el encarecimiento de las materias primas, como han subido también «en toda Europa», pero en el caso de España cree que se agudiza por los «problemas regulatorios y de competencias que han convertido el sistema en un mecanismo injusto de extracción de rentas».

Por otra parte, Podemos también ha registrado una batería de preguntas al Gobierno ante la escalada del precio de la electricidad en el mercado durante las últimas semanas, situándose en niveles de 2013, lo que podría suponer una subida de 100 euros anuales en el recibo, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Así, pregunta al Gobierno si una mayor presencia de las renovables en el mix eléctrico favorece la reducción del precio de la electricidad y si ha calculado el precio de mercado si hubiera instalada en España el doble de capacidad en renovables.

También se interesa sobre si el Ejecutivo ha cuantificado el impacto que tendrá el incremento del consumo de gas y carbón en la balanza de pagos, así como el aumento de las emisiones de CO2 y sobre si tiene previsto alguna medida o mecanismo de compensación que permita a España mantener sus compromisos internacionales respecto a la reducción de emisiones de gases invernadero. De igual forma, le pregunta sobre el calendario que prevé para impulsar el Pacto de Estado por la energía comprometido en el programa de investidura del presidente.

En este contexto, Podemos quiere saber si el Ejecutivo se plantea incorporar la reforma de la regulación del sector eléctrico, el sistema de fijación de precios y la estructura de la tarifa, dado que España tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa. Junto a estas preguntas, Podemos pregunta al Gobierno si tiene sospechas o indicios de que se hayan producido manipulaciones fraudulentas de los precios del mercado y si considera que los ingresos de las hidroeléctricas y nucleares en el mercado son «razonables», teniendo en cuenta sus costes de generación.

Fijar una horquilla al consumidor

Por su parte, Vega de Seoane cree que los consumidores domésticos no están preparados para aprovecharse de la fluctuación en el precio por horas de la energía, por lo que ha propuesto reflexionar sobre la necesidad de establecer una banda de precios, con un mínimo y un máximo, para los consumidores domésticos. Eso evitaría generar alarma social y daría más estabilidad al sistema, según ha afirmado. Asimismo, Seoane lamenta que los consumidores estén pagando los «disparates» que se hicieron en el pasado con el despliegue «masivo» de energías renovables, especialmente «fotovoltaicas», a un coste que actualmente sería «25.000 millones de euros inferior». «Lo hicimos rematadamente mal y lo estamos pagando ahora. Y eso quien debería pagarlo son los contribuyentes», indicó.

Los agricultores critican sobrecostes millonarios

Por otro lado, la Unió de Llauradors denuncia que el incremento del precio de la energía (electricidad y gasóleo) provocará que los agricultores y ganaderos valencianos tengan un sobrecoste de 111 millones de euros si se mantiene en ese estatus alcista. Según La Unió, un estudio elaborado por sus servicios técnicos indica que de esta cantidad, 69,5 millones de euros corresponderían a la factura de la electricidad y los 42 restantes a la del gasóleo.

Los sectores ganaderos más afectados, añade La Unió, por esta subida de los costes energéticos son el avícola y el porcino, sobre todo por el gasóleo empleado para la calefacción de las granjas. En el caso del avícola esta situación repercutiría en un aumento del 26% en los costes de producción, mientras que en el porcino sería del 4%. Los cultivos donde más se nota la subida de los costes de la energía son los de secano, principalmente el olivo (con un incremento del 16%), el almendro (del 14%), la viña (10%), la fruta de verano (4%), los cítricos (4%).

El sindicato recuerda además que el precio de la energía (gasóleo y electricidad) representa para la agricultura un 12% de los costes directos y un 3% de los costes totales, mientras que para la ganadería suponen casi un 13% de los costes totales. Del mismo modo, pide que vuelvan a establecer tarifas especiales de electricidad para el sector agrícola como existía hasta 2008, y un gasóleo profesional agrícola que es una reivindicación histórica del sector.

Podemos y el Foro Extremeño Antinuclear (FEAN) rechazan la construcción del ATI sin el compromiso de cerrar Almaraz

EFE.- Al mismo tiempo que el Foro Extremeño Antinuclear (FEAN) mostró su «absoluto rechazo» a la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de dar luz verde al proyecto de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (CNA), en la provincia de Cáceres, el grupo parlamentario Podemos Extremadura rechaza que esta instalación no venga acompañada del compromiso de cerrar la central.

Pide el cierre en 2020

Podemos asegura acoger con inquietud la aprobación de la construcción del ATI en Almaraz, ya que la nueva instalación podría traer aparejada la decisión de prolongar la vida de esta planta. En esa misma línea, insiste en considerar perjudicial que la decisión de comenzar las obras de este almacén en enero no llegue acompañada del compromiso de cierre de la central nuclear de Almaraz. Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura insiste en pedir el cierre de la planta cacereña cuando expire la actual licencia de explotación, en 2020. Además, solicita al presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, y al Ejecutivo central más información.

Seguridad de instalaciones, “en riesgo”

FEAN ha denunciado que el único objetivo de este proyecto es «alargar la vida» de las centrales más allá de los 40 años que garantizan «una cierta seguridad«. El colectivo ha explicado que el proyecto prevé que el ATI entre en funcionamiento en 2018, a dos años del cierre definitivo de la Unidad 1 de la central nuclear cacereña, previsto para 2020. «Es por ello que desde FEAN vemos una clara intención de mantener la central nuclear en funcionamiento», aseveraron.

El Foro Extremeño Antinuclear ha recordado que ha denunciado en reiteradas ocasiones que Almaraz sufre «graves problemas técnicos, que de forma reiterada se ocultan a la ciudadanía». FEAN también asegura que la construcción del ATI «es una maniobra económica, ya que estas plantas están amortizadas y a partir de aquí todo son beneficios para sus propietarios». El foro ha criticado también la «connivencia» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y ha asegurado que los cambios normativos introducidos «van a facilitar la flexibilización de los protocolos de seguridad». «Un accidente nuclear en Almaraz, pone en riesgo la vida en Extremadura y zonas limítrofes, también en Portugal, por lo que un gobierno responsable no puede olvidar el conflicto transfronterizo«, concluyó el FEAN.

PNV y PSOE apuestan por explorar una normativa contra la pobreza energética en el País Vasco

EFE.– PNV y PSOE presentaron en el Parlamento vasco una enmienda a la totalidad a una proposición de Podemos en la que instan al Gobierno de Vitoria a promover una normativa propia que haga frente a la pobreza energética. En su enmienda, los dos grupos que apoyan al Gobierno vasco apuestan por esta iniciativa, recogida ya en su acuerdo de gobernabilidad, como desarrollo de las propias competencias de las posibilidades que ofrece la modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

Esta propuesta conjunta es un texto alternativo a una proposición no de ley de Podemos en la que este grupo proponía al Parlamento instar al Gobierno de España a poner en marcha la tarifa social en los suministros de electricidad, gas y agua para todas las personas que lo necesiten y a establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad domésticos.

PNV y PSOE circunscriben su enmienda al ámbito autonómico y proponen al Gobierno Vasco que establezca indicadores sobre la pobreza energética y las familias que se ven afectadas, y que evalúe las medidas desarrolladas hasta ahora para atender a los colectivos que la sufren. Apuestan por una normativa propia, desde «la convicción de que la pobreza energética merece atención específica desde los poderes públicos para tratar de revertirla o evitar su agravamiento». Esta propuesta se adapta al anuncio de que en pocos meses existirá un impedimento de interrupción del suministro a familias vulnerables, tras el acuerdo alcanzado a nivel nacional.

Además, piden al Gobierno que siga garantizando mediante las consiguientes partidas presupuestarias las ayudas a las familias que no pueden atender sus facturas por razones económicas sobrevenidas. Unas partidas que se incluyeron por primera vez en los Presupuestos de 2015 a instancias del PSOE, y que en 2016 se han duplicado, «también por impulso socialista, tras impedir que corte el suministro a unas 1.500 familias vascas», según reivindican los socialistas.

Por último, en coherencia con posicionamientos anteriores de la Cámara, se insta al Gobierno vasco a seguir favoreciendo la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética para reducir la factura. También le reclaman que presente una ley comprometida en el acuerdo de gobernabilidad para la Sostenibilidad Energética que incluya entre sus objetivos el ahorro y la eficiencia energética, y el desarrollo de la construcción y edificación de bajo consumo.

El PSOE afea a Podemos sus críticas mientras los sindicatos exigen aplicar «inmediatamente» la prohibición de cortes de luz

Redacción / Agencias.- CCOO y UGT pidieron un procedimiento urgente que permita la aplicación inmediata del acuerdo para evitar los cortes del suministro eléctrico a las personas vulnerables. Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha afeado a Podemos sus críticas sobre el «oscurantismo» del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los socialistas para prohibir los cortes de suministro de luz, y le reprochó en todo irónico que si lo hubiese suscrito la formación morada sería «extraordinario”.

«Si Podemos hubiera conseguido el acuerdo sería excelente, magnífico, pero como lo ha conseguido el PSOE, no cumple con los objetivos», ha lamentado Saura. En cualquier caso, ha afirmado que para el PSOE no son «importantes» las críticas de Podemos por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para evitar los cortes de suministros de electricidad, sino ser la oposición «que resuelve problemas de la gente». «Lo importante no es lo que digan el resto de fuerzas, no es ni la estrategia ni la táctica, lo importante es ser la oposición que resuelve los problemas de la gente, que va cambiando progresivamente la política fiscal, presupuestaria y social del Gobierno», sentenció.

Vara apoya el pacto PP-PSOE

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su apoyo al pacto entre el PP y el PSOE para reformar de forma urgente la ley del sector eléctrico. Vara ha explicado que esta medida se aplicará en función de un criterio de vulnerabilidad que decidirán las comunidades autónomas. El presidente ha declarado que este será uno de los temas que se tratará en la próxima Conferencia de Presidentes, por lo que necesitará tiempo para su aplicación. A su juicio, se trata de una gran apuesta, y el asegurar que la gente que no pueda pagarse la calefacción no pase frío en invierno tiene que ser el objetivo de una sociedad justa.

Los sindicatos lo quieren ya

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que «el acuerdo para prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en España» por lo que piden que se extienda al gas. En cuanto a su puesta en marcha, los sindicatos no consideran admisible que se retrase su aplicación al mes de marzo o abril, «condenando de esta forma a miles de personas a pasar frío este invierno debido a los plazos de tramitación de las normas. No nos cabe duda de que, con voluntad política, se pueden arbitrar mecanismos para adelantar esa protección«.

Cientos de personas claman en Madrid contra la pobreza energética mientras Podemos califica de “chanchullo” el pacto PP-PSOE

Redacción / Agencias.- Cientos de personas se han manifestado en Madrid para exigir el fin de las «tarifas abusivas» de las compañías eléctricas, la prohibición de los cortes de luz a las familias sin recursos y para pedir la creación de una «tarifa social» destinada a los más desfavorecidos. Convocados por la plataforma #NoMásCortesDeLuz, que conforma cerca de treinta organizaciones, la protesta ha tenido lugar está tarde desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, a lo largo de la madrileña calle Alcalá y vigilada en todo momento por un dispositivo policial.

La movilización de Madrid, bajo el lema «No más cortes de luz. Basta ya de abusos con la factura de la luz», ha sido sólo una de las protestas que durante todo el día se han celebrado en un gran número de ciudades españolas. Barcelona, Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, La Rioja, Jaén, Huelva, León, Guadalajara, Granada, Murcia, Navarra, Orense, Teruel, Sevilla, Salamanca, Toledo, Bilbao o Zaragoza son otras de las ciudades que han acogido una protesta similar a la de la capital.

Además de lo ya citado, los participantes han exigido la devolución, por parte de las eléctricas, de los 3.500 millones de euros que, a su juicio, cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia. A lo largo de la manifestación se han podido oír consignas como «La pobreza energética mata», «Ni gente sin casa ni casas sin luz», «Las eléctricas roban y matan» o «Esto es un atraco». Además, algunos asistentes portaban velas y pitos.

También han acudido representaciones de los partidos políticos del PSOE, Equo, Izquierda Unida y Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, ha sido uno de los asistentes a esta protesta. No han faltado los carteles, en los que se podían leer frases como «No son muertes, son asesinatos» o «Exministros son enchufados en eléctricas».

Además de las manifestaciones, los convocantes habían llamado a hacer un «apagón», tal y como han hecho los principales edificios públicos de Sevilla, y los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Granada entre otros.

«Chanchullo» el acuerdo «secreto» PP-PSOE

Por su parte, el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, tachó de «chanchullo» el acuerdo «secreto» alcanzado entre el PP y el PSOE para prohibir los cortes de suministro eléctrico a las familias más vulnerables, y ha llamado a los ciudadanos a participar en las movilizaciones convocadas este miércoles para exigir medidas contra la pobreza energética.

En rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con las organizaciones de la Alianza contra la pobreza energética, Mayoral ha denunciado que el «pacto secreto» de PP y PSOE es un «chanchullo» entre dos partidos que «da la espalda al Parlamento», que ya aprobó por mayoría una moción de Podemos. Mayoral ha criticado que el Gobierno haya «dado la espalda» al resto de grupos parlamentarios y a las organizaciones sociales para conseguir un «titular vacío de contenido», lo que a su juicio demuestra que «son representantes de las élites económicas en el Parlamento y que están empezando a ceder».

En este sentido, ha tildado de «chanchullo» el acuerdo alcanzado entre ‘populares’ y socialistas porque «se están rebajando las demandas de las organizaciones sociales y los planteamientos acordados en sede parlamentaria» para «privilegiar» a los intereses del sector energético. «No puede ser un debate entre dos partidos de siempre, cuyos ministros terminan en el Consejo de Administración de las empresas energéticas», ha manifestado Mayoral, quien ha pedido un «diálogo abierto» e «inmediato» con las organizaciones sociales.

Preguntado por cuál será el posicionamiento de su grupo parlamentario en la votación del decreto, cuando llegue al Parlamento aproximadamente dentro de un mes, Mayoral ha dicho no poder concretar cuál será su voto al desconocer el contenido de la misma, si bien ha avanzado que la formación morada no participará en «chanchullos» ni «paripés». A su juicio, el Gobierno intenta parar con el acuerdo las movilizaciones convocadas para este miércoles, para las que ha llamado a la ciudadanía a participar en las convocatorias previstas.

«No nos hemos quedado fuera del acuerdo, quien se queda fuera es el PP y el PSOE de la realidad de este país, piensan que cosas se abordan a base de titular y colgarse medallitas. Hemos venido a respetar el derecho de la gente, no a por titulares grandilocuentes, huecos, vacíos, que lo único que escenifican son chanchullos», ha apostillado. En esta línea, la diputada de En Comú Podem Lucía Martín ha rechazado también el acuerdo al ser un «parche» del PP o el «lavado de cara» que busca el PSOE.

Martín ha detallado que desde Unidos Podemos exigen que se garantice que no haya cortes de ningún suministro a familias en situación de vulnerabilidad, que se incluya el principio de precaución para que la responsabilidad de comprobar esa situación precaria de las familias recaiga también en las empresas y que se paralicen todos los cortes con independencia de qué contrato tengan los usuarios con las compañías eléctricas o de gas. Además, consideran que la financiación debería recaer igualmente en todas las empresas del sector energético, en función de sus ingresos, y que a su vez sean quienes asuman el pago de las facturas impagadas.

Podemos exige que la CNMC investigue lo que considera “irregularidades” en los recibos de la luz

Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley para que el pleno del Congreso debata sobre la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica.

En la iniciativa, Unidos Podemos denuncia que España presenta uno de los precios más elevados de los países de su entorno, ya que la electricidad para sus hogares es la cuarta más cara de toda Europa, según Eurostat. En este sentido, señala que el incremento desde el segundo semestre de 2013 al de 2014 ha sido del 4,1%, frente a un incremento del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro, debido a factores como el déficit de tarifa, los elevados costes de distribución o las prácticas «oligopólicas» de las eléctricas, entre otros.

Respecto a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el real decreto de 2011 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, estipula que los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno tendrán el carácter de máximos. Por ello, según Unidos Podemos son importes «únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad«.

Además, desde Podemos añaden que «de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno». En este mismo sentido asegura que se pronunciaron las instancias judiciales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó en sentencia de mayo de 2012 que no cabía estimar recurso contencioso-administrativo de una empresa comercializadora a una resolución de la sección de Atención a las Personas Usuarias de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat.

La facturación del término de potencia es un coste regulado de forma que su aplicación, o no aplicación, «no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes, sino que es de aplicación obligatoria». Igualmente, la citada resolución añade que la aplicación y traslado a la facturación de las modificaciones de la cuantía de este coste regulado tampoco puede ser objeto de acuerdos contractuales sino que las sucesivas variaciones deben trasladarse a la facturación de la totalidad de los clientes eléctricos, incluidos en el mercado libre, puesto que se trata de unos porcentajes fijados reglamentariamente.

Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el maxímetro, estas vienen de nuevo por un «exceso de facturación», apunta Unidos Podemos. Según reguló el real decreto de 2001, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación. Existiendo ya el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un «incumplimiento claro» de la normativa.

De igual forma, Unidos Podemos pide que la CNMC investigue también las «posibles trampas» que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando «en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos».