Redacción / Agencias.- Las principales organizaciones ecologistas y partidos políticos como Unidos Podemos y Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña y auguran que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político. En este sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, calificó de «absolutamente incomprensible» el informe del CSN.
A su juicio, esta decisión es «la punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido», por lo que Mayoral señaló que «en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente» ya que asegura que «otro camino no tiene sentido». Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo» de la central burgalesa.
La formación recuerda que Garoña es la central nuclear más antigua de España y que ha operado desde 1970 hasta su parada en 2012 con un reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidentada central japonesa de Fukushima. Por ello, llama al Ejecutivo a «asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura». La proposición también pide que se «elabore un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear» y busca que el Gobierno coordine «con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares«.
También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para su diputado y portavoz, Juan López de Uralde, es «inadmisible» que, pese a que está acreditado que Garoña sigue sin «cumplir los requisitos» de seguridad que le exigió previamente el propio CSN, se apruebe su reapertura. «Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha denunciado.
El diputado recuerda que en el Congreso existe una «amplia mayoría» que demanda el cierre definitivo las instalaciones, y ha anunciado que su grupo impulsará las iniciativas parlamentarias necesarias para lograr ese objetivo. «La mayoría parlamentaria se ha mostrado una y otra vez contraria a la reapertura de Garoña, y el Gobierno la está desoyendo. Ahora esa mayoría debe ponerse en acción para evitar la reapertura utilizando todas las vías a su alcance», advirtió. López de Uralde explicó que si el Ministerio de Energía «sigue adelante con este disparate» y concede el permiso para reabrir Garoña, Unidos Podemos propondrá al resto de grupos aprobar una ley para decretar el cierre definitivo de la planta burgalesa.
Alargar vida del parque nuclear
Por otro lado, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por «esperada no es menos grave». En este contexto, el ecologista ha señalado varios motivos: el primero por el riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, “una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas y poblaciones de las comunidades”. Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que «las nucleares son un negocio para sus explotadores».
Castejón ha matizado que existe una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña. Para Castejón esta decisión del CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado “a la medida de Nuclenor” para reabrir Garoña. «Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos».
Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente, ya que no garantiza la seguridad nuclear. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear», ha declarado Montón, que también cree que la «intención última» es ampliar el parque nuclear “por la puerta de atrás, sin contar con la opinión pública y el Parlamento”.
Asimismo, Greenpeace acusó al CSN de actuar con «malas prácticas» en materia de seguridad nuclear porque, según la organización, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos realizados a Garoña en 2015. Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que «juegue limpio» y que se facilite «un tiempo» para evitar materializar la «situación dantesca» que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.
Además, Montón ha señalado que esto tiene «consecuencias» sobre la política energética de España, que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico, y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone «transgredir todas las normas de participación en democracia». «Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada», añadió.
Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia. Del mismo modo, solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.
Diputación de Álava en contra
Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que, tras la decisión del CSN, la Diputación alavesa va a seguir trabajando «en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de Garoña. González denunció en el Parlamento europeo que el CSN está «incumpliendo» la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear, con su «oscurantismo» en torno a esta posible reapertura de la central nuclear, muy próxima al territorio alavés.
