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La Comisión Europea aún no ha recibido información sobre la instalación de un almacén ATI de residuos nucleares en Garoña

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea espera recibir información sobre la posible instalación de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en las instalaciones de la central nuclear de Garoña (Burgos), aunque ha señalado que por el momento no ha recibido ninguna comunicación al respecto. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, respondió así a la pregunta planteada por la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao.

La parlamentaria vasca se dirigió al Ejecutivo comunitario para saber si «vistas las deficiencias encontradas en la central», algunas «vinculadas al medio físico donde se encuentra», Bruselas había recibido algún dato en relación a la instalación de un almacén de residuos nucleares. En este sentido, la Comisión ha expresado que espera recibir esta información en virtud del Tratado Euratom, que dispone que deben ser comunicados a Bruselas los proyectos de inversión en el ámbito nuclear.

Asimismo, la eurodiputada preguntó en la cuestión remitida en diciembre si Bruselas considera que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) puede embargar la información referida a la reapertura de esta central, tras declarar “confidenciales” los informes relacionados. Con respecto a este punto, Arias Cañete expone que, tal y como dispone la directiva de Seguridad Nuclear de 2009, los Estados miembros “deben garantizar que la información sobre la seguridad de las instalaciones nucleares sea accesible al público de acuerdo con la legislación nacional y con las disposiciones internacionales, siempre que ello no ponga en peligro otros intereses que, como la protección, estén reconocidos en esas normativas«.

En la misma línea, Cañete ha recordado que esa obligación de información ha sido reforzada con la modificación de la misma directiva, que debe ser transpuesta por España «no después de agosto de 2017». En su pregunta, Bilbao señala que la declaración de confidencialidad impedía a las autoridades locales saber si la resolución de un informe favorable de impacto ambiental para ubicar el almacén de residuos o si el informe favorable sobre la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la actualización de las curvas límite de presión-temperatura de la vasija del reactor «se corresponden con los epígrafes de acción incorporados a las nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias que deben completarse para una eventual reapertura de la instalación».

Respecto al plan de acción para Garoña establecido en las Instrucciones Técnicas Complementarias impartidas por el regulador CSN, que es competencia de Bruselas supervisar, la Comisión Europea también ha señalado que espera recibir más información sobre la ejecución de esas Instrucciones «en el informe de situación referente a la aplicación en España de su plan de acción nacional«. De la misma manera, el comisario se remite a una comunicación anterior para recordar que las nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias requieren «la plena realización de los epígrafes del plan de acción» como requisito previo «para volver a poner en marcha la instalación».

El 3 de febrero todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el Partido Popular, registraron en el CSN una carta para pedir al presidente del organismo regulador, Fernando Martí, una moratoria en el proceso de renovación de la licencia de la central nuclear de Garoña, que está parada desde finales de 2012 por decisión de su propietario (Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola).

El PNV planteará la próxima semana ante el pleno del Congreso el problema de la metalurgia por el dumping chino

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Europa Press.- El PNV llevará el próximo martes ante el pleno del Congreso el problema que atraviesa la metalurgia española, particularmente en el País Vasco, por el dumping chino en productos como el acero, que se ve agravado además por la “escasa competitividad de los precios de la energía para las empresas electrointensivas”, según los nacionalistas vascos.

En su iniciativa, los nacionalistas vascos recuerdan que junto con la «profunda» crisis económica actual, el sector de la metalurgia atraviesa una «situación tremendamente delicada» que plantea el «riesgo de perder cientos de miles» de puestos de trabajo. Y es que, a la venta por debajo de precio de coste del acero que está llevando a cabo China en sus exportaciones a la Unión Europea, se suma también el sobrecoste energético en España, que genera un diferencial de precios «muy negativo» con el resto de estados competencia en este sector.

«Aunque esté el gobierno en funciones, no puede mirar para otro lado«, advierte el PNV, que exige al Ejecutivo una respuesta «clara, rápida y contundente» a ambos problemas. Y, por ello, quiere que la Cámara Baja le emplace a defender «ante y junto» a la Unión Europea todas las medidas y aranceles necesarios para hacer frente al dumping chino, así como adoptar cambios regulatorios en España para reducir «sustancialmente» el precio de la electricidad a las empresas metalúrgicas para «recuperar parte de la competitividad» perdida.

La Diputación Foral de Álava se personará en el expediente de reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.- La Diputación Foral de Álava anunció que se personará ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su condición de interesada, tanto en el procedimiento de autorización de un almacén temporal individualizado para la central nuclear de Santa María de Garoña, como en el de la renovación de la autorización de reapertura de la central burgalesa.

El Consejo de Diputados de Álava ha acordado solicitar «audiencia, vista y acceso» a los expedientes e información pública ambiental, después de que sus servicios jurídicos hayan confirmado que la institución alavesa es «parte interesada» en los procedimientos relacionados con Garoña. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), explicó que la Diputación ha tenido «conocimiento extraoficial» de ambos expedientes porque «en ningún caso, ha sido informada o tenida en cuenta por el Ministerio de Industria en estos expedientes». Sin embargo, la Diputación Foral considera que ambos expedientes, cuya resolución aún no se ha dictado, «sí que afectan a la institución y sus intereses legítimos«.

González insiste en que tras el acuerdo formal de personamiento, la Diputación «solicitará poder opinar sobre los expedientes» y que se le dé traslado completo de toda la información. El diputado general reconoce que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, podría entender que la Diputación no es parte interesada, algo que a su juicio sería «absolutamente fuera de lo normal«. En ese caso ha advertido que la entidad foral «agotará todas las vías judiciales para que se la tenga en cuenta como parte personada».

En este sentido, ha recordado que tiene competencias en Medio Ambiente y Urbanismo, que incluyen el Ciclo Integral del Agua, Paisaje, Conservación de la Naturaleza, Biodiversidad y Especies Protegidas de Flora y Fauna. Asimismo, ha subrayado que la Diputación es una de las Administraciones Públicas que, por proximidad geográfica, queda incluida en el Plan Director de Protección Civil de la central nuclear de Garoña, ubicada a 40 kilómetros de Vitoria.

«Resulta incuestionable que la Diputación ostenta un interés legítimo en cualquier actuación o procedimiento que tenga como resultado la adopción de actos administrativos o disposiciones normativas susceptibles de afectar de forma directa a una pluralidad de intereses que esta Administración foral debe salvaguardar en relación con las personas y sus bienes, situados en un entorno muy próximo a la central nuclear», detalla el informe jurídico.

Protesta contra Garoña este sábado

Las Juntas Generales de Álava han organizado el próximo 19 de marzo un acto social e institucional contra la posible apertura de la central nuclear. El acto llega tras una moción aprobada en el pleno del 29 de noviembre en la que se instaba al parlamento del País Vasco a convocar a la mayor brevedad posible un gran acto institucional y social que visualice el rechazo «masivo y unánime» del territorio a cualquier intento de mantener la actividad de Garoña.

De esta forma, la Plaza de la Provincia de Vitoria acogerá este sábado un acto en el que un centenar de colectivos participarán en el acto organizado por las Juntas Generales para «visibilizar el rechazo unánime» de la población a un posible reinicio de la actividad de la central. El acto comenzará a las 12.00 horas, con la creación de una estructura formada por globos que representará «la opinión mayoritaria» en el territorio y finalizará con la lectura de un manifiesto «redactado por una destacada figura de la cultura alavesa».

«Las significaciones políticas presentes en el parlamento alavés no son sino la representación de la voluntad de todos los alaveses y, por lo tanto, deben actuar como motor en aquellas cuestiones que afecten y/o preocupen a esta sociedad«, insistieron desde las Juntas alavesas. Asimismo, han subrayado que la iniciativa busca «impulsar un marco en el que estas personas puedan manifestar su opinión acerca de un asunto que forma parte indiscutible de la actualidad del territorio».

El Gobierno del País Vasco pide a Industria que rebaje la tarifa eléctrica a las empresas electrointensivas

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EFE.- El Gobierno del País Vasco va a reclamar al Ministerio de Industria que rebaje los impuestos de la factura eléctrica a las industrias intensivas en el uso de energía, como las siderúrgicas, lo que permitiría reducir «a la mitad» el coste de sus tarifas y garantizar su competitividad. Así lo indicó la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, tras reunirse en Vitoria la Mesa del Acero.

En este sentido, Tapia anunció que el martes va a entregar en el Ministerio de Industria un informe que recoge tres medidas concretas que son «eficientes» y que se pueden tomar a «cortísimo plazo», «incluso en una situación de interinidad» como la del actual Gobierno, para hacer frente al alto coste energético de las empresas. En primer lugar incidió en la necesidad de abaratar la tarifa eléctrica rebajando de «forma drástica» los impuestos que deben pagar las industrias, con el objeto de que la factura que se abone sea más acorde con el coste de la generación de la energía.

También reclamó una rebaja en los peajes eléctricos que las empresas vascas tienen que pagar y que, según indicó, son mucho mayores que las comunidades limítrofes. Recordó que estos peajes ya se han bajado un 50% pero incidió en que se debe rebajar otro 50% con el objetivo de equiparse a las autonomías vecinas. La tercera medida que van a plantear es la modificación del sistema de interrumpibilidad al que acceden las grandes empresas consumidoras para garantizar “la seguridad jurídica que no existe en la actualidad”. Tapia subrayó que la situación que atraviesa el sector del acero requiere de actuaciones urgentes y que son medidas «imprescindibles» para que el sector industrial sobreviva y sea competitivo.

El PNV reclama a Soria que tome medidas para reducir el coste de la energía a la industria siderúrgica

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Europa Press.- El portavoz de Industria del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, se pregunta «qué ha hecho» el ministro en funciones del ramo, José Manuel Soria, ante el problema de dumping que sufre la industria siderúrgica europea ante la competencia del acero chino, y le exigió que tome medidas para reducir el coste de la energía y hacer más competitivo el sector.

El diputado vasco indicó que los «serios problemas de competitividad» de la siderurgia europea «se han visto incrementados» por las prácticas de dumping del acero chino. En estas circunstancias, los ministros de Industria de 7 estados miembros enviaron una carta a la Comisión para reclamar medidas específicas y una regulación que armonice los precios de la energía eléctrica. En la misma línea, el PNV registró en el Congreso una batería de preguntas parlamentarias para saber «qué ha hecho» el ministro Soria ante este problema, sobre todo en lo que afecta a ACB en Sestao, si «se suma a la preocupación» mostrada por otros países y «qué va a hacer» para reducir el precio de la energía para los grandes consumidores.

El CSN pospone su pleno a la próxima semana y el Gobierno vasco asegura que recurriría la reapertura de Garoña

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EFE.- Mientras el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguraba que el Ejecutivo autonómico se mantiene atento ante una posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), advirtiendo de que el País Vasco recurrirá si la planta retoma su actividad, desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se anunciaba que no se celebraría su habitual reunión plenaria de los miércoles por cuestiones «ordinarias» y que quedaba pospuesta para la semana siguiente, según fuentes cercanas al organismo regulador.

De acuerdo con estas fuentes, el cambio de fecha entra dentro de la normalidad y de vez en cuando ocurre, por ejemplo, por problemas de agenda de los propios consejeros. Lo cierto es que la semana pasada, el día 20, hubo pleno del Consejo pero se aplazaron los puntos en los que estaba previsto abordar asuntos relativos a Garoña y al futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca). El máximo organismo regulador en materia de seguridad nuclear explicó entonces que el aplazamiento se hizo de conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno, «como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN».

País Vasco presiona al CSN

En este sentido, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, advirtió de que recurrirán si la planta retoma su actividad en un recurso conjunto con la Diputación alavesa. Por otro lado, la plataforma Araba sin Garoña emplazó a los partidos vascos a impulsar en el Congreso la derogación del decreto que posibilita la reapertura de Garoña mediante una iniciativa que podría respaldar la mayoría parlamentaria.Asimismo, propuso a las instituciones vascas que interpongan más recursos.

El Gobierno vasco cree que debería haber sido consultado sobre el ATI de Garoña mientras Alfonso Alonso apela al CSN

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Europa Press / EFE.- Después de que el ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, eludiera pronunciarse sobre este asunto, la consejera de Medio Ambiente del País Vasco, Ana Oregi, indicó que el Gobierno vasco debería haber sido consultado y haber tenido «voz» en la posible construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Garoña (Burgos), y anunció que exigirá al Ejecutivo central la documentación al respecto para «evaluar el alcance de las acciones».

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió el pasado mes de octubre una Declaración de Impacto Ambiental «favorable» al proyecto del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central nuclear de Garoña por un periodo inferior a 10 años, un trámite que fue interpretado por los movimientos ecologistas como un paso hacia la reapertura de la central burgalesa. Al respecto, Oregi aseguró que el Gobierno vasco exigirá la documentación «para tener la ocasión de estudiarla y evaluarla». También recordó que «una y otra vez» el Gobierno vasco manifestó su posición a favor del cierre de Garoña «de una manera definitiva y sin ningún otro tipo de consideración al respecto más allá de su cierre inmediato y total».

País Vasco exige tener «voz»

Según explicó, «parece ser» que el Gobierno central «ha llevado a cabo una serie de procedimientos» en los que no ha consultado «ni al Gobierno vasco ni a la Diputación foral de Álava» porque, en su opinión, «ha entendido que, al estar fuera de Euskadi, las cuestiones que plantea no tienen afección» en la comunidad autónoma vasca. «Obviamente, no estamos de acuerdo con esa consideración, respetamos las decisiones del órgano ambiental actuante, pero, dadas las circunstancias y la ubicación de la central, a unos 40 kilómetros de Vitoria y próxima a Álava, Euskadi debería de haber tenido conocimiento y voz dentro de los procedimientos administrativos previos, como territorio limítrofe y que, además, puede verse afectado por las actividades evaluados», señaló.

Alonso (PP) no quiere «interferir»

Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha eludido pronunciarse en torno a la instalación del ATI en Garoña para no crear «interferencias políticas» en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El también presidente del PP del País Vasco, formación que votó en el Parlamento vasco en contra de la reapertura de Garoña, indicó que la decisión definitiva corresponde al CSN. «Son los que saben; y nosotros no hacemos interferencias políticas en esas decisiones, que deben tener el máximo aval técnico y garantizar de manera absoluta la seguridad», aseguró Alonso, que confía en que «ese sea el criterio que definitivamente pese, y que las decisiones se tomen sobre esa base de la seguridad y la gestión más correcta».

«Rajoy dejará solucionada la reapertura»

Desde las filas del PNV, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que tiene «la sensación» de que el Gobierno de Rajoy dejará la cuestión relativa a la central nuclear de Garoña «solucionada» antes de las elecciones, ante la eventualidad de que un nuevo ejecutivo pudiera impedir la reapertura. En su opinión, los «movimientos» que el Gobierno central ejecutó en los últimos días en relación con Garoña «conducen a pensar» que existe «una alta probabilidad» de que la central nuclear burgalesa vuelva a abrir. El diputado general recalcó que son movimientos que se producen «a 4 días del final de la legislatura» por lo que «da la sensación de que quieren garantizar la reapertura«.

González se refirió a las dos cartas que la Diputación alavesa ha enviado a los ministerios de Industria y de Medio Ambiente. En ambas cartas muestra su «total oposición» hacia un proyecto que se ha decidido «sin consultar» a este territorio, lo que a su juicio prueba que Álava se ve «sistemáticamente ninguneada» por el Gobierno de Rajoy. Para González, el territorio alavés sería el «más afectado» por la reapertura de la central, ya que «los riesgos no conocen fronteras».

El diputado general criticó la actitud del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en este asunto, y aseguró que en su lugar «se le caería la cara de vergüenza» al comprobar cómo el Consejo de Ministros toma decisiones «en contra de Álava y de la opinión de sus propios compañeros de partido en territorio alavés». En su opinión las decisiones del Gobierno central sobre Garoña prueban que el PP de Álava «no pinta nada para Rajoy».

Bildu pide el amparo comunitario

Mientras tanto, EH Bildu presentó tres preguntas parlamentarias ante la Comisión Europea para saber si está al tanto de que el Gobierno español «pretende reabrir» la central nuclear de Garoña, y si es consciente «de los riesgos que conllevaría«. En su iniciativa, el europarlamentario de EH Bildu Josu Juaristi recuerda que esta instalación fue diseñada para 40 años, pero tras las modificaciones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su vuelta a la actividad, entre las que se encuentra la verificación del estado funcional y de la integridad estructural de la vasija del reactor y de sus componentes, «Garoña podría estar en funcionamiento un total de 61 años».

Juaristi alerta de que actualmente sólo falta el dictamen del CSN, que se espera para los próximos meses, para que la central vuelva a ponerse en funcionamiento. Advierte de su «antigüedad, falta de inversiones, junto a las denuncias de irregularidades acumuladas sobre la misma» y pone de relieve que las instituciones de Álava se han pronunciado con claridad a favor del cierre y desmantelamiento de Garoña. Recalca, en este sentido que Álava tampoco quiere un cementerio nuclear a escasos kilómetros de la central, «ya sea de forma temporal o definitiva».

PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a derogar el real decreto de autoconsumo si el Gobierno lo llega a aprobar

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Redacción / Agencias.- 18 partidos políticos, entre los que figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD, entre otros, han firmado su compromiso con el desarrollo del autoconsumo energético «sin barreras discriminatorias» y se han comprometido a derogar durante la próxima legislatura el real decreto actualmente en tramitación por el Gobierno y que puede ser aprobado el próximo septiembre.

Además, el manifiesto presentado por los partidos está firmado por una amplia representación de la sociedad civil entre los que figuran asociaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Facua u OCU), sindicatos (CCOO y UGT), asociaciones empresariales (ACER, Aifoc, Anpier, APPA Fotovoltaica, UNEF o Pimec), ecologistas, como Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF España, y movimientos sociales como Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en defensa, según expusieron en el manifiesto, «del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía«.

Asimismo, tanto los partidos políticos como las diversas asociaciones han firmado un manifiesto por el que reconocen «los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, solicitan la retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles«. Los firmantes de este manifiesto señalaron que «cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como objetivo favorecerlo«, pues «crea empleo y fomenta la economía local».

Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, en los que el Gobierno propone imponer peajes al autoconsumo, los partidos políticos se comprometen a contribuir a derogar el real decreto y a crear «con la máxima urgencia una normativa realmente favorable» al desarrollo del autoconsumo. En este sentido, se comprometen a eliminar el conocido como impuesto al sol, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas.

Asimismo, las fuerzas políticas denunciaron que la propuesta del Gobierno es parte de «una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», junto a muchas otras medidas «disuasorias» de un uso más eficiente de la energía como el incremento «abrupto» del término fijo de la tarifa eléctrica. Además, destacan que la propuesta del Gobierno «va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho».

Según la Fundación Renovables, los políticos mostraron su apoyo al manifiesto, que pretende modificar la normativa para fomentar el autoconsumo. La representante de Ciudadanos en la presentación del manifiestoy portavoz del partido en el Parlamento valenciano, Carolina Punset, afirmó que «se está legislando en favor de una minoría privilegiada, que es la del oligopolio de las eléctricas», y agregó sobre el autoconsumo energético que supone «la única posibilidad de ahorro de las familias en un momento de emergencia social«.

Por su parte, Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, se mostró «en contra de cualquier tipo de peaje al autoconsumo», y resaltó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias en sectores estratégicos», como es el de la energía. Para el PSOE «porque lo sabemos, hemos tomado esta decisión», señaló en referencia a la presencia de algunos ex dirigentes socialistas en consejos de administración de empresas energéticas.

El ministro Soria defendió el real decreto anunciando que los autoconsumidores «tendrán que contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello». Juan López Uralde, co-portavoz de Equo y ex director de Greenpeace en España, apuntó la paradoja de que «estando en el país del sol, éste no se pueda aprovechar». Asimismo, Uralde señaló que «si en vez de energía pensamos en tomates, esto parece abusivo», al plantear la situación de que una persona que plantara tomates en su balcón tuviera que pagar por la red de transporte de tomates a nivel nacional.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, afirmó que «el PP hace el kamikaze al ir en contra de todos», y criticó duramente la iniciativa del Gobierno por tener a toda la oposición en contra de este proyecto de real decreto. Al finalizar la lectura del manifiesto, los representantes de la oposición al completo, salvando a Unió, que no se adhirió a la iniciativa a diferencia de Convergéncia, se fotografiaron junto a los leones del congreso. También se adhirieron al manifiesto Amaiur, BNG, CHA, Coalición Canaria, UPyD, entre otras formaciones.

El PP se queda solo frente a las críticas de la oposición por la propuesta de autoconsumo de Industria

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Europa Press.- El PP cree que la propuesta de regulación del autoconsumo que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) expuso en una proposición de ley que se debatió en el pleno del Congreso es «electoralista» y exigió esperar a que el Ministerio de Industria presente su real decreto, que actualmente está todavía en fase de consulta pública, porque considera que la nueva regulación propuesta dará seguridad jurídica a los autoconsumidores y permitirá desarrollar este sector.

Así lo ha señalado la diputada popular Encarnación Jiménez, que defendió el establecimiento de peajes por el uso de las redes eléctricas para los autoconsumidores para evitar que esta modalidad de generación se desarrolle «a costa de una transferencia de rentas» y haciendo que sean «los consumidores más vulnerables los que soporten los costes fijos del sistema». «Autoconsumo sí, pero con todos los consumidores en igualdad de condiciones», proclamó Jiménez, subrayando los logros del Ejecutivo en materia energética durante esta legislatura, que pasan por «haber conseguido la sostenibilidad financiera y medioambiental del sistema y la garantía de suministro, además del fin del déficit tarifario y la bajada de la factura».

Por la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya (ICV) afirmó que el modelo energético español, requiere de un cambio «radical» pero el Gobierno «hace caso omiso a la evidencia, a los organismos internacionales y uno de los que deberían ser sus referentes espirituales, el Papa», y plantea una regulación que «penaliza el ahorro y la eficiencia» y perjudica a las renovables y el autoconsumo. «El sentido común y las instituciones van en una dirección y ustedes hacen justo lo contrario: Presentan un decreto para enterrar la autoproducción con un peaje al sol. Somos el hazmerreír en materia energética en la Unión Europea«, indicó, acusando a los populares de «poner trabas» para que el autoconsumo sea «inviable».

Por eso, la Izquierda Plural propone modificar la Ley del Sector Eléctrico para que el consumidor que quiera autoconsumir pueda ceder los excedentes de energía a la red eléctrica y recuperarlos de forma gratuita en un plazo máximo de doce meses, pagando eso sí unos peajes, cargos y costes «reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneracion» y que «en ningún caso puedan ser mayores que los aplicados» al resto de consumidores.

Por su parte, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, lamenta que generar y consumir la propia energía sea ahora «una utopía irrealizable» en España por culpa del Gobierno, que «hace todo lo posible para que sea inviable«, en contra de la tendencia general en Europa, al establecer multitud de barreras, incluyendo un peaje «intolerable» y que supone un «atraco al bolsillo» de los autoconsumidores, que «ya contribuyen al mantenimiento de las redes con el pago del término fijo».

«Pero el desarrollo del autoconsumo es imparable, por mucho que quieran frenarlo. Es como querer frenar las redes sociales o Internet, no podemos hacerlo porque no es razonable ni justo, y demuestra que de nuevo el Gobierno defiende los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría», acusó Lucio, recordando la multitud de beneficios económicos, sociales y medioambientales de esta modalidad de consumo.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, acusa al Ejecutivo de plantear una regulación «preliberal» más propia de un «feudalismo energético» al establecer una tasa por «algo que uno no necesita», que equivaldría a «tener un huerto y pagar un impuesto al frutero sólo porque vende lo que tú produces en casa». «Es la defensa cerrada de un modelo de negocio fracasado y demuestra que el problema de fondo de la política energética española es precisamente que no existe», añadió el diputado magenta, que aunque reconoce que el autoconsumo no será la «panacea» sí debe «tener un lugar» porque contribuirá a un «cambio de modelo económico, urbano y energético».

En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera lamenta que el PP «penalice» el autoconsumo con un peaje «excesivo y de dudosa validez regulatoria» a pesar de tratarse de un sector «incipiente» que ofrece «una gran oportunidad de negocio para las renovables«. «Imponen enormes restricciones técnicas y económicas que impiden que el autoconsumo sea una realidad, a expensas de las grandes aportaciones positivas al consumo eléctrico. Es un desatino, un despropósito. Aislando el autoconsumo, el Gobierno se aleja de Europa y, poniendo trabas evidentes al desarrollo del autoconsumo, desafían además el cumplimiento de los objetivos europeos de renovables«, insistió, reclamando que en ningún caso se «margine» la cogeneración.

Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV, considera «acertado» fomentar el autoconsumo, por sus beneficios para reducción de costes, dependencia energética o contaminación; aunque reconoce sus dudas ante la petición de retirar los peajes para los autoconsumidores con balance neto, dado que utilizan la red y «eso hay que pagarlo», y propone por contra incentivar esta actividad con subvenciones o fiscalmente.

El diputado de ERC Joan Tardà criticó al Gobierno por «defender los intereses contaminantes e incluso mafiosos» del oligopolio energético a costa de una legislación «lobbista e irracional» que «penaliza aún más el desarrollo del autoconsumo» y de las renovables, con las que se podría luchar de forma más efectiva contra la pobreza energética. Pedro Quevedo (CC-NC) ha acusado al Gobierno de producir una «contrarreforma energética» de carácter «ideológico» y de perder una oportunidad para «democratizar un sector opaco» aprovechando energías limpias «mucho más baratas».

IU-ICV, PNV, BNG y Compromís exigen revisar los tanques enterrados de almacenamiento de productos petrolíferos

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Europa Press.- La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís-Equo registraron en el Congreso una proposición no de ley conjunta para exigir al Gobierno de los Diputados una revisión de los tanques enterrados de almacenamiento de productos petrolíferos para garantizar que han cumplido con la normativa de seguridad vigente.

En el texto, las cuatro formaciones recuerdan que el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos en este tipo de tanques es una actividad de «elevado riesgo medioambiental» por la pérdida de estanqueidad que se produce con la oxidación de los tanques de pared simple que están instalados sin cubeto estanco de contención. Además, creen que quince años después de la aprobación del real decreto por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolífera se observan «carencias en su aplicación» e «injustificadas actuaciones administrativas que han dado lugar a rebajas de las exigencias de revisiones periódicas, como la contenida en una orden ministerial del año 2010.

Por eso, quieren que el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial realice un informe sobre el cumplimiento reglamentario en este tipo de almacenamientos, analizando el resultado de las inspecciones periódicas que se hayan realizado. En concreto, quieren saber si se ha aplicado la corrección de errores del decreto publicada en 2000, que anulaba la exención de realizar pruebas de estanqueidad durante cinco años a los tanques reparados; qué porcentaje de fugas sobre el total de instalaciones ha sido notificado a las comunidades autónomas desde 2002 y cuántos sistemas de detección de fugas fijos por variación de nivel o conciliación de inventario han solicitado la exención de pruebas de estanqueidad neumática en el mismo periodo.

Finalmente, los firmantes de la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Industria del Congreso, quieren que se retire la revisión del decreto que modifica el Reglamento de instalaciones petrolífera por sus «evidentes medidas de relajación en la seguridad» y que se redacte un nuevo texto que «no introduzca medidas más laxas en un tema tan importante». Si no consiguen esta pretensión, reclaman que se cumpla la Ley de Industria de 1992 y se garantice la «compatibilidad y adaptación de las actividades industriales con las exigencias medioambientales» y se «estimule y respete el fomento de la innovación y el desarrollo de tecnologías propias e infraestructuras tecnológicas de utilización colectivas».