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El Senado insta al Gobierno a impulsar la economía circular y apostar por la valorización energética de los residuos

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Europa Press.- La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado acordó instar al Gobierno a «impulsar y a colaborar «con todas las administraciones públicas, agentes económicos y sociales el paquete europeo de economía circular y todas las medidas necesarias para que España pueda «llevar a cabo las premisas y objetivos» de este y cumplir los objetivos en gestión de residuos para 2020 y los siguientes años.

La moción del PP sólo ha conseguido el respaldo de los populares, el voto en contra del PNV tras una discusión entre los senadores Cazalis y Pons, y la abstención del resto de grupos. A la iniciativa se habían propuesto dos enmiendas, una del PSOE, para hacer más «explícita» la moción, según ha explicado el senador socialista Félix Montes, y otra del PNV, que pedía la creación de una Comisión Especial de Economía Circular que sirviera, según el senador José María Cazalis, para dar una clara señal del impulso parlamentario a esta aspiración ciudadana. Ambas fueron rechazadas por el grupo parlamentario popular, cuya senadora Juana Francisca Pons ha defendido el «carácter general de la moción».

Así, Pons expuso que la iniciativa destaca que el modelo económico lineal actual es agresivo con el medio y advierte de que agotará las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas, si no hay un cambio en dicho modelo. Precisamente, Pons ha apuntado como alternativa a la economía circular, que define como aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo, y en la que se reduce la generación de residuos y se aprovecha al máximo los que no se haya podido evitar su generación.

El texto recuerda que, para potenciar la economía circular, en diciembre de 2015 la Comisión europea presentó su plan de acción, que incluye 54 medidas en las que los Estados miembro deben avanzar. La senadora popular considera que este objetivo es «beneficioso» y afecta a todas las etapas del ciclo de vida del producto. Las medidas afectan al diseño y producción, el consumo, la gestión de los residuos, el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y a 5 áreas prioritarias como son los plásticos, el desperdicio alimentario, las materias primas, la biomasa y los productos con base biológica.

Así, insiste en que el nuevo modelo debe concebir los productos para que sean reutilizables, reparables, actualizables, con mayor tiempo de vida útil y reciclables y que reduzcan las sustancias nocivas en los materiales. En cuanto a la etapa de residuo, la senadora cree que el Gobierno debe avanzar en la «correcta separación en origen de los residuos, tanto en los hogares como en el sector servicios y en el sector industrial» para poder aprovechar «adecuadamente» el preciado recurso material.

Para los residuos sin aprovechamiento, la moción ve «preferible» la valorización energética antes que el vertido a través de la combustión convencional en incineradoras con recuperación energética, coincineración en otras instalaciones o mediante tratamiento para obtener combustibles similares a los obtenidos del petróleo. En este contexto recuerda que la propuesta de la Comisión para 2030 es reciclar el 65% de los residuos municipales; el 75% de los envases en 2030 y reducir la eliminación en vertedero hasta un máximo del 10% de todos los residuos generados. «Son optimistas y estamos lejos en este momento pero vale la pena trabajar», indicó.

En España se recogió en 2014 de forma separada el 19% de los residuos municipales; se recicló el 31%; se incineró el 11% y el 58% se destinaron al vertedero. La iniciativa del PP admite el «prácticamente nulo avance» en preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética, lo que supone mantener el vertedero como «opción mayoritaria para los residuos». Ante las conclusiones de la Ponencia parlamentaria de residuos y la nueva propuesta de la Comisión Europea en economía circular, la Comisión de Medio Ambiente ve «indispensable impulsar medidas» para que se avance en materia de economía circular y dar cumplimiento de los objetivos en materia de gestión de residuos para 2020 y los que puedan establecerse en el futuro.

Nadal se escuda en la falta de Presupuestos y en la denuncia presentada desde Cataluña para retrasar el euskopeaje

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicó que la Comisión Europea ha trasladado un expediente informativo al Ministerio por el acuerdo alcanzado el pasado año entre PP y PNV sobre la reforma del peaje eléctrico en Euskadi, en el marco de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, y contra el que el Defensor del Pueblo Catalán presentó una denuncia impulsada por la Generalitat de Cataluña.

Al respecto, el ministro ha incidido en que la materialización del euskopeaje requiere que este año se cuente con Presupuestos Generales en el Estado, así que «la pregunta es también quién va a apoyarlos», ha puntualizado. Asimismo, ha advertido de que también se requiere que la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideren «correcto desde el punto de vista de ayudas de Estado» el cambio tarifario, cuestión que ha «complicado muchísimo» las dos denuncias planteadas por instituciones catalanas.

En este sentido, Nadal ha anunciado que la Comisión Europea ha «mandado un expediente informativo al Ministerio para que lo respondamos», ha añadido. «Pensamos que es una operación buena porque ayuda a la política industrial el hecho de materializar una rebaja de los costes energéticos«, ha afirmado, para añadir que se trata de una cuestión «perfectamente planteable» ante las autoridades comunitarias. No obstante, ha insistido en que «si tenemos una demanda preventiva, lo complica mucho».

El Congreso reclama que las compañías de distribución eléctrica compartan con sus clientes la información de los nuevos contadores inteligentes

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Europa Press.- El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que las empresas de distribución eléctrica compartan con los clientes la información de consumo que les proporciona los nuevos contadores telegestionados o digitales. La propuesta, llevada a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital por el PP, ha sido respaldada además por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias, mientras que los diputados de Unidos Podemos han decidido votar en contra.

La finalidad es poder comparar su consumo con el de otros consumidores o establecer un análisis por períodos de tiempo, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para que esto llegue a los consumidores finales. Por otro lado, el Congreso pide potenciar el desarrollo de aplicaciones que permita a los usuarios aprovechar todo el potencial de los datos de los contadores inteligentes e impulsar la adquisición de electrodomésticos eficientes que permitan aprovechar los datos de los contadores para una mayor eficacia energética y menor coste para los usuarios.

También llama a que las empresas de distribución publiquen en abierto los datos de consumo, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, para que a partir de ellos puedan sacar conclusiones sobre tendencias de consumo eléctrico. Por último, el Congreso reclama que las empresas comercializadoras establezcan una mayor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica, como las cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales, o información en relación al Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y al Bono Social, con el fin de que los consumidores puedan evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores «con información veraz, transparente, completa y sencilla».

Europa abre una investigación sobre el euskopeaje a instancias de Cataluña y el Ministerio argumenta que no vulnera la competencia

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EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».

Elche usará energías renovables en edificios municipales y el alumbrado público mientras Vitoria instalará 384 bombillas LED en las calles

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EFE.- Vitoria renovará el alumbrado público de 3 calles principales con la instalación de 384 luminarias LED, que permitirán un ahorro energético de 35.000 euros anuales. Por su parte, la ciudad de Elche usará a partir de ahora fuentes de energía renovable en el suministro eléctrico de los edificios municipales y el alumbrado público, con lo que se convierte en uno de los municipios pioneros en el uso de energías limpias.

Así lo anunció el concejal de Medio Ambiente, Antonio García, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local del nuevo servicio de suministro eléctrico en baja tensión con potencias superiores a 10 kilovatios de potencia y en alta tensión. Ha recordado que al realizarse el pliego se acordó que la empresa encargada de suministrar energía al municipio ofertara como mínimo un 60% de energía limpia y se puso como mejoras premiar a las empresas que utilizaran el 100% de energías renovables. De esta forma, se presentaron 9 empresas a concurso y finalmente Gas Natural será la encargada de proporcionar el suministro. De esta manera, debe certificar que la totalidad de la energía consumida por el ayuntamiento procede de energías renovables.

García ha asegurado que, con esta actuación, Elche «se pone a la vanguardia» en el uso de energías limpias a nivel estatal. El contrato es de un año prorrogable a otro más y el presupuesto es de 2,3 millones de euros. Desde el gobierno local (PSPV-PSOE, Compromís y Partido de Elche) apuestan por la inversión en eficiencia energética para ahorrar en la factura de la luz y reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, así como han adquirido vehículos híbridos para la Policía Local.

Vitoria instalará 384 bombillas LED

Por su parte, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), anunció la adjudicación del contrato de alumbrado a la empresa Ekoargi Instalaciones Eléctricas por valor de 164.329,58 euros, después de que la firma adjudicataria ofreciera una rebaja del 10,25% respecto al presupuesto de licitación.»Este es un pequeño paso que permitirá ser mucho más eficientes en la iluminación de las calles, ser respetuosos con el entorno natural porque se reducen las emisiones de CO2, y además supone un ahorro en la factura final», destacó Urtaran.

Las calles en las que se renovará el alumbrado son Portal de Foronda, Portal de Legutiano y Beato Tomás de Zumárraga, y el contrato contempla la instalación de 4 sistemas de telegestión que monitoricen y controlen estas farolas.»Seguimos trabajando en la transformación de todo el alumbrado público con la utilización de la tecnología LED», apuntó Urtaran, que recordó que de los 4,3 millones de euros gastados en 2013 por este concepto se ha pasado a los 3,6 millones de euros el año pasado.«De seguir así la tendencia la factura se irá reduciendo de forma sensible en los próximos años, pero el objetivo fundamental es reducir las emisiones y el consumo de energía», añadió.

La autoridad catalana de Competencia denuncia desequilibrios territoriales en los peajes eléctricos que consiguió el PNV para el País Vasco

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Europa Press.- La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) denuncia que la modificación de los tramos de peaje de las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV acordada entre el Gobierno central y el PNV, en el marco del debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, altera la competencia entre las empresas y comporta desequilibrios entre territorios.

La Acco ha asegurado que esta medida «aparentemente neutra, que se aplica nacionalmente sin excepción, genera en la práctica un claro desequilibrio», remarcando que parten con ventaja los operadores ubicados en aquellos lugares en los que las líneas eléctricas tienen una tensión superior.

Ha concretado que la red energética instalada en el País Vasco cuenta con tensiones comprendidas entre los 30 y los 36kV, mientras que en Catalunya son inferiores a los 30 kV, y que la regulación existente contempla distintos peajes a pagar en función de la tensión.

Así, las líneas inferiores a 30 kV se les asigna el peaje 6.1A y a las de tensión iguales o superiores a 30 kV en inferiores a 36 kV les corresponde la tarifa 6.1B, y la Acco ha destacado que la reforma pactada tendría como objetivo la desaparición del segundo peaje y su incorporación en una tarifa superior (6.2).

Según la Acco, la desaparición de la tarifas 6.1B supondrá efectos diferentes entre las empresas en función del territorio donde estén implantadas, y «se agudiza el desequilibrio que ya existía» en base a la regulación actual.

Ha añadido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su contrariedad ante una rebaja de los peajes a los usuarios a los que se les aplica el peaje 6.1B.

 

La patronal catalana Foment del Treball pide para toda España la tarifa eléctrica pactada con PNV para la industria vasca

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EFE.- La principal patronal catalana, Foment del Treball, ha reivindicado una «revisión general de la tarifa eléctrica de acceso» en España para asegurar un «mismo marco de competitividad» a toda la industria española. El Comité Ejecutivo de Foment ha hecho esta petición después de la polémica generada en Cataluña por un aspecto del pacto presupuestario entre el PP y el PNV.

Concretamente, 5 patronales catalanas se han quejado de que ese pacto incluye un cambio de tarifa energética solo para las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kilovoltios, algo que beneficia especialmente a las empresas vascas. Foment considera que «más allá de adoptar soluciones territoriales sobre tarifas en función de ciertas aritméticas políticas, es irrenunciable que el Gobierno considere el conjunto del sector industrial español y estructure las reformas siguiendo criterios objetivos, transparentes y uniformes en el territorio».

De esta forma, la patronal que preside Joaquim Gay de Montellà se hace eco del malestar que el acuerdo provoca en la patronal Cecot, la Federación Empresarial del Metal, la Federación de Organizaciones Empresariales de Gerona, Texfor-Confederación de la Industria Textil y la Unión Patronal Metalúrgica. Estas cinco organizaciones argumentaban que las empresas que dependen de líneas de distribución entre los 25 y los 30 kilovoltios, unas 5.800 compañías en toda España, un 56% de ellas catalanas, sufren una discriminación tarifaria. En este sentido, Foment cree que el Gobierno «debe adoptar decisiones de política energética enfocadas a la mejora de la competitividad de la industria«.

Por ello pide iniciar «una negociación urgente para avanzar en la reforma y desarrollo de una política energética que resuelva los graves problemas que sufre el sector industrial catalán y española como consecuencia de los elevados costes de la energía». Foment destacó el peso industrial de Cataluña y la incidencia que la política energética tiene. En concreto, la patronal pide impulsar el desarrollo legislativo de esquemas de redes cerradas, ampliar la vida útil de la cogeneración o bien impulsar la valorización energética de los residuos.

Esquerra Republicana denuncia la “discriminación” del acuerdo eléctrico entre PP y PNV por ser un «agravio» para otras comunidades

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Europa Press.- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) considera que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV en relación con la modificación de la tarifa eléctrica industrial para las empresas «supone una doble discriminación respecto a las empresas que no son del País Vasco: en precio de la energía y en repercusión sobre el resto de peajes».

Así lo señaló el portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, quien reclama las comparecencias en comisión de los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Economía, Luis De Guindos, en sus respectivas comisiones del Congreso. Según ERC, el acuerdo incluye la puesta en marcha de un subtramo tarifario para empresas conectadas a redes de entre 30kV y 36kV y «el agravio viene dado porque en Cataluña, como en la mayoría de las comunidades autónomas, no existe la red de 30kV (la de País Vasco), como sí la hay de 25kV, con lo que «las empresas catalanas no podrán disfrutar del abaratamiento de este tramo».

ERC hace suyas las reivindicaciones de la Plataforma kV25-30, que hace tiempo viene reclamando el mismo tratamiento para todas las empresas encuadradas en el 25-30kV. Según distintas organizaciones empresariales de Cataluña, la decisión de no incluir en el acuerdo las empresas que están en redes de 25kV supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para más de 3.200 empresas.

Capdevila sostiene que, en términos tarifarios, el precio de la electricidad para empresas que actualmente comparten un mismo tramo puede pasar de los 26,42 euros el megavatio hora (MWh) a permitir que las que disponen del tramo entre los 30kV y los 36kV lo paguen, con precios de 2016, a 14,97 euros. Y con las previsiones de tarifas para 2017, el salto sería de pagar 26,26 euros el MWh a pagar sólo 14,72. «No criticamos que se baje la tarifa a los de 30, criticamos que se le mantenga a los de 25 y que esa rebaja se repercuta universalmente, conculcando flagrantemente la competencia entre empresas», concluye el diputado republicano.

El cambio de tarifas eléctricas por el acuerdo PP-PNV beneficiará a 1.250 empresas, ahorrando 50 millones a la industria vasca

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EFE / Europa Press.- Unas 1.250 empresas de 6 comunidades autónomas se beneficiarán del cambio de tarifas eléctricas acordado por el PNV y el PP en la negociación para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Estos datos fueron divulgados por la Plataforma kV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión de toda España, que lleva tiempo reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad que pagan en función de la tensión en la que se ubican.

Esta plataforma calcula que el sobrecoste tarifario que históricamente han pagado esas 1.250 empresas en toda España se eleva a unos 100 millones de euros de más al año. En este sentido, el acuerdo beneficiará, según los cálculos de esta plataforma, a 790 empresas vascas, a 357 andaluzas, a 42 navarras, a 33 firmas castellanoleonesas, a 17 cántabras y a 11 asturianas. Con el pacto alcanzado para aprobar los Presupuesto, el Gobierno central se compromete a eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en 2018. El PNV considera que este pacto supondrá un ahorro para las empresas vascas afectadas de 50 millones de euros.

Discriminación para los 25 kilovoltios

Gracias al acuerdo, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30.000 a 36.000 voltios abonarán una tarifa más barata. La plataforma kV25/30, en la que están la patronal alavesa SEA, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona junto a otro centenar de empresas asociadas, ha mostrado su «satisfacción» por este acuerdo ya que recoge una de las cuestiones que viene reclamando «desde hace meses ante distintas instituciones y partidos políticos».

No obstante, la plataforma advierte de que «el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros anuales por estar mal encuadradas«. Según sus cálculos, en Cataluña hay 3.277 empresas que no se beneficiarán del acuerdo porque la tarifa aplicada es la de 25 kilovoltios. Lo mismo ocurre con 365 empresas de Extremadura, 290 de Aragón, 6 de Murcia y 3 de Castilla-La Mancha.

Nadal dice que la eólica española es «muy competitiva» y tendrá «grandes oportunidades» en la subasta

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha afirmado que la industria eólica española es «muy competitiva» y va a tener «grandes oportunidades» en la subasta. «Creo que va a haber un enorme éxito por parte de la energía eólica a la hora de participar en esa subasta, porque lo va a hacer con capacidad de competencia, ya que la industria es buena, está avanzada y porque es capaz de competir con quien sea a nivel mundial», ha recalcado Nadal.

El ministro también ha recordado que hay muchos intereses creados en España, tanto territoriales como empresariales, y que el Ejecutivo quiere que la subasta se haga «bien», de forma «muy competitiva» y «a los menores costes posibles». «En España la eólica es muy buena tecnológicamente y tiene unas grandísimas oportunidades de llevárselo, porque trabaja más horas que la solar, aunque ya veremos», ha añadido Nadal.

El titular de Energía, Turismo y Agenda Digital ha insistido en que si España quiere tener una industria competitiva es necesario que el sector energético tenga el mejor coste posible. Así, ha apuntado que el Gobierno tiene que cumplir con los objetivos medioambientales, que están fijados en un 20% de energía renovable en los objetivos para 2020, y no perjudicar a la competitividad de la industria. Según ha recordado Nadal, aunar estos dos objetivos forma parte del principio de neutralidad, recogido en el paquete de invierno en la propuesta que se mandó a la Comisión Europea de cara al futuro.

Proyectos de la primera subasta

Sobre la primera subasta de energías renovables, el titular del Ministerio ha afirmado que ya se iniciaron algunos de los «grandes» proyectos de inversión energía eólica y biomasa de la subasta anterior. También ha señalado que estas energías ya están prácticamente en capacidad de competir a precios de mercado, aunque todavía no son suficientemente competitivas, ya que necesitan un respaldo y unas redes más densas.

No obstante, Nadal ha insistido en que en España hay una energía renovable que empieza ser «muy parecida» a la del resto de países europeos en nivel de coste. Por su parte, el senador del PNV, José María Cazalis, ha resaltado los buenos datos del panorama eólico español y le ha transmitido al ministro que parece “tener prisa” en cumplir con los objetivos en materia energética de 2020 de la Unión Europea. Cazalis ha resaltado que el resultado de la primera fue «sorprendente e inesperado» e insiste en que «nadie sabe cómo van a acabar estas subastas» y teme que «los resultados puedan ser similares y se acabe propiciando la integración de tecnologías baratas de terceros países en estas energías«.