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Podemos/Equo reivindica en el País Vasco su oposición al fracking y a la reapertura de la central nuclear de Garoña

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EFE.- El coportavoz de Equo y diputado en el Congreso por Podemos, Juan López de Uralde, denunció que «cómo es posible que quien se llama nacionalista haya hecho tanto daño a su territorio», en alusión al Gobierno vasco de Urkullu (PNV).

Los candidatos a las elecciones autonómicas por Álava han explicado que para Elkarrekin Podemos una de las prioridades de la próxima legislatura será impulsar una Ley de Acción contra el Cambio Climático «que apueste por un modelo para Euskadi sustentado en el ahorro y en la eficiencia energética, mediante una sustitución de las energías fósiles por las renovables».  López de Uralde ha criticado la política medioambiental del PNV y del Gobierno de Iñigo Urkullu y ha denunciado que «la agenda vasca» que han impuesto ha sido «tremendamente destructora» para el entorno natural de Euskadi. En este sentido, criticó que el PNV haya seguido apostando por la técnica del fracking para extraer gas natural de roca.

«Ahora se les llena la boca diciendo que están en contra de la puesta en marcha de la central nuclear de Garoña», ha criticado, pero ha advertido de que el PNV ha votado en el Congreso medidas que favorecen la expansión de la industria nuclear en España porque «eso no les pilla cerca». En cambio, «nosotros somos antinucleares aquí, en Madrid y en Berlín«, subrayó.

Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, explicó que la lucha ecologista también permite generar empleos «verdes, de futuro, de calidad y sostenibles». «En Europa hay 20 millones de desempleados y si apostáramos de manera real y eficiente por los empleos verdes, podríamos crear la misma cantidad de puestos de trabajo», aseveró. Marcellesi considera que es el momento de dar «un paso valiente» y apostar por «una Euskadi donde se pueda respirar de forma limpia» y dependa menos de los combustibles fósiles. El eurodiputado de Equo denunció la existencia de una «casta energética» que no piensa en los intereses de los ciudadanos y que aboga por el fracking.

El Gobierno del País Vasco renuncia al fracking en su estrategia energética 2016-2030 aunque el anuncio resulta insuficiente para Bildu

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EFE.- EH Bildu, segunda fuerza política en el parlamento de Vitoria, acusó a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, de no decir «toda la verdad» al asegurar que se renuncia a utilizar el fracking ya que esa «amenaza» sigue «viva». Tapia anunció que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno del País Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente.

Esta estrategia contiene medidas dirigidas a mejorar la política de ahorro y eficiencia energética de Euskadi para caminar hacia el objetivo de «consumo cero de petróleo para usos energéticos» en 2050, con las energías renovables como principal fuente de suministro energético y con el gas natural como energía de transición. Tapia avanzó que para la extracción del gas natural, el Ejecutivo autonómico «renuncia» al uso de técnicas no convencionales, como el fracking. «Vamos a usar única y exclusivamente técnicas convencionales en exploraciones y posibles explotaciones de gas natural como hasta ahora», ha insistido la consejera.

Esta postura supone que el Gobierno autonómico no utilizará el permiso de exploración que afecta al territorio alavés y burgalés. Según subrayó, esta decisión no implica pérdida económica alguna para las arcas públicas vascas. En esta zona se continuará analizando la posibilidad de extraer gas, pero tal y como hizo hincapié, «trabajando única y exclusivamente con métodos convencionales». Tapia destacó que la estrategia presentada coloca al gas natural como energía de transición entre 2050 y 2100, año en el que para el Gobierno Vasco sería deseable que «desapareciese la dependencia energética de los combustibles fósiles».

Así, la consejera subrayó que las líneas de actuación claves para avanzar hacia un modelo energético más sostenible son la eficiencia energética y las energías renovables. Para lograrlo, la estrategia apunta medidas para las que serán precisas inversiones por valor del 4.930 millones de euros, 920 provenientes de fondos públicos. La apuesta por las renovables se traduce en que el Gobierno Vasco planea alcanzar en 2030 una cuota de esta fuente de energía en consumo final del 21% y que llegue al 40% en 2050.

Tapia ha subrayado que la administración pública debe dar ejemplo con la reducción del consumo energético en sus edificios en un 25% en 10 años, con la implantación de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables en el 25% de sus inmuebles, y con la incorporación de vehículos alternativos en su parque móvil. De cara al transporte por carretera, el Gobierno de Iñigo Urkullu se plantea alcanzar una cuota del 25% de energías alternativas. Con todo ello, Tapia ha considerado que Euskadi puede contribuir a frenar el cambio climático con la reducción de gases de efecto invernadero. Esto supondría la reducción de las emisiones con respecto al 2005 en al menos un 40% en 2030 y en un 80% a 2050.

Bildu critica al Gobierno vasco

Tras estas afirmaciones de la consejera, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que Tapia «intenta confundir» a la opinión pública porque mientras los permisos de exploración de gas natural estén en vigor «la amenaza del fracking seguirá viva«.En opinión de Maeztu, si el Gobierno Vasco quiere tener credibilidad contra el fracking «debe renunciar a los permisos que posibilitan esta técnica».»Lo que tienen que hacer es cerrar Shesa, la empresa pública que crearon para promover el fracking y renunciar a los permisos de exploración que contemplan el uso de esa técnica», que siguen vigentes, insistió el parlamentario.

Álava insta al Gobierno central a retirar su recurso contra la ley antifracking del País Vasco

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EFE.- Las Juntas Generales de Álava instaron al Gobierno central en funciones a retirar su recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional con motivo de este recurso. El pleno de las Juntas Generales de Álava aprobó una moción transaccional presentada por EH Bildu, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se opuso al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar la suspensión sobre esta ley.

La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una «actitud proactiva» en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica. Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno del País Vasco a utilizar «todas las herramientas jurídicas» reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking. En este sentido, instó al Ejecutivo autonómico a comprometerse con «no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto» de este tipo fuera del territorio.

Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, criticó al PNV por mantener una postura «esquizofrénica» en este tema, ya que apoya estas mociones en las instituciones pero sigue «adelante» con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados próximos a Vitoria) y en Angosto (Burgos). El nacionalista Roberto González señaló que la postura del PNV en torno al fracking es «clara» y aseguró que su partido no defiende «ni exploración ni explotación». Además, recordó que ha sido el PP quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.

Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, criticó que «se ve lo que dice y hace el PNV» con el fracking y denunció su «ambigüedad» en la cuestión. El socialista Jon Pablo Nogales trasladó la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino también por la «falta de definición del Ejecutivo de Urkullu». Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, advirtió del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica extractiva.

El parlamento autonómico pide a Urkullu que impida el desarrollo de los permisos para proyectos de fracking en País Vasco

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Europa Press / EFE.- El Parlamento vasco, con el apoyo del PNV, pidió al Gobierno autonómico que, ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley vasca que en la práctica impedía la utilización en Euskadi del fracking para la extracción de gas, utilice su participación en los permisos a la empresa pública Shesa, para «impedir» que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación, exploración y/o explotación mediante fractura hidráulica «tanto dentro como fuera de Euskadi».

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley 6/2015 de medidas adicionales de protección del medioambiente, más conocida como ley antifracking, aprobada por el Parlamento vasco. Esta ley faculta a las Administraciones Públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV, partido del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, se abstuvieron.

Esta decisión del Constitucional supone la suspensión de determinados artículos de la norma hasta el pronunciamiento del Tribunal. Ante esta situación el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, anunció que País Vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. Además, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, adelantó que desde el Ejecutivo se va a realizar un «análisis jurídico” para saber si puede retomar los proyectos de fracking. Señaló que, en todo caso, únicamente se llevan a cabo los estudios medioambientales previos. También precisó que los permisos que hay, en estos momentos, «no son exclusivos» del Gobierno vasco ni de su sociedad pública Shesa sino que están compartidos con una empresa americana.

Ante esta ambivalente posición, todos los grupos de la oposición criticaron que el PNV haya firmado también el acuerdo parlamentario en el que se reclama al Gobierno de Urkullu que en los permisos en los que participe el Ejecutivo utilice su participación en la empresa pública Shesa para «impedir» que se lleven a cabo ningún proyecto de fracking. También se insta al Gobierno vasco a «no consignar partida económica alguna en futuros ejercicios presupuestarios para proyectos de fracking«. Por último, reclama al Ejecutivo autonómico que utilice «todas las herramientas jurídicas dentro del marco competencial reconocido en el Estatuto» para defender la ley vasca «aprobada por amplia mayoría en el Parlamento» ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.

Para los partidos de la oposición, la postura del PNV ante el debate parlamentario planteado por PSOE y EH Bildu responde a sus intereses electorales. La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, preguntó al PNV por qué apoya la enmienda cuando «quieren seguir apostando por la investigación del fracking y  utilizar las competencias vascas para que Euskadi sea más nacionalista y no para que los vascos vivamos mejor». «¿Cómo es capaz de firmar esta enmienda cuando su discurso va en contra de lo que aquí se dice?», preguntó Rojo al PNV.

Críticas entre PNV y socialistas

Asimismo, aseguró que «el fracking vino a Euskadi de la mano del PNV» durante el Gobierno de Ibarretxe y cree que el PNV se abstuvo en la votación de la ley «porque había una campaña electoral y ahora tienen otra». «No se creen nada de lo que dice. Dan ganas de retirar el último punto porque es una vergüenza que hayan firmado esta enmienda», aseveró. Por el mismo motivo, la socialista acusó a los nacionalistas de «engañar a los ciudadanos» y aseguró que «el Gobierno recentralizador del PP ha echado un capote al PNV» con su recurso contra la ley.

El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que la labor del Gobierno vasco debe ser evitar el fracking y cree que la postura del PNV es «contradictoria» y que el doble juego que se lleva con el tema del fracking se debe a la «esquizofrenia electoral del PNV». «Lo mismo que votan en Madrid a favor de la prohibición del fracking, votan a favor de la Ley del sector de Hidrocarburos que da amparo legal al fracking; lo mismo que van a votar hoy a favor de que no se utilice el fracking, la consejera dice ayer que van a analizar jurídicamente si pueden reactivar el fracking. Basta ya de doble mensaje con el fracking. Basta de ambigüedades», reclamó.

El parlamentario del PNV Javier Carro, por su parte, defendió que el uso de la técnica del fracking debe estar «muy bien atado jurídicamente» y recordó que por ese motivo, su partido solicitó durante la tramitación de la ley «más reforzamiento» con una moratoria de cinco años y el asesoramiento de un comité científico. Tras recordar al PSE la foto del lehendakari Patxi López durante su viaje en Estados Unidos a favor del fracking, Carro acusó a los socialistas de perder la «licencia social» por la «actitud»  del gobierno de López, que no «hablaba de las consecuencias» de la técnica.

Carro defendió que «una cosa es la obligación de la investigación que tiene un gobierno y otra el precio que tienen que pagar por ello» y ha pedido que no se «engañe a la ciudadanía» ya que en Euskadi «no hay ni un solo pozo de fracking y esperemos que así siga siendo». «Tenemos que investigar nuestros recursos naturales pero no a cualquier precio por eso creemos que esta técnica no es la apropiada», insistió. Carro explicó que la consejera «ha defendido la investigación y no el fracking porque se trata de permisos para investigar los recursos que hay, pero no con esa técnica«. También ha planteado que los permisos para hacerlo deben estar en manos públicas y no privadas.

Desde el PP, Carmen López de Ocariz acusó al PNV de no ser claros en relación a la acción del Gobierno respecto a esta técnica «cuando es arte y parte», con el pasado de Ibarretxe . Asimismo, defendió que primero es necesario ver la ubicación, entorno, orografía y hacer informes medioambientales ajustados al pozo y permiso concedido. «Apostamos por explorar y explotar los recursos energéticos a nuestro alcance pero no de cualquier manera. Es necesario proteger las zonas más sensibles», insistió. La popular ha advertido de que esta técnica «ha sido un éxito dónde y cuándo tenía que ser, pero ahora no es rentable«. Además, instó al Gobierno vasco a cumplir lo que el Parlamento autonómico aprueba en esta materia.

Una plataforma antifracking exige que el Gobierno del País Vasco asegure que impedirá esta técnica de extracción de hidrocarburos

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EFE.– La plataforma Fracking Ez exigió al Gobierno del País Vasco que diga con claridad que impedirá la técnica de la fractura hidráulica en Euskadi y empiece a «trabajar en serio» para dejar sin efecto todas las licencias de exploración de gas. Esta agrupación criticó la actitud del Ejecutivo autonómico porque «sigue sin aclarar su posición» desde que el Tribunal Constitucional decidiera admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley vasca que regula medidas contra la fractura hidráulica.

Fracking Ez recordó que la ley vasca fue impulsada por una iniciativa popular que contaba con un «apoyo masivo», pero a su juicio el Gobierno de Iñigo Urkullu no ha expresado con claridad que no habrá fracking en Euskadi. La postura del Ejecutivo vasco «se sitúa lejos de la claridad con la que habló el Gobierno catalán tras tumbarse su ley, que sin ninguna duda afirmó que impediría el fracking en Cataluña», denunció esta plataforma. También señaló que aunque el PNV se ha posicionado varias veces a nivel político contra el fracking, el Gobierno Vasco no ha descartado esta técnica.

La ley vasca de fracking fue aprobada el año pasado y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de manera genérica, pero elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía. Por ello esta plataforma pide a todo el arco parlamentario vasco y al Ejecutivo autonómico que trabajen «en serio y sin fisuras» hasta dejar sin efecto todas las licencias, incluidas las promovidas por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (Shesa). Para responder a esta situación, la plataforma ha convocado una movilización en Vitoria que tendrá lugar el próximo viernes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso a la ley vasca contra el fracking y suspende los preceptos impugnados

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking, y ha suspendido los preceptos impugnados, según comunicó el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, después de recibir la notificación por parte del Alto Tribunal.

La Ley del País Vasco faculta a las administraciones públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma, aprobada en junio de 2015, salió adelante con el apoyo de Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los nacionalistas reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental del Parlamento vasco, conocida como Ley relativa al fracking. Según ha apuntado, los preceptos impugnados son un “inciso” del artículo 2 y otro del 6, además de los números 3 y 5, y las disposiciones transitorias 1 y 2. Además, Erkoreka señaló que el Gobierno ha invocado el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión automática de los preceptos impugnados.

El portavoz del Ejecutivo señaló que, por esta causa, los preceptos impugnados no entrarán en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, y añadió que el Gobierno vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. En este sentido, recordó que, si no hay un pronunciamiento del Constitucional, a los 5 meses se puede reconsiderar la suspensión.

País Vasco dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra el recurso planteado por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de abril después de que fracasara la negociación bilateral entre ambos gobiernos para tratar de evitar el recurso. La ley vasca del fracking se aprobó a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas. En un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

En casos similares, el Tribunal Constitucional ha anulado las leyes de Cantabria, La Rioja y la semana pasada la de Cataluña. Estas tres normas prohibían el uso de esta técnica, por lo que el Gobierno central entiende que esa doctrina es trasladable al caso vasco. De hecho, en su momento el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. A pesar de ello, cuando el Gobierno anunció su intención de recurrir la ley, País Vasco dijo que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias.

La oposición presiona al PNV para que el Gobierno vasco impida el fracking a pesar de suspenderse la ley

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EFE.- El parlamentario autonómico de EH Bildu, Dani Maeztu, aseveró que «por encima de cualquier decisión» judicial, el futuro del fracking en Euskadi «está exclusivamente en manos del Gobierno vasco, porque de él dependen las peticiones para perforar«. En el mismo sentido, el PSOE pidió en el Parlamento autonómico al Gobierno Vasco que no facilite ninguna actuación de exploración ni explotación del fracking mientras esté vigente la suspensión cautelar de la ley vasca por el Tribunal Constitucional.

Precisamente el pleno del Parlamento vasco debatirá una moción del PSOE en la que pide al Gobierno vasco que utilice todas las herramientas jurídicas dentro de su marco competencial para defender el mantenimiento de esta ley. La parlamentaria socialista Natalia Rojo pidió al Gobierno Vasco que aclare lo que va a hacer ante la suspensión cautelar y que se comprometa a no utilizar «ni un solo de los euros de los vascos en ningún intento de exploración o explotación del fracking«. La parlamentaria socialista recordó que, cuando ha habido voluntad política, se han encontrado fórmulas competenciales para paliar los efectos de suspensiones de este tipo.

EH Bildu contra el PNV

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, defendió que «la amenaza no viene de Madrid» ya que el Gobierno de Iñigo Urkullu «puede alejar el fantasma del fracking ahora mismo, si tiene voluntad para ello» porque de él «dependen» los permisos para perforar mediante la fractura hidráulica. «Es decir, por encima de cualquier ley o decisión de distintos tribunales el fracking se hará o no en función de la voluntad del Gobierno Vasco», afirmó Maeztu. El representante abertzale ha pedido al lehendakari que «pase por encima de los intentos de limitar la capacidad legislativa» vasca y que «renuncie hoy mismo al empleo del fracking«. «Ése es el mejor ejercicio de soberanía que puede hacer Urkullu», ha considerado.

Los ecologistas critican la suspensión

Asimismo, la asociación ecologista Eguzki criticó la decisión del Constitucional de suspender varios artículos de la ley vasca del fracking y ha denunciado la actitud «hipócrita» del Gobierno en funciones, al que ha acusado de estar al servicio del «gran capital, la explotación de los recursos naturales y la demagogia», vetando una norma que partió de una iniciativa legislativa popular con más de 100.000 firmas. A su juicio, la fracturación hidráulica es un experimento «a gran escala» que carece de «parámetros científicos sólidos» y que causa «daños a la salud y al medioambiente». Eguzki insiste en que la realidad social y la fuerte oposición a este tipo de proyectos por parte de la población afectada debe ser tenida en cuenta.

Las Juntas Generales de Vizcaya instan a que sea reactivada la mesa de seguimiento de Petronor

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EFE.- Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron una iniciativa del PNV y el PSOE en favor de que sea reactivada la mesa de seguimiento de Petronor sobre las afecciones ambientales y a la salud. La propuesta salió adelante con la abstención de EH Bildu y Podemos, a los que se les rechazó una propuesta que pedía realizar labores de evaluación de riesgos para la salud.

La iniciativa aprobada fue presentada después de que los representantes de la agrupación ecologista Meatzalde Bizirik intervinieran en la comisión de Peticiones y después de haber cursado una visita de los junteros a Petronor. La propuesta destaca que, dentro del ámbito de trabajo de esta mesa, se tratarán los «incidentes puntuales» que puedan tener lugar y se dará cuenta de las eventuales actuaciones administrativas de inspección. María Presa, del PNV, señaló que las labores de seguimiento son ya realizadas por el Gobierno Vasco y afirmó que, además de las inspecciones que se efectúan sin avisar, se realiza un control permanente en tiempo real de las emisiones a la atmósfera, de la calidad del aire y de los olores que emite.

El PSOE vasco pregunta al Ejecutivo autonómico qué ha hecho para defender la ley del fracking ante el Gobierno central

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EFE.- El PSOE pidió al Gobierno del País Vasco que dé todas las explicaciones sobre las actuaciones que ha desarrollado para defender la ley vasca contra la fracturación hidráulica, también conocida como fracking, y sobre las alegaciones que elevará ante el Tribunal Constitucional para impedir la suspensión de la norma ante el recurso del Gobierno central.

La parlamentaria socialista Natalia Rojo recuerda que, a pesar de que el Gobierno de España ha venido recurriendo sistemáticamente normas de otras comunidades en el mismo sentido, «en el caso vasco se tomaron todas las cautelas y se ofreció una solución legal», al ceñirse a las competencias en materia de suelo, agua o medio ambiente, de forma que no fueran posibles técnicas extractivas con afecciones geológicas, medioambientales y socioeconómicas. La tramitación de la norma, recuerda, «contó con toda clase de objeciones e intentos de retraso por parte del PNV que, finalmente se abstuvo, aunque desde el Gobierno hubo intentos de mantener vía presupuestaria proyectos de fracking que el PSOE eliminó».

«Ahora la consejera Arantza Tapia ha protestado por el recurso del Gobierno central, pero no ha entrado a valorar los efectos de una eventual suspensión, si así lo decidiera el Tribunal Constitucional, sino que se ha quedado en la queja por el ataque competencial», explica. Rojo quiere saber «qué ha hecho el Gobierno Vasco hasta la fecha en defensa de esas competencias que invoca la consejera» y pregunta a su homóloga de Medio Ambiente, Ana Oregi, cuántas veces se ha reunido la Comisión Bilateral, qué argumentos esgrimió el Ejecutivo vasco en ese foro y qué alegaciones piensa presentar ante el Constitucional para hacer posible que la Ley mantenga su vigencia».

Fracking Ez contra el PNV

Por su parte, la plataforma Fracking Ez exigió al Gobierno vasco que, «más allá de quejarse por las injerencias de Madrid», respete el contenido de la ley vasca sobre la fractura hidráulica y exija a Hidrocarburos de Euskadi que «abandone los proyectos en los que está involucrado”, lo que sería la «mejor garantía para que no haya fracking en Euskadi, ya que en la coyuntura actual la mayor amenaza» son esos proyectos. «Simplemente pedimos coherencia al PNV, ya que acaba de votar en Madrid por primera vez a favor de una proposición no de ley para prohibir el fracking«, concluyó.

País Vasco señala que el cierre de Garoña «sería una buena noticia» mientras la Diputación de Álava pide prudencia

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EFE / Europa Press.- El diputado general de Álava, Ramiro González, afirmó que «hay que ser prudentes» respecto a lo indicado por el sindicato ELA, que asegura que el presidente de Iberdrola les trasladó su decisión de cerrar la central nuclear de Garoña (Burgos)»por motivos económicos». En este sentido, el portavoz del Gobierno del País Vasco, Josu Erkoreka, señaló que la confirmación del cierre de Garoña «sería una buena noticia», que además respondería al sentir mayoritario de la sociedad y de las instituciones de Euskadi.

Erkoreka reconoció que el Gobierno autonómico vasco «sí tenía conocimiento» de que Iberdrola «podría estar considerando» el cierre de Garoña, pero recalcó que no tiene «ningún conocimiento oficial» de que esto vaya a ocurrir. Recordó además que la decisión no corresponde a Iberdrola, sino a Nuclenor, propietaria de la central y en la que la eléctrica vasca participa al 50% junto con Endesa. «En cualquier caso, si la noticia se confirma, la valoración del Gobierno sería positiva porque coincide con una reivindicación sostenida en repetidas ocasiones por la sociedad e instituciones vascas«, resumió el portavoz.

«Prudencia» en Diputación de Álava

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), apuntó que «hay que ser prudentes» respecto de unas noticias de las que la entidad foral «no tiene mayor información». En este sentido ha reiterado que «lo que la Diputación espera es que se produzca el cierre de Garoña cuanto antes». Fuentes de la multinacional eléctrica declinaron hacer declaraciones sobre este asunto y se limitaron a señalar que la compañía no hace «ningún comentario» al respecto mientras el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, afirmó que «no hay ninguna petición» de cierre de la central nuclear de Garoña por parte del operador.

Industria debe «aclarar la situación»

Según el secretario de Medio Ambiente y Energía del PSOE de Álava, Daniel Senderos, es una «buena noticia» pero hay que «tomarla con mucha cautela», debido a que «el oligopolio eléctrico tiene como objetivo prolongar la vida útil del parque nuclear de 40 a 60 años y Garoña ha sido y es su punta de lanza para ese objetivo«. «Hay que tener en cuenta que esta noticia debería ir acompañada también de la negativa de Endesa de no querer reabrir la planta. No olvidemos que Nuclenor  está participada al 50% entre Iberdrola y Endesa  y sólo es una parte la que se ha pronunciado», añadió.

En este sentido, el PSOE de Álava pidió al Ministerio de Industria que «aclare la situación» y que «ejerza su responsabilidad pública frente a las decisiones de las empresas privadas«. Por todo ello, el PSOE de Álava ha indicado que seguirá trabajando a todos los niveles  institucionales y jurídicos para que Garoña no se reabra y «su desmantelamiento definitivo sea una realidad«. Además, ha pedido a todas las instituciones vascas que no «bajen la guardia» y sigan trabajando para que Garoña no retome su actividad.