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El PSOE recaba apoyos en el Congreso frente a la exigencia de la oposición de no elevar impuestos al diesel

Europa Press.– El PP y Ciudadanos se han unido en el Congreso para reclamar al Gobierno que renuncie a elevar la fiscalidad al diesel por los posibles impactos que podría tener esta medida pero el PSOE recabó el apoyo de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y EH-Bildu para rechazar ese posicionamiento.

La diputada del PP, Teresa Palmer, criticó que el Gobierno haya apostado por una subida de impuestos, en lugar de apoyar un aumento de las compras de vehículos eléctricos «a través de un sistema potente de ayudas e incentivos», y ha señalado que el aumento de la recaudación únicamente se traslade a este plan a partir de 2020. Por parte de Ciudadanos, su diputado Rodrigo Gómez ha lamentado que el Gobierno prepare estos cambios sin planificación ni consenso con patronal y sindicatos, y ha pedido al Ejecutivo actuar con acuerdos.

Frente a esta postura, Pilar Lucio, portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, ha señalado que el «desequilibrio fiscal» en los carburantes «no se justifica en un escenario de descarbonización», máxime cuando la comunidad científica ha demostrado la responsabilidad del diésel en las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas, y su efecto sobre la salud. Pese a rechazar la iniciativa del PP, el resto de formaciones tampoco han garantizado su respaldo al Gobierno ante una futura subida del diésel, recriminando todas ellas la forma de proceder del Ejecutivo a la hora de avanzar sus planes en esta materia.

«No se puede ir a golpe de titular ni que los trabajadores sean los más perjudicados por el viejo modelo contaminante y también por la transición energética», ha lamentado Josep Vendrell, de Podemos, que detecta un «envoltorio ambiental, pero con fines recaudatorios» en la medida. Ferrán Bel, del PDeCAT, aclaró que su rechazo no avala las propuestas del PSOE, que deberán estudiar, así como ha manifestado Idoia Sagastizabal, del PNV, que ha pedido «no hacer demagogia» al respecto, por lo no considera «razonable» posicionarse ante una reforma aún no presentada.

El PSOE garantiza que el Gobierno facilitará en menos de 3 meses los cambios de la potencia eléctrica contratada

Europa Press.- El PSOE se comprometió en el Congreso a impulsar en menos de 3 meses los cambios legislativos dirigidos a cumplir con varias proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara Baja, entre ellas la relativa a facilitar los cambios en la potencia eléctrica contratada para ajustarla a las necesidades del momento y favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico. Su objetivo es evitar que las mociones y PnLs no se queden «en una mera declaración de intenciones».

Su portavoz de Energía, Pilar Lucio, ha asegurado que no sólo apoyará la iniciativa defendida por Esquerra Republicana en el Pleno para exigir este cumplimiento, sino que garantiza que el Gobierno así lo hará en el plazo indicado de 3 meses. «Se dará cumplimiento a todas las demandas establecidas en esta moción y en los plazos que se solicita«, comprometió Lucio, que ha asegurado que el Gobierno ya trabaja, a partir de los Ministerios de Transición Ecológica e Interior, en la actualización de los planes de emergencia nuclear de las centrales de Ascó (I y II) y Vandellós (II), y que la nueva Ley de Cambio Climático incluirá el establecimiento de las redes eléctricas cerradas.

Asimismo, los republicanos reclamaban que el Gobierno haga efectiva una proposición no de ley aprobada hace menos de un mes, en octubre, en la que pedía facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, eximiendo de trámites administrativos a las pequeñas instalaciones de autoconsumo, a excepción de una notificación previa a la conexión. Con esta iniciativa el Congreso reclamó habilitar que una instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, y definir una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo.

Otra medida reivindicada por ERC en su moción es garantizar que se da un correcto uso de los datos de los consumidores en la sustitución de los contadores inteligentes. El texto aprobado pedía garantizar que el acceso a la información se hiciera mediante «un portal neutral», evitando así una posible posición de dominio por parte de la empresas distribuidora y comercializadora a la que esté vinculado el punto de suministro.

La iniciativa encontró el respaldo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y Compromis. El portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, recordó que las medidas cuya aplicación exige ya han sido aprobadas en el Congreso. Asimismo, defendió que su puesta en marcha mejoraría la competitividad, como los cambios de potencia o la introducción de una tarifa estacional para pymes, o permitir en redes cerradas que diferentes industrias contaran con una sola conexión a la red.

ERC recordó que el Congreso acordó en 2017 obligar a las distribuidoras eléctricas a atender las peticiones de modificación de tarifa y potencia contratada ya permitir las variaciones voluntarias del consumidor en caso de contar con un contrato de potencia estacional. Este contrato, al que podrían acogerse pymes y cooperativas, establecería diferentes valores de potencia para cada período del año, así como tarifas y condiciones técnicas de acceso. Para cada período tarifario se contrataría una potencia, aplicable durante todo el año, y se podrían acordar cambios en la tarifa según las necesidades del cliente.

También en febrero de 2017, el Congreso instó al Gobierno a revisar, modernizar y adecuar los planes de emergencia nuclear de las centrales de Tarragona, redefinir los planes de todas las centrales para contemplar a los municipios dentro del radio de entre 10 y 20 kilómetros desde la instalación y equiparar sus mecanismos de protección civil ya incluidos en zonas más cercanas. Por otro lado, la iniciativa aprobada en mayo de 2017 sobre redes energéticas cerradas apostaba por el desarrollo de la regulación para su implantación, prevista en una directiva europea de 2009, y el desarrollo de la figura del agregador de demanda y oferta.

Tras su intervención, varios de los diputados intervinientes subrayaron la importancia de este tipo de enfoques con el fin de apremiar al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Cámara Baja. Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos, apuntó que se trata de «un toque de atención» tanto al Ejecutivo actual como a su predecesor. Enric Bataller, de Compromís, cree necesario conocer qué se ha tomado en consideración por parte del Gobierno de lo aprobado en las Cortes, mientras que Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha lamentado «la poca credibilidad de la que gozan las proposiciones no de ley». En este sentido, ha instado a la reforma del Reglamento que se tramita en el Congreso.

Las únicas formaciones que han declinado dar su apoyo fueron el PNV, que apostó por abstenerse pues no comparte las resoluciones «en su literalidad», y el PP, cuyo diputado José Manuel Juncal ha instado a «esperar a tener bien definido el sistema eléctrico» que propone el Gobierno, y por ello ha avanzado su voto en contra. «Esperemos a ver ese árbol, porque igual nos encontramos un árbol frondoso y bonito, o bien un árbol chamuscado. Vistas las experiencias con el PSOE, me espero lo peor», ha lamentado el diputado popular.

El Gobierno, cerca de acordar con la CNMC la devolución de las competencias sobre los peajes eléctricos arrebatadas en 2014

Europa Press.- El Gobierno está cerca de acordar con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el traspaso de las competencias para fijar los precios de los peajes del sistema eléctrico, una atribución en manos del Ejecutivo desde 2014. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el decreto ley aprobado con medidas dirigidas a combatir la escalada de precios de la tarifa energética.

Entre las medidas incluidas en este decreto ley, hay cambios en las tarifas de acceso, en línea con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, como parte del acuerdo del anterior Gobierno con el PNV. Sin embargo, Ribera ha avanzado que «estas competencias van a serlo del regulador», de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

«Estas competencias van a dejar de ser una atribución del Gobierno para serlo de la CNMC, con la que estamos a punto de culminar un acuerdo en este sentido», explicó la ministra, que avanzó al Congreso que remitirá este cambio normativo a la Cámara Baja próximamente como modificación de la Ley del Sector Eléctrico. La ministra ha subrayado que «no deben existir agravios comparativos» en el acceso al sistema eléctrico, pues el coste de la energía es «clave» tanto para el consumidor doméstico como para la competitividad del tejido industrial.

Teresa Ribera teme que el 70% de los 9.000 megavatios renovables subastados por Nadal no pueda instalarse antes de 2020

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse ni el 70% de los 9.000 megavatios de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

«Sólo se han instalado 80 megavatios, y hay quién piensa que será difícil llegar a instalar el 70% de esa potencia subastada», afirmó Ribera ante la pregunta de la portavoz energética del PNV, Idoia Sagastizabal, de cuándo aprobará su departamento la regulación sobre los permisos de conexión y acceso a la red. La ausencia de este desarrollo reglamentario, previsto en la Ley del Sector Eléctrico, es para la ministra «uno de los cuellos de botella más importantes» para la instalación de potencia renovable, pese a que la ley que contenía la previsión «tiene ya unos cuantos años a sus espaldas».

En todo caso, la ministra agradeció que, aun en funciones, su predecesor en el cargo, el exministro de Energía Álvaro Nadal, remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de este decreto, y que gracias a ello esperan recibir el informe del superregulador «estos días». A partir de ahí, la ministra ha indicado que el Gobierno espera poder aprobar definitivamente esta regulación «antes de fin de año», pues tratará de «acortar todos los procedimientos», a través de la tramitación por la vía de urgencia de las fases administrativas pendientes.

Asimismo, la ministra ha ido más allá, subrayando que el Gobierno deberá «facilitar la inclusión en el sistema de alrededor de 6.000 y 7.000 megavatios de potencia renovable al año» si quiere cumplir con los objetivos comprometidos para 2030 del Acuerdo de París, por lo que la aprobación de esta regulación es, para Ribera, «un primer paso crítico«. Precisamente, el PNV ha urgido a aprobar antes de finales de año esta regulación, para que las empresas adjudicatarias en las últimas subastas puedan contar con la autorización para construir sus plantas y que además no caduquen las concesiones de puntos de conexión de varias instalaciones renovables.

«Nos encontramos con plazos bastante ajustados y cualquier retraso en la concesión de permisos puede hacer peligrar los proyectos», ha incidido Sagastizabal, destacando que en algunos casos la construcción de instalaciones tras la última subasta «se encuentra condicionada» a este desarrollo reglamentario. «De no aprobarse antes del 28 de diciembre, la mayoría de puntos de conexión permitidos se pierden y las empresas corren el riesgo de no poder conectar sus plantas y estarían abocadas a la pérdida de avales emitidos», ha explicado la diputada, reclamando la aprobación de esta normativa.

El Congreso rechaza dificultar el cierre de centrales de generación eléctrica ya que para el PSOE es un “despropósito jurídico”

EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha definido la Proposición de Ley del Partido Popular para ampliar los criterios para denegar el cierre de las centrales de generación eléctrica como «un despropósito jurídico», cuyo único fin es hacer campaña «desleal y engañosa» para ganar votos en territorios «abandonados por el PP durante 40 años». En consecuencia, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó tramitar esta ley para dificultar el cierre de estas centrales de generación eléctrica.

Además del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético. La proposición proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares. Energía quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales, después de tener que permitir el cierre de Garoña, al decidir su propietaria Iberdrola desistir de solicitar la renovación de su licencia de explotación.

El debate se ha producido después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya expresado su intención de cerrar las centrales nucleares y en medio de un fuerte repunte del precio de la luz. Precisamente el diputado del PP, José Alberto Herrero, indicó que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas. Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

«Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público», apuntó, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, apoyó la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha subrayado que la iniciativa es un «fiasco y un despropósito» ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo. Ha reprochado que subyace la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea.

En este sentido, criticó que el PP ha querido «utilizar» la incertidumbre de las cuencas mineras tras 6 años de Gobierno del PP para atacar al Gobierno socialista, al tiempo que lamentó que durante su etapa al frente del Ejecutivo «no se tomaron medidas en favor de las cuencas mineras y siguen sin tener propuestas viables». «El PP dice que el objeto de la norma es que las decisiones de cierre guarden coherencia con los instrumentos de planificación energética», apuntó Lucio, quien considera que dicha previsión «no existe» tras «6 años pidiéndola los agentes implicados».

Del mismo modo, ha asegurado que los criterios del PP para impedir el cierre de instalaciones de generación eléctricas son «contradictorios entre sí», al tiempo que ha reprochado que «no dan pistas de cómo piensan hacer la valoración de estos nuevos criterios». Además, ha subrayado que «su propuesta puede contradecir los principios generales de libertad de empresa». En definitiva, la diputada aseguró que no es más que una historia de «órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones democráticas entre partidos, de astucias y personalismos y menosprecio a los oponentes políticos«.

Finalmente, ha acusado al PP de «utilizar el parlamento para fines electoralistas», de la utilización de la «desesperación» de muchos trabajadores y de «un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto». Mientras tanto, «las comarcas mineras tienen futuro porque el PSOE está en el gobierno y es el garante de una transición justa y lleva 40 años defendiendo sus intereses».

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado que el PP «no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos» y ha criticado que se aborden «parches» cuando más del 70% de la factura eléctrica se vincula a «errores electoralistas«. Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante. «El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo», explicó.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal basó su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar. La proposición abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

“En manos de las eléctricas”

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha denunciado que PSOE, Podemos y Cs quieren dejar en manos de las compañías eléctricas la decisión sobre el cierre de centrales de generación sin tener en cuenta ni las emisiones, ni el precio ni la garantía de suministro. «Queremos que a la hora de cerrar una central eléctrica, sea de la tecnología que sea, las compañías tengan que solicitarlo de forma adecuada tanto para los que emitan más o menos gases de efecto invernadero o si perjudica a la garantía de suministro», ha explicado Mariscal.

Mariscal ha cuestionado que PSOE, Podemos y Cs «se oponen y por tanto, prefieren que sean las propias compañías las que tomen la decisión de si cierran esas centrales sin tener en cuenta ni las emisiones ni el precio ni la garantía de suministro». El diputado popular ha explicado que esta iniciativa está dirigida a garantizar el servicio público de acceso a energía eléctrica y fundamentalmente, conseguir precios que permitan la competitividad de las empresas y que sean «sostenibles y adecuados» para las familias. Además, ha abogado por una energía que garantice siempre el suministro.

Unidos Podemos propone que el 50% de lo recaudado en la subasta de emisiones se dedique a desarrollar las renovables

Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos propone que, al menos, el 50% de la recaudación de la subasta de emisiones de gases de efecto invernadero se destine por ley al desarrollo de las energías renovables. Así lo recoge una de sus enmiendas al proyecto de ley aprobado por el PP que modifica hasta tres leyes: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Según explicó en su momento el Ejecutivo popular, este texto propone reforzar el carácter preventivo ante las amenazas y los nuevos desafíos ambientales y presta una atención especial a la eficiencia de los recursos y a la prevención de riesgos que a partir de ahora estarán «mejor reflejados en el proceso de evaluación». De este modo, la Ley de Evaluación Ambiental modificará la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos y también se espera la integración o coordinación de la evaluación de impacto ambiental con otros procedimientos ambientales.

PNV y Ciudadanos piden, en sus enmiendas, que la norma recoja una nueva disposición final en la que se determine que, cuando un procedimiento judicial afecte a la ejecución de un proyecto y ya cuente con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, el plazo de vigencia de la misma se quedará en suspenso hasta el momento de la sentencia firme. «Se pretende evitar que el promotor tenga que tramitar nuevamente una evaluación ambiental del proyecto desde cero», indican los nacionalistas.

El proyecto de ley también busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento. En este sentido, Unidos Podemos ha incluido enmiendas para que esta información sea accesible a la población, a través de las webs de los ayuntamientos.

ERC cree que el euskopeaje, que reduce la factura eléctrica para las industrias vascas, puede ser una ayuda ilegal

Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) cree que la reducción de la factura de la luz a empresas en determinados territorios, consecuencia de la diferenciación en tarifas con similares tramos de tensión, puede constituir una ayuda de Estado ilegal. Así consta en las preguntas registradas por su portavoz de Energía en el Congreso, Joan Capdevila, con las que esta formación reclama corregir unas diferencias que considera discriminatorias. Tiene además efectos en los Presupuestos de 40 millones de euros para compensar esta reducción de ingresos.

El diputado se refiere a los peajes de acceso a la red, diferentes entre los tramos de tensión entre 1kV a 30kV y 30kV a 36kV. Una distinción que, argumenta Capdevila, «responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios». De hecho, los valores unitarios fijados para retribuir a las compañías eléctricas distribuidoras son los mismos en el tramo 24kV y 36kV, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala que la diferenciación «no está justificada por motivos técnicos».

Pacto entre PP y PNV

Esta distinción, relata Capdevila, se acentuó además con el abaratamiento de la tarifa para el tramo de 30kV a 36kV, en virtud del acuerdo entre el PP y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2017, lo que benefició a 1.250 empresas de 6 comunidades, la gran mayoría del País Vasco. Todasellas se beneficiaron de un ahorro estimado en unos 50 millones de euros anuales, reduciendo el coste del MWh en un 43%, reduciendo aún más una tarifa que ya les era más favorable por la distinción realizada a partir del acceso a la red en la tensión a partir de 30kV.

Esquerra denuncia que los efectos de esta medida «son selectivos territorialmente» y, además, pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario, pero es que además tiene un coste para las arcas públicas, en la medida en que los propios Presupuestos dotan con 40 millones las cuentas de la CNMC en concepto de compensación por la reducción de ingresos en el sistema eléctrico.

De las aproximadamente 4.450 compañías que no se beneficiaron por el peaje, al estar conectadas a un tramo inferior de tensión, 3.277 están ubicadas en Cataluña, y según ERC deben afrontar un sobrecoste en su factura por la distinción de unos 300 millones de euros. Por todo ello, Capdevila reclama al Gobierno a «aplicar medidas correctoras» para que las empresas conectadas a redes de distribución de entre 25kV y 30kV cuenten con las mismas tarifas.

Urkullu reclama al Gobierno central que cumpla el acuerdo para rebajar el precio de la electricidad a la industria vasca

EFE.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado al Gobierno central que cumpla el acuerdo sobre tarificación eléctrica para empresas vascas recogido en los Presupuestos de 2017 que el Ejecutivo pactó con el PNV. «Esto ha de hacerse porque es un compromiso del Gobierno español en 2017 y con proyección a 2018. No debe estar sujeto a la negociación de este año», matizó. En este sentido, ha indicado que el incumplimiento de este acuerdo “afecta a la competitividad de las empresas vascas».

El Gobierno traspasará 40 millones de euros al sistema eléctrico desde los Presupuestos para cubrir el vacío recaudatorio del euskopeaje

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía transferirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 40 millones de euros para compensar la reducción de ingresos al sistema eléctrico por la eliminación de la tarifa 6.1.b, que arrancó el PNV al PP para apoyar los Presupuestos del 2017. Si se aprobara el proyecto de Presupuestos para 2018, dicho importe tendrá que ser incorporado de una sola vez como ingreso al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por la CNMC.

El acuerdo entre el PP y PNV para aprobar las cuentas del Estado de 2017 incluía la eliminación en 2018 de esa tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kilovoltios (Kv), utilizadas sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 100 millones de euros anuales para las industrias afectadas. La medida fue contestada en Cataluña, donde hay más de 3.000 empresas conectadas a una tensión de 25 Kv que no se benefician del cambio, y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) protestó ante la Comisión Europea, que acordó investigar la reforma pactada entre PP y PNV.

Además, el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2018 mantiene en sus disposiciones adicionales dos medidas que ya incluyó en 2017 y que implican que el superávit del sistema eléctrico pueda utilizarse no sólo para reducir la deuda acumulada. Así, se mantiene que los superávits de ingresos puedan utilizarse, de forma excepcional, a pagar indemnizaciones correspondientes a resoluciones de litigios referidos a la normativa del sector eléctrico, aunque la legislación vigente establece que se destinen a reducir la deuda acumulada del sistema eléctrico.

También está previsto en una disposición adicional que, con cargo al superávit eléctrico, se puedan conceder ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables conectadas al sistema eléctrico por un importe máximo de 60 millones de euros en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos FEDER. Por otra parte, en el proyecto de Presupuestos se prevé destinar 755 millones de euros en 2018 a atender el extracoste de la generación eléctrica en los sistemas extrapeninsulares.

Además, en el proyecto de Presupuestos se habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias electrointensivas, de acuerdo a la normativa europea, para la reducción de los costes incurridos en la consecución de los objetivos de transición energética. El colectivo de empresas que podrán acceder a estas ayudas se determinará atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y la del comercio con terceros países y dentro de los límites previstos en las directrices sobre ayudas estatales que les sean de aplicación, según una disposición.

Revisión retributiva de actividades eléctricas

Por otro lado, el Gobierno revisará aspectos de la retribución de las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica, siguiendo así las recomendaciones de la CNMC. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de lesividad de determinados aspectos relativos a las empresas de distribución y transporte de energía eléctrica. El Consejo de Ministros declaró lesivas para el interés público una orden que establecía la retribución de las empresas de distribución eléctrica para 2016, así como otra que fijaba la de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para 2016, respecto de la retribución fijada para Red Eléctrica de España.

El origen de esta declaración radica en observaciones presentadas por la CNMC, que consideró necesario corregir diversos errores “que incrementaban de manera no justificada la retribución de las empresas que realizan la actividad de distribución o transporte de electricidad”. Así, mediante la declaración de lesividad acordada, se iniciará el procedimiento para corregir las órdenes afectadas y adecuar las retribuciones de las empresas, siguiendo los trámites del procedimiento administrativo. Fue el pasado septiembre cuando el Ministerio de Energía inició un procedimiento de declaración de lesividad de la orden que establecía la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el 2016. Energía tomaba en consideración para iniciar este procedimiento las recomendaciones de la CNMC respecto a la sobrerretribución detectada.

En concreto, la CNMC constató que, en la retribución percibida en 2014 por la lectura de contadores y equipos de medida de los clientes conectados a sus redes, no se aplicó una penalización al no estar accesible la información para el cálculo en el momento de su publicación. Por ello, la consideración de tal penalización debería suponer una reducción de la retribución de las empresas distribuidoras por dicho concepto. El organismo presidido por José María Marín Quemada cifraba esta penalización en 4,93 millones de euros para el conjunto de compañías.

Otra de las cuestiones puestas en consideración por la CNMC se refería al cálculo de la vida de los activos de las empresas, en donde advertía que en la retribución para aquellas empresas con más de 100.000 clientes conectados a sus redes se procedía a descontar los elementos totalmente amortizados para cuantificar los años de vida residual de los activos.

El anuncio de la corrección de estas órdenes se produce cuando el Ministerio de Energía ha anunciado que tiene intención de aprobar, mediante una proposición de ley que el PP presentará en el Congreso, una serie de ajustes en los sistemas de retribución, atendiendo a las observaciones que hizo la CNMC sobre la existencia de un exceso de retribución por diferentes conceptos. Las reformas generarían en total un ahorro al sistema eléctrico de hasta 190 millones de euros, según las estimaciones que facilitó entonces el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

La industria pide a Iberdrola elevar la tensión de la red de distribución en Comunidad Valenciana para beneficiarse del euskopeaje

EFE.– El euskopeaje, la bajada del precio de la electricidad a las redes con una tensión entre los 30 y 36 kilovoltios, es una medida que beneficia fundamentalmente a las industrias de País Vasco después de establecerse en la negociación de Presupuestos entre el PP y el PNV. En este marco, la Confederación de Organizaciones Empresariales Industriales de la Comunidad Valenciana (Confeindustria CV) demanda a Iberdrola tarifas más económicas que compensen las inversiones necesarias en las empresas de consumo eléctrico intensivo.

Para ello, insta a realizar actuaciones que contemplen elevar la tensión de la red de 20 a 30 kilovoltios para evitar sobrecostes energéticos a aquellas empresas, territorios y/o áreas industriales intensivas en consumo eléctrico de la Comunidad Valenciana que vean lastrada su competitividad y supongan agravios comparativos respecto a otras autonomías como el País Vasco. Confeindustria reclama que se respeten las reglas de unidad de mercado para que todas las empresas, territorios y sectores «tengan la oportunidad de operar en las mismas condiciones», según reivindicaron.

Repotenciar las redes de industrias

La energía eléctrica es uno de sus costes de producción más relevantes y su precio es uno de los factores decisivos de la competitividad de las empresas, según el presidente de la confederación, Vicente Lafuente, que defiende que cualquier medida relacionada con la disminución del coste de la energía es «bienvenida». Solicita a Iberdrola que repotencie sus redes de 20 a 30 kilovatios para los sectores muy intensivos en consumo de electricidad y potencia contratada; en aquellas zonas con alta concentración de empresas industriales; y en áreas geográficas con mayor deslocalización de empresas cuya suma de costes energéticos sea elevada.

Por otro lado, y para mantener la unidad de mercado, pide que, en caso de eliminación de peajes eléctricos consecuencia de pactos políticos a nivel estatal, las empresas valencianas no se vean desfavorecidas en relación a otras autonomías, máxime cuando ya de por sí se están abonando tarifas más elevadas como consecuencia de la diferencia de potencia de la red.