Entradas

EH Bildu propone que el Parlamento vasco recurra el informe del CSN para impedir la reapertura de Garoña

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- EH Bildu propone que el Parlamento vasco interponga un recurso, primero en vía administrativa y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa, contra el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que posibilita la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. «Si esta iniciativa prospera y el informe del CSN decae, el Gobierno del Estado no podría ordenar la reapertura«, aseguran.

El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, presentó esta propuesta dirigida a «desactivar» el informe elaborado por la dirección técnica del CSN, que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. Según explicó, el pasado febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley exigiendo el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender. Otero destacó la «presteza y profesionalidad» de los servicios jurídicos del Parlamento a la hora de elaborar este informe que «da pie a actuar contra el informe del CSN que posibilitaba la reapertura de la central y dejarlo sin efecto».

Esperan apoyo del Gobierno autonómico

Tras conocer el contenido del informe, EH Bildu remitió una proposición para que sea el propio parlamento vasto quien interponga un recurso al informe del CSN, «tal y como el informe de los servicios jurídicos de la Cámara apunta». «Esperamos una respuesta positiva de Podemos, PSE y PNV», indicó. En este sentido, ha explicado que el informe jurídico del Parlamento afirma que la Cámara vasca tiene «completa legitimidad» para personarse como parte interesada en el procedimiento administrativo para defender los intereses generales de la población del País Vasco. Además, señala que el Parlamento vasco, en este momento de tramitación, puede interponer un recurso de reposición frente al informe del CSN, primero en vía administrativa y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

«Si esta iniciativa prospera y el informe del CSN decae, el Gobierno no podría ordenar la reapertura de Garoña. Por este motivo, es muy importante presentar el recurso, ya que es una vía que podría impedir la reapertura», ha señalado antes de advertir de que esta decisión es «urgente» porque el plazo para presentar el recurso «acabará pronto». También ha indicado que el informe del Parlamento apunta la posibilidad de presentar un recurso de reposición, frente a la orden ministerial de la prórroga de explotación de la central, una vez esto se produzca. «En ese momento también sería viable recurrir a la vía contencioso-administrativa», señaló.

«La voluntad de EH Bildu es la de impulsar todas las vías institucionales y jurídicas para dar carpetazo definitivo a esta central innecesaria y peligrosa, pero insistimos en que el fin de la pesadilla nuclear vendrá por la manifestación de un claro e inequívoco rechazo de toda la sociedad frente a Garoña», ha señalado, antes de unirse a la movilización convocada por la Plataforma Araba Sin Garoña este próximo sábado.

UGT defiende la actividad de Garoña si se garantiza la seguridad nuclear mientras la Diputación de Álava exige el cierre

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El diputado general de Álava, Ramiro González, aseveró que Garoña debe cerrarse «independientemente» de las negociaciones que puedan existir entre el Gobierno central y el PNV sobre los Presupuestos, mientras el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió la actividad de la central nuclear siempre que se garantice la plena seguridad del reactor por su relevancia en términos de abastecimiento de energía a un precio razonable y para mantener la actividad económica y los puestos de trabajo en la zona.

Preguntado por las negociaciones entre Gobierno y PNV, que pasarían por no reactivar la central nuclear a cambio del apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos, Álvarez asegura que los cambios de cromos le parecen «un desastre» en política. En este sentido, el secretario general de UGT reclama que las decisiones que se adopten sobre el futuro de Garoña se realicen «por convicción» y no por otras cuestiones «particulares». Pepe Álvarez ha insistido en su convencimiento de que el futuro de la central de Garoña, con más de 40 años de funcionamiento, se debe analizar de forma prioritaria desde una perspectiva de seguridad para, de garantizare esta, poder garantizar un abastecimiento energético a precios razonables.

El líder nacional de UGT no ha dudado tampoco en defender la necesidad de la energía nuclear en el mix energético del país desde el convencimiento de que España no está en condiciones de prescindir «de ninguna fuente de energía», con una reivindicación expresa también a la importancia del carbón autóctono. En este sentido, Álvarez aseguró  pensar expresamente en El Bierzo para advertir del «gran error estratégico del Estado» si se hace desaparecer finalmente la extracción de carbón en España.

Garoña, independiente de los Presupuestos

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, descarta que este asunto pueda ser «moneda de cambio» para un eventual respaldo jeltzale a los Presupuestos. El diputado general, miembro del PNV, advierte de que la planta, sobre cuya reapertura después de varios años de inactividad debe pronunciarse el Gobierno central, debe cerrarse de forma definitiva «independientemente de cualquier negociación». González ha asegurado que la posibilidad de que el PNV apoye los Presupuestos a cambio de la clausura de Garoña «no está sobre la mesa», ya que el cierre de esta central, la más antigua de España, debe llevarse a cabo «sí o sí».

«No hay nada que negociar», aseveró González, que insistió en que Garoña no puede ser «moneda de cambio», ya que para confirmar el cierre de la central «no es necesario un acuerdo político», pues la decisión corresponde al PP. El máximo mandatario de la institución foral recuerda que el presidente, Mariano Rajoy, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguraron recientemente que escucharían las opiniones de «todo el mundo» en torno a este tema. No obstante, ha lamentado no haber tenido la oportunidad de plantear la postura de la Diputación de Álava «cuando queríamos explicársela».

Unidos Podemos tilda de «chantaje inaceptable» incluir el cierre de Garoña en la negociación con el PNV sobre los Presupuestos

/1 Comentario/en , /por

Europa Press.- Mientras la Junta de Castilla y León espera que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «no sea el precio» por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso advierte de que pediría una «compensación» para la comunidad autónoma, el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera un «chantaje inaceptable» que el Gobierno pueda incluir el cierre de Garoña en las negociaciones con el PNV sobre los Presupuestos.

Así lo ha subrayado el también portavoz de Unidos Podemos en la ponencia parlamentaria encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al ser preguntado en el Congreso sobre las informaciones que apuntan a que el Ejecutivo pueda ofrecer a los nacionalistas vascos cerrar la central burgalesa como gesto de acercamiento a cambio de su apoyo a las cuentas públicas. No obstante, desde el PNV han explicado que no han recibido ninguna oferta en este sentido y que continúan a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les envíe documentación relativa a los Presupuestos.

López de Uralde ha insistido en que el Gobierno debe clausurar definitivamente esta planta nuclear «porque no cumple las condiciones» fijadas por el CSN para mantenerla abierta, ya ha cumplido su vida útil y es «altamente peligroso» que siga en funcionamiento. Por todo ello, el coportavoz de Equo ha subrayado que debe cerrarse «a cambio de nada» y rechazó que el futuro de la central se use como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias.

Compensaciones de Castilla y León

Según la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, la Junta «no ha podido contrastar» la posible oferta del Gobierno a los nacionalistas vasco. En cualquier caso, reconoció que, de ser cierto, «no sería una buena noticia para Castilla y León», dada la «importancia» de que continúe la central por su repercusión en el empleo rural. «Confiamos en que el cierre de Garoña no sea el precio por aprobar unos Presupuestos, de ser así tendríamos que pedir una compensación para la comunidad», ha sentenciado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sugerido que aprobar unos Presupuestos es «más complejo que si se abre o se cierra una central», tras lo que ha insistido en que el Gobierno autonómico mantiene su posición sobre que «si Garoña es segura, debe seguir abierta», tanto por «ser necesaria» para la generación de energía eléctrica en el país, como por su repercusión en el empleo, aunque con la seguridad «por encima de todo».

Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán «decisiones políticas» sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado sobre si reabrirá o no la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegando que tiene 6 meses antes de tomar la decisión. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará «decisiones irresponsables» ni «políticas» sobre Garoña y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

La diputada socialista burgalesa, Esther Peña, acusó al PP de «no decir la verdad» sobre este tema «jugando» con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando «desde hace 5 años». Del mismo modo, señaló que la planta «no es segura» tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un «globo sonda» para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las compañías eléctricas.

En este sentido, el ministro acusó al PSOE de «querer sacrificar a los trabajadores y a la comarca» para «hacer política y llevarse votos» y ha indicado que su departamento no tomará decisiones «por motivos ideológicos» ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. «Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada«, insistió. Nadal valoró positivamente que el PP esté «abriendo un proceso de audiencia pública» antes de tomar una decisión «para que todo el mundo opine» y rechazó las declaraciones del coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

«No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones», ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. «Es de recibo que todo el mundo reciba la información», afirmó. Uralde reprochó a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando «se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente» al reabrir una central «obsoleta» y que «no aporta ni un kilovatio a la red», por lo que «no tiene impacto en el precio de la luz«.

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. Uralde denunció que hace años se le impusieron a la central unas inversiones para poder renovar su actividad, y ahora, sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, recordó que la mayoría de los miembros del CSN fueron propuestos por el PP. «Me preocupa que dude de la independencia del CSN», ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, cuestionó el ministro, que reivindicó que éstos son «los más reputados de Europa».

Rajoy escuchará “a los interesados”

Por su parte, el presidente del Gobierno señaló que antes de tomar una decisión deben cumplirse algunos trámites, entre ellos, que el Ejecutivo escuche «a todos los que tengan interés» en este tema. Así respondió Rajoy a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acerca de las intenciones del presidente sobre la reapertura de Garoña. Esteban le recordó que «la posición mayoritaria», tanto social como política, es favorable al cierre y mostró su temor de que el PP ponga en marcha la central y que luego sea apagada por una decisión posterior, teniendo que pagar los costes que eso conlleva los ciudadanos.

El portavoz nacionalista ha destacado que Garoña es la planta más antigua de España, que su reactor es del mismo tipo del de la central de Fukushima (Japón)y supone «simplemente el 0,4% de la potencia instalada en España» y no llega al 6% de la potencia nuclear en el país. «Esto no va a abaratar el precio de la electricidad, ni mucho menos, es una central vieja y tiene riesgos, no le vemos ningún sentido», ha destacado en su discurso.

«Entiendo sus argumentos y sus razonamientos pero soy el presidente y tengo que cumplir los trámites que dice la ley», ha insistido Rajoy, quien ha apuntado que primero es Nuclenor, la empresa gestora de la planta, quien debe pronunciarse y después el Gobierno comenzará la ronda de contactos. Además, ha precisado, después de que el Ejecutivo tome una decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tendrá algo que decir.

«En todo caso les escucharemos a ustedes y todas las instituciones que han manifestado su intereses» sobre este tema, ha asegurado el presidente que ha destacado que sí hay instituciones favorables a la reapertura de Garoña, como la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, Rajoy ha defendido su actitud, que ha calificado como las «más prudente, razonable y sensata», de «estudiar a fondo» los razonamientos de unos y de otros» antes de tomar una decisión. «Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de todos», concluyó.

PSOE, Ciudadanos y PNV critican el aval a Garoña sin acometer las medidas exigidas y piden que no se reabra

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Redacción / Agencias.- El PSOE, Ciudadanos y el PNV critican que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avale la reapertura de Garoña sin que los titulares de esta instalación nuclear hayan acometido ninguna de las medidas que el propio organismo le impuso en 2015 como requisito previo para autorizar una prolongación de su vida útil. Sin embargo, los portavoces de estos partidos creen que el informe del CSN sólo busca sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.

La diputada socialista por Burgos, Esther Peña, definió como «una auténtica infamia» el informe del CSN y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará «jugando con fuego» por lo que pidió a Energía impedir la reapertura. Peña denuncia que «no tiene sentido» hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se acometieron las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto «nunca va a funcionar». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas», añadió Peña.

«No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar», señalo Peña, que acusó al PP de hacer «un traje a medida de las eléctricas» ya que, a su juicio, «Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales». Los socialistas sostienen que con esta decisión del CSN se sienta un precedente y servirá para que «el campo nuclear español aumente su vida útil». Por tanto, Peña ha reclamado el cierre definitivo de Garoña y un plan de reactivación económica para el norte de Burgos, y ha dejado claro que el Gobierno tendrá en frente al PSOE si la mantiene abierta.

Peña manifestó que no es comprensible que se establezca un «precedente» en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, «hasta ahora las licencias a las nucleares se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que actualmente en Garoña no se dan». En este sentido, defendió que el debate nuclear tiene que ser «amplio y público». Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si «van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos».

Ciudadanos pide no avalar reapertura

La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha coincidido en que el informe del CSN pretende sentar un precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares, al que llegarán en los próximos años, por lo que pidió al Gobierno que no avale la reapertura de Garoña ni dé un «visto bueno» a ese informe. Rodríguez insiste en que Garoña no influye «nada» en el suministro energético español ya que es una central “muy pequeña”. En este sentido, según añadió, el CSN comunicó en 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y el presidente del CSN reiteró en noviembre que el informe estaba “congelado” hasta cumplir esas inversiones.

Por tanto, aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Rodríguez pidió al Gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. Pero, además, subrayó que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino «que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales». «Le pedimos al Gobierno y a Nadal que no utilice al CSN para sentar precedente», concluyó Rodríguez, que reclama que el CSN sea un organismo realmente independiente del Gobierno que tome sus decisiones en función de criterios técnicos y no políticos.

País Vasco ve «riesgo innegable»

Por otro lado, el Gobierno autonómico del País Vasco expresó su rechazo a la decisión del CSN y advirtió de que, pese a las mejoras que puedan realizarse en la planta, el reinicio de su actividad nuclear supone un «riesgo innegable para la integridad de las miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente«. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco considera que la decisión es «difícil de entender», y recuerda que Garoña, inaugurada en 1970 y que permanece inactiva desde 2012, «ha superado con holgura su periodo de vida útil». «Además, se trata de una central con una tecnología obsoleta, cuya aportación a la generación de energía es mínima», añadió el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno vasco ha mostrado su «respaldo» al rechazo «mayoritario» de la ciudadanía vasca al reinicio de la actividad de la nuclear de Garoña. Además, se ha adherido a los numerosos pronunciamientos en favor del cierre de la planta realizados por las instituciones vascas. El Ejecutivo autonómico ha afirmado que la opción nuclear «no es en absoluto» su modelo de producción de energía. En su lugar, se ha mostrado partidario del uso de energías procedentes de fuentes renovables, con la utilización «eficiente» del gas natural en el periodo de transición de un modelo a otro.

Por su parte, el PNV apeló a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra Garoña a pesar del informe favorable del CSN. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal manifestó que están «preocupados» por la decisión del CSN y «ocupados» en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura. A Sagastizabal le preocupa también que la decisión del CSN no se haya adoptado «por primera vez» por unanimidad, y ha coincidido en que abre la puerta al alargamiento de la vida útil de otras centrales.

Ha recordado que esa reapertura estaba además condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad impuestas por el propio CSN; «no se han adoptado y sin embargo se autoriza la reapertura». El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos pero muy cerca de Álava, «va en contra de la seguridad«. Sagastizabal ha advertido que contra esa reapertura está todo el arco parlamentario, excepto el PP, y ha observado que se trata de una central «muy pequeña» que no aporta «nada» al mix energético, por lo que resulta «absolutamente prescindible» desde el punto de vista de la garantía del suministro.

Facua ve “escandalosa” la decisión

Por su parte, Facua ve «escandaloso» que el CSN se vaya a «saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para Garoña y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. Según la organización de consumidores, la «supuesta» independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y, «lamentablemente», todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse «la voz del Congreso». Facua advierte de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales «mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».

«Facua se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español», sostiene. Así, recomiendan al Gobierno apostar por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

Rajoy lo fía todo a la meteorología y la oposición critica que actúe como un “chamán” en la gestión eléctrica

/2 Comentarios/en , /por

Europa Press / EFE.- El PSOE y Unidos Podemos han lamentado que, ante la subida de la luz, el presidente Mariano Rajoy se limite a actuar como «hombre del tiempo» o como un «chamán» pronosticando que pronto bajarán los precios de la electricidad porque «va a llover». En este sentido, el presidente del Gobierno ha descartado adoptar medidas extraordinarias para bajar el precio de la luz, afirmando que se encuentra en niveles de 2015.

«Han anunciado que va a llover y eso, lógicamente, dará lugar a una bajada», indicó Rajoy que, no obstante, ha reconocido que «la solución no es esa» y que no se trata de que el Gobierno vaya a «esperar» a que llueva o haga viento. Con todo, dejó claro que no se plantea ni bajar los peajes, que están congelados, ni tampoco modificar el sistema de fijación de precios mayoristas. Rajoy ha confiado en la mejora de las condiciones meteorológicas (muy secas y sin viento) para revertir la tendencia al alza de los precios de la electricidad. La carestía de lluvias y la ausencia del viento influyen en el encarecimiento.

Según los cálculos del Ejecutivo, el precio de la electricidad subirá respecto a 2016 unos 100 euros anuales (8 euros al mes). Rajoy atribuyó este incremento a que 2016 fue «excepcionalmente bueno» por la caída del precio del petróleo. «En este momento estamos con el precio de la luz en niveles del año 2015, subirá este año con respecto a 2016, que fue un año excepcional, pero porque ha subido el precio del petróleo un 100% y las condiciones meteorológicas acompañaron y ello afecta al precio de la electricidad», detalló.

«Ya me gustaría a mí que volviera a bajar como en 2016, pero no todo en esta vida ni en este mundo depende del Gobierno, ni del español ni de ningún otro», añadió. De hecho, indicó que el aumento de la electricidad no está afectando solo a España, sino también a otros países de la Unión Europea. Así, señaló que los precios del megavatio hora del jueves se situaron en 87 euros en España, frente a los 110 euros de Italia o Suiza, o los 109 euros en Francia, negando así que España tenga el tercer precio mayorista más alto.

Además, apuntó que a España también le está afectando la «situación compleja» de las centrales nucleares en Francia y la falta de agua y energía solar de los últimos meses y en este punto afirmó que esta situación va a empezar a mejorar con las próximas lluvias. Dicho esto, admitió que se trata de un tema «preocupante» que afecta «al bolsillo de los españoles y a la competitividad de las empresas». Sobre la evolución de la inflación, atribuyó el incremento hasta el 1,6% al cierre de 2016 a la subida del precio del petróleo, y estimó que acabará este año en una tasa del 1,5%, porque el precio del petróleo no superará, «en ningún caso», los 60 dólares el barril.

Rajoy, “un chamán esperando lluvias”

Por su parte, los portavoces del PSOE y Unidos Podemos en el Congreso, Antonio Hernando e Íñigo Errejón, criticaron las declaraciones de Rajoy. Hernando considera «sorprendente» que Rajoy «haya actuado más como hombre del tiempo que como presidente del Gobierno» al decir que «va a llover y haber viento» en referencia al precio de la electricidad. «Debe actuar más como presidente del Gobierno que como comentarista del tiempo», ha apostillado Hernando, que ha avanzado que desde el Grupo Socialista pedirán explicaciones al Gobierno en la sesión de control del próximo miércoles para que explique los «vaivenes» en el recibo de la luz y las actuaciones previstas para frenar su alza.

Asimismo, el secretario político de Podemos y portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Iñigo Errejón, calificó de «cómicas y lamentables» las declaraciones de Rajoy sobre el precio de la electricidad, ya que «en vez de presidente del Gobierno parece que tuviésemos un chamán». En este sentido, criticó que Rajoy se «encomiende a la lluvia» garantizando que «cuando caigan cuatro gotas bajará el precio», un argumento de «alguien que se desentiende del Gobierno y de las cuestiones que preocupan a los españoles». Errejón recordó que Unidos Podemos registró con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, una proposición de ley en el Congreso para favorecer el autoconsumo colectivo, lo que redundaría en una bajada de los precios de la electricidad.

Además, Errejón calificó de «cinismo atroz» el argumento esgrimido por el sector eléctrico respecto al perjuicio que sufre cuando se encarece la electricidad por la disminución de la demanda, y recordó que «la gente pobre no tiene otra que seguir pagando hasta que les cortan la luz». «Hay alternativa en el problema del precio de la luz, pero exige decisión política», de forma que “en lugar de ponerse del lado del oligopolio eléctrico, se ponga del lado de los españoles», remachó Errejón, quien volvió a exigir la realización de una auditoría de los costes energéticos y saber por qué «cuesta lo que cuesta» la luz, y ha afirmado que no son las eléctricas precisamente los actores «perjudicados» en esta situación.

El PNV pide bajar peajes

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pidió al presidente Rajoy, que intervenga en los peajes del sistema eléctrico y que el Ejecutivo se tome «más en serio» el tema de la electricidad en España en lo referido a los ciudadanos y a la economía. Esteban ha denunciado que el sistema eléctrico español tiene «bastantes problemas» en materia de peajes, transporte o impuestos, «que es donde el Gobierno puede intervenir, más allá del coste de la electricidad». Asimismo, Esteban ha calificado de «pobre para un presidente del Gobierno» la respuesta de Rajoy sobre su confianza en que pronto bajen los precios, porque «va a llover».

A este respecto, ha advertido de que están en juego «cosas importantes», ante el perjuicio que supone el aumento del precio de la luz para las familias en un contexto de un «invierno duro» y el daño a la competitividad de las empresas. En esta línea, ha criticado que el precio del consumo energético para las empresas de la Cornisa Cantábrica y Euskadi sea mayor «por circunstancias de obligaciones legales de hace décadas que se sigue manteniendo». «Esto hace que la competencia con otros países y otras industrias sea más difícil», ha lamentado Esteban, que considera que el Gobierno debería tomarse «mucho más enserio el tema de la electricidad tanto en la vertiente del ciudadano como en el plano económico».

PNV y PSOE apuestan por explorar una normativa contra la pobreza energética en el País Vasco

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

EFE.– PNV y PSOE presentaron en el Parlamento vasco una enmienda a la totalidad a una proposición de Podemos en la que instan al Gobierno de Vitoria a promover una normativa propia que haga frente a la pobreza energética. En su enmienda, los dos grupos que apoyan al Gobierno vasco apuestan por esta iniciativa, recogida ya en su acuerdo de gobernabilidad, como desarrollo de las propias competencias de las posibilidades que ofrece la modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

Esta propuesta conjunta es un texto alternativo a una proposición no de ley de Podemos en la que este grupo proponía al Parlamento instar al Gobierno de España a poner en marcha la tarifa social en los suministros de electricidad, gas y agua para todas las personas que lo necesiten y a establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad domésticos.

PNV y PSOE circunscriben su enmienda al ámbito autonómico y proponen al Gobierno Vasco que establezca indicadores sobre la pobreza energética y las familias que se ven afectadas, y que evalúe las medidas desarrolladas hasta ahora para atender a los colectivos que la sufren. Apuestan por una normativa propia, desde «la convicción de que la pobreza energética merece atención específica desde los poderes públicos para tratar de revertirla o evitar su agravamiento». Esta propuesta se adapta al anuncio de que en pocos meses existirá un impedimento de interrupción del suministro a familias vulnerables, tras el acuerdo alcanzado a nivel nacional.

Además, piden al Gobierno que siga garantizando mediante las consiguientes partidas presupuestarias las ayudas a las familias que no pueden atender sus facturas por razones económicas sobrevenidas. Unas partidas que se incluyeron por primera vez en los Presupuestos de 2015 a instancias del PSOE, y que en 2016 se han duplicado, «también por impulso socialista, tras impedir que corte el suministro a unas 1.500 familias vascas», según reivindican los socialistas.

Por último, en coherencia con posicionamientos anteriores de la Cámara, se insta al Gobierno vasco a seguir favoreciendo la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética para reducir la factura. También le reclaman que presente una ley comprometida en el acuerdo de gobernabilidad para la Sostenibilidad Energética que incluya entre sus objetivos el ahorro y la eficiencia energética, y el desarrollo de la construcción y edificación de bajo consumo.

Nuevo Gobierno: riesgos del nombramiento para la energía

/3 Comentarios/en , /por

Será este jueves cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente su nuevo gabinete. Desde la sesión de investidura se viene especulando, cada vez con mayor fruición, acerca de la composición del mismo. En este artículo nos ocuparemos por un lado de los criterios que se han seguido para designar en tiempos pasados, pero recientes, al responsable de energía; en segundo lugar, de los nombres a los que ha tenido acceso Energía Diario y que contarían como candidatos a la cartera ministerial.

La titularidad de Industria, Energía y Turismo, quedó sumida en la orfandad tras la salida del ministro offshore José Manuel Soria. Orfandad que fue cubierta de aquella manera desde abril por la égida del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, con todas sus inhibiciones y silencios al respecto, y bajo la tutela del hasta ahora secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Hay que tener en cuenta que la trayectoria seguida por los últimos gobiernos en la cobertura de esta cartera no ha sido especialmente halagüeña, sobre todo al estar inserta en el ámbito más difuso de Industria. Al perfil de José Manuel Soria, excesivamente proclive al protagonismo, hay que sumar a sus antecesores socialistas, Joan Clos y José Montilla, que también contaban con un marcado carácter y trayectoria política anterior relevante, frente a un perfil técnico o económico que les avalase.

La excepción como perfil híbrido económico-técnico fue Miguel Sebastián quien, realmente, comenzó a comprender el sector energético al final de su mandato, tras provenir de la Oficina Económica del presidente Zapatero. De los anteriores gobiernos populares hay que recordar cómo José María Aznar atribuyó conscientemente la siempre patata caliente de la energía al vicepresidente Rato y al entonces secretario general José Folgado (actual presidente de Red Eléctrica de España), quien seguramente recuerda todavía las increpaciones que recibía por los apagones.

Por tanto, el principal problema que plantea la designación de un ministro de Industria es que se ha venidoaplicando un mecanismo de cobertura de índole política y de preferencia personal. Argumentos como dar una contraprestación por servicios prestados en el partido, ser catalán, ser vasco, barón territorial, alcalde prominente, amigo del presidente, etc…, son elementos que cotizan en el pool de ministrables. En todo caso, la coyuntura actual obligaría a hilar más fino y a ser conscientes de la importancia del nombramiento y de la relevancia de esta decisión.

Los nombres que suenan en esta ocasión: aunque todo el mundo apuntaría a que el claro favorito es Alberto Nadal, responsable del cuadre contable del déficit de tarifa, el escenario es enormemente abierto dada la propia personalidad de Rajoy y sus propias cábalas. Resulta difícil que pudiera ser ministro si su hermano Álvaro, procedente de la Oficina Económica, pasase a ocupar una cartera. El mayor paroxismo sería tener a un hermano de ministro y al otro de secretario de Estado.

Por otra parte, se descarta la alternativa que más reciente se ha colado en las quinielas con el nombre de Josep Piqué, quien ya fuera Ministro de Industria, cuyas suspicacias y prevenciones en el seno del Ejecutivo son públicas. También recibe suspicacias y apuestas, por igual, Dolores de Cospedal. Incluso en ciertos ambientes se incluye el nombre de Guillermo Mariscal, portavoz de Energía en el Congreso y situado en la órbita de José Manuel Soria.

Asimismo, el nombre que suscita más coincidencias es la estrella ascendente de Javier Maroto, vasco y cuya relación con el mundo industrial podría ser decisiva. En este caso hay que recordar su manifiesta oposición a la actividad en la central nuclear de Garoña cuando ejercía de alcalde de Vitoria, lo cual sumaría puntos de cara a atraerse al PNV. Otro candidato, hombre del partido, es Fernando Martínez-Maíllo, que ocupó la presidencia de la Comisión de Industria en la legislatura fallida.

Esperemos que la energía, cuya legislatura será intensa y cargada de cuestiones de fondo, no se gestione por un canje. Posiblemente la peor solución será utilizar la cartera de Industria para colocar a los ministrables desubicados una vez completado el sudoku, lo que incidiría en la tradición de la clase política española de que la energía es una asignatura maría.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión que pesaba sobre algunos artículos de la ley del País Vasco contra el fracking

/1 Comentario/en , , , , , /por

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que se mantenía desde el pasado 3 de mayo sobre algunos artículos de la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o más conocida como ley del fracking. La suspensión se aplicaba desde el momento en el que se admitió a trámite el recurso del Gobierno sobre este asunto, que aún está pendiente de resolverse por el tribunal de garantías.

Concretamente, según fuentes jurídicas, el tribunal de garantías da vigencia a los artículos 2 (sobre los hidratos de metano enterrados en el mar), 3, 5 y 6 (el inciso sobre la reposición de la situación alterada a su estado originario) y las disposiciones transitorias primera y segunda de la citada norma. La ley vasca del fracking se aprobó en junio del 2015 a partir de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

La Ley del País Vasco faculta a las instituciones vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El Tribunal Constitucional ya había anulado anteriormente las leyes de Cantabria, La Rioja y Cataluña. Estas tres normas autonómicas prohibían el uso de esta técnica y el Gobierno central las recurrió, al igual que hizo con la del País Vasco.

La ley del fracking del País Vasco fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento vasco sin el apoyo del PNV, formación que sustenta al Gobierno autonómico. De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

A pesar de ello, cuando el Gobierno central decidió en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el gabinete de Urkullu anunció que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias de Euskadi. El Gobierno argumentó que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental. Consideró además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al obstaculizar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma.

El PSOE celebra el levantamiento

Por su parte, el PSOE celebró la decisión del Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la ley del fracking, que fue recurrida por el Gobierno central y que estará vigente en su totalidad hasta que se resuelva el fondo del asunto. La parlamentaria autonómica socialista Natalia Rojo celebró esta resolución porque «avala la seguridad jurídica» del texto.»Los vascos hemos ganado una nueva batalla utilizando el camino que la propia ley nos ofrecía, sin maximalismos, con los pies en la tierra y haciendo uso de hasta las últimas de nuestras competencias», defendió Rojo aludiendo a que prohibir el fracking de manera literal únicamente hubiera conducido a la «frustración» porque la norma habría sido anulada.