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La Eurocámara aprueba que el 32% del consumo energético proceda de fuentes renovables y la eficiencia energética alcance el 32,5%

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Europa Press.– El Parlamento Europeo ha aprobado los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética, del 32% y del 32,5% para 2030 respectivamente, y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada 10 años. Los eurodiputados confirmaron así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas 3 nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete Energía Limpia para todos los europeos, propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.

Las 3 deben ser ahora aprobadas por el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros). Según los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% en 2030, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, ha destacado que la directiva «pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París». «Podemos afirmar que Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático», subrayó el socialista.

Además, la directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red. El texto pactado también impide aplicar cargos al autoconsumo, como el impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.

Al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030 y los biocarburantes de primera generación con alto riesgo de «cambio indirecto en el uso de la tierra» no se tendrán en cuenta para los objetivos de uso de renovables a partir de ese año. Las futuras normas sobre gobernanza, por su parte, obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para diciembre de 2019 y cada 10 años desde entonces.

Los 28 y la Eurocámara acuerdan normas para limitar la exposición al gas del diésel y otros 7 cancerígenos

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Europa Press. – Los 28 y la Eurocámara han llegado a un acuerdo para ampliar a ocho sustancias químicas cancerígenas las normas europeas que limitan su exposición, entre ellas, los gases de motores diésel, con el objetivo de mejorar la protección de los trabajadores y evitar la muerte por cáncer de más de 100.000 muertes en los próximos 50 años.

De esta manera, los negociadores del Parlamento Europeo han conseguido incluir en el acuerdo -que todavía tiene que ser aprobado- limitar los valores de exposición a gases de los motores diésel, que afectan a 12 de los 20 millones de trabajadores.

Específicamente, se ha acordado una limitación de 0,5 mg/m3 para las emisiones de los motores diésel durante 8 horas, limitación que estará en vigor en «la mayoría» de los sectores dos años después de que finalice el periodo de transposición de la directiva, en 2023 en principio, con la excepción de minas y túneles, donde se deberán cumplir los límites cinco años después, en 2026 teóricamente, ha informado el grupo de los Verdes, que han venido reclamando la inclusión de los gases de motores diésel en la normativa desde la primera revisión de la directiva sobre sustancias cancerígenas y mutágenos en 2016.

Además, los 28 y la Eurocámara han acordado los límites de exposición a los compuestos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), los aceites minerales utilizados en la combustión de motores, el tricloroetileno (TCE), la 4,4′-Metilenodianilina, el epiclorohidrino (C), el dibromuro de etileno y el dicloro de etileno.

«Hoy hemos dado otro paso importante en la protección de los trabajadores europeos frente al cáncer profesional», ha celebrado tras el acuerdo la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, que ha recordado que los trabajadores que se verán «especialmente beneficiados» son los de la industria química, de los sectores metalúrgico y automovilístico, los conductores profesionales, de la construcción, almacenero y de infraestructura portuaria y en total más de 20 millones de trabajadores en Europa verán su protección mejorada.

En este sentido, la  comisaria ha confiado en que el acuerdo sea «confirmado rápidamente» por los Veintiocho y la Eurocámara para lograr alcanzar el objetivo de «evitar más de 100.000 muertos por cáncer en los próximos 50 años».

«Este acuerdo es un éxito porque hemos logrado introducir un valor límite para la exposición a las emisiones de los motores diésel tras meses de negociación», ha subrayado por su parte el principal negociador de la Eurocámara, el eurodiputado belga popular, Claude Rolin, que ha celebrado que se incluyan más sustancias cancerígenas en la segunda revisión de la directiva de 2004.

En este sentido, el eurodiputado ha asegurado que hay que revisarlo «constantemente» tras recordar que «el cáncer es la principal causa de muerte relacionada con el trabajo en la UE». «Es inaceptable que los trabajadores pierdan su vida intentando ganarse la vida».

De esta manera, el cáncer es el responsable del 52% de las muertes laborales en la UE, según datos del Ejecutivo comunitario, que afea que «algunos» Estados miembros «son menos exigentes» que otros a la hora de establecer límites nacionales a muchas sustancias químicas cancerígenas, lo que implica una disparidad en el nivel de protección de los trabajadores y la falta de igualdad de condiciones exigidas a las empresas.

Los Gobiernos de los países europeos abogan por reducir un 35% las emisiones contaminantes de los coches en 2030

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Europa Press.- Mientras las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en España han crecido un 1,8% hasta septiembre, según datos de la consultora MSI, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea pactaron, tras casi 14 horas de negociación, establecer un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para coches del 35% en 2030, con una meta intermedia del 15% para 2025, en comparación con los niveles registrados en 2021.

Con respecto a las furgonetas, el acuerdo final mantiene el recorte del 15% en 2025, pero rebaja al 30% la ambición de cara al final de la próxima década. También han acordado realizar una revisión de estos porcentajes en 2023. «Hemos conseguido llegar a un acuerdo en el último momento», ha anunciado la ministra austriaca de Medio Ambiente, Elisabeth Köstinger, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, después de que los ministros constatasen en la sala de reuniones que la última propuesta contaba con los apoyos suficientes.

Los gobiernos comunitarios han conseguido así definir sus líneas rojas de cara a las negociaciones que abordarán con el Parlamento Europeo, la otra institución europea con poderes legislativos y que aboga con elevar la ambición al 40%. Se ha impuesto de esta forma una tesis intermedia a la postura que defendían, por un lado, Alemania y los países del Este, partidarios de limitar el recorte al 30%, y, por otro, el grupo de países que como Francia, Italia o los nórdicos, reclamaban una mayor ambición y apostaban por una meta de al menos el 40%.

Algunos países hablan de decepción

De hecho, algunos de estos países expresaron sus reservas con el acuerdo final. Irlanda, por ejemplo, ha hablado de «decepción» por el consenso alcanzado, que encuentra «peor» que el planteamiento con el que comenzó el encuentro. Luxemburgo, Suecia, Eslovenia y Dinamarca han apoyado la posición irlandesa. Países Bajos también ha intervenido para aclarar que no está satisfecho con el resultado final. El texto, sin embargo, ha contado con el apoyo de países como Alemania, Hungría, Bulgaria, Rumanía o Eslovaquia, que se habían opuesto en principio a apoyar un objetivo superior al 30%, que es el que propuso la Comisión Europea.

En conjunto, el texto finalmente aprobado ha sido respaldado por 20 países, mientras que 4 han votado en contra y otros 4 se han abstenido, según ha detallado Köstinger. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, también ha tomado la palabra después de que se confirmarse el acuerdo para celebrar el mismo y que se puedan iniciar las negociaciones con la Eurocámara.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que el acuerdo logrado entre los Veintiocho es «una oportunidad para la innovación y la competitividad de la industria del automóvil en España». «Este acuerdo es una oportunidad para que la industria del automóvil lidere la transición hacia una movilidad libre de emisiones de CO2, principal gas causante del calentamiento global», auguró.

En concreto, la responsable de Medio Ambiente del Gobierno ha señalado que este pacto permitirá al sector español del automóvil «poner en marcha una hoja de ruta coherente con los objetivos comunitarios» y que «visibilice cómo se anticipa y se prepara para innovar y realizar la necesaria transición hacia una movilidad limpia y respetuosa con el medio ambiente y la salud». El Ministerio para la Transición Ecológica ha explicado que España ha apoyado «un acuerdo progresista y ambicioso del 35% hacia arriba», pero «pensando más en que la decisión final se quede entre un 35%-40%».

Crecen las emisiones un 1,8%

Por otro lado, las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en España se situaron en 117 gramos por kilómetro recorrido en lo que va de año, lo que supone un incremento del 1,8% en comparación con la media del mismo periodo del ejercicio precedente, según datos de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). Faconauto achaca esta subida de las emisiones a la caída en las matriculaciones de coches diésel y subraya que se continúa con la tendencia negativa que experimentó esta estadística durante 2017, cuando se incrementó por primera vez en 10 años.

«La caída en las matriculaciones de los coches diésel de última generación, que emiten menos CO2 que los de gasolina y que suponen ya solo un 36,9% del mercado, es la clave que explica este incremento», destaca la federación. Las ventas de coches diésel cayeron un 16,5% hasta septiembre, mientras que de gasolina se incrementaron un 36,7%, suponiendo el 55,5% de todas las adquisiciones. Según Faconauto, los motores diésel emiten hasta un 20% menos de CO2 que los de gasolina, por lo que el descenso en sus matriculaciones, junto al repunte de los de gasolina, explica el «mal dato» de emisiones medias de CO2 en lo que va de año.

La patronal de los concesionarios explica que en España se experimentaron «importantes» caídas desde el año 2004, cuando se situaban en 155 gramos por kilómetro cuadrado, aunque durante 2017 se incrementó por primera vez en 10 años. «Esta tendencia parece continuar en lo que va de 2018, incrementándose las emisiones medias o manteniendo la cifra de 116 gramos que se alcanzó el pasado ejercicio», añade.

Para Faconauto, los vehículos impulsados por energías alternativas protagonizarán la movilidad del futuro, pero todavía no terminan de ser una alternativa real para los ciudadanos, a pesar de que están experimentando un «fuerte» repunte. Entre enero y septiembre, los eléctricos representan el 0,3% de las matriculaciones, un 5,7% los híbridos y un 1,1% los híbridos a gas. La llegada «real» al mercado de este tipo de vehículos será también, según Faconauto, clave para lograr reducciones significativas de CO2 más allá de los niveles de 2020, pero pasa por la disponibilidad de la infraestructura de recarga. No obstante, para la organización, el liderazgo de las administraciones para intensificar las inversiones en infraestructuras «no está siendo suficiente».

«El incremento en las emisiones medias de CO2 de los coches vendidos en España es un claro indicador de que el debate sobre el diésel es poco realista, lo que resulta contraproducente para el objetivo común, en el que el sector está completamente involucrado, que es alcanzar una movilidad sostenible. Para ello, además de mantener una neutralidad tecnológica, se debe ir a la raíz del problema, un parque automovilístico muy antiguo y contaminante y fomentar la solución que pasa por facilitar el achatarramiento de esos coches más viejos», señaló el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

La Eurocámara pide recortar un 40% las emisiones de coches nuevos para 2030 respecto a los niveles registrados en 2021

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Europa Press.- El Parlamento Europeo ha abogado por establecer un objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de turismos nuevos del 20% en 2025 y del 40% para 2030, en comparación con los niveles que se registren en 2021.

El recorte aprobado en el Pleno es inferior al que reclamaba la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, del 45%, pero 10 puntos superior a la propuesta lanzada por la Comisión Europea, que defiende una disminución del 30%. Asimismo, los fabricantes que superen los porcentajes establecidos deberán pagar una multa que la Unión Europea invertirá en formación para trabajadores afectados por la transición ecológica. Por otro lado, los fabricantes deberán garantizar que los vehículos menos contaminantes (los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50 gramos de CO2), representen un 20% de los coches y furgonetas nuevos en 2025 y un 35% en 2030.

La Eurocámara ha instado al Ejecutivo comunitario a proponer, en 2 años, un mecanismo para medir las emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción mediante un dispositivo portátil similar al que se ha introducido recientemente para controlar los óxidos de nitrógeno (Nox). Del mismo modo, se ha reclamado a Bruselas una legislación que permita a los consumidores conocer con claridad las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2, así como otros gases contaminantes. En cualquier caso, se trata todavía de la posición del Parlamento Europeo de cara a las negociaciones que debe mantener con los Estados miembros.

«¡Victoria! Pese a las presiones del lobby automovilístico, el Parlamento Europeo ha decidido apostar claramente por la reducción de emisiones de los coches», destacó el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi. La eurodiputada del PP, Pilar Ayuso, sin embargo, era partidaria de que el objetivo de reducción de emisiones para 2030 fuese del 35%, en línea con la postura «ambiciosa y razonable» que defendía el Partido Popular Europeo (PPE) de cara a la votación. «Nuestro objetivo es lograr un equilibrio razonable entre los fines medioambientales, que compartimos, y el mantenimiento de la competitividad de la industria de automoción española», ha explicado.

La ONG Transport&Environment ha destacado que esta votación es «un paso crucial hacia un aire más limpio, menos petróleo importado y más empleos». No obstante, ha remarcado que el objetivo acordado todavía «se queda corto» con respecto al necesario para «evitar un calentamiento global catastrófico» y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea en el Acuerdo de París.

Por contra, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) ha expresado sus «graves preocupaciones» por el resultado del voto en la Eurocámara, en especial por los objetivos de reducción de emisiones «extremadamente agresivos» y la «imposición» de cuotas de ventas de vehículos con baterías eléctricas. «Corremos el riesgo de tener un impacto negativo en el empleo en toda la cadena de valor de la automoción», ha advertido el secretario general de ACEA, Erik Jonnaert.

La delegación de europarlamentarios ve «seria» la problemática de Doñana y confía en emitir en febrero recomendaciones al Gobierno

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Europa Press / EFE.– La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que evalúa el estado del Parque Nacional de Doñana se ha entrevistado con peticionarios y ONG medioambientales, además de con la Junta de Andalucía y también se ha programado un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminaría en torno al próximo mes de febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

Así lo indicó el presidente de la delegación, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky, que ha calificado de «seria» y «muy importante» la problemática del espacio natural, que ha propiciado la presentación de 5 peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de almacenamiento de Gas Natural. «Estamos aquí para entender la situación e intentar echar una mano«, ha asegurado Csáky, que ha explicado que, a partir de la información recabada, se elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que, en principio, debería estar listo para noviembre, con idea de que los temas sean directamente tratados con la Junta, el Ejecutivo central y la Comisión Europea.

Según el tiempo que se emplee en el texto consensuado, en diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo «muy probable» que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas «más bien para febrero». En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha sido taxativo al asegurar que ha solicitado «abiertamente» del Parlamento Europeo un pronunciamiento «inequívoco» en contra del gasoducto. «Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza».

Fiscal también ha recordado la creación de una comisión Gobierno central-Junta para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica «es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica«.

Sobre la situación también se ha pronunciado el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, que mantiene que «sin un cambio de modelo productivo y una transición energética, Doñana seguirá estando amenazada». Marcellesi, parte de la delegación junto a los eurodiputados españoles Rosa Estarás y Soledad Cabezón, así como Miltiados Kyrkos y Thomas Waitz, viene siguiendo de cerca las distintas problemáticas que amenazan a este espacio privilegiado.

WWF ha sido otra de las organizaciones que ha mantenido un encuentro con la delegación europea. El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha señalado que la postura que defiende su colectivo gira en torno a lo «inmoral» y el sinsentido de guardar en el subsuelo gas en un proyecto «que acabará con elementos naturales como playas y marismas». «Hay que pedir desde Europa, igual que desde otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Parlamento o el Congreso, que se rehaga este proyecto con una alternativa de energía renovable», indica Carmona, que lamenta que la iniciativa se haya «cuarteado», incumpliendo la normativa europea.

Preocupaciones del Defensor del Pueblo

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, trasladó a la delegación su preocupación por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, para el que solicita su «suspensión definitiva». Precisamente el pasado mes de marzo fue el Defensor del Pueblo quien intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural, lo que propició que se enviara esta misión para investigar el estado de Doñana.

Gas Natural lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos. El Defensor recordará que gran parte del trazado del proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana «no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana», y por ello, reclama «la suspensión definitiva» del proyecto. En este sentido, recuerda lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor que, «pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha», recuerda.

El Defensor considera que «no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo«. De este modo, Maeztu «espera y confía», que de esta visita extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas para «preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana».

Izquierda Unida confía en Europa

Por otro lado, Izquierda Unida se ha mostrado esperanzada en que el Parlamento Europeo se sume a las «voces contrarias» al proyecto de almacenamiento de gas que pretende ejecutar Gas Natural en el entorno de Doñana, tras la visita de la misión de la Eurocámara a la zona. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, asegura que Europa «no puede permanecer callada antes las amenazas que sufre Doñana». «No queremos que haya un nuevo Castor; el futuro de Doñana no puede ser que se vea convertida en un almacén de gas», recalca Albiol, que asegura que dicho proyecto pueda estar «incumpliendo muchas directivas europeas, entre ellas la directiva sobre impacto ambiental».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que ahora hay «un marco nuevo» en España, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cree que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya no tiene «excusas» y no puede «culpar» al anterior presidente, Mariano Rajoy, de que no se paralice el proyecto. «Este proyecto es incompatible con la vida en Doñana, es necesario paralizarlo y para eso no puede haber ninguna fisura«, ha clamado el dirigente de IULV-CA, que ha apostillado: «Y Bruselas tendrá que definirse sobre si quiere ser una Europa de los Ciudadanos que defienda los espacios naturales o, por el contrario, una Europa de los lobbies».

La Comisión Europea insta a los países vecinos a coordinarse para dejar de aplicar el cambio de hora en 2019

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EFE.- La Comisión Europea propuso a los países de la Unión Europea coordinarse entre los que son vecinos para poner fin al cambio de hora bianual para que pueda aplicarse ya el año próximo.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, confirmó durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el pleno de la Eurocámara una propuesta para poner fin a los cambios de hora, tras la encuesta pública que recabó un número récord de respuestas (4,6 millones) y que reveló que mayoritariamente (un 84%) los ciudadanos europeos quieren terminar con esa práctica.

Una mayoría (el 56%) se decantó por mantener todo el año el horario de verano, frente al 36% que prefirió el de invierno y un 8% que dijo no tener una opinión sobre el asunto.

En su propuesta legislativa, la Comisión ofrece a los Estados miembros la libertad de decidir si se regirán de manera permanente por la hora de verano o la de invierno, pero insta a que lo acuerden «de manera coordinada entre países vecinos».

Para evitar fragmentación en el funcionamiento del mercado interior, todos ellos deberán obligatoriamente suprimir el cambio de hora.

La propuesta de la Comisión elimina el cambio de hora bianual en el conjunto de la Unión Europea a partir del año que viene, fija un calendario «breve y claro» para que los cambios entren en vigor, y anima a «realizar consultas en los ámbitos nacional y europeo» para lograr un «enfoque coordinado» entre Estados miembros.

Así, según la Comisión Europea, el último cambio obligatorio a la hora de verano tendría lugar el domingo 31 de marzo de 2019, momento a partir del cual los Estados miembros que quisieran volver a la hora de invierno podrían efectuar un último cambio de hora el domingo 27 de octubre de 2019.

A partir de esa fecha no se podrían realizar más cambios, de acuerdo a la propuesta de la Comisión, que recordó que ese calendario está supeditado a la adopción de la propuesta de la Comisión a más tardar en marzo de 2019 por parte del Parlamento Europeo y el Consejo (los países).

Diferentes estudios en 2018 indicaron que el ahorro de energía por esta medida es mínimo mientras que aumentaban las quejas de los ciudadanos por efectos negativos para la salud.

Por todo ello, la Comisión Europea concluyó que «no tiene sentido» seguir regulando el cambio de hora bianual y que son los Estados miembros quienes deben tener la libertad de elegir si prefieren mantener la hora de verano o la de invierno y gestionarlo a nivel nacional.

En su turno de palabra, la eurodiputada española del BNG, Ana Miranda, pidió que Galicia y Portugal cambien de uso horario, al entender «el desfase entre la hora oficial y la hora solar es de dos horas y media en Galicia» y que esto tiene consecuencias perniciosas en la salud y el trabajo.

«Es un horario propuesto por el franquismo para adaptar la hora a la Alemania nazi», indicó Miranda.

El Gobierno crea una comisión de expertos para estudiar si es relevante el ahorro energético que aporta el cambio horario

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EFE.- El Consejo de Ministros ha creado una «comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial», tras el anuncio hecho en agosto por la Comisión Europea de proponer el fin del movimiento estacional horario, según indicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La comisión se encargará de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central, ha informado el Gobierno.

El informe se remitirá a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La comisión estará formada por un máximo de 14 personas, y tiene como objetivo la presentación de propuestas orientadas la protección y mejora de la salud, sobre todo de las personas más vulnerables, potenciar la sostenibilidad social, ambiental y económica, y favorecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, la comisión evaluará los costes y beneficios en relación a diferentes actividades.

En relación con los costes hará una evaluación sobre la eficiencia energética y económica de las distintas actividades productivas.

En cuanto beneficios, se valorarán especialmente los posibles impactos positivos sobre la salud de las personas y sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Esta modificación se hará en el marco del proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE solicitada por el Parlamento Europeo a la Comisión.

Los Estados miembros están distribuidos en tres husos horarios diferentes, que comprenden la hora de Europa occidental (UTC), hora de Europa central (UTC +1) y hora de Europa oriental (UTC+2).

Aunque geográficamente España se halla en el área correspondiente a la hora de Europa occidental, nuestro país adoptó el huso horario correspondiente a Europa central mediante una Orden de Presidencia del Gobierno de 7 de marzo de 1940.

Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó en su sesión de 13 de septiembre de 2012 la creación, en la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.

Los eurodiputados españoles piden al fabricante danés de aerogeneradores Vestas que no cierre su planta en León

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EFE.- La dirección de Vestas ha notificado a los representantes de los trabajadores de la planta que el fabricante de aerogeneradores danés tiene en la localidad de Villadangos del Páramo (León) el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 362 empleados, una documentación que el comité de empresa ha rechazado recoger. Por otra parte, los eurodiputados de los principales partidos políticos españoles han enviado una carta pidiendo a Vestas que paralice el cierre de su planta.

La carta se dirige al presidente de Vestas Wind System Latinoamérica, Sur de Europa y MENA (Medio Oriente y Norte de África), Eduardo Medina, y por extensión al presidente de la empresa, Anders Runevad, según indicaron los socialistas españoles. En la misiva urgen a la multinacional danesa a que mantenga la actividad productiva y el empleo directo e indirecto en Villadangos del Páramo. La presidenta de la Delegación Socialista Española, Iratxe García; el eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera; Miguel Urbán, de Unidos Podemos; Paloma López, de Izquierda Unida, y Javier Nart, de Ciudadanos, firman esta carta, en la que califican de «grave, injusta e irresponsable» la decisión de Vestas.

A juicio de los eurodiputados, la decisión del fabricante de aerogeneradores danés es «inaceptable», teniendo en cuenta el apoyo financiero autonómico, nacional y europeo que ha recibido. También consideran «incoherente» cerrar esta planta, que se ha convertido en la última década en una de sus unidades más competitivas en Europa. Según los eurodiputados, el ERE y cierre de la planta anunciado por Vestas supondría el despido de 500 empleados y afectaría de forma indirecta a unos 2.000 trabajadores en León.

ERE extintivo para 362 trabajadores

Por otro lado, según han indicado fuentes sindicales, el motivo por el se han negado a recoger la documentación se debe a un «defecto de forma», ya que en la convocatoria de la reunión sólo se aclaraba que el encuentro sería previo al registro del expediente en la Oficina Territorial de Trabajo, para que la empresa anunciase si seguía adelante con el cierre de la planta leonesa o había rectificado. Además, los sindicatos han advertido a la empresa de que al negarse a recoger la documentación no empieza a contar a contar el plazo de un mes para el periodo de consultas relativo al ERE.

Los trabajadores recuerdan el apoyo de una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en Villadangos y la reindustrialización de la provincia. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados, entre fijos y de empresas auxiliares, mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

Una «misión» de europarlamentarios visitará en septiembre la zona de Doñana en la que Gas Natural desarrolla su proyecto gasístico

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Europa Press.- La Mesa de la Ría de Huelva anunció que la visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo se llevará a cabo entre los días 19 y 21 del próximo septiembre y pasará por Sevilla, Doñana y Madrid. Desde la Mesa de la Ría han valorado «muy positivamente» esta visita y esperan «que sea el comienzo del fin de estos proyectos que hoy ya son una realidad» en la zona en la que Gas Natural pretende construir un gasoducto.

En todo caso, la Mesa de la Ría anunció que realizará «una petición a esta comisión para que alguna reunión tenga lugar en Huelva; por un lado, por ser la ciudad desde donde se lanzaron las denuncias que iniciaron el procedimiento, y por otro, para que desde el Parlamento europeo se entienda que los proyectos gasísticos no son más que la prolongación del Polo Químico de Huelva, que ya en el Puerto Exterior tiene una alta concentración de depósitos de gas, que estarán conectados con aquellos que se quieren realizar en el subsuelo de Doñana«.

Cabe recordar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo confirmó el pasado 21 de marzo la intención de enviar una misión de investigación al espacio natural para la segunda mitad del año 2018 y remitir cartas al Estado y la Junta de Andalucía para recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos de la iniciativa y las medidas que se están implementando en la zona a cuenta de la misma. Lo hizo tras acoger ese mismo día las intervenciones del coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta del proyecto de Gas Natural en Doñana.

Sin embargo, la Eurocámara no consideró oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. La Comisión Europea se mostró de acuerdo con los peticionarios en el sentido de la «salvaguarda» de Doñana en tanto que es un espacio protegido, como Parque Nacional y por la inclusión de algunos espacios de su entorno en la Red Natura 2000, recordando la apertura de una investigación de oficio por las peticiones.

En lo tocante a las competencias del Parlamento Europeo, éstas se circunscriben a vigilar la correcta aplicación por parte de las autoridades españolas de la normativa medioambiental, razón que ha justificado una investigación de los cuatro subproyectos, denominados Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar, en los que se concluye ausencia de infracción al haber sido sometidos a evaluación ambiental conforme a normativa, ya que «no se exige evaluación conjunta».

Asimismo, la Eurocámara también aludió a que todos los proyectos han acabado con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, aun siendo consciente de que la metodología utilizada «ha sido criticada por peticiones e instituciones«. Por tanto sí accedió a realizar la visita para investigar las condiciones del espacio «muy de cerca», según precisó en marzo la presidenta de la Comisión de Peticiones, la sueca Cecilia Wikström, que añadió que «creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos».

La Unión Europea fija un objetivo de eficiencia energética del 32,5% para 2030 con posible revisión al alza en 2023

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Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y la Eurocámara alcanzaron un acuerdo para fijar un objetivo de eficiencia energética del 32,5% en 2030, así como para introducir una cláusula de revisión al alza en 2023, para cumplir el acuerdo de París. Además, los negociadores han llegado a un segundo acuerdo para establecer los mecanismos de trabajo para la Unión de la Energía y crear un marco en el que los Estados miembro puedan operar y cumplir con los objetivos europeos.

Este acuerdo provisional obliga a los países a incrementar su ahorro energético un 0,8% anual durante el periodo 2021-2030, lo que «podría impulsar la renovación de edificios y el uso de tecnologías más eficientes» para la climatización. Además, cada Estado miembro deberá presentar cada 10 años un «plan nacional integral de energía y clima» para avanzar en esa transición energética e introduce «flexibilidad» para respetar las «especificidades nacionales», según la Comisión Europea. El informe incluirá objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para cada una de las 5 dimensiones de la Unión de la Energía: descarbonización, eficiencia energética, seguridad, mercado interior e investigación, innovación y competitividad.

El plazo de entrega del primer plan es el 31 de diciembre de 2019 y la primera fase de los planes cubrirá hasta 2030, teniendo en cuenta también la perspectiva a largo plazo que determinará su visión política hasta 2050. Para cumplir con los objetivos, el acuerdo pide a los gobiernos nacionales que utilicen todos los instrumentos de cooperación regional.

Además, por primera vez se introduce la obligación de que los países destinen una parte de la eficiencia energética a ayudar a los clientes vulnerables, como aquellos afectados por la pobreza energética. Por tanto, los planes nacionales deberán incluir un recuento del número de hogares que la sufren y, si es una cifra significativa, medidas y políticas sociales para reducirla.

La Comisión será la encargada de evaluar estos planes energéticos y climáticos y hacer recomendaciones o adoptar medidas para enmendar los problemas si considera que el país no ha hecho suficientes progresos. Según el vicepresidente de la Comisión para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, esta nueva gobernanza «reforzará la transparencia para beneficio de todos los actores e inversores. Simplificará la monitorización y notificación de las obligaciones bajo la Unión de la Energía, priorizando la calidad sobre la cantidad».

Paquete europeo de transición energética

Este acuerdo, alcanzado tras una larga negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, el llamado trílogo, llega después del que fija un objetivo vinculante de 32% en el uso de energías renovables para 2030. También hay un objetivo de reducción de emisiones de gases contaminantes. En el marco del acuerdo de París, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes al 40% en 2030 respecto a los niveles de 1990.

«Después de pactar sobre las energías renovables, este acuerdo es otro gran logro en nuestra transición hacia la energía limpia», ha señalado el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete. «Europa es la mayor importadora de energías fósiles en el mundo. Ponemos fin a esto. Nuevo objetivo de eficiencia energética para 2030», destacó en Twitter. Estos acuerdos provisionales deberán ahora ser refrendados por el Pleno del Parlamento Europeo y por los ministros de los Estados miembro.

La organización ecologista WWF se mostró escéptica ante el acuerdo, que considera insuficiente, aunque celebra que «finalmente la Unión Europea está despertando ante el reto del cambio climático», expresó la responsable de Cambio Climático y Energía de la ONG, Imke Lübbeke. Desde Los Verdes europeos, el eurodiputado húngaro Benedek Jávor, portavoz energético, consideró que las medidas «no son suficientes para cumplir los compromisos» de París pero celebró que «pese a la falta de ambición de los gobiernos nacionales» se ha logrado el objetivo de reducción del 32,5%, por debajo de la meta inicial del Parlamento Europeo pero superior a la propuesta de la Comisión Europea.

Según Jávor, esto «abre la oportunidad a la creación de miles de puestos de trabajo en torno a la economía verde, oportunidades muy necesarias en gran parte de Europa». También reaccionaron al pacto los socialistas europeos, que consideraron que es «un buen acuerdo por los ciudadanos, que generará importantes reducciones en el consumo de energía, reduciendo así las facturas y mejorando la salud y el bienestar, y ayudando a combatir la pobreza energética«, defendió el eurodiputado del grupo Miroslav Poche.