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Izquierda Unida asegura que España no cumplirá con su objetivo de renovables para 2020

EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, ponente del documento de evaluación de energías renovables en el Parlamento Europeo, ha lamentado que España sea «uno de los pocos países de Europa que no va a cumplir con los objetivos en materia de energía renovable». Según López, las políticas que en materia de energías renovables se están aplicando en España están consiguiendo que el porcentaje que tiene asignado nuestro país para 2020 «vaya muy retrasado y prácticamente no se vaya a cumplir».

En este contexto, López ha afirmado que «resulta sorprendente que, a pesar de las enormes posibilidades que tiene España para promover y potenciar el uso de las energías renovables, esté muy por detrás de los objetivos mínimos, mientras Alemania o Reino Unido están muy por delante de España». Y, como ejemplo de «unas políticas muy distantes de lo que se debe hacer», la eurodiputada ha citado el «injustificado» cierre de Elcogas, «una empresa pionera en combustión limpia e investigación para la absorción de CO2, que cumple con todos los requisitos de la Unión Europea y, sin embargo, el Gobierno no ha apostado por su viabilidad».

Bruselas no ve infracción de la normativa europea en las medidas del PP que retiraron las primas a las renovables

Redacción / Agencias.- La Comisión Europea considera que las medidas contenidas en la denominada reforma energética con la que el Gobierno modificó los apoyos a las energías renovables no supone una infracción de la normativa comunitaria, por lo que no ve motivos para emprender medidas contra España. «No hay motivos para que la Comisión tome medidas legales contra España por los cambios en su legislación que afectan al nivel de apoyo dado a los inversores de proyectos de energía renovables», indicó la Comisión.

Bruselas se posiciona así en respuesta a una queja presentada ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) ante la Eurocámara, a cuenta de la situación del sector fotovoltaico y la legalidad de la reforma. En su respuesta, la Comisión asegura que ha estudiado «con cuidado» la petición de Anpier, pero explica que los planes de apoyo son un instrumento que pueden «elegir» utilizar los Estados miembros para asegurar el cumplimiento de los objetivos renovables, por lo que les compete a ellos decidir sobre utilizarlos, su estructura y el nivel de ayuda, con discrecionalidad sobre ellos y, por tanto, con derecho a modificarlos.

España no vulnera las directivas

Ello implica, añade el documento, que las autoridades nacionales introduzcan cambios en sus sistemas de apoyo, por ejemplo, para evitar un exceso de compensación o para hacer frente a acontecimientos imprevistos como una expansión acelerada de determinada tecnología en un sector concreto. Por ello, en el caso de cambios en un plan de apoyo como el español «no hay infracción» de la directiva comunitaria. Bruselas añade, no obstante, que los inversores pueden recurrir a los tribunales nacionales si consideran que se perjudicaron sus intereses legítimos. La comisión de Peticiones de la Eurocámara debe decidir ahora si da por cerrado el caso o mantiene abierto el expediente para que se debata la cuestión en sesión parlamentaria.

El documento relata que a lo largo de los últimos años se han puesto en marcha diversos cambios normativos que han afectado a la retribución renovable, como el recorte de horas primadas para la fotovoltaica en 2010 o la puesta en marcha de un prerregistro. Los sucesivos recortes culminaron en 2013 con la sustitución del sistema de primas a la producción por la garantía de una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Anpier solicitó el pasado año al Parlamento que exigiera al Gobierno español revertir el veto a las renovables y legislar para que los Estados no puedan tomar decisiones con carácter retroactivo que dejen «desamparados» a sus ciudadanos.

Unió pregunta a la Comisión Europea por su investigación sobre Castor

Europa Press.- El eurodiputado de Unió, Francesc Gambús, registró tres preguntas en el Parlamento Europeo para recibir información sobre la investigación de la Comisión Europea sobre el almacén subterráneo de gas Castor. Quiere saber los detalles de la «desproporcionada compensación» económica de 1.350 millones de euros a la promotora del almacén. No es la primera vez que Gambús critica que la compensación a Castor está repercutiendo en la factura de todos los ciudadanos. Además, denuncia que podría ser considerada «ayuda ilegal del Estado, lo que rompería las normas comunitarias de competencia».

Fabius reconoce que «no todo se ha solucionado» en la Cumbre de París y pide más compromiso

EFE.- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, reconoció que «no todo se ha podido solucionar» con el acuerdo alcanzado en la cumbre del clima de París (COP21) y pidió un compromiso a la Unión Europea (UE) y a todos los actores implicados para garantizar su aplicación.

«Está claro que no todo se ha podido solucionar, pero el contenido del acuerdo es ambicioso y se ha alcanzado sin ninguna voz discordante», afirmó Fabius ante el pleno del Parlamento Europeo, donde respondió a las preguntas de los eurodiputados sobre las líneas que hay que seguir para la aplicación del pacto.

Fabius instó a la UE a que «prosiga su compromiso», «tome las iniciativas necesarias» para aplicarlo y ratifique el acuerdo, que calificó de «histórico».

Subrayó la importancia de las energías renovables y dijo que «tiene que haber una revolución tecnológica y grandes inversiones», así como un «movimiento» que «hay que acelerar» de cara a la reducción de los combustibles fósiles, en un momento de caída de los precios del petróleo.

En ese sentido, reiteró que «hay que alentar al sector privado a que invierta menos en carbono» y promover que las agencias de calificación «tengan en cuenta de forma obligatoria la huella de carbono» de las compañías.

Los eurodiputados también plantearon el hecho de que el acuerdo no incluya la reducción de las emisiones en el transporte aéreo y marítimo, a lo que Fabius contestó que «hay que reconocer que este punto se enfrentaba a gran oposición por parte de los países del golfo» Pérsico.

Fabius defendió el «éxito» de la COP21 y admitió que «queda mucho por hacer» tras un año de negociaciones, desde el proceso de firma y ratificación que tendrá lugar en una ceremonia de alto nivel en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el 22 de abril.

También llamó a «fijar las reglas» para lograr transparencia en la aplicación del acuerdo, así como los compromisos financieros alcanzados y la preparación de la COP22, que acogerá Marruecos este año.

En diciembre pasado, la COP21 aprobó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, en el que cerca de 200 países, tanto desarrollados como en desarrollo, se comprometen a dirigirse de manera conjunta hacia una economía baja en carbono.

La Eurocámara aprueba la reforma para estabilizar el mercado de emisiones de CO2

Europa Press.- El pleno de la Eurocámara aprobó por 495 votos a favor, 158 en contra y 49 abstenciones, la reforma para estabilizar el mercado de emisiones de CO2 y que contempla la creación de una reserva de permisos de emisión que se retirarán automáticamente del mercado si el número total supera un determinado umbral, para estabilizar los precios.

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo acordaron en mayo la creación de una reserva de estabilidad, que empezará a funcionar el 1 de enero de 2019, en lugar de 2021, como propuso inicialmente el Ejecutivo comunitario. Los Gobiernos de la Unión Europea todavía deben dar su visto bueno formal en septiembre a la reforma antes de su entrada en vigor. La reforma aprobada prevé retirar automáticamente del mercado un porcentaje de permisos de emisión, que se situarán en una reserva de estabilidad, si el número total de permisos supera un determinado umbral. En el caso contrario, los permisos volverán al mercado.

La Comisión revisará el sistema

Los 900 millones de permisos de emisión cuya subasta se retrasó de los años 2014-2016 hasta 2019-2020 se situarán en esta reserva. Los permisos no adjudicados a la altura de 2020, cuando acaba el actual plazo de comercialización del sistema, se transferirán directamente a la reserva de mercado y su uso futuro se considerará en el contexto de la revisión más amplia del sistema de comercio de emisiones, que presentará este año la Comisión Europea. Esta revisión tendrá en cuenta el problema de la fuga de empresas a países con reglas medioambientales menos estrictas que la Unión Europea y las cuestiones relacionadas con la competitividad, el empleo y el PIB.

Con la nueva reserva, la Unión Europea espera evitar que se repita un problema de exceso de permisos de emisión en el mercado y con él una caída en el precio de los mismos, dado que el sistema de permisos de emisión es uno de los principales instrumentos europeos para combatir el cambio climático. Desde 2009, en parte debido a la crisis económica, se acumuló en el sistema un superávit de permisos de emisión, que alcanzó aproximadamente 2.100 millones de permisos en 2013, y ello debilitó significativamente el precio del petróleo. Se espera de hecho que persista un superávit estructural en el sistema hasta el año 2020 y más allá.

El Parlamento Europeo investiga una denuncia contra Madrid al incumplir la normativa sobre la calidad del aire

Europa Press.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara decidió mantener abierta la denuncia de la Fundación Equo contra la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por incumplir la normativa europea sobre calidad del aire a la espera de que la Comisión Europea decida o no si el caso acaba finalmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El representante de Equo, Alejandro Sánchez, denunció que Madrid lleva cinco años incumpliendo los límites establecidos por normativa europea de las partículas en suspensión PM10 y de las más nocivas PM2,5, así como los límites de dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico, ante la comisión europarlamentaria, encargada de estudiar las quejas de los ciudadanos europeos. Sánchez criticó que los umbrales se siguieron rebasando por encima de lo permitido en los últimos años y que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid han tomado medidas para reducir el tráfico rodado, una de las causas del problema, o para limitar la velocidad en las carreteras de acceso a la capital.

Desde el Ejecutivo comunitario indicaron que ya han remitido un dictamen motivado a las autoridades españolas por no respetar los niveles de partículas en suspensión autorizados. Se trata del último paso de un proceso de infracción que equivale a un ultimátum antes de decidir si se lleva al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero la Comisión sólo tomará una decisión final una vez haya recibido la respuesta de las autoridades españolas. En este sentido, el Ejecutivo comunitario envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en febrero de 2013 instándoles a cumplir los valores límite de las partículas PM10.

Por su parte, la eurodiputada del PP, Rosa Estarás, defendió que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han diseñado planes para mejorar la calidad del aire si bien reconoció que se siguen sin respetar los valores límites fijados por la normativa europea pero abogó por mantener abierta la petición hasta conocer el resultado de las negociaciones entre la Comisión Europea y España.

Por lo que se refiere a los niveles máximos autorizados, la normativa europea establece un límite diario de 50 *g/m* para las partículas PM10 desde enero de 2005, que no podrá superarse más de 35 veces por año y un valor límite anual de 40 *g/m*, al tiempo que estipula un valor objetivo medio anual del 25 *g/m3 para las partículas PM2,5, sólo de obligado cumplimiento desde enero de 2015.

La normativa europea de partículas fija igualmente un valor límite horario desde enero de 2010 de 200 *g/m* de dióxido de nitrógeno (NO2), que no podrá superarse más de 18 veces por año civil, y un valor límite anual de 40 *g/m* y un valor objetivo de 120 *g/m*, como máxima diaria, en el caso del ozono, que no podrá superarse más de 25 días por calendario civil, promediados en un periodo de tres años.

La Eurocámara pide a Bruselas y al BEI medidas para bloquear la indemnización por el almacén Castor

Esta solicitud está incluida en el informe anual de actividad del BEI, cuyo ponente es el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun, y ha sido aprobada, en una votación por separado del resto del texto, por 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones.

El Parlamento Europeo «lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación», según destaca el informe.

Por ello, la Eurocámara «insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1.300 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa».

Finalmente, los eurodiputados reclaman al Ejecutivo comunitario que siga las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo e «investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida».