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España e Italia presionan en la Unión Europea para elevar los objetivos en renovables y eficiencia energética para 2030

EFE / Europa Press.- Los nuevos gobiernos de España e Italia presionaron en el consejo de ministros de Energía de la Unión Europea para revisar al alza la posición de los países de la Unión Europea en materia de renovables y eficiencia energética. «Cambiamos de posición. España deja de ser un lastre en materia de cambio climático y se alinea con aquellos países que tienen vocación de progreso, vocación de futuro y progresista en este campo», declaró la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La cita debía servir para que los Estados negociasen sus planteamientos en la revisión de dos directivas europeas sobre energía renovable y eficiencia energética para cumplir con los objetivos adquiridos con el Acuerdo de París. Hasta ahora, la posición consensuada por los países antes de la negociación con el Parlamento Europeo del próximo miércoles en Estrasburgo pasaba por defender una tasa mínima del 27% en renovables en 2030 y un objetivo de mejora del 30% en eficiencia energética. Este objetivo de eficiencia energética podría incrementarse hasta el 33%, según trasladaron desde fuentes diplomáticas. «Vamos a ver cuánto más podemos mover esta posición», indicó Ribera, que cree que el acuerdo debe cerrarse «inmediatamente» para «poder hacer operativa toda la política energética».

La Eurocámara, por su parte, reclamaba como punto de partida el 35% en ambas materias, posición que fuentes parlamentarias desvelaron que podría rebajarse a un 34%, en línea con lo que receta la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA). Sin embargo, existe «una división potente, muy clara entre países» y hay que «evitar las minorías de bloqueo» en la negociación final. Luxemburgo, Suecia, Lituania, Portugal, Italia y España abogan por un objetivo del 35% tanto en renovables como en eficiencia, salvo Lisboa, que en eficiencia pide un 31%. «Creo que las posiciones defendidas en la Eurocámara son las más solventes: un 35% en materia de renovables y un 35% en eficiencia energética», apuntó Ribera.

«El mensaje más relevante que traemos es que España viene a decir que dejamos de arrastrar los pies. Necesitamos alinearnos con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y de eficiencia energética porque es la única manera de hacer viable el Acuerdo de París», señaló Ribera, que elevó la cifra del 30% en renovables y eficiencia que defendía el anterior Ejecutivo. Un segundo bloque de países se sitúa en «más del 30%», entre los que se cuentan Francia, Holanda, Dinamarca o Austria; un tercero con Reino Unido, Irlanda y Estonia pide un 30% y el resto de países no se definen, entre los que se cuentan Polonia o Rumanía.

Ribera agregó que en materia de gobernanza, España intentará que «se refleje una cláusula de revisión al alza de los objetivos». En este contexto, remarcó que «los objetivos de renovables y eficiencia energética no pueden introducirse como un tope sino como un indicador o un referente que anime a esa transición energética». Por eso, ha apuntado que es «fundamental» introducir una «cláusula de revisión al alza». «Probablemente, las curvas de aprendizaje, las tecnologías, la caída de los precios… haga mucho más rentable y eficiente ir más allá de lo que acordemos ahora», señaló la ministra.

Ribera también añadió que España defenderá la «propuesta que introdujo el Parlamento Europeo de eliminar, prohibir, que cualquier Estado introduzca dificultades al autoconsumo de los pequeños productores». Ribera coincidió con el comisario de Energía Miguel Arias Cañete, a quien conoce de etapas previas. Preguntados sobre los procedimientos de infracción en curso contra España, el comisario señaló que trabajara para lograr una «solución concertada» que evite acabar en los tribunales europeos. Por su parte, Ribera ha expresado que forma parte de las «aspiraciones» del Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible«.

La negociación del miércoles se antoja dura y podría prolongarse hasta entrada la madrugada porque «va a ser un ejercicio muy complicado este trílogo», señaló el comisario de Energía y Clima, quien agregó que «es bueno que haya un cambio de posición de algunos países hacia una mayor ambición», refiriéndose a España e Italia. Asimismo, Arias Cañete es optimista sobre la posibilidad de «alcanzar un compromiso esta semana» en materia de eficiencia energética en la negociación a tres bandas entre Consejo, Parlamento y Comisión Europea. En materia de renovables pidió «un esfuerzo final», si bien precisó que el reto «no es sólo acordar un objetivo, sino también todas las flexibilidades», es decir, los pequeños detalles legislativos que permiten ciertas compensaciones.

«El mensaje que he transmitido a todos los Estados miembros es que estamos en una transición energética irreversible que hay que entender como una oportunidad y no como una carga, que ésta es una ocasión de tener crecimiento económico, creación de empleo, liderazgo mundial energético, reducción de la dependencia energética y que, por lo tanto, hay que analizar a la hora de fijar la ambición todos los efectos positivos que supone una transición energética más ambiciosa», ha manifestado Arias Cañete.

La ministra de Energía búlgara, Temenuzhka Petkova, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea, concedió que el acuerdo final sobre ambos puntos se logre «probablemente en la presidencia austríaca», es decir, durante la segunda mitad de 2018. «Hace falta elevar el nivel de ambición tanto de eficiencia como de renovables en línea con la propuesta del Parlamento Europeo. No solo es realista, sino deseable», agregó el delegado italiano. Las dos directivas en cuestión forman parte del paquete de invierno, una extensa revisión de la normativa comunitaria para cumplir con los compromisos de la Unión Europea en el Acuerdo de París y reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030.

Ribera se estrena en el consejo de Energía de la Unión Europea con una cita clave contra el cambio climático

EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se estrena este lunes en el plano internacional con un consejo de ministros de la Unión Europea en Luxemburgo en el que se perfilarán aspectos clave de la legislación comunitaria contra el cambio climático para 2030. Los ministros debatirán una modificación en su posición conjunta sobre los objetivos comunitarios en eficiencia energética y en renovables para ese horizonte, baremos que luego los Estados del Consejo Europeo deberán negociar con el Parlamento Europeo.

Inicialmente, los 28 Estados miembros de la Unión Europea defienden un objetivo de mejorar un 30% la eficiencia energética y de alcanzar una tasa del 27% para renovables, frente al 35% para ambos casos que pide de entrada la Eurocámara, con metas vinculantes para los países. Pero los equilibrios podrían variar tras los recientes cambios de Gobierno en España e Italia, dos de los grandes países del club comunitario cuyos nuevos Ejecutivos tienen un discurso más ambicioso en sus proyectos de transición energética. «Espero que un cambio de posición de España pueda arrastrar a un cambio de posición en el Consejo del resto de países», asevera el eurodiputado socialista José Blanco, ponente del Parlamento Europeo en materia de energía renovable.

Desde que ambas instituciones cerraron sus posiciones sobre este asunto han tenido lugar cuatro reuniones entre sus negociadores y la próxima está prevista para el 13 de junio. Por tanto, la incógnita es saber si los Estados miembros aceparán subir la proporción de renovables para 2030 para facilitar un acuerdo con la Eurocámara. De hecho, la Eurocámara está dispuesta a flexibilizar su postura y dejar el objetivo «en torno al 34% como mínimo», en línea con la recomendación de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), explicó Blanco, quien apuntó que en el Consejo (que representa a los países) también se habla ya de un «31% o 32%» en renovables.

Más allá de los escaños del Parlamento Europeo, entre las organizaciones ecologistas también esperan que España salga del grupo de los países más conservadores en la negociación, que se identifica con las tesis de Polonia, un país con una alta dependencia energética en el carbón. Fuentes de organizaciones ecologistas sitúan junto a Polonia en el vagón de cola a países como Alemania, Hungría y Rumanía. Entre los que más presionan por un acuerdo osado citan a Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Suecia y, ahora, España, de la que esperan esté a la cabeza del grupo en ambición, apostando en la negociación por el 35%.

«En los últimos años, hemos visto más retroceso que progreso en las políticas sobre clima y energía en España», resaltó el director para Europa de la Red de Acción Climática (CAN), Wendel Trio. Esa organización espera que «Ribera, con su rica experiencia previa, ahora puede impulsar que el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea para 2030 sea mucho mayor que el 40%». Para los ecologistas, solo así la Unión Europea podrá cumplir con sus compromisos para alcanzar el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, recogido en el Acuerdo de París.

En ese sentido, el consejo europeo servirá también para que los ministros debatan sobre el reglamento para la gobernanza de la Unión de la Energía, que debería ser el instrumento para garantizar una estabilidad y certidumbre que favorezca las inversiones financieras en el área de la energía limpia. «La alianza entre los países más progresistas con capacidad de transformar las cosas es la única manera de hacer creíble e ilusionar y de gestionar algo tan complejo», agregó Ribera, quien subrayó que «España tiene que estar a la cabeza en la construcción europea» en términos de transformación de su modelo económico, aunque reconoció la dificultad de «salir de un modelo en el que hay una serie de inversiones, de intereses creados».

Otro de los puntos de debate sobre la mesa es el borrador legislativo para renovar las competencias de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que se encarga de garantizar el buen funcionamiento del mercado único del gas y la electricidad. Por último, los Veintiocho debatirán sobre los temas energéticos que se abordarán durante el segundo semestre, periodo en el que Austria asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea.

La Comisión Europea prepara la hoja de ruta para una Unión Europea sin CO2 en el horizonte 2050

EFE.– La Comisión Europea espera cerrar en este ejercicio las negociaciones legislativas pendientes sobre la lucha contra el cambio climático en el horizonte de 2030 y presentar antes de finales de año su hoja de ruta para una transición energética hacia un 2050 libre de dióxido de carbono (CO2). Así lo indicó el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en el marco de la Semana de la Energía Sostenible organizada por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario se afana por cerrar los diferentes capítulos del llamado paquete de energía limpia, que recientemente vio aprobada la nueva Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios, a los que se atribuye el 40% del consumo eléctrico de la Unión Europea. Bruselas quiere forjar ahora un consenso entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea en otros aspectos, como la eficiencia energética, renovables y gobernanza. «Estamos en un momento crucial. Tendremos las reuniones finales en las próximas dos semanas para ponernos de acuerdo sobre las nuevas normas», aseveró Arias Cañete. Esos dossieres serán debatidos por los ministros de Energía de la Unión Europea el próximo lunes en Luxemburgo.

Habrá tarifa para el autoconsumo

Entre los aspectos que quedan por cerrar se encuentra el autoconsumo eléctrico, que la Comisión Europea quiere impulsar, pero teniendo en cuenta que «algunos países han tenido buenas experiencias con el autoconsumo, otros no tanto», apuntó la directora de Renovables de la Comisión Europea, Mechthild Wörsdörfer. «La idea es que aquellos que hacen autoconsumo pero que están conectados a la red, paguen algún tipo de tarifa«, precisó Wörsdörfer, quien señaló que el objetivo es fomentar que los usuarios produzcan parte de su propia energía, pero es necesario «mirar los detalles».

El siguiente paso al cierre de esas negociaciones será trasladar la ambición europea del horizonte de 2030 al de 2050. La Comisión espera tener preparada una estrategia para «octubre o noviembre», tras lanzar una consulta pública y tratar con académicos, organizaciones internacionales y otros agentes medioambientales. «El propósito de ese documento será proveer a la Unión Europea de una sólida base para un debate amplio y para definir la estrategia a largo plazo«, señaló Wörsdörfer.

Wörsdörfer indicó que el objetivo es acercarse lo más posible a una economía sin carbono, pero evitando un proceso de desindustrialización hacia terceros países y apoyándose en sectores como el transporte, la agricultura, la energía, la industria, la bioeconomía o la captura y almacenamiento geológico de CO2. «Cero emisiones, cerca de cero, emisiones netas… lo tendrá que decidir la Comisión. La idea es llegar lo más lejos posible», apuntó Wörsdörfer, quien reconoció que ni siquiera existe una definición común entre los expertos medioambientales sobre qué significa «neutro en emisiones». Bruselas explorará «todas las opciones» a través de «modelos» que reflejen cuáles son los costes, los beneficios y las posibilidades, y tendrá que «seguir gastando mucho dinero en investigación e innovación».

Izquierda Unida y Equo reclaman al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que paralice los proyectos de Gas Natural en Doñana

EFE / Europa Press.- Izquierda Unida y Equo han reclamado al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que se posicione en contra del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana y «anule la declaración de utilidad pública» que le concedió el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ambos partidos presentarán para ello una moción en el pleno de la Diputación de Huelva.

El objetivo de esta iniciativa es que la Diputación «acuerde trasladar su rechazo al proyecto de Gas Natural en Doñana a la Delegación del Parlamento Europeo que visitará la provincia los próximos días 19 y 21 de septiembre para comprobar los riesgos que supone este proyecto para toda la comarca y el espacio natural de Doñana«, ha indicado Izquierda Unida, que recordó que esta visita partió de la última ocasión en la que este partido llevó este asunto al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, donde intervino el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, el pasado mes de marzo.

En este sentido, Pepa Beiras, responsable del Área de Medio Ambiente de Izquierda Unida en Andalucía, le ha pedido que «tome todas las medidas necesarias para que este proyecto, por ser inviable y enormemente peligroso medioambientalmente, quede anulado oficialmente y lo paralice de manera definitiva». La representante de Izquierda Unida ha recordado «el posicionamiento contra el proyecto de Gas Natural que ya ha adoptado la Junta de Andalucía«, por lo que ha señalado que «el nuevo gobierno de Pedro Sánchez tiene que tomar todas las iniciativas necesarias para paralizarlo y librar a Huelva y a toda la zona del entorno de Doñana de la grave amenaza que supone la construcción de este almacén de gas».

Por su parte, Isabel Brito, coportavoz de Equo-Huelva, ha recordado que «el gas es un combustible fósil insostenible y que contribuye a incrementar el cambio climático, por lo que consideramos que todas las infraestructuras que se construyan para su almacenamiento y distribución, sólo sirven para generar una burbuja económica y especulativa para las grandes multinacionales energéticas«, como es el caso de Gas Natural Fenosa. Además, Brito ha exigido al Gobierno central de Pedro Sánchez que tenga en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) que alerta sobre «los graves riesgos sísmicos que acarrea el proyecto de Gas Natural.

La representante de Equo-Huelva tampoco ha dejado pasar la reclamación a la Junta de Andalucía para que sean «transparentes» e informen sobre cómo se está desarrollando el proyecto de Marismas Occidental que, desde mediados de 2016, es la única parte de las cuatro en las que se dividió el proyecto de Gas Natural, que se está ejecutando actualmente. Tanto Izquierda Unida como Equo siguen reclamando que todas las infraestructuras del proyecto de Gas Natural que se puedan realizar, incluida la parte de Marismas Occidental, queden paralizadas y se eviten definitivamente sus amenazas sobre Doñana. En ese sentido, Brito recuerda como Equo recogió 180.000 firmas para reclamar la anulación del proyecto.

España defiende en la Unión Europea un objetivo ambicioso en renovables para el año 2030 vinculado a reforzar las interconexiones

Europa Press.- España ha defendido un nivel «ambicioso» en renovables para 2030, aunque ha subrayado que este objetivo debe venir acompañado «de un refuerzo muy significativo» de las interconexiones, así como de medidas tanto en eficiencia energética como en electrificación de demanda final que permitan la incorporación eficiente de nueva potencia renovable.

Según el Ministerio de Energía, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asistió a una reunión donde se debatió sobre los objetivos en materia de renovables y eficiencia energía para el año 2030 en la Unión Europea. Además, se ha hablado de las medidas para alcanzar una gobernanza europea en materia de energía y clima, así como de la revisión de competencias de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER).

Se busca un acuerdo de los países con el Parlamento Europeo sobre la Directiva de Renovables, la Directiva de Eficiencia Energética y el Reglamento de Gobernanza antes del verano. En este sentido, se han celebrado varios trílogos para aproximar posiciones del Consejo con el Parlamento Europeo y la Comisión. Navia también reclamó que se apliquen pronto las nuevas reglas de Eurostat sobre la contabilidad pública de nuevas inversiones en eficiencia, así como mayores fondos europeos dedicados a eficiencia energética. Además, Navia destacó la importancia de garantizar que la transición energética sea eficiente, ofrezca unos precios competitivos de la energía y esté basada en reglas definidas.

La Eurocámara aprueba medidas de mejora de la eficiencia energética en los edificios y reducir sus emisiones con horizonte 2050

EFE / Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo aprobó nuevas medidas que apuestan por la renovación de los edificios de la Unión Europea para garantizar la máxima eficiencia energética en las construcciones comunitarias en el 2050. El texto, que salió adelante con 546 votos favorables, 35 en contra y 96 abstenciones, tiene como objetivo recortar el volumen de emisiones contaminantes entre un 80% y 85%, respecto a 1990.

Para ello, la nueva norma, fruto de la revisión de una directiva anterior, obligará a los Estados a desarrollar estrategias nacionales a largo plazo para la renovación de sus edificios, tanto públicos como privados. Para el eurodiputado Bendt Bendtsen (Partido Popular Europeo), esta norma es una señal clara del compromiso con los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático y la determinación europea de avanzar hacia una Unión Energética. «El sector de la construcción juega un papel clave. Ofrecemos certidumbre a los inversores de que la renovación de edificios es un área prioritaria«, sostuvo.

La directiva introduce disposiciones para fomentar la movilidad eléctrica con al menos un punto de recarga en aquellos inmuebles con más de 10 plazas de aparcamiento y la instalación de cableado para la recarga. Por otra parte, se endurecen las normas sobre inspección de los sistemas de calefacción y refrigeración, y los edificios nuevos y aquellos renovados en los que se sustituyan los sistemas de calefacción, deberán contar con dispositivos automáticos para regular la temperatura.

Además, está prevista la creación antes de que acabe 2019 de una herramienta, denominada «indicador de inteligencia», para medir la capacidad de los edificios para mejorar su funcionamiento y su interacción con el sistema según las necesidades de sus ocupantes, reduciendo así el uso de energía. Esta normativa debe ser aprobada ahora por el Consejo de la Unión Europea, la institución comunitaria que representa a los Estados miembros, antes de entrar en vigor. Es la primera de las ocho propuestas incluidas en el paquete sobre Energías limpias, presentado por la Comisión en noviembre de 2016.

Reducción de emisiones del transporte

Por otro lado, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones derivadas de la edificación, el transporte, la agricultura y los residuos, que no están cubiertas por el sistema europeo de comercio de emisiones y que deben recortarse un 30% en 2030 en todo el bloque comunitario. España deberá rebajar en un 26% las emisiones de estos sectores. Luxemburgo y Suecia son los dos únicos países a los que se les ha exigido reducir un 40% sus emisiones, seguidos de Dinamarca y Finlandia (39%), Alemania (38%), Francia y Reino Unido (37%), Italia (33%).

Estos esfuerzos forman parte del conjunto de medidas de la Unión Europea destinadas a cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, en el que el bloque comunitario prometió reducir en un 40% sus emisiones contaminantes totales con respecto a los niveles de 1990. Además, la Eurocámara también dio su visto bueno a una nueva normativa centrada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de suelos y bosques, así como en aumentar el volumen de dióxido de carbono (CO2) absorbido por la masa forestal para hacer frente al cambio climático.

El Parlamento Europeo enviará una misión este año para investigar el proyecto gasista en Doñana pero no pedirá su paralización

EFE / Europa Press.- El Parlamento Europeo aceptó una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre del año para «examinar con sumo cuidado» todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán «muy de cerca» todas las medidas que se tomen al respecto. «Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea para que nos aclare mejor lo expuesto. También a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar preocupación sobre el deterioro de la zona en relación con los acuíferos, y al Ministerio de Medio Ambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto», agregó Wikstrom.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que no considera viable intervenir, habida cuenta de que el caso ya se encuentra sub iudice ya quela Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró «muy satisfecho» por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, «ver y reconocer» los peligros del proyecto. «Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan in situ los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo», afirmó. Por su parte, el representante de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, afirmó que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron «ninguna infracción de las normas europeas».

Gas Natural ejecuta desde 2016 el proyecto de Marismas Occidental en Almonte, una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y ecologistas. Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora. «El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas», advirtió Maíllo en este sentido.

Ecologistas lamentan la no paralización

Asimismo, los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción destacaron la visita al espacio natural de Doñana anunciada por el Parlamento Europeo a cuenta de la petición de Izquierda Unida para que se instara a la paralización del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de este enclave, reclamación que ha sido desestimada por la Eurocámara, algo que lamentaron estas asociaciones.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, considera «importante» que desde Europa haya interés en involucrarse en la situación de Doñana, en que se les explique el proyecto y se remitan cartas, «especialmente a la Junta, que entendemos volverá a reiterar su oposición y podrá explicar el por qué a la Comisión Europea«. «Es una de las opciones para que el proyecto de gas natural pueda enterrarse definitivamente. Se trata de una vulneración clara de la normativa europea y quien mejor puede comprobarlo e iniciar acciones contundentes para poner fin al proyecto», asevera Carmona.

Con todo, el portavoz de WWF apunta a que hubiera sido deseable que directamente se apostara por instar a la paralización, al menos hasta las comprobaciones pertinentes, si bien, «es un buen paso que desde Europa se preste atención a un proyecto que no tiene ningún sentido», apostando al respecto por energías renovables ante las consecuencias de los combustibles fósiles de cara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que el gasífero es un modelo energético que Europa «no ha desestimado», dadas las «presiones de determinados grupos o lobbys«, y pretenden «no entrar en contradicciones«. «Hubiese sido más acertado solicitar la paralización cautelar», apunta Romero, que ve que el Parlamento podía haber apelado a «argumentos legales» en el sentido de una legislación europea «contundente» relativa a las directivas hábitat o de aves, «al menos para analizar minuciosamente la documentación».

A juicio del portavoz de Ecologistas, «se les ve el plumero». Añade que «aún no se enteran de que el cambio climático es una realidad y que las renovables son el presente y el futuro del empleo y del planeta», para culminar haciendo hincapié en que el colectivo ha recurrido el asunto «con todas las esperanzas de que la legislación española tumbe un proyecto obsoleto, inútil y que pondría en solfa el futuro del parque».

El eurodiputado socialista José Blanco pide al Gobierno que desbloquee las inversiones en energías renovables

EFE.- El eurodiputado socialista José Blanco, ponente de la nueva directiva europea de eficiencia energética y energías renovables en el Parlamento comunitario, ha pedido al Gobierno de España que «desbloquee» los proyectos para las inversiones «necesarias» en el sector de las energías renovables. «Estamos hablando de más de 1.000 millones de inversión, de más de 15.000 empleos y no está precisamente el empleo en España para perder oportunidad en un sector que además lo genera de calidad», ha indicado el exministro.

Blanco ha explicado, sobre las energías renovables y dentro de la política energética europea, que la Unión Europea está regulando lo que tiene que ser la «transición energética». «Para cumplir los objetivos de París hay que hacer una transición energética que dé paso a la descarbonización de la economía y el impulso de las energías renovables«, ha indicado el ponente.

En este sentido, ha lamentado que España esté «de nuevo» entre los países que quieren «poner un freno» al desarrollo de energías renovables, algo que «no se entiende» en una zona que, por sus condiciones, podría liderarlo precisamente y que además está «muy expuesta» al cambio climático. Blanco ha avanzado asimismo que, a finales de junio, podrá contarse con una nueva directiva para el período 2020-2030 que genere un marco regulatorio, para que no se vuelvan a dar criterios de retroactividad como los definidos por el Gobierno español y que llevaron a un freno renovable.

La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y el CERMI se unen contra las gasolineras desatendidas

EFE.- La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) harán un frente común en Bruselas para defender las normas autonómicas que prohíben las gasolineras sin personal. Ambas organizaciones ven estas normativas plenamente conformes al derecho comunitario.

CEEES, la principal patronal del sector de la distribución de carburante, aportará informes que demuestran que las gasolineras sin personal incumplen un buen número de normas estatales y autonómicas que fueron aprobadas para garantizar la protección de los derechos de las personas discapacitadas. Por su parte, CERMI continuará con su labor de concienciación en las instituciones comunitarias, fruto de la cual el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a que investigue en toda la Unión Europea la situación regulatoria de las gasolineras desatendidas.

Los eurodiputados españoles piden a la Comisión Europea interceder para evitar el cierre de Siemens Gamesa en Miranda de Ebro

EFE.- Al tiempo que Siemens Gamesa cerró un acuerdo con dos filiales de la compañía eléctrica estatal sueca Vattenfall para el suministro de 41 aerogeneradores en Dinamarca, con una capacidad combinada de aproximadamente 350 megavatios (MW), los eurodiputados españoles han reclamado, en una iniciativa iniciada por el PSOE y dirigida a la Comisión Europea, que se interceda ante Siemens Gamesa para evitar el cierre de sus instalaciones en Miranda de Ebro.

En una acción conjunta, los grupos españoles en el Parlamento Europeo han dirigido por carta la petición a la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, y a la comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska. En la misiva, explicaron la situación que está viviendo la empresa Siemens Gamesa, que el 29 de enero anunció su intención de cerrar las instalaciones de Miranda de Ebro (Burgos) y reclamaron al Ejecutivo comunitario que se dirija a la dirección de Siemens Gamesa «para que reconsidere su decisión» sobre el cierre de esa planta.

En el texto se detalla que el número de trabajadores afectados por el cierre es de 133, a los que hay que añadir otro número importante de empresas auxiliares. Entre otros, firmaron la carta a la Comisión Europea los portavoces de cada delegación: Iratxe García (PSOE), Esteban González Pons (PP), Miguel Urbán (Podemos), Marina Albiol (IU) y Javier Nart (C’s).

Acuerdo con la sueca Vattenfall

Las turbinas, que se ubicarán cerca de la costa oeste de Dinamarca en el Mar del Norte, se instalarán en 2020 y estarán listas para su puesta en marcha a finales de ese mismo año. El pasado noviembre, Vattenfall ya eligió a Siemens Gamesa para suministrar las turbinas de 3 nuevos parques eólicos marinos en Dinamarca. La inversión total ascendió a casi 1.700 millones de euros, repartidos entre los parques de Kriegers Flak, en el mar Báltico, y Vesterhav Syd y Nord, en el Mar del Norte, que proporcionan, en conjunto, energía a alrededor de un millar de hogares daneses.