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La Fundación Renovables considera «inadmisible» que el Gobierno ponga trabas a las compañías eléctricas para no cerrar centrales de carbón

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Europa Press.- La Fundación Renovables rechaza la decisión del Gobierno de endurecer las condiciones para el cierre de plantas eléctricas y tachó de «inadmisible» que el Ejecutivo trate de evitar el cierre de las centrales de carbón en lugar de comprometerse a eliminar este combustible de la generación energética antes de 2030, en el marco de la Cumbre del Clima (COP23) que acogió Bonn (Alemania) y la solicitud de Iberdrola de cerrar sus centrales térmicas en España.

«Es inadmisible que, lejos de formar parte de la lista de países que han sellado la alianza global por la que se comprometen a eliminar el carbón de la generación energética antes de 2030, el Gobierno español esté poniendo todo tipo trabas para evitar el cierre del carbón», ha lamentado. En este sentido, la Fundación Renovables ha reclamado al Gobierno «coherencia y responsabilidad» ante el desafío climático y que adopte una política energética sostenible «con la mirada puesta en el horizonte de un 2050 100% renovable y con emisiones cero». La Fundación Renovables considera que con las nuevas condiciones para el cierre que se pretende establecer se «vuelve a dar la espalda a cualquier planificación de un futuro sin emisiones».

Según la Fundación, Bonn envió una «clara señal» de que las dinámicas globales se están alejando del carbón. «Nuestro país no puede seguir desoyendo esas señales, por oportunidad y conveniencia para el clima y también para nuestra economía», ha afirmado. Así, ha destacado que España cuenta con la tecnología, el conocimiento y la experiencia para estar en la vanguardia del cambio hacia una sociedad descarbonizada, por lo que apunta que solo falta «la voluntad política».

Por ello, la organización manifiesta su «total rechazo» al borrador de real decreto lanzado por el Ministerio de Energía, que hace retroactiva la ley de clausura del carbón «con el fin de vetar los planes de las eléctricas». Con esta postura, la Fundación Renovables cree que el Gobierno, «en vez de planificar un futuro sin emisiones, eficiente y renovable, se reafirma en su fósil postura y decide intervenir contra natura para mantener un parque de generación que ni los propietarios de las centrales quieren, estableciendo mecanismos de subasta carentes de cualquier tipo de sentido o planificación y abriendo la puerta a un esquema de compensación si nadie adquiere las centrales».

Nadal quiere mantener el carbón

Así, la organización ve «inadmisible que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegure que España está en la senda de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones a 2020, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, mantiene un pulso con las eléctricas por mantener activas las centrales más contaminantes». Además, pide al Gobierno que lleve a cabo «una verdadera reforma» en la que se establezcan los precios reales para cada tecnología de acuerdo a los criterios de «no dependencia, sostenibilidad y eficiencia».

Iberdrola solicitó el 10 de noviembre al Ministerio de Energía el cierre de las plantas térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), que suman una potencia conjunta de 874 megavatios (MW), una decisión con la que completará el proceso de clausura de todas sus centrales de carbón en el mundo. La compañía enmarcó esta decisión dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007.

Tres días después, el Ministerio de Energía activó el decreto por el que regula el cierre de centrales eléctricas en España, con el que pretende asegurar que las decisiones de cierre sean «coherentes con los instrumentos de planificación energética». A diferencia del régimen anterior, que sólo contempla la seguridad del suministro, este reglamento también valorará la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos, así como su efecto sobre los precios y la competencia del mercado eléctrico. De esta manera, el Gobierno denegará el cierre de una instalación cuando considere que amenaza a la seguridad de suministro energético o del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad.

El Congreso demanda al Gobierno elevar al 40% el objetivo de energía renovable y eficiencia energética en 2030 en España

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Europa Press.- El pleno del Congreso exige al Gobierno que defienda en el marco comunitario objetivos verdes más exigentes ya que le pide que marque como objetivo un uso de renovables del 40% en 2030 como objetivo nacional y vinculante, así como un 40% de eficiencia energética.

Así, la moción impulsada por Unidos Podemos, y acordada finalmente con el PSOE y Ciudadanos, recabó también el apoyo de Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias. El PP, Foro Asturias y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PNV se abstuvo. El texto aprobado incluye otras medidas, como la defensa del acceso «en condiciones de prioridad» a la red eléctrica por parte de las energías renovables, la eliminación de «las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico», y el apoyo a las cooperativas para garantizar su pleno acceso a la red de distribución como productores energéticos.

Asimismo, también llama a limitar, «hasta su progresiva desaparición», las subvenciones públicas a los agrocombustibles que compitan con la producción alimentaria, cuya progresiva deforestación, señala la moción, «conlleva elevados riesgos sociales y ambientales en los países menos desarrollados». Si bien Podemos había pedido el fin de los mecanismos por capacidad, el texto acordado recoge permitir estos mercados, aunque «sólo como una opción de último recurso cuando otras soluciones, como la interrumpibilidad, las interconexiones o el almacenamiento sean insuficientes». En todo caso, para optar a pagos por capacidad se establece un umbral de emisiones no superior a 550 gramos de CO2 emitidos por cada kilovatio generado.

Otras de las propuestas aprobadas por el Congreso pasan por el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» que incluya, entre otras cuestiones, actuaciones de eficiencia y ahorro energético en los hogares vulnerables, y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono para todos los países de la Unión Europea. Asimismo, llama a reforzar la cooperación entre las Administraciones y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3% para alcanzar en 2050 el 100%.

La patronal renovable APPA pide en la Ley de Transición Energética una fiscalidad que penalice a las tecnologías más contaminantes

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Europa Press / EFE.– Mientras el Grupo Español para el Crecimiento Verde propone un decálogo para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera necesario que la futura legislación introduzca una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. La patronal considera que, hasta el momento, la fiscalidad energética recae en mayor parte sobre las tecnologías renovables «con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética».

Esta petición está recogida en la contribución que presentó APPA a la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes más perjudiciales para el medioambiente», indicó el director general de APPA Renovables, José María González Moya, quien subrayó que «si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados».

Por otra parte, APPA considera que la normativa debe establecer un marco regulatorio «estable y predecible» que permita acometer la transición energética y pide que se contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables «para que no se repitan errores del pasado y los cambios legislativos retroactivos». En este sentido, la entidad considera que «se deben abordar los sectores difusos», estableciendo metas vinculantes, ambiciosas y alcanzables en climatización y transporte, «para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico», pues consideran que los esfuerzos deben ser distribuidos «de forma proporcional» entre los diferentes sectores económicos «para no perjudicar a ninguno«.

Por ello, APPA ha solicitado una planificación energética vinculante que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones. La asociación también ha resaltado la necesidad de que la futura ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas «que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas comunidades autónomas». La consulta previa de la Ley tiene el objetivo de que la preparación de esta norma recoja el mayor número de propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para la elaboración de la legislación.

Un decálogo para la Ley

La descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 o la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte son algunas de las propuestas que el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) ha presentado en su decálogo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, las empresas que componen la entidad han reclamado la creación de un órgano de la Administración que se encargue de coordinar todo el proceso de elaboración de esta Ley.

Además, el GECV ha solicitado un reequilibrio del marco fiscal basado en el principio de quien contamina, paga, que promueva la acción climática de forma eficiente al mínimo coste y que contribuya, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el grupo ha solicitado que se aplique «un gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de dióxido de carbono», para así asegurar «un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada».

De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del los vehículos, con energía de origen renovable y un mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones. Asimismo, «la Ley deberá incorporar la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre riesgos asociados al cambio climático por su impacto sobre los estados financieros» y por la necesidad de «mayor transparencia y dinamismo» en este ámbito.

En sus propuestas el GECV también ha subrayado que la transición energética requiere de «un marco estable y predecible» para la inversión privada, «necesario para incentivar el esfuerzo inversor para el proceso de descarbonización«. Por ello la entidad se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales, ya que «las oportunidades económicas y de inversión deben pasar por la participación de los agentes implicados, para generar alianzas público-privadas».

Endesa cree que hasta llegar a un horizonte energético 100% renovable se necesita un aporte temporal de todas las tecnologías

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que para llegar al compromiso internacional adquirido de descarbonizar la economía y alcanzar un horizonte 100% renovable «se necesita un aporte temporal de todas las tecnologías» para «no poner en peligro el suministro y los precios«. En este sentido, Bogas aseveró que el uso de carbón más allá de 2020 está condicionado a la política de transición energética que decida el Gobierno.

Sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Bogas ha señalado que «hay que alejarse de tentaciones cortoplacistas» para alcanzar un pacto que aporte «seguridad y certidumbre». «Seguiremos al pie de la letra lo que la nueva Ley dictamine. Si dentro de ese plan, se considera necesario cualquier tipo de central de carbón o tecnología, habrá que discutir si el actual marco regulador es suficiente para retribuir esas instalaciones o no», ha añadido.

Para Bogas, hasta llegar al horizonte 100% renovable en 2050, «hay que hacer una transición inteligente, donde no se ponga en riesgo el suministro, y se asegure la competitividad de la economía y el bienestar social«. Por ello, ha concluido que en la Ley que se está elaborando «todas las tecnologías caben. En 2050 no cabrán las que emitan CO2, pero en el camino, hay que ver cómo hacerlo», precisó.

Sobre el posible tratado vinculante para trasnacionales, derechos humanos y medio ambiente que debate la ONU, Bogas apuntó que la «responsabilidad social corporativa es algo importante para la compañía, pero aún más importante es el hecho de que los inversores no solo exigen una atractiva cuenta de resultados, sino un compromiso social«. «Estamos absolutamente de acuerdo con todo lo que vaya en ese sentido», recalcó.

Endesa culmina la restauración de sus cuatro históricas minas de carbón, que comenzó a explotar entre 1972 y 1983

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Europa Press.- Endesa culminó la restauración de los terrenos de sus 4 históricas minas de carbón, que la compañía comenzó a explotar a partir de 1972, en los emplazamientos de Andorra (Teruel) y As Pontes (A Coruña), seguidas de las minas de Peñarroya (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real) en 1983, tal y como ha mostrado la empresa a través de fotografías, vídeos y el libro Cuatro actuaciones ambientales en centros mineros de Endesa.

En total, se han restaurado 5.000 hectáreas que han devuelto a los terrenos su hábitat primitivo, además de haber generado otros nuevos destinados a la agricultura, con olivares y viñedos; a la ganadería, para pastoreo; y a nuevos ecosistemas forestales, al plantarse 1,4 millones de árboles. Asimismo, estas superficies albergan ahora una media de 200 especies de fauna y 90 de flora en cada emplazamiento, según se desprende de la auditoría realizada por los biólogos Víctor y César Pedrocchi. Estas cuatro minas han producido en toda su historia un total de 355 millones de toneladas de carbón, alrededor de cuatro teravatios a la hora y ha empleado a cerca de 5.800 trabajadores de forma directa.

Entre las actuaciones más llamativas, destaca la de As Ponte, donde Endesa extrajo carbón desde 1972 hasta 2007, ya que el espacio que ocupaba el hueco de la mina se ha convertido «en el mayor lago de España: 865 hectáreas y 547 hectómetros cúbicos de agua, donde actualmente se practican deportes náuticos, y hay zonas de baño y recreo», según explicó la compañía. Para los responsables de la restauración, el reto era «llevar a cabo una actuación que pudiera después desarrollarse por sí sola con la ayuda del agua», algo que, según señalaron, se consiguió.

También se ha pronunciado el consejero delegado de Endesa, José Damian Bogas, quién ha señalado que los trabajos de restauración de estas cuatro minas son «el ejemplo más fiel» de por dónde quiere transitar la compañía eléctrica en términos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. «Observamos el cierre de las minas con pesar pero entendiendo que es inevitable», ha señalado Bogas, al tiempo que ha añadido que la descarbonización de la economía para el año 2050 será un «proceso difícil pero también será una oportunidad».

Para conseguir este objetivo marcado por el Acuerdo de París, Bogas incidió en que «no basta con el esfuerzo de las eléctricas, sino que otros sectores, como el del transporte, la industria y la construcción también deben aportar». En este sentido, el dirigente de Endesa indicó que «sin la electrificación del transporte, la descarbonización será una utopía y la transición energética un brindis al sol».

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea pide acelerar la reducción de emisiones para luchar contra el cambio climático

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EFE / Europa Press.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea asegura que los Estados miembros no cumplirán sus objetivos para rebajar las emisiones contaminantes para 2030 si continúan al ritmo de reducción actual. «Los objetivos de la Unión Europea para 2030 y 2050 no se alcanzarán sin significativos esfuerzos adicionales y todos los sectores tienen que contribuir», indicó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en un informe sobre cambio climático.

El informe del Tribunal de Cuentas europeo afirma que el «gran hincapié» sobre la mitigación se refleja en los objetivos de la Unión Europea en materia de clima y energía. Concretamente, el bloque comunitario se ha fijado objetivos de reducción de emisiones, de aumento del peso de energías renovables en el consumo energético y de aumento de la eficiencia energética para 2020 y 2030. Así, la Unión Europea se ha fijado como meta reducir las emisiones contaminantes en un 20% para 2020 y en un 40% para 2030, respecto a 1990, para llegar en 2050 a un recorte de entre el 85% y el 90%.

En todo caso, el estudio advierte de que estos objetivos de reducción de emisiones no se lograrán sin «importantes esfuerzos adicionales». Para alcanzar esos objetivos en 2030, los auditores consideran que «los esfuerzos anuales de reducción de emisiones tendrán que incrementarse en un 50% en la próxima década». Y advierten que «el cambio más significativo, no obstante, tendrá que venir más allá de 2030», cuando el ratio de reducción de emisiones tendrá que multiplicarse «por tres o cuatro» para alcanzar las metas fijadas para 2050.

«La Unión Europea tiene que recortar las emisiones de gases invernadero y también adaptarse al cambio climático. Las proyecciones actuales muestran que se necesitan más progresos para lograr los objetivos de 2030 y 2050 sobre reducción de emisiones», indicó el auditor responsable del informe del Tribunal de Cuentas sobre el cambio climático, Phil Wynn Owen. Uno de los ámbitos clave que identifican los auditores es la producción energética para el transporte, la industria, los hogares y la agricultura, que es responsable del 79% de las emisiones invernadero de la Unión.

«Una parte importante del plan de la Unión Europea es el establecimiento de un mercado interno que permita el tránsito libre y sin fronteras del gas y la electricidad en la Unión Europea», subrayó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Ese órgano reconoció «progresos significativos en algunas partes de la Unión Europea» pero destacó que «aún no se ha alcanzado un mercado interno energético» porque «los cuellos de botella persisten debido a la inexistencia o la infrautilización de infraestructuras de electricidad y gas«.

«Por ejemplo, las interconexiones de electricidad y, en su caso, las líneas internas todavía tienen que mejorar en el suroeste de Europa, como España y Francia, y en países europeos del norte y el este como Alemania, Polonia y la República Checa», indicaron. En cuanto a las energías renovables, añaden, se detecta una «falta de rendimiento y obstáculos a la inversión», mientras que en la energía nuclear los auditores han hallado un «incremento de los costes y retrasos» y señalan también que no se está produciendo una transición «suficiente» hacia un transporte bajo en emisiones.

Los auditores señalan en su informe que, si bien el Acuerdo de París busca limitar el alza de las temperaturas a final de siglo en menos de 2ºC respecto a los valores preindustriales, se trata de una proyección global, de manera que afectaría de diferente forma a distintos territorios del mundo. Incluso alcanzando esa meta, las temperaturas podría subir «entre 3°C y 4°C en la mayor parte de España«, agrega el Tribunal de Cuentas con datos del Centro Común de Investigación de la Unión Europea.

Por último, el Tribunal de Cuentas europeo ha consultado 269 informes de auditorías. Algunas conclusiones de estos estudios son la falta de efectividad y obstáculos de las inversiones, mientras que ha lamentado el hecho de que la transición a un transporte bajo en carbón no se ha desarrollado lo suficiente y que en el área de la adaptación se han centrado principalmente en las inundaciones.

Endesa advierte de que España necesitaría 11.000 MW más en 2025 si se prescinde de la nuclear y del carbón

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Europa Press.- Endesa calcula que España necesitaría incorporar aproximadamente 11.000 MW de nueva potencia firme a partir de 2025 si se prescinde de manera prematura de las centrales de carbón nacional e importado y de las nucleares. Así lo indica en la respuesta a la consulta pública previa del proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La compañía eléctrica explica que en 8 años las únicas tecnologías disponibles para proporcionar firmeza a un coste razonable serían nuevas turbinas de gas o nuevos ciclos combinados, «lo que incrementaría notablemente los precios de la electricidad». Por el contrario, el mantenimiento temporal del carbón y de la nuclear permitiría retrasar la necesidad de nueva potencia firme en, al menos, una década, dando así tiempo suficiente para que maduren nuevas tecnologías, actualmente incipientes, con emisiones nulas y a coste competitivo como, por ejemplo, las baterías.

Para la compañía que preside Borja Prado, es «crítico» determinar cuáles serán las necesidades de potencia del sistema eléctrico en distintos horizontes temporales. En la actualidad, considera que hay un cierto exceso de capacidad. No obstante, cree que es una situación transitoria que desaparecerá en un futuro más o menos cercano en función de las decisiones que se puedan tomar sobre el cierre de las centrales de carbón y nucleares.

A juicio de Endesa, la solución ambiental y económicamente más eficiente para la transición energética en España es mantener en operación la capacidad térmica y nuclear actual «hasta que deje de ser necesaria». En todo caso, precisa, mantener esta capacidad no significa continuar utilizándola del mismo modo: la producción de energía de estas plantas seguirá disminuyendo, debido a la creciente penetración de renovables, al igual que lo harán sus emisiones.

En su respuesta, Endesa indica que las herramientas para conseguir una correcta transición serían una planificación adecuada y unos mecanismos regulatorios que garanticen la disponibilidad de las instalaciones que son indispensables para el suministro energético y la reducción de emisiones al mínimo coste. Así, propone, en primer lugar, un plan de transición hacia un sistema energético libre de emisiones de CO2 en 2050 al mínimo coste posible, incluyendo mecanismos que permitan la electrificación de buena parte de la demanda doméstica, industrial, de servicios y del transporte; y garantizando que el cierre de las centrales emisoras existentes se lleve a cabo mediante la sustitución de estas instalaciones por renovables, como medida de eficiencia económica del sistema.

En segundo lugar, aboga por la revisión de la «elevada fiscalidad específica» que afecta a la generación eléctrica y que da lugar a que todas las tecnologías de generación estén afrontando «importantes dificultades económicas». Por último, aboga por el establecimiento de un mecanismo de pago por capacidad firme que sea conforme con los criterios recogidos por la Comisión Europea, basado en las necesidades del sistema, tecnológicamente neutro y cuyo precio esté fijado por criterios competitivos.

Bruselas pide permitir los incrementos

Ante la pregunta de la consulta de si considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, Endesa argumenta que la necesidad de mantener operativa una central cuyo titular ha solicitado su cierre es, por lo general, el síntoma de un fallo de mercado, pues significa que el mercado no está permitiendo recuperar los costes de una central que es necesaria. Para evitar estas situaciones, la Comisión Europea recomienda permitir precios de escasez y eliminar distorsiones que afecten a las señales de precios. Si el fallo persiste, se puede proceder a la introducción de mecanismos de remuneración de la capacidad basados en criterios de mercado.

«En todo caso, si se deniega el cierre de una central, se está imponiendo a su titular una obligación de servicio público por la que debe ser lógicamente compensado, según la legislación y la jurisprudencia comunitarias», subraya. Así, recuerda que la Comisión Europea es contraria a la denegación del cierre si la razón es evitar un incremento del precio de mercado. Según Endesa, justificar el mantenimiento en explotación de una central, cuyo titular ha solicitado su cierre, para evitar un incremento en el precio de mercado, «supone una intervención que distorsiona el proceso de formación de la señal de precio».

Los mecanismos de remuneración de capacidad, que la Comisión Europea contempla como solución a problemas de seguridad de suministro, no son, en opinión de Endesa, «nada más que el pago firme, seguro, de las cantidades aleatorias, inciertas y volátiles que, de no existir esos mecanismos de pago, se recibirían como precios de escasez, así que estos mecanismos tienen el efecto positivo de reducir la volatilidad de los precios y los episodios de precios muy elevados».

Sobre qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema, Endesa señala que si se pretende evitar el cierre de la central porque incide en la seguridad del sistema eléctrico o por motivos de cambio climático, «debe establecerse un mecanismo de compensación al titular que debe ser aprobado por la Comisión Europea con anterioridad a su implementación«.

La eléctrica estima que la introducción de un mecanismo de capacidad compatible con la normativa europea permitiría estructurar un proceso ordenado de previsión de las necesidades de capacidad y la modulación de los cierres, y explica que si el problema es de carácter transitorio, la Comisión Europea contempla el establecimiento de una reserva estratégica compuesta por capacidad de generación que ha de mantenerse fuera del mercado para preservar la señal de precios, pero a disposición del operador del sistema para operar en situaciones de escasez.

El Gobierno autonómico de Cataluña lanza un programa para promover el autoconsumo de electricidad con baterías de iones de litio

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Redacción / Europa Press.- La Generalitat, a través del Instituto Catalán de Energía (Icaen), ha lanzado un programa de impulso de políticas públicas para promover el mercado del autoconsumo de electricidad con baterías de iones de litio. En este sentido, la directora del Icaen, Assumpta Farran, ha explicado que en septiembre ya se podrán solicitar estas ayudas, dotadas de 360.000 euros, que cubrirán hasta el 70% del precio de las baterías con un máximo de 5.000 euros por instalación.

«Calculamos que podremos ayudar a la adquisición de unas 75 baterías este año», ha asegurado Farran, y ha añadido que con estas ayudas se hace una apuesta firme en Cataluña por las energías renovables con la que se espera incrementar el número de instalaciones fotovoltaicas. La directora del Icaen ha recordado que están trabajando por el Pacto por la Transición Energética, que pretende que la energía que se consuma en Cataluña en 2050 sea 100% renovable, y ha criticado al Gobierno central por no aprovechar los recursos energéticos con los que cuenta la Península Ibérica.

Baterías para guardar la energía

También ha mostrado la importancia de avanzar en cómo guardar energía que se produce de manera renovable y que no se aprovecha, y ha aseverado que «quien controle el almacenaje, controlará la energía». Para contribuir a este nuevo modelo energético que propone Cataluña, la española Innover y la alemana Solarwatt se han unido para ofrecer una propuesta de autoconsumo y de almacenaje y han creado un modelo de batería de iones de litio. El director de Solarwatt España y el director general de Innover han insistido en la necesidad de promover instalaciones eléctricas que aprovechen mejor la energía y sirvan para combatir el cambio climático.

El Gobierno de Baleares anuncia que aprobará el próximo año una «ley pionera» en España para impulsar la transición energética

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Europa Press / EFE.- El Gobierno balear abordará una normativa autonómica en materia de cambio climático y transición energética que será «pionera» en el Estado «porque no quedará tan sólo en una declaración de intenciones, sino que irá ligada a una serie de obligaciones» para hacer posible el tránsito energético hacia las renovables y avanzar hacia el compromiso de cero emisiones contaminantes en 2050 con «medidas urgentes y vinculantes«.

La previsión es que el Gobierno apruebe el proyecto de ley en el primer trimestre de 2018 para su posterior tramitación parlamentaria. Así lo ha señalado el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, acompañado por el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, quien han explicado los objetivos de la futura ley del cambio climático y transición energética de Baleares y los resultados del proceso participativo realizado previo al inicio de la redacción de la normativa.

El consejero ha remarcado que la elaboración de esta normativa será una «prioridad» del nuevo curso político en respuesta a las «evidencias científicas y la concienciación de la ciudadanía» que, según ha dicho, «pide poner dentro de la agenda política la lucha contra el cambio climático y la transición energética». En este sentido, ha precisado que en el otoño e invierno esta materia se convertirá en «un elemento de debate y de aportación de propuestas» con el propósito de aprobar una normativa «ambiciosa y perdurable» en el tiempo que fije un calendario de de actuaciones relacionado con el Acuerdo de París, para conseguir alcanzar reducción de gases contaminantes en 2050.

Así, el consejero ha recordado que en esta legislatura se han dado algunos pasos que marcan el camino y ha explicado que actualmente toda la energía que consume el Gobierno balear procede de fuentes renovables, se han iniciado líneas de subvención de placas fotovoltaicas y se han ido aumentado los puntos de carga de vehículos eléctricos hasta conseguir que Baleares sea la comunidad autónoma «donde tenemos la ratio más elevada de puntos de recarga por ciudadano», ha destacado. Con todo, ha insistido en que estas medidas «no son suficientes», por lo que se necesita de «un marco legal y jurídico que fije las actuaciones futuras».

Respecto al proceso participativo previo, el consejero de Energía señaló que de forma prácticamente unánime se reclaman cuestiones concretas; como que la futura ley sea transversal y que los objetivos de reducción de emisiones sean «vinculantes» para todos los sectores. Del proceso participativo también se concluye que la normativa tenga una capacidad sancionadora antes los incumplimientos y se propone fomentar la educación ambiental e todos los niveles de formación reglada, así como realizar campañas de sensibilización. Además, entre las propuestas surgidas tras la participación ciudadana está la creación de un fondo de carbono que financie e incentive con ayudas la reducción de emisiones y la eficiencia energética en edificios y maquinarias, y la reducción de incentivos a los combustibles fósiles.

La necesidad de contar con recursos específicos para la ley, crear un fondo climático que permita su desarrollo efectivo, avanzar hacia un sistema 100% basado en renovables, combatir el conocido como impuesto al sol, reducir el consumo energético global, fomentar la eficiencia energética en los viviendas, sustituir combustibles y un programa de cierre de centrales térmicas, blindar Baleares contra las prospecciones de fósiles son algunas de las propuestas apuntadas en materia de energía. Priorizar el transporte público, impulsar planes de movilidad en empresas, avanzar hacia el 100% de coches eléctricos, en especial de alquiler, y trabajar en las emisiones del transporte aéreo y marítimo son algunas de las iniciativas sobre trasporte de la futura ley.

 Simplificar la burocracia en la tramitación de sistemas de energía renovables y que la administración dé ejemplo en el liderato del cambio con la apuesta del transporte sostenible y eficiencia energética son otras de las propuestas. Tras el proceso participativo se redactará la ley, irá a exposición pública y pasará como proyecto de ley al Parlamento, que se prevé para el primer trimestre de 2018, tras la aprobación del Gobierno.

«Es necesario que la ley tenga vocación de permanencia y vaya acompañada de recursos económicos y humanos para hacerla viable», añadió Groizard, quien recordó que en Baleares en la actualidad tan sólo un 2% de la producción eléctrica proviene de renovables, frente al 40% nacional, por lo que es preciso, indicó, fijar una estrategia que permita avanzar en los objetivos de 2050 en materia energética.

Energía advierte de que cualquier decisión en materia de energía nuclear condicionará el resto de la política energética

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha advertido que cualquier decisión que se tome sobre la energía nuclear en España condicionará el resto de medidas de política energética que se adopten, dado su elevado peso en el suministro y a ser la única fuente estable que no emite CO2.

Navia se ha referido a las cuestiones fundamentales que tiene que abordar España a la hora de afrontar la transición energética, que se analizarán en la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ha indicado que hay que lograr una mayor eficiencia energética y asegura que también se analizará el papel de los combustible fósiles, pues aunque su consumo se irá reduciendo para llegar al objetivo de descarbonización fijado para 2050, hay que ver que cómo se irán sustituyendo en la fase de transición pues, según Navia, durante la misma «tienen un papel que jugar y jugarlo con las condiciones adecuadas».

Respecto a las renovables, ha indicado que no pueden decidir el ritmo al que se incorporarán pero que conviene tener el «mayor grado de ambición posible» en su incorporación, sin que eso afecte a la competitividad de la economía del país y habilitando mecanismos de mercado que permitan tener fuentes de suministro de respaldo para cuando no puedan producir, además de ejecutarse las interconexiones con Europa. También señaló que habrá que analizar qué papel se da a la energía nuclear, pues su peso en la demanda de energía global es elevado y es «la única fuente energética gestionable estable sin emisiones de CO2», por lo cual lo que se decida sobre ella condicionará el resto de medidas de política energética.

Navia reconoció que el sector energético sí que tiene fijados unos objetivos a largo plazo, en concreto para 2050, que le obligan a cambiar el paradigma con el que ha venido funcionando, en el que el crecimiento económico iba siempre ligado a un mayor consumo de energía, y ahora tendrá que ir a un modelo más complicado. «Ya no podemos seguir avanzando en consumo, hay que consumir menos y de manera más inteligente», agregó. Además, afirmó que la transición tecnológica en materia de energía ya no es controlable desde la política energética, que sólo puede orientar su desarrollo, pues ya se ha superado la fase en la que las nuevas tecnologías de generación de energía necesitaban apoyo público para implantarse.

Navia aseveró que España se encuentra en un buen momento para hacer su planificación energética para los próximos años, pues en materia de renovables está en condiciones de cumplir los objetivos que se marcó para 2020 de que el 20% del consumo procediera de fuentes renovables y tiene unos sistemas energéticos «equilibrados financieramente». Destacó que esto permite «planificar con más tranquilidad» que si persistiera el déficit de tarifa que hubo, aunque sigue existiendo el problema de los elevados costes energéticos que tiene España con respecto a su entorno, que condicionan las políticas a futuro. En este sentido, recordó que el Gobierno está comprometido en no incrementar los costes regulados y, según haya margen, irlos reduciendo.

Navia ha defendido que para abordar la transición energética hace falta coordinación y consenso «a todos los niveles», sobre todo entre las administraciones públicas para mantener la «estabilidad» del sector en el tiempo. Navia ha subrayado también la importancia de la colaboración entre el sector público y privado y ha destacado que en la comisión de expertos, creada por el Ejecutivo para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, debe haber «debate de datos y no de ideologías».

El secretario de Estado de Energía ha explicado que el sector energético se enfrenta a «desafíos fundamentales» y que está «sometido a presiones» que ningún otro tiene, subrayando que en España está enmarcado en un contexto de recuperación cíclica «muy intensa». «El consumo está estabilizado y la eficiencia energética tiene cada vez más peso en varios sectores», ha subrayado Navia.

En este sentido, Navia ha explicado que la transición energética es un proyecto a largo plazo y que también deberá existir coordinación y «coherencia de políticas» entre los países que conforman la Unión Europea, ya que va a «cambiar» todo el mercado continental. Finalmente, ha subrayado que es «más difícil» tomar decisiones con la transformación tecnológica, porque «no se sabe que va a pasar». «Hay que ser conscientes que esta transformación tecnológica va a cambiar las regulaciones del sector», concluyó.