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Las agencias humanitarias consideran reemplazar el combustible por la energía solar para abastecer a las explotaciones agrícolas

Europa Press.- Las agencias humanitarias están considerando reemplazar el combustible por la energía solar, ya que consideran que es barato y difícil de robar, además de ser una fuente de energía ideal en muchas zonas de guerra y de desastre. Si bien la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para hacer viable un cambio completo, algunos proyectos solares ya están en marcha en el campo y los trabajadores esperan que muchos más los sigan.

«El suministro es demasiado fácil de cortar. Hay muchas malas prácticas para ganar dinero con combustible «, ha señalado Andy Bastable, jefe de proyectos de agua y saneamiento de Oxfam. El combustible se puede usar como un arma, puede ser robado por milicianos, vendido en el mercado negro, o debe ser trasladado a grandes distancias para llegar a los campamentos fuera de la red de suministro, lo que aumenta los precios para el sector humanitario. Sin embargo, el sol brilla en las zonas donde trabajan.

«En el 90% de los casos, estamos actuando en lugares donde hay un suministro solar abundante», ha manifestado Per-Erik Eriksson, un ingeniero de la organización sin fines de lucro Médicos Sin Fronteras (MSF). «Para evitar desafíos logísticos y, con el tiempo, ahorrar costes, la energía solar sería una muy buena solución en la mayoría de nuestros proyectos«, ha aseverado. Las renovables, como la energía solar, son clave para reducir las emisiones que afectan al clima y para mantener el aumento de la temperatura de la Tierra a 1,5 grados centígrados.

Según un informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático, la energía renovable tendría que suministrar entre el 70% y el 85% de la electricidad para 2050 para mantener la temperatura, en comparación con el 25% actual. Para el ingeniero Talal Kanaan, el despliegue de aproximadamente 500 paneles solares en 2017 para alimentar a los hospitales en Siria fue la manera lógica de mantener en funcionamiento el sistema sanitario del país. «El papel de la energía solar era aumentar la resistencia del sistema sanitario», afirmó Kanaan, fundador de Syria Solar, parte de la coalición de médicos UOSSM.

La red eléctrica de Siria ha sufrido un gran golpe después de 7 años de guerra, dejando a los hospitales dependientes de generadores de diésel y a merced de la escasez de combustible. «Los precios y la disponibilidad de combustible son volátiles. Ese es el problema: la fuente proviene de una zona que está en conflicto o al otro lado de la línea de fuego», recalca Kanaan. Según Kanaan, el sistema solar puede alimentar completamente una unidad de cuidados intensivos, salas de operaciones y departamentos de emergencia durante hasta 24 horas sin diésel, que supone entre el 20% y el 30% del precio energético del hospital. Además ahorraría alrededor de 7.000 litros de diésel mensuales.

Eriksson, de MSF, ha afirmado que hay una gran necesidad de utilizar la energía solar en emergencias, especialmente en zonas rurales que no están conectadas a la red. Eriksson, que ha trabajado en zonas remotas del Congo en proyectos de energía renovable, ha asegurado que entregar combustible era a menudo la parte más costosa. Muchos grupos humanitarios admiten que un cambio completo a una energía más limpia podría llevar años.

Las agencias humanitarias aún dependen en gran medida de los generadores de diésel, según Alain Oppliger, asesor de desarrollo sostenible del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). «Las fuentes de energía renovable, como los paneles solares, requieren tiempo para instalarse. Cuando se necesita energía inmediatamente en una emergencia, los generadores que funcionan con combustible siguen siendo la mejor opción«, ha recalcado Oppliger. Muchos locales de la comunidad ya saben cómo usar los generadores tradicionales que funcionan con combustible, pero la implementación de la energía solar necesitaría un conocimiento especializado.

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos es almacenar el exceso de energía renovable en baterías lo suficientemente grandes, según varias agencias humanitarias. «La tecnología no se ha desarrollado mucho, es la última frontera», afirma Bastable de Oxfam. «Si pueden llegar a algún tipo de innovación sobre cómo almacenar mejor la energía, las energías renovables se volverán mucho más atractivas».

El IPCC de la ONU insta a implementar medidas «sin precedentes» para evitar los «daños irreparables» del cambio climático

Europa Press.- El Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas presentó un informe en Incheon (Corea del Sur) en el que ha instado a poner en marcha «cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad» para limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar así «daños irreparables».

El documento, bajo el titulo de Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza, es el quinto que presenta la organización y tiene gran relevancia para la formulación de políticas gubernamentales sobre cómo implementar el Acuerdo de París de 2015 de cara a la Conferencia sobre el Cambio Climático prevista para diciembre en Katowice (Polonia).

El IPCC, que ha señalado que ya se ha producido un aumento de 1ºC desde mediados del siglo XIX debido al aumento de las emisiones de dióxido de carbono, ha explicado que para limitar a 1,5ºC el calentamiento global es necesario que se realicen cambios «rápidos, de gran alcance y sin precedentes» en el uso de la tierra y la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades.

En relación con los objetivos acordados en París para reducir las emisiones, el informe indica que estos no son suficientes. Para lograr contener el calentamiento, las emisiones netas globales de dióxido de carbono generadas por el hombre deben disminuir en aproximadamente un 45% de cara a 2030 respecto a los niveles de 2010 y alcanzar así un «cero neto» para mediados de siglo. «Esto significa que se necesitaría compensar cualquier emisión remanente removiendo CO2 de la atmósfera», recoge el texto.

Para lograrlo, el informe pone el foco sobre las energías renovables y hace hincapié en que deberían suministrar entre el 70% y el 85% de la electricidad de cara a 2050, lo que permitiría permanecer dentro del límite establecido. Actualmente las energías renovables suministran el 25%. El uso de combustibles fósiles como el petróleo debería disminuir hasta el 8% y el de carbón, por su parte, a un 2% como máximo. Si las temperaturas excedieran el límite fijado de 1,5ºC, será necesario utilizar nuevas técnicas de retirada del carbón. Por contra, la eficacia de medidas como la plantación forestal, la bioenergía o la retirada de CO2 no ha sido comprobada a grandes escalas y podrían producir riesgos de diversos tipos.

La OCDE insta a mover las economías hacia una senda baja en carbono para cumplir con el Acuerdo de París

Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido a los países de que es necesario que respeten sus compromisos climáticos al tiempo que los riesgos crecen y afea que, 3 años después de sus promesas en la Cumbre del Clima de París, una «aplastante mayoría» de Gobiernos no han tomado las acciones necesarias para contener el aumento de los riesgos climáticos.

Por ello, en un contexto de nuevo crecimiento de emisiones, la OCDE urge a sus 42 miembros que necesitan más seriedad para abordar la cuestión y dirigir a sus países a un modelo bajo en carbono y dejar de invertir en infraestructuras intensivas en carbón. Así lo recomienda la OCDE en el documento de la OCDE Financing Climate Futures: Rethinking Infraestructure. El estudio denuncia que solamente 9 de los 180 países firmantes del Acuerdo del Clima de París se han comprometido con la estrategia baja en carbono de largo plazo para 2050 de la ONU.

Sin embargo, se siguen gastando más de 424 billones de euros anuales en subsidios al petróleo, al carbón o al gas y la mayoría no han roto su dependencia presupuestaria de los ingresos procedentes de los combustibles fósiles. Además, el documento también denuncia que los Gobiernos están fallando a la hora de hacer un suficiente uso del gasto público como palanca para descarbonizar sus economías mediante la inversión en infraestructuras bajas en emisiones e innovación.

«Después de todos los compromisos de París y a pesar de tener en la mano todas las herramientas que se necesitan para avanzar, esta inercia nos pone en el riesgo de perder la guerra contra el cambio climático», alerta el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Por ello, insiste en que los Gobiernos necesitan implantar sus compromisos por completo y entonces aumentar la acción.

Para alcanzar el objetivo de temperatura de París, las emisiones globales de CO2 necesitan dejar de crecer tan pronto como sea posible y desde ahí iniciar un rápido declive hasta llegar prácticamente a cero durante la segunda mitad de este siglo. La OCDE valora que se han producido algunos progresos en materia de financiación verde, por ejemplo el mercado de bonos verdes, que se ha inflado en un 1.000% en los cinco años antes de 2017 y la transparencia sobre los riesgos climáticos está mejorando.

El informe sugiere también vías para atraer mayores flujos financieros, públicos y privados, a alinearse con los objetivos de París y en particular con la financiación de infraestructuras. El estudio cree que debería hacerse a través de una mejor planificación y previsión, mediante la integración de la preocupación climática en las decisiones presupuestarias y dar ventaja a la compra pública de infraestructuras bajas en emisiones.

El análisis de la OCDE muestra asimismo como el cambio hacia inversiones en infraestructuras hacia opciones bajas en carbono combinadas con reformas estructurales para apoyar esta transición podría en la actualidad aumentar el Producto Interior Bruto como mucho un 5% en 2050, más que situarse como una amenaza para el crecimiento económico. Esta conclusión incluye también los efectos de tener menor riesgo de daños a consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, ya que el coste de impulsar las infraestrucutras verdes frente a otras podría ser mayor que el balance por los ahorros de combustibles fósiles.

Todavía se ha hecho poco por los gobiernos para nivelar el campo de juego entre las alternativas altas o bajas en carbono, según la OCDE, que pone de ejemplo que las centrales eléctricas que están en la actualidad bajo construcción o en la planificación conducirán casi a duplicar las emisiones procedentes de la generación eléctrica actual. Por ello, la organización admite que todavía son débiles los incentivos para hacer el cambio hacia la energía e infraestructuras verdes y desincentivar las emisiones en todos los sectores.

El análisis de precios de carbono de la OCDE se basa en los impuestos y las emisiones transferibles, que permiten a 42 países que el 46% de las emisiones globales de CO2 no están sujetas a precio y solo el 12% de las emisiones globales de CO2 tienen un precio por encima del coste real estimado para el medio ambiente, que se sitúa en 30 euros por tonelada de CO2. Entiende la organización que con el ritmo de crecimiento anual del precio de las emisiones, los precios del carbón solo llegarán a sus costes reales para el clima en 2095.

El MIT advierte de que luchar contra el cambio climático será más difícil si se prescinde de la energía nuclear

Europa Press.- La lucha contra el cambio climático será más difícil y cara a no ser que la energía nuclear permanezca dentro del mix energético, según un nuevo estudio realizado por el Massachussetts Institute of Technology Energy Initiative (MITEI). El estudio analiza el futuro de la energía nuclear en la descarbonización así como las razones que están detrás de la disminución del peso de la energía nuclear. También se resumen las medidas que se podrían adoptar para frenar o revertir esta tendencia.

El estudio ha sido dirigido por investigadores del MIT en colaboración con el Laboratorio Nacional de Idaho y la Universidad de Madison-Wisconsin. Se trata del octavo trabajo de una serie que explora el papel de las diferentes tecnologías en la confluencia de un rápido crecimiento de la demanda eléctrica en un mundo bajo en emisiones de carbono. Estos estudios tratan de servir como guías a investigadores, actores políticos e industria.

«Nuestro análisis demuestra que percatarse del potencial de la energía nuclear es esencial para lograr una energía en el futuro plenamente descabonizada en muchas regiones del mundo», asegura el codirector del estudio Jacopo Buongiorno. Este investigador añade que incorporar nuevas políticas y modelos de negocio, así como las innovaciones en la construcción, podrían permitir el desarrollo de nuevas centrales nucleares con un coste más efectivo y asequible con las que la energía nuclear puede ayudar a cubrir el crecimiento de la demanda global de energía mientras se reducen las emisiones.

El informe añade que el mundo se enfrenta al reto de reducir drásticamente las emisiones invernadero mientras de forma simultánea se expande el acceso a la energía para miles de millones de personas. El sector eléctrico, con unas emisiones medias actuales de unos 500 gramos de CO2 por kilowatio hora han sido ampliamente identificadas como el candidato temprano para una profunda descarbonización, con un objetivo para 2050 de apenas 50 gramos de CO2 por KwH.

El trabajo añade que mientras se van implantando una variedad de tecnologías bajas o cero en carbono, el análisis del MIT muestra la contribución potencial que la nuclear puede aportar a este despliegue de energías bajas en carbono. «Sin esa contribución el coste de lograr los objetivos de acometer una profunda descarbonización se incrementarán significativamente», advierte. Sin embargo, el trabajo reconoce que a pesar de esto las prospecciones para expandir la energía nuclear permanecen decididamente «vagas» en muchas partes del mundo a consecuencia, en buena medida de sus elevados costes.

Para solucionar esto, el informe da recomendaciones para la construcción de centrales nucleares, sobre las tecnologías de los reactores actuales y futuros, el modelo de negocio, las políticas, la seguridad del reactor y las regulaciones y licencias. Algunos cambios en la construcción de los reactores, centrados en usar proyectos probados y prácticas de construcción y gestión para asegurar completar los proyectos en tiempo y el desarrollo de plantas estándar, casi fabricadas de serie, podrían ayudar a reducir su coste. Esto, según recomienda el trabajo, se puede aplicar a todos los conceptos de reactor y diseño.

Otra preocupación relevante respecto a la energía nuclear son las consecuencias de un accidente severo, por lo que el informe recomienda cambiar hacia reactores diseñados con características inherentes y pasivas de seguridad para rebajar esta preocupación. El trabajo añade que además de reducir la probabilidad de accidentes severos y de mitigar las consecuencias externas en un posible incidente, estos nuevos diseños pueden facilitar también las licencias de las nuevas plantas y acelerar el desarrollo global.

Finalmente, el MIT formula varias recomendaciones finales para ser tenidas en cuenta por los decisores políticos, incluida la creación de un terreno de juego donde factores como poder reducir las emisiones de CO2, que son ajenas al mercado, sean tenidas en cuenta. «Las políticas que excluyen el papel de la energía nuclear desalientan la inversión en la tecnología nuclear. Esto podría aumentar el coste de la descarbonización y ralentizar los avances hacia los objetivos de mitigación del cambio climático», concluye.

Por ello, aconseja establecer y apoyar lugares donde las compañías puedan desarrollar prototipos de reactores así como para probarlos y posteriormente operarlos. Del mismo modo, añade que también deberían establecer programas de financiación para apoyar su desarrollo, la demostración y el despliegue de nuevas tecnologías nucleares a través de costes compartidos de licencias, de investigación y desarrollo o por ejemplo, proporcionar créditos a la producción y recompensas a las demostraciones exitosas de los nuevos diseños.

El primer Barómetro de Transición Energética en España revela la necesidad de impulsar las energías renovables

Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en un análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías renovables tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética de España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se acrecentó por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la Unión Europea, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Hay una ligera reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización de la economía. Sin embargo, es inferior a la experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad de la energía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010. La evolución es similar a la experimentada en la Unión Europea.

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, que cae un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron a 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido «bandazos» importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares a 2010.

El Gobierno trabaja en una Ley «transversal» de Cambio Climático y Transición Energética que se tramitará a final de año

Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su apuesta «clara y firme» para impulsar un modelo de desarrollo sostenible que permita luchar contra el cambio climático y cumplir los objetivos del Acuerdo de París, para lo que el Gobierno trabaja en una ley para la transición ecológica que será «transversal» para «abrir la puerta» a España «en el siglo XXI» y que permita la descarbonización de la economía a mitad de siglo.

Durante su primera comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica, Ribera explicó que su intención con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pasa por dar a conocer un borrador a principios del otoño para poder iniciar su tramitación parlamentaria «antes de final de año» porque España es «una excepción» entre las potencias europeas ya que no goza de una ley que marque el camino hacia la descarbonización.

Considera que la norma deberá estar basada en un acuerdo «sólido, amplio y participado» que atienda las necesidades de todos los sectores, que ofrezca un marco legal financiero estable y coherente y que incluya una «transición justa y equitativa» con herramientas como un Plan de Transición Justa para «no dejar a nadie atrás», sobre todo a los colectivos más vulnerables.

En concreto, indicó que la ley deberá introducir al menos 4 grandes ejes que serán transversales para facilitar una «señal clara» a los reguladores y lograr una reducción de las emisiones de un 20% en 2030, respecto a 1990, lo que supondrá «partir a la mitad las emisiones actuales», porque sin ello, «apenas se podrá alcanzar los objetivos de París«.

«Debemos adoptar sendas de descarbonización», ha insistido la ministra, que cree que sin un marco regulatorio adecuado no es de extrañar que la economía española no haya logrado aún desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es un «lastre» para la competitividad. A este respecto recordó que, según los datos del Inventario nacional de emisiones, entre 2014 y 2017 España ha sido el país de Europa en el que más han crecido las emisiones, en concreto, un 4,4% en el último año, sobre todo «arrastradas» por el carbón, que generó el 58% de las emisiones del sector eléctrico.

«Los objetivos de París están hoy lejos de conseguirse y las políticas actuales distan mucho de ir en esa línea», ha reprochado al anterior Ejecutivo. «España no puede terminar la legislatura sin una ley de cambio climático», sentenció. Durante la explicación de sus prioridades al frente del Ministerio, Ribera insistió en que la norma debe incluir objetivos claros de reducción de emisiones para el año 2030 y en 2050, con sendas de descarbonización a largo plazo revisables cada 5 años.

Ribera ha recordado que, de cara al horizonte 2050, España remitirá en 2019 un plan a la Unión Europea que identifique dificultades para capturar todos los avances actuales. En esa línea, ha señalado que el Banco de España elaborará informes periódicos sobre la economía española para conocer sus vulnerabilidades y advertir riesgos y fortalezas del país en la materia y que el Ejecutivo trabajará en presupuestos quinquenales de carbono con un informe contable anual que describa la situación cada año.

Otro de los anuncios formulados del futuro texto de la Ley de Cambio Climático pasa porque entre las «obligaciones» de las empresas cotizadas estará presentar un informe anual de evaluación del riesgo climático y de carbono. Además, todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y las memorias de planes y programas y propuestas normativas deberán integrar un análisis de compatibilidad climática y se incluirán los criterios «verdes» obligatorios en la contratación pública. Asimismo, ha anunciado su voluntad de crear una comisión independiente de expertos que elaborarán un informe al año que evalúe la situación en materia de cambio climático y que «ayudará a adoptar las decisiones periódicas más adecuadas».

Por otro lado, la ministra ve prioritario también analizar la compatibilidad climática en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y acometer una reforma fiscal para que España deje de estar «en el furgón de cola» de la fiscalidad ambiental precisamente porque apunta que «quizá la medida más relevante para dar coherencia» es adecuar el sistema fiscal a la realidad climática. Por ello, ha insistido en que se deberá adecuar la fiscalidad, fijar un precio al carbono a través del sistema fiscal y establecer mecanismos que permitan una transición justa.

Ribera ha agregado que una pieza «crítica, complementaria» a la Ley de cambio climático será un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 que servirá para sentar las bases de la transformación de la economía en las próximas décadas, con señales «claras» que den certidumbre a todos los actores y que se dirija al cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. «Esto supone trabajar contrarreloj para cumplir los plazos», ha advertido la ministra, que espera presentar un borrador este año.

En materia de energía, opina que se debe desplazar el modelo energético intensivo en energía hacia uno «más sofisticado, descentralizado, plural» en el que es «imprescindible» una apuesta decidida por las renovables con los ciudadanos en el centro del modelo. Entre los objetivos que considera «irrenunciables», destaca la importancia de alcanzar soluciones eléctricas sobre los combustibles fósiles; integrar la sostenibilidad y la eficiencia en la industria y la eficiencia en el sector residencial. De hecho, se ha referido ampliamente a las posibilidades las ciudades a todos los niveles, como la rehabilitación de viviendas para transformar los edificios hasta conseguir que sean casi nulos en emisiones o apostar por un transporte público y bajo en emisiones.

En esa línea ve fundamental «rescatar» al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que «se ha reducido a una especie de sellador de certificados de ventanas», y revisar toda la normativa energética. En este contexto valora el «nuevo papel» que tendrán las ciudades a la hora de transformar el modelo de convivencia. Finalmente, del mismo modo, ha indicado también que su departamento se propone también aumentar los espacios protegidos, ordenar los usos marinos para que sean compatibles con la biodiversidad como por ejemplo prohibir las prospecciones de combustibles fósiles y la minería.

El PP presenta en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometida por Tejerina desde el Gobierno

Europa Press.– El PP ha registrado en el Congreso su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que ha elaborado la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se había comprometido a presentar antes del verano.

Este texto, incluye los objetivos para España en materia de reducción de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. En el primer caso, la norma pone como meta una reducción de, al menos, un 26%, mientras que esta cifra se eleva al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, se pretende que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a la eficiencia energética.

Para lograr estas cifras, explica el PP, se deben tener en cuenta los factores medioambientales y socioeconómicos del país, entre ellos el grado de interconexión con otros Estados de la Unión Europea. Del mismo modo, estos objetivos se deben incluir en los planes integrados de energía y clima que se presentan a la Unión Europea cada 10 años y que podrán ser revisados si cambian los compromisos internacionales o europeos.

Del mismo modo, la ley propone la elaboración de un plan de adaptación a este fenómeno para «hacer frente a los efectos del mismo» y que tenga en cuenta la asistencia de grupos sociales y sectores vulnerables. También se exigirá un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberán tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura.

«Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establece que todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y general, deben destinar al menos un 20% de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático», ha explicado la portavoz popular en esta materia, Belén Bajo. Del mismo modo, ha señalado que se propone que «toda la normativa que se apruebe por todas las administraciones públicas» debe integrar la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación, y coste-beneficio.

Más medidas sobre fiscalidad ambiental

El Banco de España deberá elaborar también un informe, cada dos años, en el que explique el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y vulnerabilidades y oportunidades relacionadas con el cambio climático. La ley también incluye medidas sobre fiscalidad ambiental. En este caso, se determina la necesidad de una reforma para «mejorar la aplicación del principio quien contamina, paga» y que contemple cargas fiscales para aquellas actividades que incrementen las emisiones invernadero. Si por el contrario, la actividad contribuye a la reducción de emisiones, tendrá un incentivo fiscal.

«Las administraciones públicas deberán de dar ejemplo, tanto en las contrataciones, como en los planes de reducción de emisiones o en la compra y uso de vehículos para el impulso de la descarbonización de la economía española», apuntó Bajo. Finalmente, la ley propone la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética que estará formado por expertos de reconocido prestigio que servirá de asesoramiento de las políticas y medidas que se vayan aprobando.

Equo habla de «oportunismo indecente«

Por otro lado, el coportavoz de Equo y portavoz de cambio climático de Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de Uralde, ha calificado de «oportunismo indecente» esta proposición de ley de cambio climático. En este sentido, la formación ecologista critica que el Grupo Popular haya presentado esta proposición después de la moción de censura que «derribó» al Ejecutivo de Mariano Rajoy «después de 6 años en el Gobierno sin actuar contra el cambio climático».

Según el diputado López de Uralde, el Gobierno del PP redujo «cada año» el presupuesto destinado a la lucha contra el cambio climático y «obstaculizó» el desarrollo de las energías renovables con medidas como el conocido impuesto al sol. Asimismo, ve «paradójico» que tras «reducir sistemáticamente» las partidas públicas encaminadas a combatir el cambio climático, el PP proponga aumentar este gasto un 20% al año. «Es increíble el grado de cinismo que refleja esta propuesta», concluyó el coportavoz de Equo.

La Comisión Europea prepara la hoja de ruta para una Unión Europea sin CO2 en el horizonte 2050

EFE.– La Comisión Europea espera cerrar en este ejercicio las negociaciones legislativas pendientes sobre la lucha contra el cambio climático en el horizonte de 2030 y presentar antes de finales de año su hoja de ruta para una transición energética hacia un 2050 libre de dióxido de carbono (CO2). Así lo indicó el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en el marco de la Semana de la Energía Sostenible organizada por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario se afana por cerrar los diferentes capítulos del llamado paquete de energía limpia, que recientemente vio aprobada la nueva Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios, a los que se atribuye el 40% del consumo eléctrico de la Unión Europea. Bruselas quiere forjar ahora un consenso entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea en otros aspectos, como la eficiencia energética, renovables y gobernanza. «Estamos en un momento crucial. Tendremos las reuniones finales en las próximas dos semanas para ponernos de acuerdo sobre las nuevas normas», aseveró Arias Cañete. Esos dossieres serán debatidos por los ministros de Energía de la Unión Europea el próximo lunes en Luxemburgo.

Habrá tarifa para el autoconsumo

Entre los aspectos que quedan por cerrar se encuentra el autoconsumo eléctrico, que la Comisión Europea quiere impulsar, pero teniendo en cuenta que «algunos países han tenido buenas experiencias con el autoconsumo, otros no tanto», apuntó la directora de Renovables de la Comisión Europea, Mechthild Wörsdörfer. «La idea es que aquellos que hacen autoconsumo pero que están conectados a la red, paguen algún tipo de tarifa«, precisó Wörsdörfer, quien señaló que el objetivo es fomentar que los usuarios produzcan parte de su propia energía, pero es necesario «mirar los detalles».

El siguiente paso al cierre de esas negociaciones será trasladar la ambición europea del horizonte de 2030 al de 2050. La Comisión espera tener preparada una estrategia para «octubre o noviembre», tras lanzar una consulta pública y tratar con académicos, organizaciones internacionales y otros agentes medioambientales. «El propósito de ese documento será proveer a la Unión Europea de una sólida base para un debate amplio y para definir la estrategia a largo plazo«, señaló Wörsdörfer.

Wörsdörfer indicó que el objetivo es acercarse lo más posible a una economía sin carbono, pero evitando un proceso de desindustrialización hacia terceros países y apoyándose en sectores como el transporte, la agricultura, la energía, la industria, la bioeconomía o la captura y almacenamiento geológico de CO2. «Cero emisiones, cerca de cero, emisiones netas… lo tendrá que decidir la Comisión. La idea es llegar lo más lejos posible», apuntó Wörsdörfer, quien reconoció que ni siquiera existe una definición común entre los expertos medioambientales sobre qué significa «neutro en emisiones». Bruselas explorará «todas las opciones» a través de «modelos» que reflejen cuáles son los costes, los beneficios y las posibilidades, y tendrá que «seguir gastando mucho dinero en investigación e innovación».

La española Abengoa participará en un proyecto de energía termosolar en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) por 548 millones de euros

EFE.- Abengoa ha sido seleccionada para proporcionar la tecnología termosolar y construir un campo solar de tres plantas cilindroparabólicas para la cuarta fase de un gran complejo solar en Dubai, con un importe bajo su ejecución directa de 650 millones de dólares (unos 548 millones de euros).

La compañía española ha sido seleccionada por la china de fabricación de equipos Shanghai Electric Group para desarrollar esta parte dentro del complejo Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, el más grande del mundo y propiedad de la Dubai Electricity and Water Authority (Dewa), según ha informado.

Dubai tiene como objetivo conseguir que en 2020 el 7% de la energía generada en el país provenga de fuentes no contaminantes, porcentaje que prevé aumentar hasta un 25% en 2030 y a un 75% en 2050.

La fase cuarta del complejo está siendo desarrollada por Dewa en colaboración con Arabian Company for Water and Power Project (ACWA Power).

A diferencia de las tres primeras fases del complejo, que emplean tecnología fotovoltaica, la cuarta fase se compone de una torre de 100 megavatios (MW) y tres plantas cilindroparabólicas de 200 MW cada una, con doce horas de almacenamiento en sales fundidas, que construirá Abengoa, que también será el proveedor de la tecnología termosolar.

La compañía española será el subcontratista clave del campo solar en la modalidad llave en mano para Shanghai Electric Group.

El campo solar de las tres plantas, que será el segundo proyecto termosolar que Abengoa desarrolla en Emiratos Árabes, abarcará una superficie de aproximadamente 28 kilómetros cuadrados.

Red Eléctrica ve «absolutamente necesario» alargar el funcionamiento de las centrales nucleares «al menos 10 años»

Europa Press / EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, considera «absolutamente necesario» e «imprescindible» alargar la vida útil de las centrales nucleares en España «al menos 10 años», según convenga el regulador CSN, si se quieren alcanzar plenamente los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero durante el proceso de transición energética para reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 en 2050. Incluso lo considera «inevitable» para alcanzar la reducción de emisiones comprometida para 2030 en el marco del Acuerdo de París.

En la Comisión para el estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, Folgado ha destacado que la nuclear jugará un papel «relevante» durante el tiempo que dure la transición energética y resaltó la importancia de potenciar las interconexiones eléctricas, el mallado de la red y la eficiencia energética, aspectos que «salvarán» en el largo plazo a España junto con sus «ventajas competitivas». A su juicio, la transición energética debe llevar a que la energía sea un «motor» económico y no factor limitador económico, «a diferencia del pasado». En ese tránsito, ve un mix de tecnologías en el que las nucleares y el carbón serán «absolutamente necesarias» para maximizar el uso de renovables.

En cuanto a los plazos, no cree que las centrales de carbón puedan ir más allá de 2030 y de las nucleares ve que alargar su vida 10 años es «realmente» necesario para bajar los precios, reducir las emisiones y cumplir objetivos. «Soy partidario de que, como reza el documento de expertos sobre transición energética, se alargue el funcionamiento de las centrales nucleares«, ha zanjado. Por otro lado, ha pronosticado que la «masiva implantación de renovables» será una fuente sostenible de energía en España, incluso por encima de otros países a pesar de sus dos limitaciones, como son su imposibilidad actual de almacenar energía primaria y a su extraordinaria variabilidad.

Además de no generar emisiones de CO2, Folgado recordó que las nucleares no encarecerían el precio de la luz, y representan un «respaldo competitivo» para las renovables con el fin de garantizar la seguridad del suministro hasta que se desarrollen tecnologías de almacenamiento masivo de las renovables. El presidente de REE subrayó a los diputados que «la energía ha estrangulado el crecimiento económico de España», fundamentalmente por el desequilibrio de precios y la dependencia de energía importada, alrededor de un 75%, frente al 50% de los países del entorno, por lo que ha pedido que la Ley de Cambio Climático que salga de esta comisión tenga en cuenta esta variable.

En este sentido, para cumplir los objetivos energéticos respecto a los compromisos de la Unión Europea y del Acuerdo del Clima de París, ve fundamental avanzar en una mayor electrificación de la sociedad, fomentar la movilidad sostenible, aumentar la participación de las renovables en el mix y maximizar el uso de la capacidad ferroviaria para el transporte de mercancías, que está en el 4%, frente al 20% en otros países europeos, mejorando la infraestructura de vías actual para garantizar el acceso del tren a los núcleos industriales. «Hay que dar un paso de gigante en ese tema», subrayó Folgado, que indicó que la introducción de renovables en el sistema eléctrico de cara a 2030 no debe ser inferior al 60%.

Respecto a la movilidad sostenible, ha señalado que es «irreversible» la mayor electrificación del transporte dadas las tendencias globales y los compromisos de descarbonización asumidos. Por otro lado, sobre el vehículo eléctrico valora que se esté iniciando su despliegue a pesar de las «importantes barreras de entrada» que sufre a consecuencia de su coste más elevado, su menor autonomía y la escasa infraestructura de recarga. Por eso insistió en que un plan de movilidad sostenible debe incluir estímulos, como favorecer fiscalmente los vehículos eléctricos, y una regulación adecuada pero ha apostado porque se va a producir con «bastante rapidez» un proceso de cambio en las líneas de montaje hacia coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Del mismo modo, considera importante actuar en el tema de los buques, que atracados en los puertos contaminan «una barbaridad», y cree que el mayor porcentaje de ahorro y eficiencia debería llegar por el acondicionamiento del parque de viviendas, que supone un 11% de las emisiones de CO2. En ese ámbito, asegura que hay un potencial de mejora de la eficiencia energética en 12 millones de viviendas en España, para lo que aconseja aprobar un nuevo código de edificación, establecer la obligatoriedad de hacer una certificación energética, y apostar por sistemas como geotermia o aerotermia, las placas de inducción o la sustitución por electrodomésticos de bajo consumo, entre otras medidas.

En definitiva, Folgado opina que para el desarrollo masivo en el medio y largo plazo de las renovables y mantener los precios competitivos es un «requisito imprescindible» avanzar en el mercado interior de la energía con el desarrollo de un buen mallado de red de transporte energético y en las interconexiones eléctricas que permitirán utilizar tanto la eólica marina del mar del norte a la solar del sur de España en el conjunto de Europa.

El segundo compareciente en la comisión, Alberto Amores, experto en transición energética de la consultora Deloitte, coincidió con Folgado en que cerrar las centrales nucleares «no es una alternativa lógica» ya que «subiría el precio de la luz y habría que recurrir a más consumo de gas o carbón». Amores ha incidido en que la expansión masiva de renovables, la eficiencia energética y la electrificación de la demanda final de energía, especialmente en sectores como el transporte y la edificación que representan el 75% del consumo final, son las claves para la descarbonización de España.