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La Eurocámara aprueba medidas de mejora de la eficiencia energética en los edificios y reducir sus emisiones con horizonte 2050

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EFE / Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo aprobó nuevas medidas que apuestan por la renovación de los edificios de la Unión Europea para garantizar la máxima eficiencia energética en las construcciones comunitarias en el 2050. El texto, que salió adelante con 546 votos favorables, 35 en contra y 96 abstenciones, tiene como objetivo recortar el volumen de emisiones contaminantes entre un 80% y 85%, respecto a 1990.

Para ello, la nueva norma, fruto de la revisión de una directiva anterior, obligará a los Estados a desarrollar estrategias nacionales a largo plazo para la renovación de sus edificios, tanto públicos como privados. Para el eurodiputado Bendt Bendtsen (Partido Popular Europeo), esta norma es una señal clara del compromiso con los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático y la determinación europea de avanzar hacia una Unión Energética. «El sector de la construcción juega un papel clave. Ofrecemos certidumbre a los inversores de que la renovación de edificios es un área prioritaria«, sostuvo.

La directiva introduce disposiciones para fomentar la movilidad eléctrica con al menos un punto de recarga en aquellos inmuebles con más de 10 plazas de aparcamiento y la instalación de cableado para la recarga. Por otra parte, se endurecen las normas sobre inspección de los sistemas de calefacción y refrigeración, y los edificios nuevos y aquellos renovados en los que se sustituyan los sistemas de calefacción, deberán contar con dispositivos automáticos para regular la temperatura.

Además, está prevista la creación antes de que acabe 2019 de una herramienta, denominada «indicador de inteligencia», para medir la capacidad de los edificios para mejorar su funcionamiento y su interacción con el sistema según las necesidades de sus ocupantes, reduciendo así el uso de energía. Esta normativa debe ser aprobada ahora por el Consejo de la Unión Europea, la institución comunitaria que representa a los Estados miembros, antes de entrar en vigor. Es la primera de las ocho propuestas incluidas en el paquete sobre Energías limpias, presentado por la Comisión en noviembre de 2016.

Reducción de emisiones del transporte

Por otro lado, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones derivadas de la edificación, el transporte, la agricultura y los residuos, que no están cubiertas por el sistema europeo de comercio de emisiones y que deben recortarse un 30% en 2030 en todo el bloque comunitario. España deberá rebajar en un 26% las emisiones de estos sectores. Luxemburgo y Suecia son los dos únicos países a los que se les ha exigido reducir un 40% sus emisiones, seguidos de Dinamarca y Finlandia (39%), Alemania (38%), Francia y Reino Unido (37%), Italia (33%).

Estos esfuerzos forman parte del conjunto de medidas de la Unión Europea destinadas a cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, en el que el bloque comunitario prometió reducir en un 40% sus emisiones contaminantes totales con respecto a los niveles de 1990. Además, la Eurocámara también dio su visto bueno a una nueva normativa centrada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de suelos y bosques, así como en aumentar el volumen de dióxido de carbono (CO2) absorbido por la masa forestal para hacer frente al cambio climático.

Más de 30 empresas españolas reclaman una Ley de Transición Energética “ambiciosa” con un precio al carbono y fiscalidad verde

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EFE / Europa Press.- 32 multinacionales, entre las que se encuentran Acciona, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa, han suscrito el manifiesto Empresas españolas por las oportunidades de la Transición Energética y la lucha contra el Cambio Climático en el que exigen una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «ambiciosa», que incluya un precio al carbono para todas las actividades y una reforma fiscal verde que facilite la descarbonización del país.

El manifiesto ha sido coordinado por el Grupo Español para el Crecimiento Verde y está dirigido a los poderes públicos. Las empresas, procedentes de todo tipo de sectores, piden que se alcance este año un acuerdo que facilite la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «estable, ambiciosa y eficaz, que proporcione certidumbre para inversiones a largo plazo». El texto recuerda cómo la economía mundial, y en particular la mayor parte de los países del entorno, «están ya evolucionando hacia una economía baja en carbono», desencadenando así una revolución a escala global.

En este sentido, consideran que «las economías que lideren la transición serán las primeras en aprovechar las oportunidades que la descarbonización ofrece y las que más se beneficiarán de la misma». Asimismo, creen que España no debe «retrasar la puesta en marcha de políticas efectivas inmediatas, porque en caso contrario las aprovecharán otros». Por ello, piden una Ley de Transición Energética «ambiciosa», un requisito que ven «indispensable» para consolidar esa transformación y sentar las bases sobre las que construir una nueva economía que ha de limitar el incremento de la temperatura media global por debajo de los dos grados centígrados.

Un marco legal y regulatorio concreto y creíble, sostienen, servirá para incentivar la inversión privada a medio y largo plazo, crear nuevos empleos, e impulsar a la innovación y el emprendimiento empresarial. Solicitan que la futura ley cuente con objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la Unión Europea; con un precio al carbono y una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de quien contamina, paga, de modo que empresas y ciudadanos orienten su actividad hacia un mundo descarbonizado.

Asimismo, solicitan un órgano de la Administración del Estado para direccionar, coordinar y supervisar el proceso de descarbonización, así como un calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles; medidas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en todos los sectores; alternativas a los colectivos vulnerables de la transición energética (como los mineros); o exigencias de información y transparencia en los mercados financieros sobre los riesgos asociados al cambio climático, son otras de sus peticiones. Entre las 32 empresas firmantes se encuentran Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Eulen, Iberdrola, Ikea, Mapfre, NH Hoteles, OHL, Siemens Gamesa, Red Eléctrica de España, y Telefónica.

GasIndustrial advierte de que algunos escenarios contemplados por el comité de expertos pueden generar nuevos costes en el gas natural

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EFE / Europa Press.- GasIndustrial ha advertido de que algunos de los escenarios del informe del comité de expertos sobre transición energética “pueden entrañar riesgos de que se incorporen nuevos cargos en los costes del gas natural para los consumidores industriales”. En este sentido, GasIndustrial ha recordado que, como consecuencia de las decisiones políticas y de una planificación errada de la demanda en el pasado, en España se está pagando uno de los costes regulados más altos de Europa.

GasIndustrial pide tener presente que cualquier intervención en la actualidad puede acarrear cambios irreversibles en el futuro y lamenta que el informe no evalúe el impacto de los distintos escenarios propuestos sobre la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista. Además, GasIndustrial ve riesgos en algunos de los escenarios de 2050, concretamente en los que dejan de tener cabida las energías fósiles, “lo que requeriría evaluar, con extremo cuidado, las necesidades de inversión a 2030”.

Asimismo, valora que se considere que el sistema gasista peninsular actual es «suficientemente robusto» para los escenarios analizados y que en principio no necesita de más inversiones. De esta manera, destaca que el aumento de la demanda de gas aumenta para 2030 previsiblemente hará que se haga un mayor uso de las infraestructuras hasta ahora infrautilizadas del sistema gasista español. También considera un riesgo la construcción de nuevas infraestructuras y regasificadoras en Canarias, “cuya viabilidad económica y financiera ya fue analizada en un informe por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que pidió más información y cuestionó su viabilidad”.

Pasar costes energéticos a Presupuestos

GasIndustrial coincide con la propuesta de los expertos de traspasar costes energéticos de la factura del cliente a los Presupuestos Generales del Estado, pero no con que, si no es posible, se aplique en su lugar un recargo inversamente proporcional a la elasticidad o grado de respuesta de la demanda a los cambios en el precio. La asociación explica que el consumidor doméstico consume mayoritariamente gas en invierno, mientras que los ciclos combinados, una tecnología de respaldo, funcionan intermitentemente y con poco consumo, con lo que, de aplicarse esa fórmula, el consumidor industrial cargaría con el grueso de los costes, lo que sería perjudicial para conseguir un gas industrial competitivo.

No obstante, GasIndustrial ve positivo que el informe observe y reconozca la dificultad para descarbonizar los consumos energéticos de la industria, pues actualmente tiene una necesidad de demanda térmica que sólo le puede ser suministrada por el gas. También valora que contemple mecanismos de compensación para las industrias más expuestas a competencia internacional, con exenciones para mitigar el impacto y recomendaciones para que las industrias más intensivas sometidas a competencia internacional dispongan de unos precios energéticos competitivos, además de medidas temporales durante la transición energética.

Además, la asociación comparte queel informe recoja que los costes de políticas pasadas se trasladen con cargo a los Presupuestos, lo que facilitará que la deuda acumulada por el sistema gasista disminuya y supondría que los peajes que pagan los consumidores industriales descendieran «pudiendo equipararse antes, al menos en parte, con los de los homólogos europeos lo que sin duda revertería en un impulso a la competitividad de las industrias españolas consumidoras de gas».

Ciudadanos insta al Gobierno a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos para el año 2050

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario Ciudadanos ha instado al Ejecutivo a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fije un marco legal y de gobernanza que situé el análisis científico independiente en el centro de las políticas del país y establezca objetivos vinculantes y ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050.

En una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso, Ciudadanos argumenta que España «debe volver a jugar un papel relevante en Europa y en el mundo» en la lucha contra el cambio climático «aprovechando su potencial para la economía sostenible». Recuerda que en 2015, el Acuerdo de París evidenció la voluntad global de adoptar acciones ambiciosas contra el cambio climático, pero España «no está cumpliendo», al no haber suscrito el pacto final del carbón ni disponer aún de una ley de cambio climático.

Recientemente, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó que el Gobierno está esperando a que se apruebe la correspondiente norma europea para después hacer la trasposición al ordenamiento jurídico español como «se han hecho siempre las leyes en nuestro país», sentenció. Unas palabras que van contra lo apuntado por la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que indicó que esta ley se elaboraría a comienzos de 2018. En opinión de Ciudadanos, «España no juega un papel activo en el debate europeo sobre estrategias climáticas y energéticas a medio y largo plazo y debe ocupar el puesto de liderazgo que le corresponde en la Unión Europea como una de las democracias más prosperas del mundo».

Por ello, Ciudadanos reclama al Gobierno que mejore los instrumentos de promoción de la eficiencia energética en edificios y urbanismo, impulse la «compra pública verde» en España para que el sector público cumpla con su papel ejemplificador, desarrolle campañas de educación e información a los ciudadanos sobre consumo responsable y elabore planes sectoriales de adaptación y mitigación del cambio climático para aquellas actividades estratégicas como el turismo o la industria 4.0, entre otros. Para Ciudadanos, España «no puede permitirse quedarse rezagado, porque los costes de la inacción pueden ser catastróficos y porque la economía sostenible es uno de los vectores más potentes de desarrollo económico».

«España no puede permitirse quedarse rezagado en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático», apunta la formación. En este sentido, Ciudadanos recuerda los récord en temperaturas registrados desde 2014, la desertificación que, según los expertos, es un problema real o una amenaza para una parte muy importante del territorio español, o los incendios, la erosión y la salinización consecuencia de este problema en los últimos años. «Un reciente estudio del Gobierno calcula que la España de tipo húmeda o semihumeda pase de ocupar el 50,62% de media del periodo 1971-2000 al 28,54% de nuestro territorio en el 2071-2100», alerta la portavoz parlamentaria adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.

Por ello, reclaman esta norma, pero, también, el conjugar «el enfoque medioambiental con el crecimiento» como «única manera de avanzar en esta fase del desarrollo de las sociedades occidentales». Para Ciudadanos, no es deseable un ecologismo contrario a las necesidades de las poblaciones humanas y tampoco un desarrollo de espaldas a las necesidades de respeto y sostenibilidad en el medio.

UGT pide que la proposición de ley que presentará Nadal apueste por mantener las centrales térmicas de carbón hasta 2050

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Europa Press / EFE.- Mientras desde Asturias y desde Castilla y León el PSOE ha avanzado que trabajará de manera conjunta en «aspectos «fundamentales para ambas regiones como el carbón y el futuro de las centrales térmicas, desde UGT piden que la proposición de ley que presentará el Gobierno al Congreso de los Diputados para regular el cierre de centrales de generación eléctrica apueste «inequívocamente por primar el interés público» y por mantener en funcionamiento las centrales térmicas que utilizan carbón nacional hasta 2050.

De este modo, el sindicato reitera su defensa de las centrales térmicas que se abastecen de carbón autóctono, así como de sus empleos y del futuro de «pueblos enteros y comarcas que, sin estas centrales, están abocadas al empobrecimiento y la despoblación». Asimismo, recuerda que «todas» las fuentes de energía son necesarias para dar estabilidad y seguridad al sistema, incluida la térmica de carbón, cuya fecha límite de cierre ha fijado Bruselas para 2050. Asimismo, rechaza los argumentos utilizados por las compañías eléctricas, respecto a que su cierre reducirá las emisiones de CO2, «por ser claramente sesgados, cuando no engañosos».

Por ello, reclama que una parte de los beneficios empresariales se destinen a invertir en tecnologías que contribuyan a proteger el medio ambiente, mejorando la eficiencia de las centrales térmicas mediante su adaptación, desulfurización y desnitrificación, tal y como se estableció en 2013 en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón, «que no han cumplido ni el Gobierno ni las compañías que pretenden cerrar las térmicas». Asimismo, UGT reitera la necesidad «imperiosa» de alcanzar un Pacto de Estado sobre Energía, con la participación de todos los agentes directamente implicados, «en el que se defina el futuro mix energético».

El Gobierno había preparado con anterioridad un real decreto para regular el cierre de centrales de generación eléctrica, al no obtener apoyos de otros grupos parlamentarios para hacerlo mediante un decreto-ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre las diversas objeciones que hizo al proyecto, cuestionaba que con una norma de menor rango como esa se fuera a modificar una ley, como la del Sector Eléctrico.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía señalaron que continuarían adelante con el real decreto, al considerar que tenía encaje legal y por ser una cuestión urgente, aunque admitieron que si el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado advirtieran de que la norma podía tener riesgos jurídicos, buscarían otra vía u otra formulación de rango legal adecuada. El proyecto de decreto ampliaba las causas para denegar el cierre de centrales de generación eléctrica, a las que actualmente sólo se puede recurrir para garantizar la seguridad del suministro, a cuestiones como el encarecimiento de los precios de la electricidad, la reducción de la competencia o afectar a los objetivos de planificación energética del país.

Energía impulsó este real decreto alegando que la planificación energética del país no podía depender sólo de decisiones empresariales, en medio de un contexto en que se produjo el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), al desistir uno de sus propietarios, Iberdrola, de reabrir la planta. Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España e Iberdrola pidió autorización para cerrar las dos últimas centrales térmicas de carbón que la compañía tiene en el mundo, la de Velilla (Palencia) y la de Lada (Asturias).

El PSOE, con el carbón

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, y su homólogo de Castilla y León, Luis Tudanca, han manifestado sus «coincidencias» a la hora de abordar temas como la minería del carbón y la transición energética. «Queremos exigir al Gobierno de España que deje de marear la perdiz y ponga encima de la mesa el cumplimento del Marco de Actuación 2013-2018 y qué espacio va a quedar para el carbón nacional«, ha destacado Barbón, que ha remarcado la oposición del PSOE al cierre «indiscriminado» de las centrales térmicas mientras no haya un plan de cierre acordado con todas las administraciones y agentes sociales y económicos.

Citando la enmienda del PSOE a una proposición no de ley (PNL) de Foro Asturias debatida en el Congreso de los Diputados, Barbón ha puesto sobre la mesa la posición del PSOE, que pasa por diseñar un plan del carbón en el que se hable de qué hueco le va a quedar al carbón nacional y por ver qué sucede con los 250 millones de euros para las comarcas mineras españolas que no se han invertido. Respecto al anuncio del ministro de crear una ley para regular el cierre de las térmicas, Barbón aseguró que «no se está negociando nada» con el PSOE y le ha pedido que ponga dinero.

«Reitero la unidad de castellanos y leoneses y los asturianos de defender nuestro carbón», ha afirmado Tudanca, que ha criticado la «absoluta inutilidad» del Gobierno del PP, que ha sido incapaz de sacar una norma que impida el cierre de las térmicas. Tras considerar que el Gobierno está «más preocupado» por evitar los posibles cierres de las centrales nucleares antes que de salvar el carbón, ha indicado que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide que, en el nuevo marco presupuestario europeo, se establezca un fondo global para apoyar iniciativas de transición justa.

Los expertos aconsejan acabar con los pagos por capacidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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EFE.- Los tres expertos consultados en la comisión parlamentaria de cambio climático han coincidido en que la futura norma debe eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, que en España se canalizan a través de los pagos por capacidad, destinados a compensar al propietario por el mantenimiento de una central para que funcione cuando el sistema lo necesite.

El primer interviniente fue Yves Saint-Geours, embajador de Francia en España, quien ha detallado las claves de la Ley francesa de cambio climático, que establece un objetivo de 0 emisiones en 2050, así como presupuestos quinquenales de cuánto carbono se puede emitir para estar en consonancia con esa meta. El cumplimiento de esta ley es evaluado por un comité independiente. La norma lleva asociada una alianza para la descarbonización del transporte, una fecha para el abandono del carbón, 2022, y un calendario de cierre nuclear, que se establecerá este año.

Lara Lázaro, experta en cambio climático del Real Instituto Elcano, ha defendido que la ley española debe aspirar a la neutralidad en carbono en 2050, es decir, a no emitir más de lo que el país pueda absorber por sus mecanismos naturales, y debe desarrollar presupuestos de carbono periódicos para cumplir esa meta. Lázaro ha abogado también porque sea una norma transversal, revisable según la mejor información científica disponible, que cuente con un comité de evaluación permanente, así como con un inventario y calendario de eliminación de los combustibles fósiles.

Finalmente, Joan Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), ha subrayado que la futura ley debe ser «el instrumento» que permita «pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a un modelo de producción energética fundamentado en las renovables«. «A España le interesan las renovables: si las tenemos en casa, para qué vamos a comprar combustibles fósiles a precios caros y con oscilaciones importantes», ha incidido Grimalt, quien ha subrayado que con el gas natural, «aunque contamina menos, a nivel de lucha contra el cambio climático no ganamos nada».

El recibo de la luz podría bajar un 55% en 2050 cumpliendo los objetivos de reducción de emisiones, según Deloitte

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Europa Press.- El recibo eléctrico sería hasta un 55% más barato en 2050 si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la Unión Europea, según el informe Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050 realizado por Deloitte.

Según establecen los objetivo fijados de reducción de emisiones, de entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990, la tarifa eléctrica en 2030 sería un 30-35% inferior a la tarifa media actual, cayendo a los 85-90 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 130 euros/MWh de 2015, mientras que para 2050 dicha reducción llegaría hasta el 50-55%, con precios de 60-65 euros/MWh, según el estudio.

Para la consultora, esta caída en la tarifa se basaría en el crecimiento de la demanda eléctrica, que permitiría diluir los costes entre un mayor volumen de energía, a pesar del esfuerzo inversor a realizar durante el período, así como en la desaparición antes de los importes a dedicar a la financiación del déficit de tarifa y de los incentivos a las plantas de generación renovable del antiguo régimen especial.

Presentando el informe, Alberto Amores, socio monitor de Deloitte, destacó que este proceso de descarbonización «no es una obligación sólo de las empresas o de la Administración, los hogares también tienen que contribuir, dado que la edificación, residencial y de servicios, supone una parte muy importante del consumo energético y de las emisiones del país». Además, el informe plantea cambios en la tarifa eléctrica, como la eliminación de costes no relacionados con el suministro eléctrico como las tasas e impuestos, o una mayor adaptación del coste a las franjas horarias, lo que permitiría que España dejara de ser el séptimo país con la factura de electricidad más cara de Europa.

En lo que respecta al mix energético, Deloitte ve necesario mantener las plantas de generación de energía convencionales (térmicas convencionales y nucleares) a medio plazo para asegurar una transición energía eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6.800 millones de euros. A este respecto, el informe subraya que para conseguir los objetivos de descarbonización en el horizonte de 2030 es importante mantener abiertas todas las opciones de generación de energía, sobre todo debido a la incertidumbre que plantea el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.

Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría una inversión en almacenamiento de entre 10 y 30 billones de euros, «una cifra obscena» que representa un coste inasumible para el consumidor eléctrico, señaló Amores. De esta manera, en escenarios de alta electrificación, el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros. En estos mismos escenarios, el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones en nuevas centrales de respaldo, mientras que cerrar las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3.000 millones de euros.

La consultora establece 4 escenarios diferentes para los próximos años, entre los que destacan el de alta eficiencia eléctrica y que considera una electrificación muy alta de la economía y actuaciones muy intensas en eficiencia energética, y el escenario continuista en el que se sigue más o menos como hasta ahora en cuanto al peso de los productos petrolíferos y en el resto de actuaciones de eficiencia energética. En todos los escenarios, el gas natural tiene un peso creciente durante la transición. El escenario de alta eficiencia eléctrica es además el único que puede hacer frente a los objetivos más ambiciosos de reducción de CO2 que ya está planteando Europa.

En lo que se refiere a las inversiones, estima que serán necesarios un total de 510.000 millones de euros entre 2017 y 2050 en el escenario de descarbonización para poner en marcha las medidas que permitan la electrificación de la demanda y la eficiencia energética en la edificación. De esta cifra, la mayor parte se destinaría a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética (110.000 millones) o la puesta en marcha de centrales de energía renovable (105.000 millones).

También habría importantes partidas para el cambio modal del transporte de mercancías al ferrocarril y apoyo a la compra de coches eléctricos (45.000 millones), el desarrollo de redes de transporte y distribución de electricidad (40.000 millones) y las medidas de eficiencia en la industria (10.000 millones). Este escenario descarbonizado, además de cumplir con los objetivos medioambientales, supone ahorrar 380.000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles y dinamiza la actividad económica, al cambiar el gasto en hidrocarburos por una mayor inversión.

Economics for Energy advierte del riesgo para rentabilizar las inversiones en nuevas instalaciones de gas natural más allá de 2030

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Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy advirtió del riesgo que puede representar rentabilizar más allá de 2030 las inversiones en nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentadas con gas natural dentro de la transición energética que afronta España hacia un objetivo de descarbonización en 2050.

En su informe Escenarios energéticos para España 2030-2050, Economics por Energy considera que aunque la senda de reducción de emisiones puede ser coherente con un escenario más ambicioso de descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden no serlo. El think thank, del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa o Iberdrola y compañías como Acciona, señala que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para 2030 «no va ser muy complejo», según Pedro Linares, director de Economics for Energy, aunque advirtió de que a partir de ese horizonte habrá energía fósil que «no se va a usar, ya que se quiere descarbonizar», como los ciclos combinados.

A este respecto, cree que se plantean «importantes retos» desde el punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la coherencia en costes de los escenarios. Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes considerados «es fundamental» el diseño de un sistema de señales económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño «adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que marquen la dirección correcta de evolución del sistema energético español«.

El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eficiencia energética para lograr los objetivos de descarbonización a un coste razonable, da un papel «central» al sector eléctrico. A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electrificación creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos significativos de la demanda eléctrica. Respecto a la generación de electricidad, se apunta a una descarbonización totalmente en 2050, con la desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050. A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear «no entra nunca» debido a los costes de inversión más baratos de las renovables y solo aparecería si la demanda «crece muchísimo».

En su informe, Economics for Energy analiza cómo sería la transición energética en España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de la descarbonización, pasa por ser «el más agresivo», ya que asume que el compromiso de reducción de emisiones es firme tanto por parte de los países de la Unión Europea como de otros con más reticencias. En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el mix energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las renovables (eólicas y solar).

El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que supone cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, lo que en España supondría la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050. Los otros escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a una demanda más del doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir la limitación de las renovables, así como por otro en el que se produce un estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.

Rajoy subraya que el futuro del carbón se abordará en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha asegurado que el país cumplirá sus compromisos climáticos para 2020 y ha avanzado que trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar también el cumplimiento de los compromisos adquiridos igualmente para 2030. «Estamos trabajando en una nueva Ley de Cambio Climático que sentará las bases para una transición energética ordenada, eficiente y poco costosa para los consumidores», ha indicado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo español ha apostado por mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar en el uso de energías renovables. Para Rajoy, la necesaria transición energética se ha de llevar a cabo por dos vías: la eficiencia energética y el incremento del parque de renovables. El presidente considera que este objetivo es factible y, a modo de ejemplo, ha recordado que durante el año 2017 se llevaron a cabo dos subastas de renovables, por 8.000 MW, «sin necesidad de primar». Pero ha considerado que es imprescindible mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar.

En cuanto a la situación del carbón, el presidente español ha subrayado que esta cuestión también se abordará en la futura Ley del Cambio Climático y ha apostillado: «nada se hace de un día para otro». En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el compromiso de España con la financiación climática y, en este sentido, recordó que se ha pasado de 205 millones de euros en 2012 a 595 en 2016 y que el Gobierno mantiene el compromiso de llegar a los 900 millones de euros anuales a partir de 2020.

Macron: “Estamos perdiendo la batalla”

Por su parte, en el marco de la One Planet Summit, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado una desoladora afirmación sobre la lucha global contra el cambio climático ante docenas de jefes de Estado y de Gobierno y líderes empresariales. «Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático», ha sentenciado. «No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Todos necesitamos actuar», ha recalcado en su búsqueda de un nuevo aliento para el esfuerzo colectivo que fue debilitado el pasado verano con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que abandonaban el Acuerdo del Clima de París.

En este sentido, ha llamado a los líderes reunidos en Paris en la One Planet Summit a lanzar una nueva fase contra el calentamiento global. Sin embargo, durante el encuentro no se produjeron compromisos internacionales vinculantes. El foco se centró en cómo instituciones financieras públicas y privadas pueden movilizar más dinero y cómo los inversores pueden presionar a las grandes corporaciones a cambiar hacia estrategias más sensibles ecológicamente. Más de 200 inversores institucionales que gestionan más de 26 billones de dólares han afirmado que presionarán ante las principales compañías emisoras de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que Bruselas aplaude los planes para recudir los requisitos a inversiones ambientalmente amigables para impulsar la economía verde. Esta medida podría ser parte de un abanico más amplio de acciones que la Unión Europea planea presentar en marzo para lograr el objetivo de reducir las emisiones de CO2 un 40% en 2030, lo que implica una estimación de 180.000 millones de euros al año en inversiones bajas en carbono. Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado inversiones por valor de 9.000 millones de euros destinadas a ciudades sostenibles, energía sostenible y agricultura sostenible para África y los países vecinos de la Unión Europea.

Teresa Ribera ve a España «muy atrasada» en acción climática y avisa de que hay que descarbonizarse antes de 2050

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Europa Press.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDSRI) y exsecretaria de Estado de Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Ribera, cree que España está «muy atrasada» respecto a otros países en el debate y acción sobre el cambio climático y recuerda que existe el compromiso de transformar la economía y la sociedad antes de 2050. En este sentido, Ribera cree que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería tener «unos cuantos elementos sistémicos».

Así, ha precisado que se requiere una reforma fiscal en la dirección verde, en la reducción de emisiones e incentivos para el cambio del modelo industrial y energético, un mecanismo de transparencia sobre los riesgos climáticos existentes y un conjunto de estrategias para evitar estos riesgos en toda la economía española. Además, considera que esta ley debería marcar también objetivos de reducción de emisiones tanto para el conjunto de la economía como por sectores y disponer de sistemas para evaluar la adaptación a los cambios que «en todo caso van a ocurrir». «Eso sería el mínimo: cómo abordar los riesgos y convertir nuestra economía en una economía baja en carbono y preparada para lo que significa el siglo XXI», resumió.

En ese contexto, opina que España podría «perfectamente» ir cerrando sus centrales de carbón de forma ordenada en esta próxima década y abrir paso a un modelo eléctrico diferente que pueda absorber otras necesidades para usos térmicos y domésticos. Por ello, cree que «el acento más importante en el que debería empeñarse el Gobierno» es ofrecer alternativas para esas regiones o comunidades de trabajadores en las que toda la riqueza está concentrada en torno a esa mina o central de carbón. Por ello asevera que la sociedad española tiene que demostrar que está «con las personas» y con esos territorios que «necesitan cambiar su planteamiento» para tener un futuro «próspero”.

«Los líderes de los países, de las empresas, del mundo financiero han de abordar con convicción, ambición y realismo un futuro, prácticamente inmediato, que es el futuro en el que debemos salvar nuestro sistema climático. No es un asunto tecnocrático ni que se deba limitar a la voluntad de los activistas. Necesitamos transformar muestro modelo económico, social y de desarrollo y eso no se hace solo», ha reclamado. Precisamente, ve al presidente de Francia, Emmanuel Macron, como un ejemplo a seguir porque ha hecho del cambio climático su «principal bandera».

Es en ese ámbito donde tiene la «impresión» de que España está «muy atrasada» con el nivel de debate respecto de otros países europeos. Ribera insiste en poner a Francia de ejemplo por tener un debate «serio y sofisticado» y forma parte de las conversaciones todos los consejos de administración de las grandes empresas, de todos los departamentos ministeriales, de los municipios y en general de la sociedad civil. «Está muy avanzado en el proceso de interiorización de una forma natural de estos desafíos», subrayó.

Ribera ha puesto de ejemplo que en Francia existen los contratos de transición para aquellas zonas donde el foco industrial está muy concentrado en sectores que se ve claramente que van a transformarse, como el tipo de automóviles o el tipo de agricultura. «Esto en España sigue siendo anecdótico en el panel informativo, en el debate económico, financiero, fiscal. Me parece que es un inmenso error y el reflejo de todo esto es que no hay una política energética pensada para la transición», ha criticado.

A su juicio, en España no se ha entendido que también se tiene que llegar a cero emisiones lo antes posible y que en 2050 se debería haber transformado «completamente» la economía y considera que hay «muy poco tiempo» y que el reto es «muy exigente, aunque lleno de oportunidades». Por eso, ha insistido en que lo inteligente es anticiparse y construir un proceso serio y que el Gobierno pierde una oportunidad si no aprovecha esta transformación para construir un debate en torno al proyecto de sociedad y economía para los próximos años. «Es un debate imprescindible, pero la gente lo entiende porque no le gusta respirar aire contaminado», sentenció.