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El Gobierno autonómico de Cataluña inicia la derogación del decreto que limita la implantación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas

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Redacción.- El Gobierno de Cataluña ha iniciado el proceso de derogación del decreto que regula la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en la comunidad autónoma. El Ejecutivo iniciará la consulta pública previa a la elaboración de un decreto para derogar el Decreto 147/2009, por el cual se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas, el primer trámite para avanzar hacia un marco normativo más favorable para la instalación de energías renovables en Cataluña.

El actual marco jurídico catalán es una de las barreras que han limitado la instalación de energías renovables en la comunidad autónoma durante los últimos años. Con la derogación de este decreto, las instalaciones eólicas y fotovoltaicas pasarán a tramitarse de acuerdo con lo que prevé la normativa sectorial eléctrica para el resto de instalaciones y también estarán sometidas a las correspondientes tramitaciones ambientales urbanísticas. Este cambio pretende impulsar las renovables en Cataluña y avanzar en la consecución de un modelo energético descarbonizado en 2050.

El vigente decreto prevé la existencia de las llamadas Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) de parques eólicos, que sólo pueden ser explotadas mediante la adjudicación por parte de la Generalitat mediante un concurso público. Fuera de las ZDP sólo se pueden instalar parques de hasta 10 MW o un máximo de 5 aerogeneradores. Este modelo, que tenía como finalidad ordenar la implantación de parques eólicos en el territorio y agilizar su tramitación administrativa, se convirtió en un freno. Por otro lado, el decreto establece diferentes limitaciones tanto de ubicación como de superficie ocupada en las instalaciones fotovoltaicas, que suponen una restricción que impide aprovechar las economías de escala que implican las instalaciones de mayor potencia.

El Plan de Energía y Clima de España es el mejor valorado de la UE por la European Climate Foundation

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Redacción.– Las economías con 0 emisiones netas no se producirán por casualidad, asegura la European Climate Foundation: “se requerirá un enfoque y una planificación dedicados, con una mirada clara al objetivo final”. En este sentido, esta organización ha destacado el trabajo realizado para España por el Ministerio para la Transición Ecológica, un plan que obtiene 52,4 puntos sobre los 100 máximos.

A juicio de la European Climate Foundation, los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) representan una oportunidad para que los Estados miembros de la Unión Europea puedan trazar sus próximos pasos en el camino hacia un futuro seguro para el clima y ​​para cosechar los beneficios económicos y sociales que vienen aparejados. Los PNIEC claros y sólidos pueden servir como reclamos para grandes y pequeños inversores e involucrar a las partes interesadas en su desarrollo, además de indicar donde se necesitarán esfuerzos adicionales. Sin embargo, los proyectos de PNIEC presentados por los Gobiernos tienen una gran necesidad de mejora.

Estos son los resultados de un nuevo informe encargado por la European Climate Foundation y realizado por Ecologic Institute y Climact. Forma parte de la serie Net-Zero 2050, una iniciativa de la European Climate Foundation con contribuciones de un consorcio de expertos y organizaciones. Este informe evalúa todos los proyectos de PNIEC presentados a la Comisión Europea y los califica de acuerdo con 3 variables: el nivel de ambición, el nivel de detalle de las políticas y medidas descritas así como la calidad e inclusividad de su proceso de redacción.

Según el ranking, España es el país que obtiene mayor puntuación con 52,4 puntos sobre 100. El PNIEC elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica es el más ambicioso de la Unión Europea. La ambición de los planes representa 45 puntos como máximo y España es el país que más puntuación obtiene, con 21,1 puntos, gracias a su hoja de ruta para alcanzar la descarbonización en 2050 y sus objetivos de 2030 de energías renovables, aunque sus objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero para 2030 no parece coherente con el objetivo a largo plazo. Donde España obtiene un 0 rotundo es en la ambición de sus objetivos de eficiencia energética para 2030.

En cuanto al nivel de detalle de sus políticas, España ocupa el segundo lugar tras Grecia como país con mejor PNIEC en este sentido y logra 30,7 puntos sobre los 45 máximos. En este apartado se valora la concreción con la que el Ministerio para la Transición Ecológica aborda la consecución de los objetivos de eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aprueba también las medidas de corte financiero y de apoyo a las inversiones mientras que aún tiene que mejorar España a la hora de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y en sus planes para disminuir el uso de carbón.

Donde España no ha obtenido una buena puntuación es en la calidad e inclusividad de su proceso de redacción. En este apartado España ha estado por debajo de la media comunitaria y apenas ha obtenido un 0,6 sobre 10. Nuestro país amerita un suspenso al no tener en cuenta la participación de los agentes llamados a estar involucrados en la implementación del PNIEC, entregar el documento con retraso y con la ausencia de algunos apartados importantes como la cooperación regional.

Tras el liderazgo de España, el segundo PNIEC mejor valorado es el de Francia, con un 47%. A estos dos países les siguen Grecia (44%) y Suecia (43%). El plan climático de Eslovenia es el último con un 3%, con Eslovaquia (12%) y Alemania (12%) por delante. La puntuación media para el bloque de la Unión Europea es del 29%.

Esta evaluación encuentra que, si bien los proyectos de planes climáticos nacionales indican que los países están tomando medidas hacia la acción climática para 2030, todavía no cumplen con las ambiciones establecidas por los legisladores de la Unión Europea y el Acuerdo de París. Los problemas recurrentes incluyen planes limitados para la eliminación de los subsidios al carbón y los combustibles fósiles, pocas indicaciones sobre las inversiones necesarias, demasiado uso de biomasa insostenible, consulta pública inadecuada y falta de esfuerzos explícitos para desechar los planes de la meta de 2050. Así, el informe identifica varias buenas prácticas en los planes preliminares que los responsables políticos nacionales y de la Unión Europea pueden inspirar y replicar.

Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que España alcance su completa descarbonización en 2050

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100% de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que el paquete normativo es la «combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para «facilitar y orientar» la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

«Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el porvenir», ha subrayado Ribera. Así, defiende que este es un marco «ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible» que permitirá la creación y «reposicionamiento» de la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35%.

Por tanto, Ribera ha indicado que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar «una de cada tres toneladas de dióxido de carbono» y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en un 90% con respecto a 1990. Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megavatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están «debidamente» justificados por motivos de «interés social o económico» o por la «inexistencia de alternativas tecnológicas». Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil, que incluirá un calendario para revisar estas ayudas. La Administración General del Estado y los organismos o entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico. Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica (fracking). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá de 2042.

Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y los Presupuestos podrán destinar, hasta el 30% de estos, a medidas de transición justa.

En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de «casi nulo» que establece el Código Técnico de Edificación. Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores «motor» del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. El anteproyecto está sometido a información pública hasta el 22 de marzo.

AEE valora «positivamente» la «ambición»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora «positivamente» los planes climáticos del Gobierno por su «visibilidad a largo plazo» y su «ambición» en los objetivos medioambientales. La organización ve «necesario» que se aporten las herramientas regulatorias que permitan avanzar «de forma óptima», con un ritmo de crecimiento lineal de las tecnologías en los próximos años «que atraigan y aseguren las inversiones que se precisan para acometer la transición».

La AEE considera «coherente» el objetivo planteado de alcanzar una potencia instalada de 50.258 megavatios (MW) eólicos en 2030, frente a la actual potencia instalada de 23.484 MW, mientras avisa de que para cumplir con el objetivo de 50 gigavatios (GW) de aportación eólica al sistema en 2030 «es necesario instalar una media de 2.200 MW al año, lo que considera «factible«. Además, califica este hecho como una «oportunidad» para el sector, ya que «sabrá aprovechar y responder con éxito porque tiene la capacidad y tecnología que se requieren», además de una «enorme oportunidad» para el país desde el punto de vista de la competitividad, ambición ambiental, desarrollo industrial especializado, I+D+i, aportación a la economía española y creación de empleo.

La contaminación de los edificios

Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) lamenta que el Plan no incida en la contaminación que generan los edificios, que «causan hasta un 40% de la contaminación que se registra en las grandes ciudades«. Según ha recordado al Gobierno, la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera no se provocan solo por el crecimiento exponencial del tráfico rodado, sino que también influye «el elevado número de viviendas en las que se derrocha energía».

En España, según Andimac, más de la mitad de los inmuebles superan los 40 años de antigüedad y la mayoría de las edificaciones son «antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas». De hecho, según ha apuntado, los edificios españoles representan casi un tercio del consumo de energía total del país. El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha resaltado la importancia de “apostar por la descarbonización de los edificios e invertir en su rehabilitación energética».

Sánchez plantea la hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050, con 300.000 nuevos empleos y 237.000 millones de inversión

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el paquete de energía y clima para ser una «brújula» que logre una España descarbonizada al 100% para 2050, un periodo en el que estima que se crearán al menos 300.000 nuevos empleos.

En este sentido, el presidente ha mostrado su compromiso con la agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático y confía en que, con el Paquete de Energía y Clima, España sentará las bases para modernizar su economía y erigirse en líder de las energías y tecnologías limpias en la próxima década. Así, ha insistido en que este proceso se realizará «sin dejar a nadie atrás» porque el crecimiento será inclusivo, mediante el fomento del empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social y la mejora de la salud y el medio ambiente.

Para ello, ha precisado que el paquete de energía y clima está compuesto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, junto con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Estrategia para una Transición Justa. En este marco confía en que esta hoja de ruta permitirá de aquí a 2030 desplegar inversiones de colaboración pública y privada por un valor estimado de 237.000 millones de euros y ha adelantado que los nuevos empleos, más de 300.000, fundamentalmente estarán ligados a servicios, industria y construcción, al tiempo que se fomentará el empleo de jóvenes, parados de larga duración y mujeres.

De estos, el Gobierno calcula que mediante las inversiones en renovables en el sector eléctrico se generarán de 99.000 a 172.000 empleos en la próxima década distribuidas en un 18% para la industria manufacturera; el 15% para la construcción, el 13% para comercio y reparación del sector renovable. Mientras, las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos, de los que 28.000 corresponden a rehabilitación energética. Asimismo, Sánchez ha vaticinado que las renovables irán aumentando su cuota hasta alcanzar un sistema 100% renovable en 2050, con un cierre escalonado de las centrales de carbón y nucleares y «pronto» se reforzará el autoconsumo.

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Sánchez asegura que proporcionará un marco normativo estable, seguro y cierto sobre el que desarrollar este proceso de cambio. «No proponemos nada caprichoso, sino algo posible y en línea con lo que pide la Unión Europea», asegura Sánchez, que desgranó algunas medidas como el fin de la matriculación y venta de vehículos emisores de CO2 en 2040; que en 2030 el 42% de la energía total será de origen renovable, lo que supone, a su juicio un «despliegue sin parangón» de las renovables que dará, a su vez, oportunidades de que el empleo se extienda a las áreas rurales y favorecer así la repoblación.

Además, el paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la Unión Europea y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Ejecutivo presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema. Además, destacó la apuesta decidida por la eficiencia energética, con el objetivo de mejorar en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial del país hasta 2030, «lo que da idea de la oportunidad que supone para España».

En el plan de Energía y Clima, España expone sus objetivos y estrategias para cumplir con sus compromisos de Estado comunitario y adoptados a consecuencia del Acuerdo del Clima de París, que pasan por reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, para lo que las emisiones actuales deberán reducirse cerca de un 40% y que el sistema eléctrico deberá ser 100% renovable en 2050. Otras de las medidas planteaban una fiscalidad verde, la exigencia de que el Gobierno no pueda invertir en proyectos que estén relacionados con los combustibles fósiles y la prohibición de dar cualquier tipo de subsidios a estos sectores.

El conjunto normativo establecerá también por primera vez un sistema con indicadores de impactos y de evaluación de la aplicación de estas políticas en el marco del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Consejo de Ministros. Todo ello irá acompañado de la Estrategia de Transición Justa, la que ha definido como la tercera pieza normativa para que «nadie se quede atrás» y que «demuestra» el compromiso del Gobierno con los sectores y regiones más vulnerables. Sánchez ha augurado que este proceso traerá importantes beneficios pero provocará también «ciertos desajustes«, sobre todo a las comarcas vinculadas a los combustibles fósiles.

Al respecto ha adelantado que la Estrategia incluye convenios de colaboración para las comarcas sujetas a cierres de las térmicas y de las centrales nucleares para que «al final» el impacto sea «cero». Estas medidas se acompañarán de ayudas europeas «cuando sea posible» e incentivos fiscales y subvenciones. «Estamos abriendo las puertas a ese futuro, estamos asomándonos a ese mundo de prosperidad compartida. Tenemos listas las herramientas para trazar el camino y recorrerlo con certidumbre y confianza. Estamos preparados para la transición a una economía limpia, sostenible, moderna y algo importante para nosotros, equitativa. Y vamos a recorrerlo juntos. Sin más tardanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento», ha concluido.

Al acto asistieron también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Enagas, Antonio Llardén; el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, entre otros representantes del sector empresarial. Al mismo tiempo han estado también presentes representantes del ámbito ambiental, de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF.

Ribera defiende la neutralidad tecnológica, pero advierte que eso no significa «que valga todo» en el camino hacia la descarbonización

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende que en el proceso de transición energética hacia la descarbonización debe haber neutralidad tecnológica aunque advierte de que eso no debe significar «que valga todo» y que se deba permitir «hacer trampas en el solitario«. Ribera, tras señalar que la transición energética debe hacerse «con honestidad», afirmó que es «fundamental» estar abiertos» a la innovación, por lo que consideró que sí es necesaria la neutralidad tecnológica.

No obstante, aseguró que debe siempre primar el objetivo principal, que es la descarbonización, por lo que hay que tener claro que hay una obligación de llegar a unos resultados en materia de emisiones de CO2 de «cero». Ribera confirmó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recoge «las oportunidades de inversión, de empleo y de mejora de la balanza comercial» que representa esta transición energética, integrando los elementos «que nos hagan más fácil la toma de decisiones».

«El objetivo último es facilitar y demostrar que aquello que ponemos sobre la mesa es congruente con el objetivo marcado a 2050», afirmó, añadiendo que el texto, que es «complejo y sólido», suscitará «interés y debate», aunque pidió no caer en «la demagogia, el paternalismo y la política de avestruz». Así, afirmó que no es posible resolver «una ecuación tan compleja» como la de la hoja de ruta hacia la descarbonización «con una hoja Excel» y aseguró que el Gobierno propondrá «la senda más coste-eficiente«.

Ribera indicó que el paquete de energía y clima del Gobierno socialista es la base de una propuesta «congruente» para alcanzar ese objetivo de la descarbonización que es una obligación «aceptada y ratificada por unanimidad por el Parlamento». De todas maneras, la ministra se mostró flexible y subrayó que en esa transición energética «no hay nada escrito en piedra» y añadió que por el camino deberán «aprender todos». Por otra parte, la ministra valoró el papel que deben jugar las energías renovables en esta transición energética y destacó que, muestra de ello, es que las inversiones de este sector en España se han multiplicado por 7 en 2018, hasta alcanzar los 6.600 millones de euros.

El Club Español de la Energía (Enerclub), celebró sus XXIX Premios de la Energía, en los que fueron premiados los periodistas José María Camarero (Colpisa), Carmen Monforte (Cinco Días), Miguel Ángel Patiño (Expansión), Juan Cruz Peña (El Confidencial) , Laura Ojea (El Periódico de la Energía) y Stephen Dunne (ReNews). Además, se reconoció la trayectoria profesional de Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y actual consejera de Red Eléctrica (REE).

Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».

El Gobierno remitirá a Bruselas su Plan Nacional de Energía y Clima en las próximas semanas mientras Cañete lo reclama

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Europa Press.- Mientras el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que espera recibir del Gobierno español su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima inmediatamente, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que España remitirá el borrador de su Plan Nacional Integrado a Bruselas en las próximas semanas, «no más».

En este sentido, Domínguez destacó que los próximos 10 años son «muy importantes» para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y alcanzar la descarbonización en 2050. Así, señaló que para alcanzar una cuota renovable en la generación eléctrica del orden del 70%-75%, en el plan vendrá definida la necesidad de desplegar del orden de 50.000 o 60.000 megavatios (MW) de renovables a 2030. «Tenemos un gran reto por delante que requiere una inversión global de 200.000 millones de euros de aquí a 2030”, apuntó.

Domínguez subrayó que no se debe hacer «la táctica del avestruz y negar la realidad» del cambio climático ya que la descarbonización de las economías es «un fenómeno que se va a quedar». De esta manera, consideró que el reto de alcanzar ese objetivo en 2050 puede parecer que está «muy lejos«, con más de 30 años por delante, aunque indicó que no lo está tanto teniendo en cuenta «la realidad de la cantidad de tarea que tenemos que hacer para estar en una economía descarbonizada casi al 100%. «El cambio climático es algo que ya no niega nadie», señaló.

Cañete apremia al Gobierno español

Por su parte, Arias Cañete recordó que Bruselas ha recibido un total de 21 planes de los países miembros, mientras que restan 7 Estados, entre ellos España, por entregarlo, cuando el compromiso era haberlo hecho antes del pasado 31 de diciembre. Así, el comisario europeo apremió a España a presentar el documento ya que la Comisión Europea, una vez recibido, necesita tiempo para hacer «un análisis exhaustivo» del mismo y ver si cumple con la gobernanza comunitaria para, antes de finales de junio, remitir a cada país sus recomendaciones, sobre las que se deberá trabajar para, antes de finales de 2019, presentar los planes definitivos.

Arias Cañete consideró que su diálogo con el Gobierno español es «muy fluido», como demuestra el hecho de que finalmente se ha conseguido resolver el conflicto que existía para la devolución a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de sus competencias en energía a través del real decreto-ley aprobado recientemente. «Ahora está en fase de análisis a ver si es absolutamente compatible con la normativa europea o hay que introducir alguna modificación«, dijo. Respecto al Brexit, indicó que el Reino Unido dejará de compartir con la Unión Europea estos objetivos en materia de cambio climático, aunque subrayó que los británicos siempre han sido «de los países más ambiciosos» en esta materia.

Asimismo, Arias Cañete defendió que las energías renovables y la nuclear deben ser «las piedras angulares» para conseguir el objetivo de una economía descarbonizada. Así, señaló que la electrificación jugará un papel «fundamental», con un peso de más del 80% de la renovable, pero con el 20% restante más o menos de la nuclear. Además, subrayó que la lucha contra el calentamiento global es «uno de los mayores desafíos de la humanidad», por lo que las acciones en defensa del clima «tienen que ser inmediatas». Para hacer frente a esta lucha contra el cambio climático, el comisario advirtió de que hay que poner en marcha transiciones energéticas «radicales e irreversibles».

Dentro de los objetivos a 2020, destacó que Europa «va bien» en reducción de emisiones, «demostrando al resto del mundo que es compatible con el crecimiento económico», mientras que el objetivo renovable del 20% parece que se va a cumplir «a nivel global europeo», aunque habrá algunos países que individualmente no lo alcanzarán. Donde consideró que será necesario realizar más esfuerzos de cara a ese 2020 será en eficiencia energética, y señaló que la media española y de la Unión Europea no alcanzarán los objetivos.

Además, destacó el marco impuesto por la Unión Europea, con «una gobernanza potente» que con su aplicación llevaría a alcanzar unos objetivos más ambiciosos de reducción de los gases de efecto invernadero a 2030 al 40% establecido. «Con su aplicación, en 2030 no estaríamos en el 40%, sino en el 45%, y nos llevaría per se a una reducción de las emisiones del 60%», avanzó.

43 multinacionales de la industria de la moda se comprometen a lograr las cero emisiones en 2050

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Europa Press.- Un total de 43 multinacionales de la industria de la moda han firmado un compromiso por el que desarrollarán medidas para frenar el cambio climático en toda la cadena de valor y lograr el objetivo de cero emisiones en 2050 con un paso intermedio del 30% en 2030.

Las principales marcas de moda, minoristas, empresas de suministro e industria auxiliar, incluidas las principales empresas de transporte y envíos, han acordado de forma colectiva comprometerse para frenar el impacto del cambio climático del sector de la moda en toda su cadena de valor. Entre los 43 líderes se incluye a empresas como Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap Inc. Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co., Puma SE, PVH, entre otras, como las organizaciones Business for Social Responsibility, Sustainable Apparel Coalition, China National Textile and Apparel Council, Outdoor Industry Association and Textile Exchange; global logistics Maersk, así como la ONG WWF.

Todas estas entidades implantarán y/o apoyarán 16 principios y objetivos que apuntalan el Estatuto Climático de la Moda. El compromiso, que está ahora abierto a que otras empresas y organizaciones se unan, reconoce el papel crucial que la moda juega a ambos lados de la ecuación climática, como contribuidor a las emisiones invernadero y como un sector con múltiples oportunidades para reducir las emisiones mientras puede contribuir al desarrollo sostenible.

Alineados con los objetivos del Acuerdo de París, el Estatuto establece el reto de que la industria alcance un objetivo de cero emisiones en 2050 y define los aspectos que serán consignados por los firmantes, comenzando con la descarbonización en la fase de producción, seleccionar materiales sostenibles y amables con el clima, fomentar un transporte bajo en carbono, mejorar el diálogo y la conciencia de los consumidores y trabajar con la comunidad financiera y los decisores políticos para catalizar las soluciones aplicables y explorar modelos de negocio de economía circular.

Además, para concretar el progreso de estos compromisos, se han establecido 6 grupos de trabajo en los cuales los firmantes trabajarán para definir los distintos pasos y etapas de implantación del nuevo Estatuto. Los firmantes aseguran que no esperarán a que estos aspectos estén completamente elaborados y por ello han fijado un objetivo inicial para reducir sus emisiones agregadas de gases en un 30% en 2030 y han definido medidas concretas, tales como eliminar gradualmente las calderas de carbón y otras fuentes de energía calorífica o de generación eléctrica a base de carbón en sus empresas y en toda su cadena de suministro en 2025.

«La industria de la moda está siempre dos pasos por delante cuando hay que definir la cultura del mundo, así que estoy encantada de ver que ahora también está liderando el camino en términos en acción climática», ha celebrado la secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinoza, que felicita a los firmantes por este importante Estatuto que representa, en su opinión, un «compromiso único y la colaboración desde los diversos líderes de la moda. «El nuevo estatuto, como prestigiosa moda que recorre las pasarelas del mundo, fija un ejemplo que espero que otros también sigan», ha añadido.

El compromiso está apoyado por una amplia de organizaciones relevantes y ONG que fomentarán la ambición que deberá ser monitorizada y reconocida por la oficina de cambio climático de la ONU. El acuerdo pretende dirigir la acción climática en el sector de la moda e incluye otras iniciativas para completar este objetivo de modo que permita incrementar la acción climática.

El director ejecutivo de PUMA, Bjorn Gulden, ha reconocido que son conscientes de que más del 90% de la huella de carbono de PUMA está siendo generada en la cadena de suministro. «Si queremos reducir las emisiones en nuestra cadena de suministro, tenemos que trabajar juntos con nuestros proveedores», reconoció. «El Estatuto de la Industria de la Moda para la Acción Climática proporciona un esfuerzo colectivo de la industria para apoyar los objetivos del Acuerdo del Clima de París. Apreciamos que la oficina de Cambio Climático de la ONU haya establecido una plataforma global y llame a través nuestro a la industria de suministros a sumarse a la iniciativa», añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de H&M, Karl-Johan Persson, ha celebrado que este compromiso va sobre como la industria de la moda unida está realizando un importante trabajo climático. «Nuestra industria tiene un alcance global y solo juntos podemos crear el cambio urgente que se necesita», ha apostillado. A principios de 2018, líderes de la moda dieron forma voluntariamente a un movimiento climático a través de las discusiones en grupo dirigidas por PUMA y H&M. Este compromiso constituye una llamada de atención a la industria global de la moda para suscribir la acción climática.

Con este acuerdo, los directores ejecutivos y los presidentes de estas organizaciones confirmaron su compromiso para abordar el cambio climático y su disposición a redoblar su colaboración hacia dentro y más allá de los sectores de la moda hacia un futuro limpio y bajo en emisiones. La industria de la moda abarca también al sector textil, piel, calzado, ropa y la producción de materias primas y la manufactura de prendas, accesorios y calzado para su distribución y consumo ha tenido a lo largo del tiempo una cadena de suministro y una producción intensiva en energía.

El director ejecutivo de Burberry, Marco Gobbetti, destacó que la compañía está orgullosa de haber firmado este compromiso. «Mientras nos comprometemos con ser neutros en carbono en nuestras operaciones, el objetivo de lograr una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de la moda a nivel global en 2030 requerirá innovación y colaboración. «Trabajando juntos con otros firmantes, podemos lograr un cambio sistemático y construir un futuro más sostenible», ha manifestado. Por su parte, la diseñadora Stella McCartney, cree que el cambio climático es sin duda uno de los mayores retos, si no el mayor, de esta vida.

El secretario de Estado de Energía cree que el gas renovable es «esencial» para combatir el cambio climático

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha destacado que el gas renovable juega un papel «esencial» como elemento transformador del sector energético a la hora de resolver los problemas derivados del cambio climático, los cuales asegura que deben ser confrontados de forma «coordinada y urgente«. Domínguez resalta que existe una «urgencia» por adoptar «nuevas» soluciones tecnológicas que permitan producir energía mediante fuentes «renovables y competitivas» y combatir el cambio climático.

«Tenemos que buscar nuevas formas de almacenamiento y el gas es una de ellas», recalca. Sin embargo, Domínguez matiza que, aunque el gas emite menos que otros combustibles, para llegar a alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 promovido por la Unión Europea, se debe dejar atrás el gas tradicional y dirigir el camino hacia «gases que no emitan», como el renovable. Domínguez reconoce su apuesta por la «transformación» del sistema hacia las energías renovables, con medidas como la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la propuesta de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

En relación a este plan, Domínguez ha explicado que integrará objetivos como la reducción del 20% de las emisiones respecto a 1990 o la meta de que el 35% de la energía final sea renovable para 2030, lo cual implicaría que entre el 70-75% de la electricidad fuera renovable entonces. El secretario de Estado también ha apuntado que ayudará a la reducción de emisiones el cierre a mediados de 2020 de aquellas centrales térmicas de carbón que no han cumplido con las reformas «correspondientes», ya que el carbón es el combustible responsable del 59% de las emisiones del sistema eléctrico.

Horizonte 2030: el gas renovable

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha presentado el Plan de Desarrollo de Gas Renovable, una hoja de ruta hacia la economía baja en carbono definida por la Unión Europea hasta 2050, la cual integra objetivos para 2030 como la reducción del 40% de las emisiones de gases en comparación con 1990, la implantación de un 32% de cuota de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética en un 32,5%.

Para la presidenta de Sedigas, Rosa María Sanz, el Gobierno debe instaurar objetivos «concretos» que permitan avanzar hacia un cambio sostenible. Ha resaltado el caso de Francia, país que ha marcado como estrategia energética que el 10% del gas usado como combustible sea renovable para 2030. En este sentido, Sanz ha destacado las «ventajas» de una transición hacia el gas renovable, apelando a que no solo no produce residuos, sino que es sumidero de dióxido de carbono (CO2) y, además, no precisa de las inversiones en infraestructuras al ser totalmente intercambiable por el gas tradicional, permite el desarrollo de las zonas rurales y contribuye al estímulo de la generación distribuida.

Por otro lado, la presidenta de Sedigas ha matizado que en la transición hacia el gas sostenible, es preciso analizar el modelo de negocio «al completo», teniendo en cuenta toda la cadena de valor y considerando las ventajas medioambientales que presta frente a otras formas de energía asentadas, ya que «no se puede competir a pelo con el gas tradicional».

Pedro Sánchez asegura que España alcanzará las cero emisiones de CO2 en 2050 y que será «pionera» en transición justa

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Europa Press.- Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a actuar «en consonancia» con sus anuncios y que acelere la transición energética después de que haya asegurado que España reducirá sus emisiones invernadero en un 37% en 2030 y «al menos» un 90% en 2050 para luchar contra el cambio climático, con una estrategia de transición «pionera» para asumir el reto, pero teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Sánchez ha anunciado que España se ha adherido a la declaración impulsada por el presidente de Austria y anima a otros países a sumarse porque en la actualidad el planeta está «lejos» de cumplir los objetivos de clima adoptados en 2015 en el Acuerdo del Clima de París. Eso sí, ha señalado que es consciente de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos y, por ello, ha anunciado que España va a ser «pionera» en el diseño de una estrategia de transición justa que tenga en cuenta el impacto en zonas más específicas y muy en particular en las comarcas mineras.

Para Sánchez, este es el momento de «fortalecer» el multilateralismo y poner en marcha los compromisos adquiridos y avanzar en la plena aplicación de los Acuerdos del París. «La hoja de ruta es clara: reducción de emisiones, desarrollo económico sostenible y justo, inclusivo y sociedades adaptadas al cambio climático«, ha resumido el presidente. A su juicio, la cumbre de Katowice debe suponer un antes y un después para sentar las bases de una visión «más ambiciosa» para asumir «mayores responsabilidades».

En ese sentido, indicó que su Gobierno quiere ir «más allá» de estos compromisos porque España es un país «vulnerable» al cambio climático. Así, en el marco de la coalición para la neutralidad del carbón, ha confirmado la voluntad de reducir a cero las emisiones netas en 2050 y quiere movilizar 900 millones de euros anuales a partir de 2020. Asimismo, ha añadido que la apuesta de su Ejecutivo es por la eficiencia, energías renovables y movilidad eléctrica para lo que se fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para los años 2020, 2030 y 2050 porque, en su opinión, se necesita dar certidumbre y confianza «no solo» a los inversores económicos, sino «especialmente» a los ciudadanos.

En concreto, resaltó que su propuesta es reducir un 37% las emisiones en 2030 y al menos un 90% en 2050, para alcanzar la neutralidad de carbono. «La calidad del aire, el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la modernización de la industria son motores de nuestro compromiso», ha defendido. Sánchez quiere aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático y trabajar en una senda «viable» de descarbonización de la economía pero es consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y los colectivos más expuestos, algo que se paliará con la estrategia de transición justa «pionera» que tendrá en cuenta el impacto en zonas «más específicas» y «muy en particular» en las comarcas mineras.

Del mismo modo, ha mostrado el apoyo a la declaración sobre solidaridad y transición justa presentada y que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones sindicales a nivel internacional. «El momento es ahora. España tiene clara su elección, que es actuar por una transición inaplazable, urgente y que solo dará frutos si todos actuamos desde la honestidad, el sentido común y la responsabilidad. Debemos elegir, seguir en la inacción o actuar conjuntamente frente a la tentación del repliegue mediante un liderazgo colaborativo», ha concluido.

Greenpeace: acelerar la transición energética

Por su parte, Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno a actuar «en consonancia» y acelere la transición energética, ponga fecha de cierre de energías sucias y emita señales claras para impulsar las energías renovables. La ONG ha respondido así a la intervención de Sánchez, quien ha reconocido que no se están cumpliendo las metas marcadas, y celebra que el presidente califique el cambio climático como un desafío «real y urgente» frente al que hay que actuar de forma conjunta.

Respecto al anuncio de una transición ecológica justa pionera en España, Greenpeace le recuerda que el plan de transición debe establecer fechas para el cierre de las energías sucias y peligrosas; dar señales claras para incentivar las inversiones en energías renovables y para la protección ambiental, además de aumentar los planes de formación en las regiones afectadas por la transición.

La responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha subrayado que además de justa la transición debe ser rápida porque no solo se trata de puestos de trabajo sino del «bienestar futuro» de las comunidades. «Los mejores trabajos están en un planeta vivo», destacó. Además, ve positivo la confirmación del apoyo de Sánchez a la declaración de Silesia sobre la transición justa y al llamamiento de la Presidencia europea de Austria para reclamar un aumento de la ambición climática en Europa.

Respecto a los objetivos futuros, Greenpeace ve «urgente» hacer todo lo posible por acercar el sistema eléctrico a un mix 100% renovable en 2030 y a reducir a cero las emisiones netas en 2040. Asimismo, le piden que el Plan Nacional de Energía y Clima incluya un calendario para el fin de las centrales nucleares cuando terminen sus licencias actuales de explotación y que 2025 sea el límite para cerrar las centrales térmicas de carbón.