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Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pide liderazgo y ambición para afrontar el «profundo problema» con el cambio climático

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Europa Press.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reclamado a los líderes mundiales un «liderazgo sagaz» y «mayor ambición» y compromiso para afrontar el «profundo problema» con el cambio climático, que está yendo «más rápido» que los hombres. «Debemos alcanzar su ritmo pronto, antes de que sea demasiado tarde», urgió Guterres, quien ha apelado a reducir las emisiones un 45% en 2030, respecto de los niveles de 2010, y alcanzar cero emisiones en 2050.

En la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (la COP24) en Katowice (Polonia), el secretario general de la ONU ha advertido a los jefes de Estado y presidentes de Gobierno presentes, entre ellos, Pedro Sánchez, de que esta es una cuestión «de vida o muerte» para muchas personas, regiones e incluso países y destacó que la reunión es «la más importante» para avanzar desde que hace 3 años se firmó el Acuerdo del Clima de París.

En este contexto, ha recordado que el objetivo en Katowice es finalizar el programa de trabajo del Acuerdo de París para su implantación y ha advertido de que el plazo es el que entonces se dieron los propios mandatarios. En su receta, Guterres ve necesaria una transformación «completa» de la economía energética, de la gestión de los recursos, al tiempo que es preciso llegar a un desarrollo sostenible bajo en carbono y resistente al clima.

El secretario general de la ONU ha reprochado a los asistentes de que a pesar de que la sociedad está siendo testigo de los «devastadores» impactos del cambio climático que se están produciendo «a lo largo de todo el mundo» no se está haciendo «lo suficiente» ni se va lo suficientemente rápido. Asimismo ha insistido en que no se está haciendo «lo suficiente» para capitalizar las «enormes» oportunidades medioambientales, sociales y económicas de la acción climática. En concreto, recordó que la ciencia demanda una «respuesta significativamente más ambiciosa» en el marco de acción que proporciona el acuerdo de París, pero que es preciso hacerlo operativo.

El secretario general de la ONU ha apelado a la responsabilidad colectiva para invertir este «caos climático global» y consolidar el compromiso financiero hecho en París y para asistir a las comunidades y naciones más vulnerables. «La acción climática ofrece un convincente camino para transformar nuestro mundo a mejor», añadió. En este contexto ha recordado que según la Organización Meteorológica Mundial, los 20 años más cálidos se han registrado en los últimos 22 años, y entre estos, los cuatro más cálidos, en los últimos cuatro años; que la concentración de CO2 ha sido la más alta registrada en 3 millones de años y que las emisiones están volviendo a crecer.

Igualmente, ha precisado que el reciente informe del IPPC advierte de que el calentamiento podría llegar a 1,5ºC en 2030 y tendría impactos devastadores. «El último informe de misiones de la ONU nos dice que las contribuciones y compromisos nacionales actuales conducirán a un calentamiento global de unos 3ºC a final de siglo», ha comentado. En definitiva, ha afeado a la mayoría de los países más responsables de las emisiones invernadero están por detrás de sus esfuerzos para llegar a las necesidades de París. «Estamos muy lejos del rumbo. Necesitamos más acción y más ambición. Tenemos que cerrar absolutamente esta brecha de emisiones», ha apostillado.

Para ello, ubicó el Acuerdo de París como el «marco de trabajo» para la transformación necesaria y que marca las reglas para su implantación. «Necesitamos una visión de implantación unificadora que establezca reglas claras, que inspire la acción y promueva el aumento de la ambición, basada en el principio de la igualdad y con responsabilidades comunes pero diferenciadas y de acuerdo a las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. No tenemos tiempo para negociaciones limitadoras», advirtió.

En cuanto a los recursos, avanzó que es necesario movilizar recursos e inversiones para combatir «con éxito» el cambio climático en cinco áreas económicas clave: la energía, ciudades, uso de la tierra, agua e industria. De momento, según estima falta construir el 75%de las infraestructuras necesarias en 2050 y según se haga el proceso, bloqueará un futuro de altas emisiones o conducirá a un desarrollo sostenible bajo en emisiones. Por ello, asegura que Gobiernos e inversores deben apostar por la economía verde, no por la economía gris. En concreto, ha pedido «aceptar» el precio del carbón y eliminar los subsidios dañinos a los combustibles fósiles e invertir en tecnologías limpias.

También ha instado a los líderes a tener la responsabilidad colectiva para realizar una transición justa, que asista a las comunidades más vulnerables y los países más sensibles, y a los trabajadores en los sectores tradicionales que se enfrentan a la interrupción de su sector. Para ello, ha pedido hacer un «claro» progreso para movilizar los 100.000 millones de dólares anuales comprometidos y ha urgido a los Estado miembro a implantar «rápidamente» el reaprovisionamiento del Fondo Verde para el Clima.

Por último, ha negado que la acción climática sea un obstáculo y lo considera una oportunidad decisiva para llevar el barco y establecer un rumbo hacia un futuro mejor para todos. «Lo que necesitamos es más una política con mayor voluntad y un liderazgo sagaz. Es el reto por el que los líderes de nuestra generación serán juzgados», ha concluido. Finalmente, Guterres resaltó que el cambio climático es el asunto «más importante» al que se enfrenta el mundo, porque afecta al desarrollo sostenible y a la seguridad de un mundo próspero. Así, ve «difícil» comprender por qué «colectivamente» aún el mundo se mueve lentamente e incluso en la dirección incorrecta.

El Gobierno reafirma el «compromiso» de España con la transición justa mientras Rivera pide que haya «consenso y no decretazos»

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Europa Press.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Gobierno que para la Ley del Cambio Climático y Transición Energética se llegue a «un acuerdo de consenso y no decretazos» de modo que el Ejecutivo, «en vez de gobernar por decreto, gobierne escuchando al Parlamento». Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) el «compromiso» de España con la lucha contra el cambio climático en el marco de una transición justa.

Así lo indicó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a esta cuestión y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno el 26 de octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea «aplicable de manera urgente» y que se pueda medir «lo lejos» que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Aportar compromisos ambiciosos en COP24

Asimismo, ha añadido que en la COP24 hay que hablar de «ambición» para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. «Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía«, ha manifestado. En ese sentido, ha afirmado que la postura y la ambición de España en la COP es «clara» y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció «claramente» que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030.

Ha admitido que estos objetivos repercutirán en «todos» los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan «credibilidad, certidumbre» y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo. A nivel nacional, manifestó la voluntad de participación en la elaboración del borrador de la ley de cambio climático al que en este momento, según ha precisado, se están incorporando las aportaciones recibidas. «Tenemos la esperanza de poder aprobarlo cuanto antes para realmente aportar esa ambición adicional de España para aportar el liderazgo que necesita España en esta transición energética», concluyó.

Rivera pide “consenso, no decretazos»

Por su parte, Rivera ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «una ley de transición energética para consensuarla porque a este Gobierno le quedan meses, y por tanto el cambio climático no lo va a gestionar este Gobierno solo, sino que tendrán que ser futuros gobiernos y ser un asunto de Estado». En este sentido, el presidente de Cs avanzó que «si el PSOE quiere sentarse a hablar de una política energética de futuro para apostar por las energías limpias, estamos de acuerdo, pero no por decreto ya que esto es un asunto muy serio que hay que tratar en el tiempo y durará décadas».

Por ello, ha remarcado que no está de acuerdo en que «se haga por decreto», de ahí que haya solicitado al Gobierno que «escuche y se siente a negociar con los demás grupos, porque es un asunto de Estado, un asunto global», citando el acuerdo de París, por lo que «no se puede tomar por decreto», ha subrayado. En definitiva, el líder de Cs ha pedido al Gobierno que «abandone la política de decretos, que no sirve para nada, que vaya a las urnas, que convoque elecciones y que con un nuevo gobierno y con una nueva mayoría parlamentaria se llegue a acuerdos de Estado.

Bruselas quiere eliminar las emisiones en 2050 con un mix de fuentes renovables apoyado por un 15% de energía nuclear

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Europa Press.- La Comisión Europea se fijó el objetivo de eliminar las emisiones de gases invernadero para 2050, un escenario que requerirá «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará numerosos efectos «positivos».

El Ejecutivo comunitario ha adoptado su estrategia climática a largo plazo ante la COP24 de Katowice (Polonia). El objetivo del documento es confirmar el compromiso del bloque comunitario para «liderar» la acción climática global y presentar una «visión» que pueda ayudar a conseguir unas emisiones netas de gases invernadero nulas mediante una transición «socialmente justa» y eficiente. «El status quo no es una opción», defiende Bruselas, que identifica las oportunidades que la transición ofrece a los ciudadanos y la economía europea y los retos que supone. El documento, sin embargo, no incluye nuevas políticas y no es una propuesta legislativa.

La Unión Europea se comprometió en el Acuerdo de París a reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030 en comparación con los niveles registrados en 2030. Bruselas calcula que esta cifra llegará al 45% cuando toda la legislación esté completamente vigente y estima que avanzará hasta el 60% a mitad de siglo. «Esto, sin embargo, no es suficiente para que la Unión Europea contribuya a los objetivos del Acuerdo de París«, apunta la Comisión.

En este sentido, Bruselas otorga «un papel central» a la energía en la transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes, puesto que aglutina más del 75%, pero añade que también requerirá avances en sectores como el transporte, la agricultura, los edificios y la industria. También podrá «acelerarse» con progresos en digitalización, inteligencia artificial y biotecnología. Igualmente exigirá, advierte Bruselas, cooperación «en diferentes niveles» entre regiones y Estados, con la meta de «maximizar las sinergias» y poner en común recursos y conocimientos. «Los países deberían actuar juntos para proteger a sus ciudadanos del cambio climático», recomienda la Comisión Europea en el documento, en el que expone 8 líneas de actuación.

En primer lugar, insta a «maximizar» el despliegue de energías renovables para «descarbonizar» completamente el suministro de energía en Europa. Según sus cálculos, en 2050 más del 80% de la electricidad provendrá de fuentes renovables, que junto con una cuota de energía nuclear del 15%, será la «columna vertebral» de una economía libre de combustibles fósiles. La eficiencia energética asumirá también un papel importante en la senda hacia una economía libre de emisiones en 2050, momento en el que Bruselas prevé que el consumo energético sea la mitad que el registrado en 2005 potenciando el ahorro energético de los edificios, responsables del 40% del consumo.

De la misma forma, Bruselas subraya que «todos los medios de transporte» tendrán que contribuir a la descarbonización del sector para hacerlo más limpio, seguro y conectado. Esto supone, avanzar en una movilidad multimodal, eficiente e innovadora tanto para pasajeros para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. La Comisión Europea también resalta la importancia de desplegar una red «inteligente» de infraestructuras e interconexiones energéticas en Europa, así como por desarrollar una economía circular «competitiva», aprovechar los beneficios de la bioecononía y acabar con las emisiones residuales de CO2 mediante su absorción y almacenamiento.

La estrategia climática a largo plazo de la Unión Europea defiende que la modernización y descarbonización de la economía comunitaria dará un impulso «significativo» a la inversión para alcanzar hasta los 575 millones anuales. «En general, los efectos económicos de la profunda transformación son positivos a pesar de las importantes inversiones adicionales que se requieren en todos los sectores de nuestra economía», apunta el texto. En este ámbito, el documento remarca que una trayectoria compatible con un escenario libre de emisiones contaminantes tendría «un impacto positivo moderado» sobre el PIB europeo que estima en hasta el 2% para 2050, en comparación con el escenario base.

Además, el despegue de la inversión en la transformación energética, economía circular, movilidad limpia, infraestructuras verdes y bioeconomía creará «nuevas oportunidades de nuevos empleos, locales y de alta calidad». Más allá de los beneficios económicos, la descarbonización de la economía europea reducirá casi a la mitad las muertes prematuras por contaminación del aire. En la actualidad, fallecen en la Unión Europea casi 500.000 personas al año por estas causas, relacionadas con los combustibles fósiles, los procesos industriales y la agricultura, las principales fuentes de contaminación.

Acción climática “aplazada a 2030”

Amigos de la Tierra lamenta que la Estrategia de Clima de la Unión Europea para una Economía cero emisiones próspera, moderna, competitiva aplace la acción climática al periodo 2030-2050 sin aumentar la ambición entre 2020 y 2030. En este sentido, la ONG critica que no se plantee revisar los objetivos para la próxima década, 2020-2030, sino que posterga hasta 2030-2050 «toda la acción necesaria» para llegar a un horizonte libre de emisiones. Además, lamenta que en el documento se plantean 8 escenarios pero de estos, solamente 2 contemplan un futuro libre de emisiones en 2050. La ONG advierte de que para estar en línea con la ciencia del clima, ese objetivo será necesario en 2040.

Entre los aspectos positivos, celebra que incluya términos como «energía comunitaria», «empoderamiento ciudadano» o «transición justa». Por el contrario, cuestiona que el texto promueva lo que la ONG califica de «distracciones peligrosas» que no permiten avanzar hacia un futuro 100% renovable ya que considera necesarias tecnologías «no probadas o peligrosas» como la del hidrógeno, el biogás, la nuclear o la captura de carbono. Igualmente la ONG ve «muy grave» que ninguno de los escenarios contempla un mix sin aportación de carbón ya que es el combustible fósil que más perjudica al clima y la salud.

«Sabemos que la COP24 será complicada, y la Comisión ha querido arrojar algo de luz al proceso, no obstante se queda corta en objetivos y posterga las decisiones importantes», comenta Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra. Por ello, Amigos de la Tierra exige a la Comisión Europea y a los Gobiernos europeos una revisión de los acuerdos para 2030 y que apueste de forma decidida para alcanzar un sistema 100% renovable para 2040 basado en la eficiencia, el ahorro, las renovables, y la transferencia de conocimientos y financiación a los países en desarrollo.

Ribera invita al sector petrolero a «trabajar juntos» para establecer los horizontes 2040 y 2050 para avanzar hacia la descarbonización

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Europa Press.- Mientras la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea «consensuada» con todos los actores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha invitado al sector petrolero a colaborar en establecer las sendas a 2040 y 2050 para alcanzar los objetivos de descarbonización de manera eficiente.

En su intervención en la jornada de celebración del 25º aniversario de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Ribera propuso al sector «ponerse de acuerdo en dónde debemos estar en 2040 y 2050» y «trabajar juntos» para perfilar las sendas con el fin de «maximizar las oportunidades identificadas». La ministra, que confió en que los próximos 25 años del sector sean «de éxito, modernización y cambio», destacó la importancia del papel de la industria en la economía del país, donde es uno de los sectores «más complejos, pero también más acostumbrados a trabajar en escenarios volátiles y difíciles».

Así, alabó los esfuerzos «notabilísimos» hechos por el sector petrolero, pero consideró que «todavía hay que apurar el camino». «Es obvio que todavía hay margen de mejora», afirmó, subrayando que es posible mantener una apuesta por la reconversión del sector en el ámbito energético, «de tal forma que siga siendo un actor fundamental». Posteriormente, precisó que se podrán mantener los incentivos a los combustibles fósiles en sectores donde se necesitará el acompañamiento, como el agroganadero, el transporte pesado o marítimo. «No es descartable que tengamos que mantener ciertos apoyos y nos obligue a repensar limitar las subvenciones a los combustibles fósiles, teniendo presente ese componente social durante la transición«, indicó.

El objetivo es el consenso

Por su parte, Maroto subrayó que todavía «no hay nada aprobado» respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Hemos abierto un debate sobre las medidas a poner en marcha en materia de cambio climático y espero que cuando esa Ley se apruebe sea de manera consensuada con el sector, la sociedad civil y las fuerzas políticas«, indicó.

La titular de Industria defendió que las fechas que recoge el documento para la prohibición de la venta de coches de combustión e híbridos en 2040 «son las que se están abordando en otros países». «Ahora estamos hablando con el sector. Se nos ha criticado por no hacerlo antes y les he insistido que no lo habíamos hecho porque estábamos trabajando en un borrador de un documento que se ha filtrado y nos ha llevado a ponernos a trabajar con los sectores», añadió al respecto.

Maroto también anunció que el Gobierno está ultimando la agenda de la industria química y del refino, un documento que presentará el próximo 21 de enero. La ministra subrayó que es necesario «ponerse en movimiento ya» para que otros países «no nos pasen por hacerlo mejor». «El desafío es la transición hacia una economía descarbonizada y no lo vais a hacer en solitario», añadió. Además, consideró que los últimos datos del sector automovilístico son positivos, «a pesar del ruido generado por la Ley de Cambio Climático, por lo que destacó que «los impactos habrá que empezar a medirlos una vez que el borrador sea consensuado».

Las organizaciones ecologistas lamentan la falta de ambición y los objetivos “insuficientes” de la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras desde País Vasco piden al Gobierno «certidumbres» para la industria en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el anteproyecto de Ley servirá de impulso a la lucha contra el cambio climático y, aunque celebra buena parte de su contenido, lamenta que carece de ambición porque los objetivos planteados de reducción de gases de efecto invernadero son «insuficientes».

Así consta en un documento con comentarios preliminares que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el anteproyecto que se ha dado a conocer. Entre las principales carencias, las ONG opinan que es una «grave omisión» la ausencia de cierre para las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares y que la fecha para prohibir los vehículos de diésel, gasolina o GNC no debería ser 2040 sino 2025 y 2028 en el caso de los híbridos.

En cuanto a la inclusión de un objetivo 100% renovable para el sistema eléctrico, las 5 organizaciones señalan que el sistema energético debe ser totalmente 100% renovable, algo que es más beneficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico de manera aislada. En cuanto a transición justa, celebran su inclusión pero advierten de que conviene ampliar el concepto en cuanto a personas afectadas en la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio climático y que las alternativas de empleo se enfoquen en empleos sostenibles que ponen en el centro el medio ambiente y las personas.

Respecto a la fiscalidad verde, también ven positiva la intención de que la política fiscal incorpore elementos de incentiven una economía baja en carbono y resistente al clima y que incorpore los costes ambientales, pero creen que faltan referencias más claras en la materia. Por otro lado, critica que en los presupuestos de carbono que proponen haya una condicionalidad porque para ellos ese es un mecanismo básico de la ley para lograr un horizonte de 100% renovables. Así, señalan que en la ruta hacia la descarbonización de la economía es «imprescindible» el establecimiento de unos presupuestos de carbono decrecientes y de carácter anual en consonancia con las indicaciones del IPCC.

El Comité independiente anunciado es un elemento positivo para las ONG pero requieren más detalle sobre aspectos relacionados con su elección y lo vinculantes que sean sus recomendaciones. Entre los aspectos positivos, valoran que el borrador establezca la prohibición de realizar nuevas inversiones en combustibles fósiles y acelerar el calendario para la desinversión, así como la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y fracking aunque insisten en que esta prohibición tiene que extenderse a cualquier tecnología que tenga que ver con la geoingeniería o con las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.

Igualmente, celebran que los objetivos contemplados sean revisables y siempre al alza y que no se pueda disminuir su nivel de ambición, ya que los actuales son «insuficientes». Precisamente, sobre los objetivos, apoya los objetivos de reducción de emisiones respecto a 1990, pero aún así la apuesta por reducir un 20% respecto a esa fecha es «todavía insuficiente» para que España contribuya en la medida de su potencial a la necesaria reducción del conjunto de Europa y del mundo. «España debería reducir sus emisiones más que la media europea», señalan.

De hecho, proponen que alcanzar emisiones netas cero en 2040 en vez del 90% en 2050 que propone el borrador, así como aumentar significativamente la reducción de emisiones en 2030. Así, recuerdan que el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el Gobierno de Sánchez. En definitiva, las ONG han manifestado que el anteproyecto va en la dirección correcta, aunque carezca de la ambición suficiente para llegar más lejos rápidamente.

Para acelerar el proceso, ven necesario que se tramite el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que aún no ha salido a consulta pública, en paralelo al anteproyecto de ley. Finalmente, felicitan al Gobierno por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático, y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5ºC como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC.

Piden «certidumbres» para la industria

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha señalado tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se debe seguir trabajando en el borrador de la Ley de Cambio Climático para que, además de conseguir una reducción de emisiones de CO2, se logre dar «certidumbres» al sector productivo de manera que pueda realizar esa transición sin perder competitividad. La consejera vasca aseguró que el encuentro ha sido «muy cordial y muy positivo«, e indicó que, tras reunirse con anteriores titulares como José Manuel Soria o Álvaro Nadal, es «la primera vez» que encuentra una «actitud positiva y receptiva», compartiendo alguna de esas preocupaciones.

Tapia ha apuntado que se han tratado sobre todo dos puntos importantes en la reunión. El primero hace referencia a los costes energéticos para la industria. En este sentido, le ha trasladado a la ministra la necesidad de tener «una política energética que ayude a la competitividad del tejido productivo«. La consejera ha recalcado que sobre este punto han encontrado una actitud receptiva por lo que hay opciones de poder trabajar en esa vía, y ha añadido que el Gobierno ya trabaja en medidas concretas.

En este sentido, ha añadido que si se compara lo que paga la industria electrointensiva en País Vasco con lo que pagan en Alemania o Francia, la diferencia es de un 30% más. Según ha matizado, desde el Ministerio plantean que exista un estatuto europeo que abarque la forma de trabajar de las industrias electrointensivas, y mientras que no se haga a nivel europeo, «hay que hacerlo a nivel estatal».

El segundo tema que han tratado en la reunión ha sido el borrador de la Ley de Cambio Climático. Según ha indicado, la ministra le ha reconocido que desde el Ministerio deben dar certidumbre al sector productivo. Así, Ribera ha señalado que si bien es clave la reducción de CO2 y que se deben alcanzar los objetivos de la Cumbre de París, también es necesaria esa certidumbre y permitir que se pueda hacer una transición.

Para Tapia, se debe asegurar que siga existiendo un sector de la automoción «relevante» y que se permite realizar mejoras en redes eléctricas, trabajar en sistemas de recarga y en almacenamiento eléctrico. El borrador plantea el fin de la producción de vehículos de gasolina, diesel e híbridos para 2040. La consejera ha apostillado que hay aspectos de la ley que «hay que mejorar y otros que hay que aclarar«. «Tenemos que conseguir entre todos plantear los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo vamos a hacer esa transición», ha añadido, para luego incidir en que se queda «con la voluntad de trabajar y aportar para que la política energética sirva como factor de competitividad a la política industrial».

El Gobierno «no dejará solos» ni a automóvil ni a ciudadanos en la transición hacia el coche eléctrico

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Europa Press.- La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegura que el Gobierno no «dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos, que contempla que desde 2040 no se podrán vender en España vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2).

Celaá indicó que el Gobierno tiene la obligación, como política de Estado, de impulsar las energías renovables y de apoyar a la industria de la automoción para llevar a cabo una transición ordenada que sustituya «en plazos razonables» los vehículos de combustión por otros más ecológicos que cumplan con los compromisos del cambio climático. El Gobierno trabaja en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otros objetivos, contempla que desde 2040 no se pondrán comercializar vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular.

Celaá se mostró confiada en que el Ejecutivo pueda remitir a las Cortes este anteproyecto de ley «antes de que finalice el año», al tiempo que manifestó su deseo de que se consensue un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas ante un problema como el cambio climático, «urgente, que no puede esperar», que preocupa «seriamente» a la sociedad ya que el cambio climático es un “asunto de Estado”. Celaá reiteró que el Gobierno «no dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en este proceso hacia los vehículos eléctricos, ya que es consciente de su «vital importancia».

En este sentido, subrayó que desde el Ejecutivo están trabajando «muy activamente» con la industria del motor, que calificó como «ejemplar», al tiempo que expresó su convicción en que ésta favorecerá la movilidad del futuro, lejos de la contaminación actual. «El Gobierno estará a su lado permanentemente. Este proceso de transformación es parte sustancial de la nueva ley de Cambio Climático, que tiene el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos y la calidad del aire urbano», añadió Celaá.

Además, Celaá apuntó que la industria automovilística ya estaba haciendo cambios, aunque señaló que el marco temporal que baraja el Gobierno es 2040 para dejar de vender coches que emitan CO2 y 2050 para vetar su circulación, en línea con lo que hacen los países en los que están las matrices de los fabricantes de coches. «Son periodos temporales muy largos y muy razonables para que la empresa automovilística se haya reconvertido, aunque, al mismo tiempo, habrá las ayudas que se acuerden entre la industria automovilística y el Gobierno», finalizó.

Las dudas de los ciudadanos

Por su parte, el director General de Tráfico, Pere Navarro, asegura que los ciudadanos le trasladan que «no saben qué coche comprar en estos momentos», en referencia al borrador de la Ley de Cambio Climático que fija 2040 como fecha límite para comprar un vehículo diesel, gasolina o híbrido. «El que se quiera comprar un coche hoy en día tiene un escenario de confusión. La gente no sabe qué coche comprarse en estos momentos y con este escenario», señaló Navarro.

Se afean las formas ministeriales

Por otro lado, las asociaciones que han participado en la reunión con el Ministerio de Industria, junto con el de Transición Ecológica, han valorado de forma positiva dicho encuentro, aunque han criticado las formas del Ejecutivo a la hora de anunciar sus planes de prohibir la venta de modelos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. Así, la directora general de Faconauto, Marta Blázquez, indicó que el encuentro ha sido positivo ya que el Gobierno se ha comprometido a trabajar con el sector para dar forma al borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«Si no estamos todos, no tiene sentido. La hoja de ruta tiene que englobar a todo el sector, eso lo tiene claro el Gobierno», aseguró Blázquez, al tiempo que subrayó que le ha trasladado la preocupación de los empresarios del sector por los recientes anuncios y por la incertidumbre generada. Además, comunicó a los representantes de la Administración que las prioridades son el compromiso de inversiones públicas, ante lo que se han mostrado favorables, así como la puesta en marcha de medidas de rejuvenecimiento del parque, el excluir a los híbridos en un primer momento del veto a la matriculación de 2040 y también el garantizar la unidad de mercado.

Por su parte, la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, destacó la voluntad de «mantener espacios de diálogo que permitan a todo el sector trabajar de manera coordinada y con un objetivo común, el futuro de la movilidad en nuestro país». «Todo ello nos va a permitir posicionar a España como uno de los países de referencia en movilidad cero y de bajas emisiones», añadió.

Desde Ganvam señalaron que durante la reunión se acordó seguir trabajando sobre el Acuerdo Estratégico para una Movilidad Sostenible y Eficiente del sector de la Automoción y que también sirvió para fijar las medidas que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos planteados en el borrador del Anteproyecto de Ley. Sánchez aseguró que la ministra trasladó a los representantes de Ganvam, Faconauto y Aniacam su voluntad de fomentar y mantener espacios de diálogo con toda la cadena de valor del sector de la automoción.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria explicaron que el encuentro fue «bien», con una cadena de valor alineada con el Gobierno, al tiempo que señalaron que sirvió como una reunión para seguir trabajando. Este encuentro fue convocado por parte del departamento de Industria con el fin de dar «certidumbre» al sector del automóvil español, después de que se conociera la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040.

La reunión, según dichas fuentes, contó con la presencia de representantes de Aniacam, Ganvam y Faconauto, mientras que señalaron que desde UGT, CC.OO. y Sernauto se excusaron por no poder asistir alegando «problemas de agenda». No obstante, desde la asociación de fabricantes Anfac aseguraron que no acudirían a esta, alegando que necesitaban más tiempo que 24 horas para analizar y reflexionar sobre los temas de importancia que afectan al sector del automóvil, aunque se mostraron dispuestos a trabajar con el Ejecutivo en favor del sector.

El Gobierno propone edificios descarbonizados en 2030, coches solo eléctricos en 2050 y un 90% menos de CO2 en 2050

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Europa Press.- El Gobierno quiere «poner en el centro de la acción política» la lucha contra el cambio climático y la transición energética para «construir el futuro» mediante un plan que prevé la «neutralidad» de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 con pasos previos que incluyen la descarbonización de los edificios de aquí a 2030, la prohibición de circular a los vehículos que emitan CO2 en 2050 y una economía descarbonizada al 90%.

Así consta en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que para facilitar esta transición de una manera justa se podría destinar el 30% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a los «elementos con incidencia social» provocados por la transición hacia una economía descarbonizada o relacionados con la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático. La propuesta normativa, que consta de 31 artículos en 9 títulos y varias disposiciones, reconsidera el papel de los combustibles fósiles, la electricidad, el consumo, la movilidad o la vivienda y un nuevo sistema fiscal que grave las prácticas perjudiciales para el medio ambiente.

Los objetivos, superiores a los marcados por la Unión Europea, son reducir en 2030 un 20% las emisiones de GEI respecto a 1990 y que el conjunto de la economía española deberá reducir en un 90% sus emisiones de aquí a 2050 respecto a 1990, con un sistema eléctrico basado «exclusivamente» en fuentes de generación de origen renovable. Al mismo tiempo, en 2030 se deberá alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final del 35% en 2030 y alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y mejorar la eficiencia energética en un 35%.

En el camino de cumplimiento, el Gobierno plantea la aprobación de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima que incluirán los objetivos, políticas y medidas correspondientes así como un presupuesto de carbono quinquenal que precisará lo que corresponde a los sectores cubiertos por el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 y lo que le toca al resto. Para facilitar el impulso a las energías renovables, el Gobierno propone abrir procedimientos para construir un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año entre 2020 y 2030.

Otra de las principales cuestiones que prevé el anteproyecto es que cuando entre en vigor la Ley no se darán en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, ninguna autorización nueva de exploración o permisos de investigación o de explotación de hidrocarburos ni tampoco para fracking, al tiempo que las autorizaciones en vigor podrán solicitar prórrogas solo hasta 2040. También se prohibirán los subsidios o incentivos económicos a los combustibles fósiles, mientras que se aprobarán mecanismos de apoyo al biometano, al hidrógeno y a otros combustibles sintéticos a partir de materias primas y energías renovables y se permitirá la inyección de gases renovables en la red de gas natural.

El título V del anteproyecto de Ley se centra en la movilidad y la edificación, dos aspectos en los que el cambio que se plantea de aquí a los próximos 32 años es casi de 180 grados. En concreto, el borrador apuesta porque el parque de turismos que circule por las carreteras no emita CO2 en 2050 y para ello, 10 años antes no se permitirá en España la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2, lo que incluye a los de gasolina y diésel, pero también a los híbridos. Solo se libran los vehículos históricos, que sí podrán circular siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales.

Las gasolineras deberán presentar un plan para instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW que además se deberán abastecer con renovables. Para ello dispondrán de un plazo que va de 9 a 15 meses en función de su volumen de ventas. En materia de vivienda, la propuesta normativa prevé la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas anuales entre 2021 y 2030 mediante una estrategia que deberán elaborar las comunidades autónomas. Además, todas las edificaciones que liciten las administraciones públicas deberán ser de energía casi nula en 2025, cuando tampoco podrán arrendar edificios no eficientes.

En general, todos los planteamientos, tanto de inversiones como de planificación, deberán considerar los riesgos del cambio climático. En este objetivo, las comunidades autónomas y los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con planes de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2021. La política fiscal, según el anteproyecto, incorporará incentivos a la economía baja en carbono. Concretamente, estima que al menos el 20% de los Presupuestos deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025 y entonces ese porcentaje se revisará al alza.

Por último, para garantizar el cumplimiento de la ley, de los planes y las estrategias dirigidos a lograr los objetivos finales, el Gobierno creará el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que estará integrado por la Presidencia y 8 expertos que asesorarán al Ejecutivo y contarán con independencia. Sus miembros serán propuestos por el Consejo Nacional del Clima y serán aprobados por el Congreso de los Diputados. Este órgano se encargará de realizar recomendaciones y propuestas que el Gobierno deberá valorar de forma motivada.

Fundación Renovables critica «la falta de ambición» del Gobierno para reducir las emisiones mientras Ribera destaca al sector del automóvil

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la transformación del sector del automóvil hacia una industria libre de dióxido de carbono (CO2) se hará de acuerdo a una hoja de ruta que asegure que este siga contando con un peso «relevante» dentro del PIB español. Pero, mientras tanto, la Fundación Renovables ha lamentado «la falta de ambición» en los objetivos de reducción de emisiones al considerar que reducir un 20% las emisiones para 2030 es «insuficiente«.

La Fundación echa de menos una mayor ambición en los objetivos de las renovables, que está fijado en una contribución del 35% para 2030, algo que considera insuficiente, así como en la gestión de la demanda y en eficiencia y ahorro energético. Para la asociación, es imprescindible un recorte del 100% de las emisiones para 2050 respecto a las de 1990, en línea con el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que aconseja un escenario neto de cero emisiones para 2050, frente al recorte del 90% propuesto por el Ejecutivo.

La Fundación Renovables cree que esta falta de ambición es resultado «de las cautelas que emanan del conjunto del documento», como la no fijación de objetivos «ni concretos ni ambiciosos», ni de la reducción del volumen de tráfico y penetración del vehículo eléctrico, ni en autoconsumo ni en rehabilitación energética. En cuanto al objetivo para las renovables, la Fundación propone una penetración en el consumo final de energía de un 50% en 2030, frente al 35% que fija el borrador.

Además, para la Fundación Renovables, «llama la atención» que no se fijen objetivos para el autoconsumo ni en potencia ni en porcentajes de energía, así como que se realicen desarrollos pormenorizados fuera del ámbito del alcance de la futura ley, como pueden ser las redes cerradas, y que, en cambio, no se defiendan los derechos del consumidor y el acceso a los datos de su contador eléctrico en tiempo real.

Ribera: “peso relevante” del automóvil

Por su parte, Ribera ha declarado que su Ministerio, junto con el de Industria, tienen aún pendiente reunirse y dialogar con las patronales del automóvil. «Lo que tenemos es un documento de trabajo mediante el cual se están planteando diversas opciones», ha declarado. Por otro lado, la ministra no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Gobierno establezca multas de hasta 30 millones de euros para los propietarios de gasolineras que en 27 meses no presenten puntos de recarga para coches eléctricos. Esta medida ha sido recogida por el Ejecutivo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático.

APPA pide que la Ley de Cambio Climático dé estabilidad regulatoria y una planificación energética a medio y largo plazo

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) expresó su confianza en que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética «siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo» para el sector de las renovables.

En este sentido, la asociación considera que tanto la Directiva Europea de Renovables, que fija el objetivo europeo del 32% de renovables en el mix energético europeo en 2030, como la Ley de Cambio Climático en España, que pretende marcar una meta en 2030 de un 35% de renovables, representan un «impulso al sector renovable nacional». No obstante, reclamó predictibilidad en la transición energética, dado el volumen de inversiones superiores a los 100.000 millones de euros que deberá acometer el sector privado en la próxima década «para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030».

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, cree que el anuncio de que habrá un mínimo anual de 3.000 megavatios (MW) de nueva potencia en concurrencia competitiva «es positivo para dotar de seguridad al sector». Así, subrayó que la planificación energética «es fundamental» para acometer las inversiones y considera que «es mucho más importante hacer bien la transición energética que tener objetivos”. «Debemos hacer grandes esfuerzos en electrificación y en los sectores difusos, especialmente en penetración de renovables, para satisfacer nuestras necesidades de usos térmicos y transporte», añadió Villarig.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

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Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».