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Unidos Podemos reclama que Nuclenor «corra con los gastos» de cerrar Garoña ya que se ha enriquecido con su producción

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Europa Press.- El diputado de Unidos Podemos por Burgos, Miguel Vila, exige que la empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, corra con los gastos del cierre ya que se ha enriquecido con la producción. El parlamentario por Burgos se ha entrevistado con la Plataforma contra Garoña para la presentación de enmiendas a los Presupuestos.

El diputado asegura que estará vigilante para que el coste del desmantelamiento de la central de Garoña recaiga «exclusivamente» en Nuclenor, sociedad formada por Endesa e Iberdrola. De esta manera quiere «evitar» que se el cierre definitivo se haga con el dinero de todos y «con garantía de seguridad». Vila recordó que no puede ser que la ciudadanía pague el desmantelamiento millonario de la nuclear cuando «la empresa propietaria ha ganado mucho dinero» durante la vida útil de la central.

El desmantelamiento de la central va a generar empleo, pero Vila ha recalcado que no se conforma con ello. Unido al proceso de cierre, que puede durar una década, cree necesario implementar un plan de reindustrialización para la zona pero basado en «un impulso del mundo rural sostenible que garantice empleo de calidad». «Una segunda pata estaría enraizada en la «revitalización del patrimonio histórico y natural que garantice la llegada de turismo sostenible», ha aseverado.

Unidos Podemos entiende que el dinero de que se invierta en la reindustrialización de la comarca de Las Merindades y en Miranda de Ebro, «debe ir a los ayuntamientos». El diputado alertó de que si no se hace así, puede ocurrir lo que ya pasó hace unos años con el Plan Reindus, cuando el dinero del Estado se fue «a la patronal con una total ausencia de mecanismos de control». 

El consejo de administración de Nuclenor se reúne el miércoles para decidir el futuro de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El consejo de administración de Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, se reunirá el próximo miércoles 26 de abril para analizar el futuro de la planta, según indicaron fuentes empresariales.

Esta reunión de la sociedad llega en un momento en que está sobre la mesa la petición de Iberdrola a Endesa, como su socio en Garoña, para que respalde la presentación de un escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. Iberdrola ya había solicitado a finales de marzo a las partes implicadas, Nuclenor y Endesa, la convocatoria de este consejo, así como de una junta general extraordinaria, para el pasado 6 de abril, que finalmente tendrá lugar a finales de mes.

La reunión de este miércoles coincidirá con la celebración de la junta general de accionistas de Endesa y con la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2017 de Iberdrola. Hay que recordar que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aprovechó el marco de la pasada junta de accionistas de la compañía para asegurar que la central nuclear de Garoña «no es viable económicamente, con pérdidas cuantiosas» desde hace años, y anunció que había pedido a Endesa que desista de su explotación.

Por su parte, Endesa remitió a tomar las decisiones en el seno de Nuclenor, «que es la propietaria de la central», cualquier decisión final respecto a la reapertura o no de la planta nuclear de Garoña. Fuentes de la compañía indicaron que todavía se debía conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, sobre la continuidad de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Mientras, el Ministerio de Energía continúa el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de Garoña. El Ministerio remitió a las partes interesadas el informe preceptivo aprobado por el CSN para que presenten alegaciones y comentarios. El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN. No obstante, de ser favorable, la última palabra corresponderá a Iberdrola y Endesa, propietarios de la central a través de Nuclenor.

El Parlamento del País Vasco presentará un recurso si el Gobierno ordena la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El Parlamento vasco ha aprobado una iniciativa en la que asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición» para impedir la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y, en caso de que el Gobierno ordene la reapertura, faculta a la Mesa de la Cámara a ordenar a los servicios jurídicos parlamentarios la interposición de recursos en contra de la resolución de apertura.

Todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo, votaron a favor de la iniciativa que ha presentado EH Bildu que hace referencia al informe elaborado por la dirección técnica delConsejo de Seguridad Nuclear (CSN) que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. El pasado 2 de febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que exige el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender.

El informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara vasca señala que el Parlamento puede interponer un recurso contra el informe del CSN. Por ello, con esta iniciativa, el Parlamento vasco asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura» y acuerda interponer el recurso para «anular» la resolución del CSN. Finalmente, el texto advierte de que la reapertura de Garoña sería «grave e inaceptable» y, en consecuencia, insta al Gobierno central a no volver a autorizar la reapertura de la central nuclear.

Durante el debate, EH Bildu acusó al PP de «cercenar la posibilidad de la ciudadanía a expresarse», y ha advertido de que, si el Gobierno de Rajoy continúa con la misma actitud, va a llevar a la ciudadanía a un «problema» por «facilitar la apertura de Garoña o de las siguientes centrales» y por «tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía en el oscuro órgano que es el Consejo de seguridad Nuclear». También acusó al PP de «empeñarse en decir que no hay novedades». «¿Ustedes están a favor o en contra de la reapertura?. No me ha quedado claro. Se van a abstener y eso no sé qué significa», criticó.

Representando a los intereses vascos

Por su parte, el parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, ha reconocido que «no es habitual» que una asamblea legislativa se persone como parte interesada en un procedimiento administrativo, como sería la prórroga de la explotación de Garoña, pero ha indicado que el Parlamento tiene «plena legitimación» para personarse «como depositario del mandato representativo de los vascos y en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía vasca». «Votamos a favor de la presentación de este recurso», insistió, para defender que, «aunque se ve cada vez más cerca el cierre de Garoña, no podemos sentarnos con los brazos cruzados», sino que «tenemos que estar vigilantes».

Desde Podemos, José Ramón Becerra criticó que el Gobierno central «no ha hecho nada en estos años» para cerrar Garoña, y ha agradecido la «diligencia y profesionalidad» de los servicios jurídicos de la Cámara a la hora de «concretar las vías más adecuadas para hacer frente al entramado jurídico-administrativo que el propio oligopolio eléctrico y sus puertas giratorias han ido urdiendo en torno a la reapertura y que han quedado al descubierto en el informe».

La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, ha defendido que la iniciativa de EH Bildu responde a la posibilidad de la Cámara de personarse «en el caso de que al PP se le ocurra continuar con la reapertura de Garoña y acudir a un procedimiento administrativo». Rojo ha defendido que el Consejo de Ministros «puede poner punto y final a la reapertura de Garoña» ya que es «el secretario de Estado quien puede decir lo que puede pasar con la central». «Iberdrola dirá lo que quiera, pero no exime la responsabilidad del Gobierno de Rajoy para tomar la decisión final. Álava y Euskadi no quieren la central, independientemente de lo que diga Iberdrola», ha advertido Rojo.

El parlamentario del PP, Carmelo Barrio, asegura que «estamos más cerca que nunca del cierre de Garoña y de su desmantelamiento», y recuerda que, en la actualidad, la central nuclear está cerrada, por lo que no ve «ninguna novedad en el trámite político o jurídico». Tras recordar las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegurando que la central «no es viable», ha señalado que la única «novedad» está en que Nuclenor «reconoce que la continuidad es inviable económicamente».

Además, ha afirmado que el Gobierno central «no puede cercenar unilateralmente un procedimiento administrativo, al que tiene derecho las sociedades mercantiles Iberdrola y/o Nuclenor» porque se enfrentaría a sanciones que beneficiarían a las propietarias de la central. Asimismo, anunció su abstención a la propuesta y ha contestado a las críticas del PSOE sobre las distintas posiciones que han mantenido los populares ante los debates sobre Garoña, recordando que fue el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que «impulsó la prórroga» de la central burgalesa.

Castilla y León no contribuirá a «la confusión» creada sobre Garoña y desconoce el cambio de opinión de Iberdrola

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Europa Press.- La Junta de Castilla y León no va a participar en la «ceremonia de la confusión» que se está produciendo en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y asevera que no puede valorar las razones aducidas por Iberdrola para cambiar su criterio y posicionarse ahora por el cierre de la planta ya que esta compañía «no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente» al Gobierno regional las causas de este cambio de postura.

Así se ha manifestado el Gobierno regional tras el posicionamiento de Iberdrola en contra de la reapertura de la central antes de que haya concluido el plazo de 6 meses dado por el Gobierno para escuchar a todas las partes implicadas y pronunciarse sobre el futuro de Garoña. En este sentido, el Gobierno regional recuerda que «contando siempre con que la voluntad de los propietarios» de la central era la de mantenerla abierta, la Junta viene defendiendo esa continuidad siempre que, como condición imprescindible, se contara para ello con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y una vez cumplidas «todas las exigencias técnicas y de seguridad» establecidas.

Asimismo, ha recordado que Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%) solicitó en mayo de 2014 reabrir la central hasta 2031 con la renovación de la autorización de explotación, lo que motivó que se iniciase un «exigente procedimiento» para obtener esa solicitud de reapertura, que requería preceptivamente un informe del CSN. Finalmente, a principios de febrero, el CSN informó favorablemente sobre la reapertura de la central, aunque condicionado a obras de mejora que se deben acometer antes de volver a operar.

Vigente plazo de 6 meses

A partir del informe favorable del CSN, corresponde al Gobierno de la Nación pronunciarse definitivamente sobre la solicitud de reapertura y sobre el nuevo plazo hasta el que la central podrá estar operativa. No obstante, antes de su pronunciamiento, el Gobierno abrió un periodo de consultas durante 6 meses, para escuchar a empresas, agentes sociales, instituciones y partidos; «un trámite de consultas que la Junta de Castilla y León aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años».

La «sorpresa» surge, según la Junta de Castilla y León, cuando en los últimos días Iberdrola, una de las propietarias de Nuclenor, se posiciona y no considera rentable reabrir la central «antes de conocer las condiciones de la posible autorización del Gobierno» y pide a su socio, Endesa, cerrarla definitivamente, y «presentar un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación que ellos mismos habían formulado hace 3 años». Es una decisión que, en principio, Endesa «no parece compartir» ya que prefiere esperar «en todo caso» a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de 6 meses que ha abierto para consultas.

La Junta de Castilla y León considera necesario que ese plazo sea respetado y ha reiterado que aprovechará este tiempo para reiterar su posición en este tema y el futuro de la central, del que depende «su mayor o menor aportación a la producción energética española» así como la pérdida o mantenimiento de casi mil empleos en una zona de Burgos «con difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación».

La cuestión nuclear en la España de hoy

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Todo el acontecer alrededor de la reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, todo el debate sobre el futuro de los otros 7 reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética, si es que hubiera dicha estrategia, todo, en definitiva, del mensaje que lanzó Iberdrola gira alrededor de una cuestión que es la fiscalidad energética y. en concreto, de la propia fiscalidad de las actividades nucleares en combinación con otros factores.

El framing para esta tecnología lo constituye la combinación de la fiscalidad vigente, resultante del ajuste contable perpetrado por las medidas Soria, con los requerimientos de nuevas inversiones en materia de seguridad derivados de la revisión de exigencias postFukushima. Ambos puntos unidos, en el caso español, con la proximidad de estos reactores a los 40 años de vida técnica del diseño inicial de las instalaciones (erróneamente denominada vida útil, en un ejercicio de comunicación política para hacer semejantes, de forma interesada, dos conceptos diferentes: vida útil y vida de diseño).

Tampoco hay que abstraerse del conflicto ideológico de trasfondo en lo que se refiere a las actividades nucleares. Mientras los detractores y apologistas antinucleares han visto el devenir del atrabiliario proceso de Garoña como el principio del fin de lo nuclear en España, por otra parte los pronucleares abrigan la posibilidad de que, en unas circunstancias razonables, esta tecnología pueda servir a la transición energética en su proceso de descarbonización, siguiendo el modelo Obama (nuclear más renovables, ahora cuestionado por Trump, pero por la parte renovable), al tratarse de una tecnología no emisora. Una posibilidad que choca con los intereses de abrir huecos de capacidad en el parque de generación.

El retorno de las inversiones

Así las cosas, el anuncio del presidente de Iberdrola ante los accionistas de la compañía en relación a la situación deficitaria de los activos nucleares ha venido a dibujar el terreno de juego que, por otra parte, adquirirá repercusión en los próximos meses en este complicado escenario político y económico. Sánchez Galán ha puesto, con su intervención, el centro de gravedad de la decisión empresarial en la cuestión nuclear en la rentabilidad para el retorno de las inversiones. Mientras desde ciertos sectores interpretan que ha dejado el campo libre al Gobierno, otros consideran que incrementa la presión para el cumplimiento de los compromisos ambientales con Europa, ante la predatoria política fiscal de los populares en relación a la tecnología nuclear.

No es nuevo; los sucesivos gobiernos han comulgado con la teoría retroprogresiva respecto a una rentabilidad cuasi infinita de la energía nuclear que, supuestamente, habilita a la propia Administración a la fijación de impuestos a dicha tecnología también de forma ilimitada. La teoría de los activos amortizados, que “olvida” las inversiones sucesivas realizadas, de mantenimiento y/o futuras, ha servido para situar el conjunto de tasas y gravámenes en cerca del 45% de los ingresos de las nucleares: tasas Enresa del 18%; impuesto sobre combustible gastado del 15%, impuesto a la producción eléctrica del 7% y resto de cánones y tasas (IBI, etc…) en un 5%.

En estas condiciones, hay muchas formas de participar en el debate ideológico/maniqueo antinuclear. Con un escenario socialmente menos virulento ante lo nuclear, pero probablemente más militante en lo político, incluyendo con sus diferencias a PP, PSOE y Ciudadanos (incrementar la fiscalidad es otra forma de participar), el desenlace de la cuestión nuclear vendrá, seguramente, de la parte empresarial. Y lo hará con unas consecuencias económicas y medioambientales para el sistema eléctrico que precisan de un mayor análisis por la Administración.

Las instituciones vascas y ecologistas creen que el futuro de la central nuclear de Garoña está más cerca del cierre

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EFE / Europa Press.- Al igual que la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria, Greenpeace o Ecologistas en Acción, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, cree que las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a que su compañía eléctrica, copropietaria del 50% de Nuclenor junto a Endesa, no tiene interés en volver a operar la nuclear burgalesa, es algo que constata que «el futuro de Garoña está más cerca del cierre«.

Garoña es la central nuclear más antigua de España. Tapia asevera que la sociedad y las instituciones vascas «estaban demandando este paso que ha dado Iberdrola», aunque ha recordado que todavía queda por conocer las decisiones que tomarán “tanto Endesa como Nuclenor». La consejera ha señalado además que «en este momento el posicionamiento del Ministerio de Energía es crucial y, aunque hasta ahora podía haberse posicionado en contra de la continuidad, este nuevo escenario se lo pone aún más fácil».

Tras reclamar a todas las partes implicadas en el futuro de la central burgalesa que actúen de «manera rigurosa y responsable», la consejera ha concluido que «aunque hay gente que no lo quiera ver, Iberdrola es una empresa vasca que hace una clara apuesta por las energías renovables, que además se alinea perfectamente con la estrategia vasca 2030». En definitiva, el Gobierno del País Vasco ha acogido de forma «muy positiva» las palabras de Galán porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo de que la central burgalesa está “obsoleta” y constituyen una «buena noticia».

Diputación: todo apunta al cierre

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), asegura que todo apunta al cierre definitivo de Garoña tras las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que la planta «no es viable«. González ha recordado que la postura de Iberdrola «era más o menos conocida», pero ha subrayado que «la confirmación» de la posición de la eléctrica «es una buena noticia».

«Todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ha defendido el diputado general, quien ha opinado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central». Así, ha indicado que «el camino que se va viendo» es el del cierre definitivo, por lo que ha advertido de que sería «incomprensible» que el Gobierno central concediese la licencia de reapertura. «El siguiente paso debe ser la toma de posición de Endesa. Pero lo realmente importante es que el Gobierno español no prorrogue la vida útil de la central», ha concluido.

El alcalde habla con Rajoy

Por otro lado, ubicado a 40 kilómetros de la central burgalesa, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), le ha indicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si le quedaba «alguna duda» sobre el desmantelamiento de Garoña la tiene «resuelta» después de las palabras de Galán. Se ha pronunciado así en las redes sociales tras esas afirmaciones de Sánchez Galán, que también ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de solicitar el permiso para reabrir Garoña.

La central de Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, cuando se desconectó de la red por la nueva fiscalidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió recientemente un informe favorable para que pueda reanudar su actividad y ahora el Gobierno tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que no tomará una decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa hasta que haya escuchado a todas las partes.

Ecologistas ven «el fin definitivo»

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que el desinterés de Iberdrola en volver a operar Garoña supone «el fin definitivo de Garoña» y deja al Gobierno y a Endesa «sin coartada» ahora que la pelota está «en su tejado».»Es lo que esperábamos. Iberdrola había manifestado su desinterés por reiniciar la central, pero esta vez lo ha hecho de una forma más evidente», según considera el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. A su juicio, esto «pone muy difícil y hace casi imposible» que Garoña vuelva a funcionar porque no cree que Endesa compre la otra mitad de Nuclenor.

Además, respecto a la posibilidad de que el Estado tenga que indemnizar por lucro cesante, Castejón ha señalado que si Nuclenor por sí misma no acepta un posible permiso y decide no reabrir, entonces no habría lugar a lucro cesante. Sin embargo, si el Gobierno otorga permiso para volver a operar y después lo retira, entonces la empresa sí podría reclamar, por lo que para evitar esa situación, «que rayaría la prevaricación y el servilismo completo a Iberdrola», recomienda al Ejecutivo no autorizar la reapertura.

En ese sentido, insiste finalmente en que no lo haga porque «quedaría fatal», después de lo mal que ha salido ya parado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en su opinión, ha demostrado «ir más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica y se ha situado más allá de los intereses de Nuclenor, puesto que ha autorizado un permiso a una central que está tan mal que ni siquiera a sus propietarios les merece la pena abrir».

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, estima que las palabras de Sánchez Galán dejan al Gobierno y a Endesa «sin coartada» y les pide que ahora que «la pelota está en su tejado», el Ejecutivo «no puede ignorar» al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ecologistas y ahora también a Iberdrola que «ya se han posicionado contra Garoña». Por su parte, apunta a Endesa que «no puede delegar en Nuclenor el reto que le ha planteado su socio» porque Endesa e Iberdrola mandan «al 50%», por lo que les pide que retiren «definitivamente» su solicitud de reapertura» del reactor de Burgos.

«Es la primera vez que Sánchez Galán afirma públicamente que ha pedido a Endesa desistimiento de la solicitud de licencia», ha subrayado. Finalmente, destaca que en la acción de protesta realizada ante la sede de Endesa, Greenpeace asegura que la empresa confirmó su intención de no reabrir en ningún caso la central de Garoña, pero que se resistía a hacerlo público. «Tras el pronunciamiento por parte de Iberdrola, a Endesa solo le cabe hacer pública la decisión que ya tiene tomada, de manera que Nuclenor retire definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña», concluye Montón.

López de Uralde (Equo / Unidos Podemos): “Ya no quedan excusas para reabrir la central nuclear de Garoña”

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EFE.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, asevera que «ya no quedan excusas para reabrir» la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña y ha pedido al Gobierno de España que decrete de forma inmediata su cierre. López de Uralde ha recordado que en las últimas semanas la oposición política y social contra Garoña «no ha dejado de ampliarse y manifestarse» y añade que además ahora se sabe que su continuidad «económicamente es inviable».

«Las afirmaciones de representantes de Nuclenor, propietaria de la central, reconociendo que la continuidad de Garoña es inviable económicamente debería ser justificación concluyente para el cierre definitivo de la instalación», considera López de Uralde. Varios diarios han informado de que Nuclenor, sociedad compartida al 50% por Iberdrola y Endesa, debería asumir una inversión de 205 millones añadidos a los 330 millones inyectados desde 2013 para volver a reabrir la central, lo que hace «inviable» la operación económicamente. López de Uralde ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que «no dilate más» la situación de Garoña y cierre definitivamente esta central.

Nuclenor reivindica que la central nuclear de Garoña es «más segura» que la media, con 3 revisiones en 10 años

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Garoña, Miguel Ángel Cortés, ha defendido que la planta burgalesa es «más segura» y fiable que la media del resto de centrales nucleares en el mundo y ha recordado que ha pasado 3 revisiones exhaustivas en 10 años. Cortés repasó las actuaciones de la central para mantener la planta en «las mejores» condiciones de seguridad, ante el «doble escenario» al que se enfrenta, la continuidad de la operación, o bien, el cese definitivo.

Cortés expuso que Garoña «se ha sometido en los últimos 10 años a tres revisiones» que han concluido que «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central», ya que la prioridad y «premisa» de Nuclenor, su titular, «ha sido y es la seguridad de la instalación, la protección de los trabajadores y el público y el respeto al medio ambiente». «Toda nuestra gestión se desarrolla en torno a este principio y la principal motivación de nuestras actividades es el mantenimiento de las adecuadas condiciones para el funcionamiento seguro y fiable de la central», ha manifestado. Cortés ha elogiado a los 242 trabajadores de Nuclenor porque «se han enfrentado de modo ejemplar al reto que esta situación representa».

Respecto a las tres evaluaciones pasadas por Garoña, subrayó la «fiabilidad» de la central «por encima de la media del resto de centrales nucleares en el mundo». La primera de estas revisiones se prolongó durante tres años, entre 2006 y 2009, tras la que el Consejo de Seguridad Nuclear se mostró favorable para que la planta pudiera operar hasta 2019. Posteriormente, entre 2011 y 2012, Garoña realizó las pruebas de resistencia a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Daichi, igual que las otras instalaciones nucleares españolas y, según Cortés «se puso de manifiesto que Garoña está al mismo nivel» que las demás.

En este contexto, expuso a los diputados que las pruebas sirvieron para evidenciar las «grandes diferencias existentes» entre Garoña y la de Fukushima, desde las obvias por localización y sismicidad, hasta las propias de diseño. La tercera de estas evaluaciones se ha realizado desde 2014 a 2017 y según Cortés ha sido «rigurosa y exhaustiva» pues ha incluido entre otros la revisión de la vasija y de sus elementos internos. En definitiva, el director de Garoña recordó que el CSN aprobó «la viabilidad» de que la central opere «con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones».

Del mismo modo, Cortés ha insistido a los diputados que desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la instalación». Finalmente, ha dicho que las actividades en la planta se centran en la gestión de los residuos, la construcción del almacén temporal individualizado y las actividades preparatorias del desmantelamiento, mientras se trabaja en el mantenimiento de la reversibilidad así como en el refuerzo de la formación.

Endesa gana 1.411 millones de euros en 2016, un 30% más por el negocio liberalizado y el control de costes

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Redacción / Agencias.- Endesa obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.411 millones de euros, un 30% más que los 1.086 millones de euros de 2015, impulsada por el buen comportamiento del negocio liberalizado y el control de costes, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El beneficio bruto de explotación (ebitda) creció un 13% y se elevó a 3.432 millones, mientras que los ingresos descendieron un 7%, hasta 18.979 millones.

Según la empresa, estos resultados superan los compromisos planteados en el plan estratégico 2016-2019, tanto en el beneficio neto como en el ebitda. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que esta evolución positiva se debe a la buena gestión del negocio liberalizado, a la estabilidad del mercado regulado y a los planes de eficiencia de costes, señala la empresa. Para analizar la evolución del beneficio operativo hay que tener en cuenta que en 2016 se produjo la consolidación total de Enel Green Power España (EGPE), cuya contribución al ebitda alcanzó 75 millones desde el 27 de julio.

Además, en 2015 el ebitda incluyó un resultado positivo no recurrente de 184 millones por una operación de canje de certificados de emisión de CO2. Este efecto no se ha replicado en 2016, lo que se ha traducido en una reducción de los ingresos. En ambos ejercicios se han registrado provisiones de 226 millones (2016) y 380 millones (2015) para cubrir los costes de los planes de reducción de personal.

Si se aíslan estos efectos, el ebitda aumentó el año pasado un 10,8%, fundamentalmente por el comportamiento positivo del negocio liberalizado, que creció un 13% en términos comparables. Este incremento se debe a los menores costes de producción y a la disminución de los costes medios en la compra de electricidad por la caída de los precios en el mercado mayorista. Además, se ha producido una regularización del impuesto nuclear de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional que lo declaró inconstitucional, con un impacto como consecuencia de 88 millones de euros. Si se descuentan todos estos efectos extraordinarios, el beneficio neto creció un 27%.

La deuda financiera neta aumentó tan sólo en 615 millones respecto al cierre del año anterior a pesar de la compra de EGPE y sus filiales por 1.207 millones y del pago de un dividendo con cargo al resultado de 2015 de 1.086 millones. El consejo de administración de Endesa decidió proponer a la junta de accionistas el pago de un dividendo de 1,333 euros brutos por acción (1.411 millones) con cargo a los resultados de 2016. Esta cifra supone un incremento del 30% respecto al pagado con cargo al ejercicio 2015. La compañía repartió en enero un dividendo a cuenta de 0,70 euros brutos por acción, cuyo pago supuso un desembolso de 741 millones.

Durante el ejercicio 2016, la demanda eléctrica peninsular mantuvo la tendencia de crecimiento iniciada en el año 2015, tras cuatro años consecutivos de descensos, y aumentó en un 0,6% respecto del 2015. La producción eléctrica peninsular en régimen ordinario de Endesa descendió un 7,7%, como consecuencia fundamentalmente de la elevada disponibilidad de energía eólica e hidráulica, indicó la empresa. Las tecnologías nuclear e hidroeléctrica (libres de emisiones de CO2) representaron el 59,1% del mix de generación peninsular de Endesa, frente a un 54,3% en el mismo periodo de 2015. Mientras, la producción de Endesa en los Territorios No Peninsulares (TNP) tuvo un aumento del 2,1%.

Respecto a la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), Endesa, que participa en ella a través de Nuclenor, recordó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha establecido condiciones para la petición de autorización de renovación. En este sentido, indicó que «es necesaria la autorización del Ministerio de Energía antes de que el titular de la instalación tome una decisión». Asimismo, la compañía eléctrica se ha apuntado un impacto negativo de 38 millones de euros en sus cuentas del ejercicio 2016 para cubrir la parte que le corresponde de unas nuevas provisiones asumidas por Nuclenor.

En su informe anual de auditoría, Endesa explica que Nuclenor está analizando en su calidad de sociedad titular de la central las condiciones impuestas por el CSN para el eventual reinicio de la actividad de Garoña. Asimismo, Nuclenor ha ido provisionando en los últimos años distintos importes para hacer frente al sobrecoste asociado a la situación en la que se encuentra la central. Endesa explica que, si en 2015 se apuntó un impacto negativo de 58 millones para cubrir las provisiones de Nuclenor en proporción a su participación en esta sociedad, en 2016 el importe adicional ascendió a 38 millones.

Bogas señaló que la decisión de Nuclenor «se basará en los retornos que podría obtener con el precio del pool esperado y las inversiones requeridas por el CSN». Además, consideró que el informe del CSN es «muy positivo» porque, al margen de lo que se decida finalmente, muestra que «la vida de las nucleares puede ampliarse hasta los 60 años».

El presidente del CSN destaca la «profesionalidad», «independencia» y «neutralidad» en el proceso de evaluación de la reapertura de Garoña

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Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, ha dejado «constancia» del «agradecimiento» al cuerpo técnico por el desempeño de su trabajo y la «profesionalidad con la que ha tratado todo el proceso«, desde 2006, con las solicitudes de renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Martí también quiso «dejar constancia» de la «independencia» del proceso de evaluación y de la «neutralidad» en las conclusiones alcanzadas, que han debatido «todos los aspectos evaluados» y según el presidente, «como consta en la propuesta de dictamen técnico elevada a pleno, sin discrepancias internas». Así consta en el acta del pleno en el que se emitió un dictamen favorable, por 4 votos a favor y 1 en contra, a la renovación de la explotación de la central burgalesa que su titular, Nuclenor, pidió hasta 2031, cuando la planta llegue a sus 60 años. Además, ha insistido en expresar que el pleno compartió el «sentido y el posicionamiento» de las propuestas de las Direcciones Técnicas.

Asimismo, insiste en «resaltar» que, en todo el proceso, cuando el cuerpo técnico ha modificado criterios lo hizo «para elevar las exigencias a la central«. Martí ha puesto de ejemplo cuando en 2015 el pleno consideró conveniente que Nuclenor efectuara la inspección del 100% de las penetraciones de los accionadores de las barras de control, mientras que la propuesta del titular, revisada al alza por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear proponía un porcentaje inferior.

Más allá de las consideraciones del presidente del regulador nuclear, el acta refleja las deliberaciones del pleno. Por ejemplo, señala que la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) 2008-2012 va acompañada de revisiones aplicables de documentos oficiales de explotación; la revisión del análisis probabilista de seguridad (APS); un análisis de envejecimiento de la central; un análisis de la experiencia de explotación durante la autorización de explotación que se pretende renovar; un análisis del cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en el Anexo de la Orden ITC/1785/2009 y del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas y, finalmente, el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima Dai-Chii.

El acta recuerda también que el pleno acordó emitir una instrucción técnica complementaria sobre documentación y requisitos adicionales en relación a la solicitud de renovación. Así, señala que en cumplimiento de los planes derivados de la revisión periódica de seguridad, de la normativa de aplicación condicionada y de la citada ITC-14.01, y afirma que Nuclenor ya realizó las mejoras en la central que «deberán completarse de acuerdo con los establecido en los límites y condiciones anexos”. El acta expone que el CSN votó a favor de informar favorablemente al Gobierno sobre la renovación de la autorización de explotación y establece 10 límites y condiciones, 8 generales y 2 especiales, así como 15 Instrucciones Técnicas Complementarias.