Castilla y León no contribuirá a «la confusión» creada sobre Garoña y desconoce el cambio de opinión de Iberdrola

Europa Press.- La Junta de Castilla y León no va a participar en la «ceremonia de la confusión» que se está produciendo en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y asevera que no puede valorar las razones aducidas por Iberdrola para cambiar su criterio y posicionarse ahora por el cierre de la planta ya que esta compañía «no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente» al Gobierno regional las causas de este cambio de postura.

Así se ha manifestado el Gobierno regional tras el posicionamiento de Iberdrola en contra de la reapertura de la central antes de que haya concluido el plazo de 6 meses dado por el Gobierno para escuchar a todas las partes implicadas y pronunciarse sobre el futuro de Garoña. En este sentido, el Gobierno regional recuerda que «contando siempre con que la voluntad de los propietarios» de la central era la de mantenerla abierta, la Junta viene defendiendo esa continuidad siempre que, como condición imprescindible, se contara para ello con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y una vez cumplidas «todas las exigencias técnicas y de seguridad» establecidas.

Asimismo, ha recordado que Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%) solicitó en mayo de 2014 reabrir la central hasta 2031 con la renovación de la autorización de explotación, lo que motivó que se iniciase un «exigente procedimiento» para obtener esa solicitud de reapertura, que requería preceptivamente un informe del CSN. Finalmente, a principios de febrero, el CSN informó favorablemente sobre la reapertura de la central, aunque condicionado a obras de mejora que se deben acometer antes de volver a operar.

Vigente plazo de 6 meses

A partir del informe favorable del CSN, corresponde al Gobierno de la Nación pronunciarse definitivamente sobre la solicitud de reapertura y sobre el nuevo plazo hasta el que la central podrá estar operativa. No obstante, antes de su pronunciamiento, el Gobierno abrió un periodo de consultas durante 6 meses, para escuchar a empresas, agentes sociales, instituciones y partidos; «un trámite de consultas que la Junta de Castilla y León aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años».

La «sorpresa» surge, según la Junta de Castilla y León, cuando en los últimos días Iberdrola, una de las propietarias de Nuclenor, se posiciona y no considera rentable reabrir la central «antes de conocer las condiciones de la posible autorización del Gobierno» y pide a su socio, Endesa, cerrarla definitivamente, y «presentar un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación que ellos mismos habían formulado hace 3 años». Es una decisión que, en principio, Endesa «no parece compartir» ya que prefiere esperar «en todo caso» a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de 6 meses que ha abierto para consultas.

La Junta de Castilla y León considera necesario que ese plazo sea respetado y ha reiterado que aprovechará este tiempo para reiterar su posición en este tema y el futuro de la central, del que depende «su mayor o menor aportación a la producción energética española» así como la pérdida o mantenimiento de casi mil empleos en una zona de Burgos «con difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación».