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El sindicato UGT exige al Gobierno la continuidad de la nuclear de Garoña y anuncia movilizaciones ante su posible cierre

Europa Press.- Las secciones sindicales de UGT de las centrales nucleares instan al Ministerio de Energía que resuelva «de manera inmediata» la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que se encuentra en situación administrativa de cese de explotación, y anuncian movilizaciones si finalmente se produce el cierre.

El sindicato ha asegurado que acordará con Comisiones Obreras movilizaciones si Garoña no se vuelve a poner en funcionamiento desde que cesó su actividad en 2012 «por razones económicas y no técnicas ni de seguridad», según Nuclenor, que opera la central. Un total de 230 trabajadores fijos se verían afectados por el cierre de la planta, además de los temporales, según datos de los sindicatos. El Ministerio de Energía abrió un plazo de alegaciones para que 11 entidades interesadas pudieran exponer sus razones a favor o en contra de Garoña.

Además, según UGT, también piden al Ministerio la «elaboración definitiva» del Plan General de Residuos Radiactivos y la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, proyectado en Villar de Cañas (Cuenca). La organización sindical ha señalado que los «trabajadores están preparados y dispuestos para seguir funcionando de manera segura y responsable, tal y como indican los informes del CSN. Asimismo, el sindicato ha subrayado que hasta que no se configure un nuevo modelo energético en España, «no se debería prescindir de ninguna fuente de energía o tecnología existentes«.

Esta semana concluye el plazo dado por el Gobierno a 11 partes interesadas en alegar sobre el futuro de Garoña

Redacción / Agencias.- Las 11 entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña podrán hacerlo hasta este sábado, cuando finaliza el plazo dado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El Ministerio estudiará estas alegaciones antes de decidir si concede o no la autorización de explotación para que la central burgalesa, parada desde diciembre de 2012, pueda volver a la actividad.

Según Energía todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi 5 meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron notificados por el propio Ministerio en marzo. En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad. Eso sí, condicionó la reapertura a la ejecución de una serie de inversiones en seguridad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de 6 meses para pronunciarse sobre la solicitud de la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor. Las 11 entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Garoña acumula 115 millones en provisiones para su desmantelamiento mientras el Gobierno mantiene que decidirá atendiendo las alegaciones de «todos”

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que el Gobierno no ha tomado aún ninguna decisión sobre la central nuclear de Garoña (Burgos) y que no lo hará hasta conocer las opiniones y alegaciones de «todos» los interesados en la cuestión. Por su parte, Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que opera la central nuclear, acumula provisiones de 115,15 millones de euros para el predesmantelamiento tanto de la planta burgalesa como de su 2% en Trillo.

Esta cifra aparece recogida en el último informe anual de auditoría de Nuclenor, en el que la firma EY publica un párrafo de énfasis en el que llama la atención acerca de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad. Al referirse a la actividad de predesmantelamiento, Nuclenor recuerda que el proceso puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias. Tras la emisión del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña cumpla 60 años de operación y llegue a 2031, el Ministerio tiene hasta el 8 de agosto para decidir si autoriza la continuidad de la central, momento en el que sus operadores deberán tomar una decisión al respecto.

Nuclenor declara en sus cuentas anuales de 2016 unas pérdidas de 67,15 millones de euros en 2016, lo que supone elevar un 47% los números rojos de 45,65 millones de euros del ejercicio anterior. La cifra de negocios de la sociedad ascendió a 6,5 millones de euros de euros el año pasado, frente a los 8 millones de euros de 2015. Procedió de los ingresos obtenidos por la venta de energía de la participación del 2% que tiene Nuclenor en la central nuclear de Trillo.

La sociedad presenta a cierre del año pasado un patrimonio negativo por importe de 38,35 millones de euros, un desequilibrio patrimonial que supone que se encuentra en causa de disolución. Ante esta situación, los accionistas de Nuclenor acordaron en enero una aportación adicional de 14,3 millones de euros, desembolsada en febrero. Además, en marzo el consejo de la sociedad propuso a sus accionistas la realización de una aportación adicional de 26,8 millones de euros. En todo caso, Nuclenor declara créditos concedidos a Endesa e Iberdrola cuyo saldo a cierre de 2016 asciende a 55,16 millones de euros, repartidos a partes iguales entre los dos socios.

Garoña se encuentra parada desde finales de 2012, cuando Nuclenor decidió suspender su actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. En su informe, Nuclenor señala que a 31 de diciembre de 2016 la central de Garoña continúa en la situación administrativa de cese de explotación y continúan las tareas de predesmantelamiento, cuya duración aproximada es de 3 años, aunque puede ser «reversible». Para que sea «reversible», no solo se requiere el dictamen favorable del CSN para alargar su vida útil y la autorización del Ministerio de Energía, sino también el visto bueno de Endesa e Iberdrola.

El Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre Garoña, aunque está pendiente de abrir el plazo de alegaciones a las distintas partes. Sin embargo, la postura de los dueños de Garoña no puede estar más distanciada respecto al futuro de la central nuclear. Así, mientras que Endesa quiere esperar a conocer la postura del Gobierno, Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación.

Iberdrola defiende que en las actuales condiciones el negocio nuclear no es viable. En la junta general de accionistas, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que aseguró que «los impuestos y obligaciones» que afectan a las nucleares hacen que el 50% de sus ingresos se tengan que destinar a hacer frente a esas obligaciones, pidió «analizar el marco regulatorio y fiscal» en esta materia de cara al futuro.

En concreto, la filial que agrupa los intereses nucleares del grupo energético, Iberdrola Generación Nuclear, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones de euros desde 2013. No obstante, el ministro Nadal puso recientemente en duda que la nuclear sea un negocio en pérdidas. «Tengo la sensación de que son más rentable de lo que están diciendo, pero su obligación es decir que pierden, a ver si bajan los impuestos«, afirmó.

Sin abrir plazo de alegaciones

Por otro lado, el ministro reconoció que el Gobierno «todavía» no ha iniciado el procedimiento de audiencia pública en el que las partes interesadas puedan alegar y presentar sus comentarios sobre la cuestión. «Es una decisión que importa a mucha gente y toda la gente puede tener la oportunidad de presentar alegaciones», ha comentado Nadal, que admite que las posturas «no son coincidentes». El ministro aseveró que el Gobierno «no va a tomar una decisión» sin que se abra ese plazo, se cierre, se estudien y tomen en consideración todas esas alegaciones y sin haber escuchado «a todas las partes». 

Un bidón cae al suelo en Garoña y vierte 3 litros de agua radiactiva aunque no excede los límites permitidos

Un contenedor con un bidón con agua radiactiva que estaba siendo transportado en un contenedor extraído del Almacén Transitorio de Residuos y Bidones (ATR) en la central nuclear de Garoña (Burgos) cayó al suelo de forma accidental de una altura de tres metros y se vertieron unos tres litros de agua radiactiva, según recogió el acta de inspección trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, sin embargo señala que no superó los niveles permitidos.

La incidencia, no notificable, se produjo el 24 de marzo, cuando un contenedor transportaba en su interior un bidón extraído sin tapa al que se colocó un cierre provisional de aluminio. El aro metálico que sujetaba la tapa del contenedor se rompió y cayó al suelo desde unos tres metros de altura. La tapa quedó suspendida de la pinza y, al caer el contenedor, la tapa de aluminio que llevaba en su interior cedió y desparramó unos 3 litros de residuo del contenido del bidón.

Según refleja el acta de inspección trimestral de la planta burgalesa, el titular «inmediatamente» cubrió con plástico la zona del derrame e instaló un recinto cerrado con plásticos para que se pudiera recuperar el vertido en su interior. El vertido se recuperó ese mismo día, para lo que los operarios retiraron unos 2 o 3 centímetros del asfalto afectado. Según han indicado fuentes del CSN, de acuerdo con la normativa vigente este suceso «no es notificable» porque se produjo en una zona de la central clasificada radiológicamente cuyos límites de dosis están establecidos y, en este caso, no se superaron.

No obstante, señalan que el regulador pidió al titular un análisis de «notificabilidad» del incidente radiológico. Según la IS-10 donde se recogen los criterios de notificación de las centrales, no se superaron los límites de dosis establecidos en una zona radiológica, por lo que no fue notificable. De acuerdo con el acta firmada por el inspector residente, atendiendo a criterios de contaminación superficial, la zona estaba por debajo de 0,4 Bequerelios por centímetro cuadrado y, tras recoger el vertido se optó por retirar la capa superficial de asfalto para recuperar los valores iniciales y esto se hizo en menos de 12 horas. Si se hubiera superado este plazo sí habrían tenido que notificarlo al regulador.

Fallo en pestillo del contenedor

Del mismo modo, no se detectó contaminación fuera de este área cubierta con plásticos, por lo que los técnicos no establecieron medidas ambientales ya que se habían recuperado los niveles normales. En este contexto, el titular analizó las causas del suceso y advirtió que la pinza eléctrica estaba funcionando con tres pestillos operativos de los cuatro que posee y que precisamente la holgura entre el pestillo y el aro metálico es suficiente para que con tres pestillos se sostenga el contenedor. Sin embargo, sin el aro, el contenedor se desprende. Por ello, el inspector del CSN estipuló que antes de utilizar las pinzas se compruebe el correcto funcionamiento de sus pestillos y, en caso contrario, que se prohíba su utilización.

En la descripción de lo ocurrido, se analizaron las posibles consecuencias radiológicas de que se liberase un 10% del contenido del bidón y también de si se hubiera volcado por completo el bidón: supondría una dosis efectiva al público muy inferior a la restricción operacional para el conjunto del año. Aunque en el análisis de notificabilidad realizado por Nuclenor, al principio se limitaba a uno de los criterios de la Instrucción de Seguridad, se solicitó al titular que se considerara adicionalmente la posible aplicabilidad de cualquier liberación, parcial o total y se determinó que en todo caso habría sido inferior a los niveles permitidos y por debajo de 1 microsievert, que constituye el límite del criterio para notificar al CSN.

En todo caso, el inspector subraya que en este incidente se produjo un retraso en la comunicación a la sala de control de lo ocurrido y advierte de que esto sí podría ser importante en los casos en los que el titular sí debe informar «prontamente» al jefe de turno y al inspector residente en el informe de incidencia menor.

Ecova ve un «problema muy serio» en el cierre de Garoña y augura un reflejo en la factura eléctrica

Europa Press.- Mientras el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, considera que el impuesto anunciado por la Junta para Endesa e Iberdrola asociado al cierre de la central nuclear de Garoña es una «cortina de humo» de la Junta, el decano y presidente del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova), Juan Carlos de Margarida, considera un «problema muy serio» para Castilla y León que desaparezca Garoña y destaca su importancia en el empleo ya que es una empresa «consolidada».

De Margarida ha evitado valorar la posibilidad de que la Junta grave con un impuesto a las compañías Iberdrola y Endesa, copropietarias de la planta burgalesa, si optan finalmente por el cierre de Garoña, pero se ha mostrado comprensivo con que la comunidad quiera poner «todos sus medios encima de la mesa» para evitar el desmantelamiento de la central. En este contexto, ha lamentado también el anuncio de clausura de la central térmica de Compostilla (León) por parte de la italiana Enel y ha augurado que, de confirmarse ambos cierres, esto tendría su reflejo en la factura de la luz.

Impuesto: “una cortina de humo”

Por su parte, Luis Tudanca ha acusado al Ejecutivo regional de plantear una política fiscal propia “de los hermanos Marx”. «Desde hace muchos años se ha opuesto a que se pusiera un impuesto a la actividad de Garoña que permitiera obtener recursos suficientes para hacer un tejido industrial alternativo cuando lo proponía el PSOE en los Presupuestos», ha reseñado Garoña.Así, ha considerado que «no tiene mucho sentido» que desde la Junta se plantee ahora gravar el cierre de una empresa que ya no va a generar beneficio económico. «Es una cortina de humo ante su incapacidad de cumplir promesas y para responder ante los trabajadores y ante las comarcas que van a sufrir el cierre de Garoña», ha manifestado.

De este modo, Luis Tudanca ha insistido que en el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, «volvieron con las manos vacías» de su reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y «soltaron este anuncio absurdo y sin sentido«.»Como con todo lo que hace la Junta se demuestra su irrelevancia con el Gobierno central», ha manifestado, tras lo que se ha referido al pacto sobre el cupo vasco, sobre el que ha reiterado que es «lamentable» que los diputados del PP, 18 de Castilla y León, consigan «menos para los suyos» que los cinco diputados del PNV para España.

Manifestación en Miranda de Ebro

Ante la situación actual de posible reinicio de la central nuclear, la Coordinadora contra Garoña convocó una manifestación en Miranda de Ebro (Burgos) por la reindustrialización y desmantelamiento de Garoña y el resto de centrales nucleares. Acudieron las diferentes coordinadoras de Burgos, Cantabria, Euskadi, Aragón y Rioja. El objetivo de la manifestación fue “dejar clara la oposición social a la reapertura e impedir que el Gobierno del Partido Popular firme la reapertura a 20 años, después del incomprensible voto favorable del Consejo de Seguridad Nuclear».

A su juicio, esta decisión «afecta a toda la población, dejando la gestión de la vieja central en manos de las empresas, que sólo tienen en cuenta la rentabilidad económica, y no la salud y el riesgo a los que someten a la población y el medio ambiente». Además remarcan “la actual división del consejo de administración de Nuclenor, donde Iberdrola (propietaria junto a Endesa) reconoció que no tienen ninguna intención de reabrirla, apelando a la inviabilidad económica, dadas las reformas a acometer». Por ello, consideran que la central “carece de viabilidad alguna por mucho que lo pretendan el CSN y el Gobierno del PP«.

“Garoña lleva años cerrada y no se ha conocido problema alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal, salvo la del negocio para sus propietarios a costa de la seguridad de los habitantes de la zona, de las provincias limítrofes y del claro riesgo para el medioambiente», denunciaron. La Coordinadora contra Garoña recuerda que la movilización social contra ésta y todas las centrales nucleares «siempre ha estado y seguirá en la calle mientras no den pasos efectivos cerrando y desmantelando las centrales nucleares, dejando de producir peligrosos residuos y trabajando en el nuevo modelo energético sin combustibles fósiles ni centrales nucleares».

Castilla y León, defensora de la continuidad de Garoña, se plantea ahora crear un impuesto a Nuclenor si hay desmantelamiento

Europa Press.- La Junta de Castilla y León podría imponer un impuesto que gravase a las empresas energéticas Endesa e Iberdrola en compensación por el posible desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, (Burgos), tal y como aseguró la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras mantener una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

La consejera ha defendido la energía nuclear y el carbón, una defensa que ha afirmado que comparte con el Gobierno ya que «abarata» el recibo de la luz de los españoles. «Tanto el Ministerio como la Junta defendemos que tiene que haber una participación en el mix energético nacional; tiene que entrar el carbón y por supuesto la nuclear, ya que en ambos casos son las energías más baratas«, aseguró.

«De no existir el carbón o la energía nuclear, el recibo de la luz se dispararía más del 30%», indicó Del Olmo, reiterando la defensa del Gobierno castellano y leonés al sector minero. Por ello, la Junta se plantea impulsar una figura impositiva que, «de una u otra manera», grave el desmantelamiento de Garoña ya que «supone la pérdida de un millar de empleos». El impuesto iría dirigido a las empresas titulares de la central, Endesa e Iberdrola: «si les sale mucho más barato cerrar que continuar con la producción, con este impuesto a lo mejor se lo piensan», subrayó.

Por su parte, la Dirección de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña, no tiene «conocimiento oficial» del impuesto que le plantea imponer la Junta de Castilla y León en «compensación» por el posible desmantelamiento del reactor y la pérdida de empleo que conllevaría. Fuentes de la empresa han confirmado que no tiene «conocimiento oficial de esta iniciativa» pero que, en todo caso, «Nuclenor no hará valoraciones sobre las declaraciones» de Del Olmo.

Críticas a planes de Enel

Tanto el Ministerio como la presidencia de Castilla y León han mostrado su «preocupación» por el anuncio de Enel respecto al futuro de las centrales térmicas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), del que Del Olmo ha confesado que el ministro no tiene «constancia oficial«. La pasada semana Enel, principal accionista de Endesa, confirmó el cierre de sus centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) el 30 de junio de 2020 durante la junta general de accionistas celebrada en Roma.

«No tiene ningún sentido, hay que englobar la producción de las centrales térmicas y las centrales nucleares en la política energética nacional, y no puede depender del anuncio de una empresa», ha señalado. «La política energética nacional depende del Gobierno y de los grupos con representación en el Congreso de los Diputados», sentenció Del Olmo. Así, en la reunión se ha planteado la necesidad de lograr un pacto por la energía entre todas las fuerzas parlamentarias, donde tanto carbón como las energías nucleares tengan cabida.

Greenpeace lamenta que Iberdrola y Endesa no sepan aún qué hacer con Garoña mientras el alcalde de Vitoria pide desmantelar

Europa Press / EFE.- El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), está convencido de que a Endesa «no le importa nada» la seguridad y ha pedido al Gobierno central que «desmantele» de manera «definitiva» la central nuclear de Garoña. Por su parte Greenpeace ha lamentado que Iberdrola y Endesa, que comparten al 50% la planta, no hayan llegado a una postura común respecto a su solicitud de renovación hasta 2031, cinco años después de que ésta parase por motivos económicos, en diciembre de 2012.

«Parece mentira que estas decisiones no se tomen con mayor claridad y transparencia», señaló la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, que recomienda a ambas empresas, «una vez creado el cisma», que sean capaces de llegar a un acuerdo después de que el consejo de administración y la junta de accionistas de Nuclenor no consiguieron acordar si seguir adelante con la solicitud de renovación o bien desistir de la misma, pues Endesa tiene voluntad de seguir adelante frente a Iberdrola, que quiere echar el cierre al reactor.

«Respecto a la central nuclear más vieja de Europa es inaceptable que la empresa no llegue a un acuerdo ni tenga claro lo que quieren hacer cuando está cerrada por razones económicas desde hace cinco años y antes de reabrir debería acometer inversiones superiores a 200 millones de euros», ha valorado. Montón ha reiterado su petición a ambas empresas de «respeto» a los ciudadanos y al medio ambiente por considerar que «están jugando» y, por ello, extiende su petición al Gobierno para que «ponga orden».

El alcalde Urtaran contra Endesa

Por su parte, el alcalde de Vitoria considera que el «riesgo» para la población y el medio ambiente de reabrir Garoña es «inasumible para el Estado» y por ello ha lamentado la postura de Endesa. «Ya conocemos la postura de Endesa y sabemos que no le importa nada nuestra seguridad», aseveró respecto a las explicaciones del presidente de la compañía eléctrica, Borja Prado. Por ello, indicó que «ahora la decisión» sobre la continuidad de la central burgalesa «la tendrá que tomar el Gobierno español». «Esperemos que desmantele de manera definitiva la central de Garoña», concluyó.

El alcalde de Vitoria se ha mostrado «indignado» por la postura del presidente de Endesa de esperar a que se pronuncie el Gobierno sobre la reapertura de la central burgalesa. Ha considerado que con este asunto ha habido un juego de pasarse «la patata caliente» del Consejo de Seguridad Nuclear a las empresas y ahora éstas al Gobierno, al que ha pedido que sea «valiente», no espere a agosto y anuncie el cierre definitivo de Garoña. Por ello insiste en reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que anuncie el desmantelamiento de la central nuclear.

Urtaran ha reconocido que el objetivo legítimo de cualquier empresa, como Endesa, es obtener el «mayor rendimiento» a su actividad, pero ha aclarado que esto no puede estar «por encima del interés general, de la seguridad de la ciudadanía y del respeto al medio ambiente». Por último, ha considerado que la postura de Endesa «desprecia» la opinión de la mayoría de los vascos, así como de otros ciudadanos, que han exigido en innumerables ocasiones el cierre de esta central nuclear.

La Diputación de Álava pide al Gobierno decidir ya sobre Garoña y el PP quiere que prevalezcan los informes técnicos

Europa Press / EFE.- La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, es partidaria de «depositar y residenciar la base de las decisiones» en torno al futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos) «en aquellos informes que emitan los técnicos». Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha manifestado su «profunda decepción» tras la decisión de Endesa de rechazar la propuesta de Iberdrola de cerrar Garoña, e instó al Gobierno central a «resolver de una vez por todas esta cuestión».

Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta general en las que Iberdrola propuso desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, según indicó la sociedad. Sin embargo, los consejeros de Endesa, socios de la eléctrica vasca en la central nuclear, rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Al respecto, González ha asegurado que mantenía la «esperanza» o el «deseo» de que, finalmente, Iberdrola y Endesa «se pusieran de acuerdo para no optar a la reapertura de la central nuclear». «Yo creo que era más deseo que otra cosa», ha dicho. El diputado general señaló que «lo que plantea» ahora Endesa es que «se debe esperar» a que, «finalmente», el Gobierno central «tome su decisión». Según explicó, él mismo defiende «desde hace tiempo» que es el Ejecutivo de España el que «tiene que resolver esta cuestión de una vez por todas«. «La verdad es que es una profunda decepción, tengo que reconocerlo», sentenció.

Tomar decisiones sobre informes técnicos

Amaya Fernández considera que los partidos no han de inmiscuirse en las decisiones empresariales, sobre las que deben ser «absolutamente respetuosos», en alusión a los propietarios de la central, Iberdrola y Endesa. La dirigente popular piensa que la decisión de la reapertura de la central corresponde a las empresas y ha abogado por que en asuntos de «indudable complejidad» como éste las decisiones se apoyen en informes técnicos. A su juicio, el Gobierno central «apoyará su decisión en lo que determinen» los técnicos que estén elaborando los correspondientes informes. «Supongo que adoptará una postura en función de los informes», indicó.

Diputación de Burgos descarta subvenciones

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, expresó sus dudas respecto a la posible concesión de ayudas a la propietaria de Garoña, Nuclenor, para mejorar las condiciones económicas de la planta nuclear. En este sentido, Rico recordó que hay limitaciones europeas para conceder este tipo de ayudas del Estado, tanto en forma de mejora del tratamiento fiscal como en subvenciones de otro tipo. No obstante, ha reconocido que vería bien alguna medida de este tipo, aunque la rentabilidad económica de las empresas debe basarse en el momento actual y no en subvenciones, que pueden abocar al fracaso tarde o temprano.

Para el presidente de la Diputación de Burgos, el futuro de Garoña «tiene la puerta medio abierta» tras la reunión de de Nuclenor en la que no se tomó una decisión definitiva respecto al futuro de la planta. En este sentido, recordó que el Gobierno ha evitado el «cierre político» de Garoña que había decidido el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha dejado la decisión en el plano empresarial. En todo caso, demandó que esa decisión se adopte «lo antes posible» para dar certidumbre a los trabajadores de la planta y marcar el escenario posterior.

Respecto a la necesidad de un plan de reindustrialización para el entorno de la planta nuclear, Rico considera que sería «bienvenido» para las comarcas afectadas (La Bureba, Merindades y Miranda de Ebro) aunque confía en que no sea un plan alternativo a Garoña sino complementario. Ha recordado que, aunque se decida el cierre de la instalación atómica, «no se trata de dar un clavijazo, sino que conllevará un periodo de actividad importante para el desmantelamiento».

La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

El consejo de Nuclenor confirma el distanciamiento de Endesa e Iberdrola sobre el futuro de Garoña y esperará al Gobierno

Redacción / Agencias.- Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, celebró un consejo de administración y una junta de accionistas en las que no se alcanzó un acuerdo entre sus dos socios, Endesa e Iberdrola, sobre la propuesta de Iberdrola de desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, informó la sociedad, lo que supone de momento mantener la petición de reapertura de la central aunque mantiene las incógnitas respecto a su futuro.

La reunión de los órganos rectores de la sociedad propietaria de Garoña confirmó el distanciamiento entre Endesa e Iberdrola, sus dos coproprietarios, respecto al futuro de la planta. La convocatoria llegaba a petición de Iberdrola para solicitar a Endesa, como su socio en Garoña, el respaldo a la presentación de un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. El resultado final rubricó la situación total de bloqueo ante las posiciones antagónicas sobre el futuro de Garoña, según indicaron fuentes conocedoras.

Iberdrola defendió su petición de presentar el escrito de desistimiento de la renovación de la autorización de Garoña con informes, tanto internos como externos, que demuestran la inviabilidad de la central nuclear, señalaron las mismas fuentes. Sin embargo, los consejeros de Endesa rechazaron la propuesta y defendieron la opción de esperar a conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, para decantarse sobre la continuidad o no de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de Garoña.

Fuentes próximas a Nuclenor han señalado que la razón de la falta de acuerdo es que varios de los participantes en la Junta de Accionistas han abogado por esperar a que se clarifique la situación del sector eléctrico. Además, aunque ya hay un informe favorable a la petición de prórroga de Garoña hasta los 60 años de funcionamiento, condicionado a una serie de inversiones de mejora en la planta, el Gobierno tiene de plazo hasta agosto para decidir si autoriza esa prórroga, ya que tiene la última decisión tras el informe técnico. Mientras, el Ministerio de Energía afirmó que mantenía abierto el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de la central nuclear.

La reunión del órgano rector de Nuclenor no hizo más que certificar el distanciamiento que ya habían demostrado Iberdrola y Endesa en las figuras de sus presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado, respectivamente. En la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Galán ya había subrayado que el negocio nuclear del grupo sufre «graves pérdidas» debido a los impuestos y obligaciones que afectan a esta tecnología. «La situación es muy clara, nuestra filial Iberdrola Generación Nuclear tiene graves pérdidas debido a los nuevos impuestos y obligaciones que han modificado el modelo original y el plan de negocio original. Lo que no podemos saber es cuándo van a desaparecer estas pérdidas», añadió.

Por su parte, Prado había dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear. «La posición nuestra no va a ser de tomar una decisión, sino de esperar a que haga las consultas el Gobierno», afirmó Prado, subrayando que Endesa tiene respecto a este asunto «la misma posición que tenía el año pasado». «Respeto mucho los comentarios y las opiniones del señor Galán, como espero que él respete las mías», ha puntualizado Prado.

La central nuclear de Garoña (Burgos) es la más antigua del parque nuclear español desde que se clausuró la de Zorita (Guadalajara), en 2006. Garoña operó durante 42 años (1970-2012) con un reactor de agua en ebullición (BWR)diseñado por General Electric y similar al de la accidentada central de Fukushima, en Japón, y desde diciembre de 2012 está en situación de parada segura por decisión de Nuclenor. El aval otorgado por el CSN para operar hasta 2031 está condicionado a cuantiosas inversiones en seguridad, que podrían superar los 100 millones de euros, y deberá de ser revalidado por el Ministerio de Energía, que es quien debe determinar el plazo de la autorización, si la concede.

Si Nuclenor decide cerrar Garoña o si el Gobierno no autoriza la reapertura, las eléctricas tendrían que pedir la autorización de desmantelamiento de la planta, que según expertos consultados podría superar los 300 millones de euros. Ese proceso lo llevaría a cabo la empresa pública Enresa, y sería financiado en parte con las tasas que pagan las nucleares y en parte con el dinero de los contribuyentes. Ante el retraso del ATC de Villar de Cañas (Cuenca), Nuclenor inició la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos nucleares (ATI), que está prácticamente concluido y al que irían las miles de toneladas de residuos que generaría el desmantelamiento, un proceso que incluirá desmontaje y descontaminación, y podría demorarse diez años.