Servimedia.- La Junta de Castilla y León modificará el impuesto de afectación medioambiental para gravar los residuos nucleares que quedarán tras el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Así lo anunció hoy el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien consideró una «grave error» la decisión del Gobierno de cerrar la planta.
De Santiago-Juárez se preguntó si el que adoptó esta decisión pensó en el millar de trabajadores que dependen de esta planta, y exigió al Ejecutivo central que «lidere» un plan de reindustrialización para la zona. Asimismo, trasladó a los que están de vacaciones y se alegrarán por esta noticia, que en vez de tomarse una cerveza en un chiringuito, visiten el norte de la provincia de Burgos.
En una rueda de prensa solo media hora después de la que ofreció en Madrid el ministro de Energía, De Santiago-Juárez aseguró que la decisión se comunicó ayer en una reunión en Valladolid entre Álvaro Nadal y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la que se mostró que el Ejecutivo autonómico «no comparte esta decisión política del Gobierno de España».
Así, incidió en que es «una mala noticia para los trabajadores, para Castilla y León y para España» y cuestionó si quien la ha tomado «ha pensado en los trabajadores». Durante años la Junta, continuó, siempre ha defendido el mantenimiento de la central, «siempre que fuera segura», pensando en los empleados. «Algún día alguien se dará cuenta del error», subrayó, para asegurar que la Junta siempre ha apostado por que la energía nuclear fuera una parte del mix energético en un país en el que «no sobra la energía».
Además, el vicepresidente informó de que la Junta «se reafirma» en su decisión de implantar un tributo cuya recaudación irá a financiar un plan de ayuda al empleo de la zona. Lo hará, indicó, a través de la modificación del actual impuesto sobre afectación medioambiental, creando un nuevo hecho impositivo sobre el combustible nuclear depositado en Garoña porque, explicó, «ahora la central se convierte en un depósito de residuos radioactivos».
También criticó a las empresas, sobre todo a Iberdrola, quien todavía «no nos ha dado ninguna explicación» y han actuado primero pidiendo reapertura y luego «escondiéndose». Por ello, insistió se pondrá en marcha este impuesto que es «sensato y de sentido común» y del que todavía no se han hecho cálculos de cuánto podría ingresar la Junta de Castilla y León por este concepto.
Indicó que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha remitido hoy una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle la puesta en marcha y «el liderazgo» del Gobierno en un plan para la reindustrialización de la zona Norte de Burgos en el que participen las empresas Iberdrola y Endesa, que componen Nuclenor. Estas compañías, dijo, tienen que participar porque se han beneficiado muchos años de Garoña. Ha de ser, dijo, un plan «dinámico» que cree riqueza y empleo y en el que colaborará la Junta.
Además, el vicepresidente hizo un recorrido por la historia de este asunto que, dijo, comenzó por «un capricho ildeológico» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que continuó con una «pésima gestión» del exministro José Manuel Soria, al que dijo «no iba a dedicar ni un minuto más». Tras ello, unos cambios de rumbo y una situación y unas «incoherencias» en una situación política como la actual donde el PP no tiene mayoría.
«La Junta tiene la sensación de haberse quedado sola como en Fuenteovejuna: todos a una pero frente a Garoña», remarcó, para añadir que han estado solos en el plano político, interno y externo y sólo ha apoyado la decisión de su continuidad la Asociación de Municipios Nucleares.
En todo caso, dijo, es una decisión que tendrá consecuencias «indeseables» para la competitividad energética, para la dependencia energética y para el gasto de las familias.
